Sostenibilidad sobrevenida para el PP

Allá, cuando en la pasada legislatura el Gobierno socialista, por el 2010, planteó la necesidad de abordar reformas de forma urgente en el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo, el PP se opuso rotundamente. El Gobierno del PSOE pactó la reforma con sindicatos y patronal, pero el PP siguió en sus trece y votó en contra en las Cortes Generales.

Se planteó el aumento del periodo de cotización de los 15 años a los 25, y de la edad para acceder a las prestaciones de los 65 a los 67 años, con las lógicas excepciones, según el trabajo del que se trate. La propuesta de estos cambios venía motivada por el incremento de la esperanza de vida: se estima que en 2050 el 32 por ciento de los españoles tendrá más de 64 años y la esperanza de vida superará los 84 años. Ahora vivimos de media 15 años tras jubilarnos, mientras en los años 70 vivíamos siete. Por cada pensionista hay 1,8 trabajadores cotizando, y se prevé que en 2050 habrá 1,33 trabajadores. Estas fueron las razones por las que el Gobierno del PSOE propuso la reforma de las pensiones en 2010, al igual que hizo la reforma en 1985, también con la oposición de la derecha –entonces Alianza Popular-, cuando el periodo de cotización para tener derecho a pensión era de dos años, lo que daba lugar a todo tipo de fraude y hacía insostenible el sistema de pensiones.

La oposición fue mucho más fuerte. El PP demonizó a los socialistas por esta propuesta. A los parlamentarios se nos exigió que pidiésemos perdón a los españoles y, en mi caso, a los segovianos. En la oposición les importó “un pito” los pensionistas y el futuro de las pensiones de los españoles. Solo les preocupaba desgastar al entonces Gobierno de España para llegar al gobierno. Y ahora, que están de forma sobrevenida, les preocupa el futuro y sostenibilidad del sistema de pensiones.

El último Consejo de Ministros del año 2012 ha aprobado un decreto ley que suspende la aplicación de la reforma del Gobierno socialista en lo que se refiere a jubilación anticipada y parcial. Los artículos suspendidos establecen la edad mínima de 61 años para la jubilación anticipadas forzosas y los 63 para las voluntarias. El Gobierno del PP, aunque suene a sarcasmo, se ha dado un plazo de tres meses para buscar un pacto especialmente con el PSOE en el marco del Pacto de Toledo para eliminar prácticamente las jubilaciones anticipadas y adelantar la entrada la puesta en marcha de la ampliación gradual de la jubilación de 65 a 67 años. Buscarán también el apoyo de los sindicatos.

No será fácil que quien ha vituperado y denostado a las organizaciones sindicales pueda llagar a acuerdos con ellos de una forma rápida. Tampoco será fácil el punto de encuentro con las fuerzas de la oposición y, en especial, con el PSOE. En este año de Gobierno popular las perspectivas sobre el futuro del sistema de pensiones no han hecho más que empeorar. El Gobierno ha hecho uso de los 67.000 millones de la herencia que dejó el Gobierno socialista como Fondo de Reserva y los pensionistas han perdido la actualización de las pensiones de 2012 y cerca de dos puntos de entrada de poder adquisitivo en 2013. Y, para más desfachatez, hemos llegado a oír en el Congreso de los Diputados a la ministra de Empleo que esto es culpa de los socialistas.

Para nosotros, los socialistas, España, los españoles y sus pensionistas presentes y futuros están por encima de todo, auque algunos se empeñen en intentar demostrar lo contrario. Nuestro compromiso es firme. Pero resulta difícil dar apoyo a quienes han demostrado tener convicciones firmes para la defensa de sus intereses por encima de todo, aunque sea el interés general. Se trata de una cuestión de dignidad, y el Gobierno del PP, el Gobierno de todos los españoles, también el mío, en este tema se va a ver abocado a tomar una decisión impopular posiblemente en solitario o con los catalanes de CiU, como acostumbran –buenos compañeros de viaje en la defensa de la solidaridad del sistema de pensiones-. Pueden estar tranquilos. No haremos los que hicieron ellos. Eso sí, la mentira volverá a aparecer una vez más en los medios de comunicación que alimentan para seducir a los españoles de la bondad de sus reformas. Un proselitismo político al que nos tienen ya acostumbrados.

El drama de las preferentes y subordinadas

Son muchos los segovianos que se encuentran atrapados por la compra de ‘participaciones preferentes’ y ‘obligaciones subordinadas’. Las preferentes, canjeadas ya en su mayoría; y las subordinadas, todas ellas de la antigua Caja Segovia, ahora Bankia, pendientes de vencimiento entre agosto de 2013 y 2014, y distribuidas en tres emisiones. Todas tienen un denominador común: la desesperación e indignación de personas, por lo general modestas, ante la pérdida potencial de una parte de sus ahorros ganados con mucho esfuerzo y que pensaban se encontraban a buen recaudo.

En Segovia, el número de afectados por la compra de obligaciones subordinadas en Bankia puede ascender a cerca de 2.500 personas. Segovianos de distintas edades, tanto del medio rural como del urbano, que compraron estos productos para preservar sus ahorros y alcanzar una pequeña rentabilidad. La compra siempre se hizo siguiendo las directrices de los directores y empleados de su sucursal, en los que confiaban plenamente, y bajo la creencia de que en todo momento podía recuperar el dinero afectado a la compra de estos productos y sin ningún riesgo, como así les garantizaron.

La realidad ha sido muy diferente. Los productos eran de alto riesgo y tenían un objetivo claro para los responsables de Caja Segovia, la capitalización de la entidad a través de estos productos ante la imposibilidad de utilizar otros procedimientos alternativos que utilizaban los bancos. En definitiva, productos que, por su complejidad y riesgo, nunca se debieran haber podido comercializar a clientes no expertos, y en los que claramente fallaron los mecanismos de supervisión.

Hace unos día, desde el PSOE hicimos un llamamiento público en Segovia convocando a todos los afectados por la compra de ‘participaciones preferentes’ y ‘obligaciones subordinadas’. La cita vino precedida de un anuncio público previo por mi parte, valorando la magnitud que el problema podía tener en la provincia de Segovia, y el encuentro con directivos de diferentes instituciones financieras segovianas de distintos niveles. A la cita acudieron del orden de 50 personas. Muchas de ellas parejas, de diferentes edades y procedencias, tanto del medio rural como urbano.

La angustia y la incertidumbre están presentes en todos ellos. Algunos tienen todos sus ahorros en ‘preferentes’ y ‘subordinadas’. Los más tienen ‘subordinadas’ de diferentes emisiones. Aquellos que canjearon ‘preferentes’ manifestaron que se les forzó a ello. La voluntad nació, por lo general, viciada. Se les ofreció el canje por acciones de Bankia a raíz de la ampliación de capital, como alternativa a no perder todo. Casi todos aceptaron –según nos contaron-, pero la realidad es que canjearon a más de tres euros y hoy su valor es de 68 céntimos y a la baja. Se sienten engañados e impotentes. Su banco o caja de siempre les ha fallado.

Los afectados por ‘subordinadas’ son aún más. Muchos no son ni tan siquiera conscientes del problema. Piensan que al vencimiento recuperarán todo el nominal, tal y como reza el contrato; otros se esconden y no quieren reconocer que han sido engañados, cuanto menos. Las oficinas de Bankia no están informando y están dando largas. Lo he podido comprobar personalmente en dos de ellas. Derivan la situación y se hacen el loco, remitiendo, si se aprieta mucho, al ámbito superior. Pero también he podido comprobar que gran parte de los directores de las oficinas han sido informados de la situación, aunque no de forma precisa.

La situación es la siguiente –según nos han informado algún responsable de Bankia del máximo nivel, al cual se lo agradezco-: A partir del mes de febrero, fecha en la que se podrá a disposición de Bankia el dinero procedente del rescate de Europa, las ‘subordinadas’ perderán un punto y medio a contar desde esa fecha hasta el vencimiento. Es decir, las primeras en vencer –junio 2012.- tendrán una quita de un 7,5 por ciento; las segundas en vencimiento de un 20 por ciento, y las últimas, un 40 por ciento. Al vencimiento, el nominal restante se canjeará por acciones de Bankia después de hacer la ampliación de capital. Hay que tener en cuenta que la ampliación de capital trasladará el precio actual de 68 céntimos a unos 30 céntimos. Es lo que se prevé. De esta manera se preserva y garantiza que la pérdida será menor y no se ampliará la quita al alza. Pero son muchos los que tiene problemas de liquidez.

El ministro de Economía ha anunciado estos días que se va habilitar un arbitraje realizado por entidades privadas para que todos aquellos que demuestren que han sido engañados, y fuesen ahorradores y no inversores, se eviten acudir a la vía judicial y recuperar así el 100 por cien del nominal por la vía del arbitrio. Desde el PSOE esta solución creemos que es adecuada, pero siempre que la conciliación la realice una entidad pública, como puede ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores –CNMV-. El problema radica en que hay muchas personas que ya ha sufrido el efecto del canje de las preferentes, o, si ustedes prefieren, el indigno sablazo.

En todo caso, como alternativa a la vía del arbitraje queda la vía jurisdiccional. Bien por la vía penal mediante la presentación de una querella criminal ante una presunta estafa; o bien la vía civil, si bien, bajo el desembolso de una cantidad que puede oscilar entre los 800 y 3.200 euros para recuperar la totalidad del dinero, gracias a las nuevas tasas judiciales del Sr. Rajoy. Los afectados tienen claro que la idea de asociarse puede constituir un buen paso para la mejor defensa de sus derechos, con el consiguiente apoyo jurídico.

El drama está servido. En la reunión que mantuvimos en la sede del PSOE, con el ánimo de orientar y dar un poco de luz a las personas afectadas, nos encontramos auténticos dramas. Desde la persona mayor que consiguió ahorra en su vida 80.000 euros y ahora se le pueden quedar en 48.000 euros; o desde la pareja que necesita imperiosamente sus ahorros para hacer frente al desempleo de ambos. Un problema gordo que crea indignación, mucho más cuando los directivos de Caja Segovia se han hecho un traje a medida con planes de jubilación que alcanzan los 35 millones de euros, o retribuciones millonarias que en algún caso, como era el director general, llegaban a un millón de euros. Por eso clama justicia. Y es de justicia que se depuren responsabilidades, que todo apunta a que las hay: no se informó adecuadamente y se escondió una carta marcada. Los hechos lo delatan.

Desde el PSOE, estamos trabajando en el Grupo Parlamentario y seguiremos trabajando para encontrar una solución a este problema. El Gobierno ha negociado mal en Europa. No ha sido capaz de hacer ver a las autoridades europeas el transfondo social del problema. Ahora se escudan en que es una condición que impone Europa para financiar la banca y donde tanto los accionistas, como los poseedores de preferentes y subordinadas, por este orden, han de contribuir con la carga correspondiente al saneamiento de la banca. Es lógico que contribuyan los accionistas, pero no aquellos que han sido engañados mediante la venta de ‘preferentes’ y ‘obligaciones subordinadas’. La situación reclama justicia en su doble vertiente: social y penal, en su caso.

Engaño a los pensionistas segovianos

 

El anuncio del Gobierno de no revalorizar las pensiones con la pérdida de poder adquisitivo de la economía en 2012 supone un claro engaño a los 32.1000 pensionistas segovianos; también al resto de los españoles. Una burla, si nos ceñimos al devenir de los acontecimientos. El PP aprobó los presupuestos de 2012 afirmando que cumpliría la Ley a efectos de revalorización de pensiones. No lo ha hecho, y lo que es peor, ha esperado hasta diciembre, una vez superadas las elecciones vascas, gallegas y catalanas, para hacerlo público. En el Congreso se lo hemos preguntado al Sr. Rajoy en estos últimos meses en reiteradas ocasiones. El silencio ha sido su respuesta. Lo cierto es que ha engañado a sus ciudadanos, algo que en otros países le obligaría a presentar la dimisión.

Cada pensionista segoviano dejará de percibir la paga única compensatoria de enero para restañar la pérdida de poder adquisitivo por la desviación de la inflación prevista en 2012 en un 1,9 por ciento. Teniendo en cuenta que la pensión media en Segovia se sitúa en 774 euros al mes, cada segoviano dejara de percibir por este concepto una media de 176 euros en cómputo anual. Una cantidad importante, sobre todo para el 32 por ciento de los pensionistas segovianos que cobran la pensión mínima, pero para el resto también. Hay que tener en cuenta que la pensión media en Segovia está por debajo de la media nacional y autonómica.

Durante 2013 los pensionistas segovianos seguirán pediendo poder adquisitivo. Para que no fuese así debieran consolidar en sus pagas un incremento del 1, 9 por ciento, que es lo que ha crecido la vida este año hasta noviembre –que se toma como referencia- más la inflación prevista para 2013 del 1 por ciento. En total, un 2,9 por ciento. Los 24.000 pensionistas segovianos que cobran menos de 1.000 euros al mes perderán casi un punto mensual, unos 89 euros de media al año; y  los 8.000 restantes, casi dos puntos. Pérdida adquisitiva que se suma a la ya provocada por la subida del IRPF y el IVA.

Los pensionistas están soportando gran parte del peso de la crisis. Con sus rentas, en muchos casos, están sosteniendo a hijos e incluso nietos. Está medida no es solidaria con quienes más solidarios están siendo. Es injusta y no progresiva. Se da la circunstancia de que el partido del Gobierno vuelve a utilizar a los pensionistas para su beneficio político. Una vez más intenta envolverlos con su marketing político y engañarlos, como sin ningún escrúpulo hizo en sus primeras declaraciones la ministra Báñez, cuando afirmó el cumplimiento de su compromiso con los pensionistas con esta medida.

La medida tiene visos de ser inconstitucional. El artículo 9 de la Constitución señala “la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales”. La actualización de las pensiones es un derecho ya adquirido por los pensionistas y quitarlo significa infligir la norma suprema. Por esta razón el PSOE presentará recurso de inconstitucionalidad.

Alguien puede pensar que el PSOE hizo lo mismo, y voces en ese sentido se escuchan, pero no es verdad. El Gobierno del PSOE en 2011 actualizó las pensiones como consecuencia de la desviación de 1,3 puntos con respecto a la inflación prevista en 2010. En enero de ese año los pensionistas segovianos cobraron su paga compensatoria por un valor medio de 126 euros de media. Y a todos los pensionistas se les subió en 2011 un mínimo de 1,3 puntos para que no perdieran poder adquisitivo, y a los 13.000 segovianos con pensión mínima un 2.3 por ciento. Ningún pensionista segoviano perdió poder adquisitivo como ahora; ni en Segovia, ni en España.

Esto no impidió al PP afirmar lo contrario. La actual diputada por el PP, la Sra. Beatriz Escudero, me exigió a mí personalmente, como secretario general del PSOE en Segovia, que “pidiese perdón a los segovianos”. La verdad, no sé muy bien por qué, ya que el PSOE nunca engañó a los pensionistas. En los presupuestos de 2011 –aprobados en 2010- el Gobierno socialista ya dejó muy claro que las pensiones mínimas se revalorizarían un 1 por ciento y que el resto se congelaban por ese año solo, quedando a tal efecto derogado temporalmente para ello el artículo 48.1 de la Ley General de la Seguridad Social. Quien sí mintió fue el PP. Es algo claro. Lo que no tengo tan claro es que Beatriz Escudero sea consecuente y pida perdón a los pensionistas segovianos.           

Agravio a la honestidad

En estos días hemos conocido los resultados de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno del PP. Se han recaudado 1.200 millones de euros, casi la mitad de lo que tenían previsto, 2.500 millones de euros. Los populares basaron su decisión ante al necesidad de recuperar los ingresos públicos en una situación extraordinaria.

La amnistía ha sido un guiño en toda regla a los defraudadores, o, si lo prefieren, delincuentes de cuello blanco, y un agravio para todos aquellos que cumplimos honestamente con nuestras obligaciones y deberes fiscales. Una invitación a defraudar que sin duda repudiamos y nos parece indigno de un Gobierno democrático.

La amnistía fiscal ha permitido a los defraudadores regularizar bienes y derechos por los que no habían tributado, siempre que pagaran un 10 por ciento de multa, un tipo muy inferior al aplicado a la mayoría de infractores. Pero, además, les ha blindado de investigaciones penales por el dinero oculto. El programa de amnistía se ha extendido al dinero oculto antes de 2008, fecha de la prescripción del delito, limitando la multa del 10 por ciento a los intereses generados entre 2008 y 2010. Se han acogido a esta dádiva, después de seis meses, 31.484 declaraciones por un valor medio de 37.830 euros por declaración.

Los defraudadores se han sentido poco atraídos por la oferta. La mayor parte de ellos percibe que este Gobierno es laxo en la persecución del fraude fiscal; prueba de ello es la baja recaudación alcanzada en el último año, muy inferior a la de años anteriores. Para ellos el acogimiento a la amnistía fiscal significa ponerse en el punto de mira, lo que dificultaría en un futuro acogerse a una práctica que les reporta pingües beneficios.

Montoro ha pecado una vez más de frívolo. Ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. Su falta de credibilidad y su variabilidad en los planteamientos es posible que haya llevado a muchos defraudadores a percibir que nada cambiará en el futuro, y que, por tanto, el riesgo asociado a los recursos puestos en juego es al menos estable y no superior a la opción de conciliarse con el fisco.

En este proceso, o fuera de él, solo ha habido una actuación satisfactoria: la detención del antiguo secretario general de la CEOE, el Sr. Díaz Ferrán. Un presunto y claro delincuente de cuello blanco sobre el que la Agencia Estatal de Administración Tributaria -AEAT- debiera haber actuado mucho antes. Su descaro era conocido, y los que tuvimos alguna vez la oportunidad de compartir mesa y mantel alguna vez en un círculo reducido de personas, enseguida descubrimos que, más allá de la inconsistencia que rezumaba por doquier, detrás de su figura solo había humo y nada más que humo. Lo que no es de extrañar, cuando su ídolo político era la Sra. Aguirre. A la que llegó a piropear en público en un acto de exaltación de los valores liberales y, por lo visto, del fraude fiscal.

Confesores

Marcos, como otros muchos segovianos, tuvo siempre una confianza ciega en Caja Segovia. Allí tenía sus ahorros, que día a día mimaba y le recordaban tiempos peores, cuando el hambre y la escasez marcaron gran parte de su vida. La rentabilidad era lo de menos. Lo importante, una vez que sus hijos estaban encauzados, era conservar lo que se tenía por si algún día lo necesitaban.

Y qué mejor consejero que Frutos, el director de la sucursal del pueblo, al que le contaba sus penas y consultaba casi todo lo que tenía que ver con su situación económica. De él siempre recibía una excelente atención cuando se acercaba a la Caja. O, incluso, le adelantaba dinero para gastos sin necesidad de hacer ningún trámite, ni papeleo; o le gestionaba la PAC y se encargaba de todos los trámites siempre complejos de la declaración de la renta. Un buen servicio que no tenía precio.

Un buen día Frutos comentó a Marcos la posibilidad de mejorar el rendimiento de sus ahorros mediante la compra de unos valores muy seguros que había emitido la Caja. En cualquier momento podía vender y recuperar el dinero invertido, aunque el vencimiento era a 10 años. Le ofreció Obligaciones Subordinadas. Marcos no lo dudó. Si Frutos se lo ofrecía, era porque velaba por sus intereses. La rentabilidad era lo de menos. Y aunque le contó algún que otro detalle, que no entendió, Marcos tenía una fe ciega en su director de sucursal. Las aceptó.

Lo que nunca le contó Frutos a Marcos es que esos productos tan rentables que le ofrecieron formaban parte de uno de los objetivos que los directivos de Caja Segovia había marcado a sus empleados, y por los que a su vez se les compensaría con una gratificación. La red de confianza de la Caja funcionaba. Y eran muchos “los Frutos” que actuaban de buena fe hacia “otros Marcos”. Incluso ellos mismos no llegaban a entender bien el alcance de los valores preferentes y obligaciones subordinadas que ofrecían a sus fieles clientes. Prueba de ello es la colocación de estos valores y obligaciones entre sus familiares, en muchos casos.

Hoy Marcos está apenado, a la vez que Frutos siente vergüenza cuando se cruza con él. No solo porque el denominado mercado secundario comprobase hace tiempo que no existía, sino porque hoy ha conocido las consecuencias del rescate de Bankia sobre las subordinadas que le vendió Frutos.

Sus ahorros se verán mermados –según informe de la propia entidad- en un 14 por ciento, en el mejor de los casos. El 56 por ciento restante se canjeará por acciones de Bankia al precio del mercado, lo cual dada la situación es incierto, si decide liquidarlo. Peor les va a ir a los de las preferentes, donde la “quita” se eleva al 39 por ciento, según Bankia. Los ahorros de gran parte de una vida se esfuman, pero también la confianza.

Marcos ha descubierto, después de muchos años, que la “confianza” es un valor a la baja. ¡Quién se lo iba a decir a él! Nunca pensó que Frutos le fallase, aunque quien le falló realmente fue su Caja y quienes la dirigían. Esos que con sus decisiones ahora han puesto en grave peligro la viabilidad futura del trabajo de Frutos. ¡Verlo para creerlo!

Hoy Marcos y su familia se sienten estafados. Tienen poca confianza en recuperar sus ahorros. Pero, a medida que van dando vueltas al tema, están más convencidos de que se ven con la obligación moral de que se respeten sus derechos y su dignidad. Se debaten entre acudir a la vía civil o penal. Su abogado le recomienda que acuda a esta última mediante la interposición de una querella criminal y pida responsabilidades.

Para Marcos el dinero es muy importante, pero la pérdida de confianza más. Hoy ya no cree en sus ‘confesores’, ni mucho menos en aquellos que le dijeron una cosa y han hecho todo lo contrario, como le acaba de ocurrir con su pensión. A la vejez viruelas.

Apoyo:

Preferentes

Los valores preferenciales usualmente no tienen ningún derecho al voto, pero pueden tener prioridad sobre las acciones comunes en el pago de dividendos y al llegar la liquidación. Los valores preferenciales pueden tener un dividendo que es pagado antes de cualquier dividendo que se esté pagando a los accionistas comunes. Los valores preferenciales pueden tener la característica de convertibilidad en acciones comunes. En quiebra, se les pagará a los accionistas preferenciales con activos antes que a los accionistas comunes y después de los acreedores en bancarrota. Las condiciones de los valores preferenciales son establecidas en un “Certificado de Designación”. A diferencia de las acciones comunes, las acciones preferenciales generalmente tienen varios derechos añadidos:

Es el de preferencia en el pago de dividendos y de liquidación de la compañía. Antes de que se pueda declarar un dividendo en las acciones comunes, hay que satisfacer cualquier obligación de dividendos de las acciones preferenciales.

Los derechos de dividendos muchas veces son acumulativos, de manera tal que si el dividendo no se paga es acumulativo de año a año.

Las acciones preferenciales pueda que tengan o no un valor de liquidación fijado asociado a él. Esto representa la cantidad de capital que se contribuyó a la sociedad anónima cuando fueron emitidas las acciones.

Las acciones preferenciales tienen un derecho a bienes de liquidación de una sociedad anónima con acciones equivalente a su valor de liquidación a menos que sea negociado de otra manera. Este derecho es superior al de acciones comunes, las cuales solo tienen un derecho a residuos.

Casi todas las acciones preferenciales tienen una cantidad de dividendo fijo negociado. El dividendo es usualmente especificado como un porcentaje del valor de liquidación o como una cantidad fijada. Por ejemplo, Pacific Gas & Electric 6% serie A preferencial.

Algunas veces los dividendos en acciones preferenciales pueden ser negociados como flotantes; es decir, pueden variar según un índice de tasa de interés especificado, tal como el LIBOR.

Derechos

Algunas acciones preferenciales tienen derechos de voto especial para probar ciertos eventos extraordinarios (tales como la emisión de nuevas acciones o la aprobación de la adquisición de la compañía) o para elegir directores, pero la mayoría de acciones preferenciales no tienen derechos de voto asociados con ellos. Algunas acciones preferenciales solo obtienen derechos de votación cuando los dividendos preferenciales están en atraso por un tiempo considerable.

Usualmente las acciones preferenciales contienen provisiones protectoras que prohíben la emisión de nuevas acciones preferenciales con un derecho superior. Series individuales de acciones preferenciales pueden tener una relación superior o inferior a otras series emitidas por la misma corporación

Deuda subordinada

La deuda subordinada está formada por títulos de renta fija cotizados en el Mercado de activos de renta fija privada. Se trata de un producto financiero de muy alto riesgo y difícil funcionamiento. Su funcionamiento dista mucho al de un Depósito a plazo fijo por tratarse de un producto ilíquido. El capital invertido no está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Su principal diferencia frente a la deuda de máxima calidad es que, en el caso de una eventual liquidación de la entidad, se situaría en la parte baja de la lista de acreedores. Por tratarse de un bono arriesgado, en ocasiones se compensa con un rendimiento más alto.

Se trata de deuda con vencimiento superior a 5 años, que absorbe pérdidas, sólo en caso de liquidación, por delante del resto de acreedores.1

Los inversores, la mayoría particulares, con datos de la CNMV, Bloomberg y de las propias entidades, tienen en sus manos más de 6 700 millones de euros en este tipo de bonos de la banca rescatada.2

La agencia de medición de riesgos Moody's rebaja la calificación de la deuda subordinada y productos híbridos de los grupos bancarios españoles, controlados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y sujetos a reestructuración. Argumenta las muy altas pérdidas esperadas, así como los planes de Gobierno para imponer pérdidas a los titulares de estos instrumentos.3