El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) va a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley que modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual. El Gobierno del PP, con este proyecto, plantea un nuevo marco para la gestión de las televisiones autonómicas de titularidad pública. Permite la gestión indirecta y la colaboración público privada: pero va más allá: contempla la privatización de la titularidad del servicio público de comunicación audiovisual autonómico; la externalización de la producción y edición de los servicios informativos y la entrada de capital público en aquellos grupos mediáticos –se supone que amigos- que se hagan cargo mediante gestión mixta de las televisiones autonómicas. Tampoco contempla la posibilidad de al menos un canal autonómico público en cada comunidad autónoma.
El GPS considera que, siendo necesaria la puesta en marcha de medidas que permitan garantizar la sostenibilidad económico y financiera de los canales autonómicos, ante la caída de los ingresos públicos y la publicidad, el camino a seguir es otro: el de la búsqueda de sinergias mediante la cooperación y la colaboración entre los operadores estatales y autonómicos, apoyándose incluso en un “sistema confederado de servicios de comunicación audiovisual” con la RTVE, siempre que los parlamentos autonómicos así lo contemplen, y respetando en todo momento la autonomía de gestión de las diferentes comunidades autónomas.
Con este proyecto de Ley el PP rompe el modelo de radio televisión pública que cristalizó en el 2010 con la Ley General de Comunicación Audiovisual y busca “ventajismo político”. Se vuelve a demostrar, una vez más, que cuando gobierna necesita controlar los medios de comunicación públicos como complemento de su acción de gobierno. Forma parte de su cultura política. El modelo de radio televisión pública que quiere el PP es el que sigue ahora Telemadrid o Canal 9. Un modelo de televisión de partido al servicio del PP. Están en ello.
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