El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) va a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley que modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual. El Gobierno del PP, con este proyecto, plantea un nuevo marco para la gestión de las televisiones autonómicas de titularidad pública. Permite la gestión indirecta y la colaboración público privada: pero va más allá: contempla la privatización de la titularidad del servicio público de comunicación audiovisual autonómico; la externalización de la producción y edición de los servicios informativos y la entrada de capital público en aquellos grupos mediáticos –se supone que amigos- que se hagan cargo mediante gestión mixta de las televisiones autonómicas. Tampoco contempla la posibilidad de al menos un canal autonómico público en cada comunidad autónoma.
El GPS considera que, siendo necesaria la puesta en marcha de medidas que permitan garantizar la sostenibilidad económico y financiera de los canales autonómicos, ante la caída de los ingresos públicos y la publicidad, el camino a seguir es otro: el de la búsqueda de sinergias mediante la cooperación y la colaboración entre los operadores estatales y autonómicos, apoyándose incluso en un “sistema confederado de servicios de comunicación audiovisual” con la RTVE, siempre que los parlamentos autonómicos así lo contemplen, y respetando en todo momento la autonomía de gestión de las diferentes comunidades autónomas.
Con este proyecto de Ley el PP rompe el modelo de radio televisión pública que cristalizó en el 2010 con la Ley General de Comunicación Audiovisual y busca “ventajismo político”. Se vuelve a demostrar, una vez más, que cuando gobierna necesita controlar los medios de comunicación públicos como complemento de su acción de gobierno. Forma parte de su cultura política. El modelo de radio televisión pública que quiere el PP es el que sigue ahora Telemadrid o Canal 9. Un modelo de televisión de partido al servicio del PP. Están en ello.
El modelo de radio televisión pública del Partido Popular
es un instrumento de propaganda y proselitismo político a favor del gobierno
que sustenta. Lo fue con el Gobierno de Aznar y, todo indica con las medidas
adoptadas por el Ejecutivo de Rajoy estos días, lo será con el gobierno de
Rajoy. Ese modelo de televisión de partido se reproduce en aquellas comunidades
autónomas donde gobierna el PP. Claros ejemplos son Telemadrid o Canal 9.
Los populares tienen una enorme dificultad para gobernar
sin controlar la radio televisión pública. No saben gobernar sin ella.
Necesitan su control. Para ellos es una herramienta clave de gestión de la
opinión pública que complementa su acción de gobierno. Forma parte de su
cultura política.
La estrategia de los populares ante el actual serviciopúblico de radio televisión heredado es clara. Se desarrolla en torno a dos
líneas de acción: la asfixia económica y la mordaza política de RTVE.
El recorte de los 204 millones de euros que ha impuesto el
Gobierno en 2012 a
la Corporación RTVE va más allá del lógico ajuste presupuestario como consecuencia
de la crisis. Esta reducción, en un presupuesto de 1.200 millones de euros, solo
puede concretarse a corto plazo en un ajuste del coste de contenidos, ya que se
acaba de salir de un ERE que ha afectado a 4.000 trabajadores y en materia de
personal debiera haber poco margen. Con esta medida caerá la calidad de RTVE y,
con ello, su audiencia, como ya está ocurriendo con los ajustes aplicados hasta
el momento: La 1 hadejado de ser líder este último mes, después de 53 meses consecutivos de
liderazgo.
De esta manera, se avanza hacía una televisión pública con
un bajo presupuesto, de baja audiencia, que no haga sombra a las privadas y
orientada a difundir acontecimientos institucionales. Y se da un gran paso
hacía la “eliminación de las televisiones públicas”, como afirmaba un alto
dirigente popular antes de llegar al Gobierno. Para el PP el concepto de
servicio público de la radio y televisión estatal encomendado a la Corporación
RTVE no requiere de espacios que aúnen altas audiencias, ni mantener un público
fiel a una programación de información y cultura. Se trata de llegar a una
radio televisión pública sin público, lo que se traducirá, antes o después, en
un importante ajuste de personal ante la caída en picado de su cuota de
audiencia, y con ella la de los informativos, su auténtico objetivo político.
A corto plazo, el reciente real decreto ley aprobado y
convalidado establece una mordaza política. Con él se quiebra el amplio
consenso político exigido por la ley que regula el servicio público de radio
televisión de titularidad estatal en torno a la designación del presidente y
Consejo de Administración. Un golpe institucional en toda regla, que significa
un paso atrás en la independencia, neutralidad y pluralismo consagrado por las
reformas de Zapatero, que nos devuelve a la televisión de Aznar y Urdaci. Se
vuelve a gubernamentalizar la radio televisión pública y todo indica que su
mayoría les llevará modificar el papel del Consejo de Informativos y el Mandato
Marco dado por el Parlamento.
Durante las últimas semanas, el PP y sus cargos
institucionales han realizado una auténtica ofensiva contra la televisión
pública. Se trataba de una campaña burda orquestada para legitimar una decisión
que ya tenían tomada de antemano y que se ha materializado en uno de sus
múltiples “decretazos” que acompañan su acción de gobierno. La mentira y la
crisis económica han sido una vez más los argumentos utilizados para justificar
su acción. Rajoy y los suyos no han querido negociar la representación en RTVE,
lo mismo que posiblemente no harán con el resto de los órganos
constitucionales. Su cultura política les impide gobernar con consensos,
acuerdos y admitir la crítica. No saben. Para ello es clave controlar la RTVE;
y están en ello.
RTVE fue durante mucho tiempo la asignatura pendiente de la
democracia española. Después de 30 años de televisión de partido, el Gobierno
socialista apostó a partir de 2004 por un servicio público que garantiza la
independencia y sostenibilidad económica de la radio y televisión pública de
titularidad estatal, siguiendo las pautas de los principales países de Europa,
como Reino Unido, Francia, Alemania o Italia. Una reforma basada en la idea de
dotarla de una auténtica independencia política y económica.
Los beneficios y la rentabilidad política que puede
producir su control han impulsado al PP a dar un paso atrás. Utilizará la RTVE
en beneficio propio, como ya hizo antes. Y para ello han contado con le apoyo
de CiU, que de esta forma legitima su modelo de televisión pública en Cataluña.
Pero con ello no solo pierde la democracia, sino todos los españoles. Se
renuncia a la rentabilidad social y a la cohesión social y territorial que
proporciona un servicio público de radio televisión como el actual. Se renuncia
a más España por más PP.
Los socialistas segovianos hemos celebrado estos días el duodécimo congreso de nuestro partido en Segovia. Los 76 delegados que integraban el Congreso me han reelegido como secretario general con un apoyo del 93 por ciento. Mi agradecimiento hacia las diferentes agrupaciones y compañeros que les han representado es pleno. En primer lugar, por permitirme durante los próximos cuatro años estar al frente como portavoz e impulsor de las actuaciones de mi partido para la defensa de los intereses de los segovianos, en especial los más desfavorecidos; y, en segundo lugar, por contar con el cariño y respaldo de casi la totalidad de los asistentes. Noté calor y sobre todo cariño, mucho cariño.
Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser socialista y mucho más de defender el ideario político de la socialdemocracia. España, pero también Segovia, necesita políticas que permitan dar una respuesta a la crisis para conseguir una salida cohesionada. Sólo de esta forma quienes menos tienes serán sus paganos. Es el caso de los 108.000 segovianos que viven en el medio rural, que ven como estos días pierden sus consultorios, pagan los desplazamientos al hospital o pierden grupos escolares.
El XII Congreso del PSOE en Segovia ha sido rico en el debate de ideas y propuesta de actuaciones. El Congreso ha aprobado seis resoluciones que definen las prioridades del PSOE para Segovia en los cuatro próximos años: el empleo y su incidencia en el mundo juvenil; el abastecimiento del agua; los recortes en materia de sanidad, educación y servicios sociales; la futura PAC; la ordenación del territorio o la necesidad de una salida de la crisis mediante políticas de reactivación económica. En torno a estos bloques ha girado el debate, sin abandonar las infraestructuras, el patrimonio, la cultura o el medio ambiente.
En el congreso hemos contado con al presencia de Óscar López, secretario de Organización del PSOE, y de Julio Villarrubia, secretario general de Castilla y León. Óscar en su intervención destacó que “el PP ha llegado a creerse sus propias mentiras” e hizo una referencia a la “herencia recibida del propio PP”, en alusión a las facturas escondidas. Su intervención tuvo la brillantez que le caracteriza.
Villarrubia apostó por recuperar pronto la mayoría social que tiene el país, mucho más cuando “el PP pierde a chorros la confianza de los españoles”.
Un congreso que yo personalmente no podré olvidar y en el que se ha constituido un nuevo equipo de trabajo integrado por personas con amplia experiencia. Un equipo representativo del PSOE en Segovia que trabajará para que nuestra provincia progrese, anteponiendo los intereses de los segovianos ante todo.
El presidente de la Junta de Castilla y León, el Sr. Herrera, ha criticado a los consejeros de Caja Segovia que respaldaron la opción de integrarse en Bankia, donde el PP tiene una amplia mayoría y ha controlado siempre el Consejo de Administración. Y también ha solicitado a su presidente, Atilano Soto, que aclare a los ciudadanos por qué se decantaron por esa opción. Se da la paradoja de que Herrera es el presidente del PP de Castilla y León.
Son muchos los segovianos que en estos momentos están preocupados por sus ahorros. No saben si podrán recuperarlos y están viviendo la intervención de la antigua Caja Segovia con mucha incertidumbre –doy fe-. Sin embargo, al presidente de la Junta parece importarle más sus cuitas con compañeros de partido, en la defensa de su modelo financiero para Castilla y León, que la búsqueda de una solución que dé respuesta al problema de los ciudadanos de forma equitativa. Un modelo de corte regionalista que integraba las cajas de la Comunidad. Una solución que hubiese tenido un corto recorrido, dada la naturaleza del sector financiero, y que no hubiese garantizado las inversiones en Castilla y León, ni la estabilidad y solvencia de la nonata institución financiera.
El presidente del PP en Castilla y León se ha quedado corto a la hora de pedir responsabilidades. El popular Atilano Soto actuó con el beneplácito del presidente del PP en Segovia, Francisco Vázquez, y del presidente en aquel momento de la Cámara de Comercio, el popular Jesús Postigo, actual portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Segovia, a quien no le duelen prendas en decir que el problema de la Caja, como de casi todo lo que pasa en el mundo, es del alcalde Arahuetes –ver hemeroteca-. A ellos se une el portavoz de Hacienda del PP en el Ayuntamiento de Segovia, el Sr. Folgado, quien hizo méritos como directivo desde el Observatorio Socio Económico, con un sueldo y una prejubilación millonaria. Todos ellos debieran haber sido objeto de la misma crítica y exigencia de responsabilidad.
El Sr. Herrera como presidente de la Junta de Castilla y León, teniendo la capacidad de supervisión y tutela de las cajas de ahorro de su Comunidad, jamás ha propiciado una reducción sustancial de la estructura directiva ni de un ajuste de las exorbitantes retribuciones de sus directivos. Tampoco ha impulsado una reestructuración y reducción de sus órganos de gobierno. Se da la paradoja de que la Junta de Castilla y León ha fijado para el día 19 de junio las elecciones en la Caja, cuando carece de contenido y pide a voces su transformación en una Fundación.
Herrera no ha ejercido el liderazgo en el proceso de transformación de las Cajas de Castilla y León. Ha carecido de un proyecto para el sector financiero y no ha sabido defender los intereses de los castellanos y leoneses. Es él quien tiene que dar explicaciones y responsabilizarse de este desaguisado. ¡Qué se puede esperar de una persona que no controla su partido y que no asume su responsabilidad! Ahora resulta que el problema es de quienes él mismo ha nombrado. Sólo cabe una conclusión, el culpable de todo esto es de quien preside nuestra Comunidad y dirige el PP: Juan Vicente Herrera.
Si ya de por sí la provincia de Segovia padece graves desequilibrios en su estructura social y económica, las últimas medidas anunciadas o desarrolladas por el Gobierno de España y de la Junta nos llevan a una situación de atonía y decadencia total. En especial al medio rural. La equidad en la prestación de los servicios sanitarios, educativos y sociales para las personas que habitan en la Segovia rural será a partir de ahora un espejismo. Pero, además, según se ha anunciado, se les privará de las señas de identidad de sus propios municipios; de sus raíces y costumbres. Se les convierte en ciudadanos de segunda categoría.
Con la nueva normativa sanitaria aprobada por el Gobierno del PP se penaliza sobremanera a los 108.000 segovianos que viven en los pueblos. A partir de ahora tendrán que pagar por el “transporte sanitario no urgente”, que hasta ahora no pagaban. Las personas que se desplazan al Hospital General de la ciudad a recibir ciclos oncológicos, diálisis o efectuar tratamiento de rehabilitación o al “sintron” tendrán que financiar estos desplazamientos. Sus efectos se agudizan en el medio rural por su mayor lejanía y coste del desplazamiento. Se une la falta de recursos en muchos casos y de medios para garantizar el trasporte. La cuestión deviene así en un problema social. Más cuando la Segovia rural es un gran geriátrico. Para colmo de males, la Gerencia Regional de Salud de la Junta ha dado instrucciones para la supresión de las guardias de los profesionales sanitarios en Ayllón, Boceguillas, Aguilafuente, Turégano, Santa María de Nieva y Bercial. Sus vecinos tendrán que hacer mayores desplazamientos para poder recibir atención de urgencia, o bien desplazarse directamente al hospital, como harán muchos de ellos. Hay que tener en cuenta que Ayllón se encuentra a 90 kilómetros de distancia y la zona de Bercial que tendrá que desplazarse a la ciudad, por poner un ejemplo, supera la media de 30 kilómetros. Un mayor coste que recae sobre todo en las personas mayores, al que se une el copago de medicamentos y prótesis. En definitiva, un plus de penalización a la renta de las personas que habitan en el medio rural.
Ocurre lo mismo con la educación. Los recortes del PP van a suponer para Segovia la pérdida de 1200 horas lectivas en la Educación Secundaria, y el despido de 200 profesores, con los nuevos ratios de alumnos por clase y dedicación del profesorado que aplicará la Consejería de Educación de la Junta. Estas medidas afectan tanto a institutos de la ciudad como de los pueblos. En Primaria el problema se acentúa. Muchos centros de enseñanza de los municipios segovianos tendrán que cerrar. Y, con ello, parte de su vida y esperanza de futuro. Las clases de refuerzo, desdobles y el profesorado especial desaparecen y, con ello, empeora la calidad de la enseñanza. Desde el PSOE de Segovia hemos pedido que no se permita la matriculación en un solo centro concertado mientras exista una vacante en la pública. Será la única manera de garantizar la cohesión social y la eficiencia del sistema educativo público, al que tiene acceso todos en condiciones de igualdad.
La agresión al medio rural no concluye ahí. Se nos ha anunciado la supresión de los partidos judiciales de Sepúlveda, Santa María de Nieva y Cuéllar. Lo que significa condenar al ostracismo a nuestros paisanos que día a día contribuyen a dar vida y a mantener amplias zonas de nuestra provincia repletas de valor paisajístico, patrimonial y cultural. Si hay que modernizar y efectuar un ajuste, que se haga, pero con racionalidad. No así.
También se ha anunciado que muchos pequeños municipios de Segovia perderán sus ayuntamientos. La Junta se pone de perfil y da una de cal y otra de arena. Desde la organización que represento nos opondremos con todas nuestras fuerzas. Los segovianos que viven en el medio rural no pueden perder sus señas de identidad. Se puede conservar la personalidad jurídica de los ayuntamientos y buscar economías de escala. La prestación de servicios con la agrupación de todos los municipios que integran la provincia en torno a siete u ocho mancomunidades de servicios, que recojan y cuenten con el concurso y redistribución de los recursos de la actual Diputación, contribuiría a ello. Los resultados serán los mismos y conservaremos nuestras raíces.
Es el momento de defender lo nuestro. De mirar al futuro con amplitud de miras. Los alcaldes de los municipios segovianos se tienen que poner al frente defendiendo los intereses de sus vecinos. Desde el PSOE reclamamos a los segovianos que rechacen estas políticas. En los próximos días iremos presentando mociones tanto en la Diputación como en los ayuntamientos para que los equipos de gobierno de las instituciones paren este golpe letal a la Segovia rural. No se trata de una actitud partidista. Se trata de que no se penalice sobremanera al medio rural segoviano y con ello se contribuya a acelerar su agonía. Queremos vida y futuro para Segovia. No queremos un desierto que cobije nuestra rica historia; y menos que la salida de la crisis la paguen los más desfavorecidos, como se está planteando.
