En estos días hemos conocido los resultados de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno del PP. Se han recaudado 1.200 millones de euros, casi la mitad de lo que tenían previsto, 2.500 millones de euros. Los populares basaron su decisión ante al necesidad de recuperar los ingresos públicos en una situación extraordinaria.
La amnistía ha sido un guiño en toda regla a los defraudadores, o, si lo prefieren, delincuentes de cuello blanco, y un agravio para todos aquellos que cumplimos honestamente con nuestras obligaciones y deberes fiscales. Una invitación a defraudar que sin duda repudiamos y nos parece indigno de un Gobierno democrático.
La amnistía fiscal ha permitido a los defraudadores regularizar bienes y derechos por los que no habían tributado, siempre que pagaran un 10 por ciento de multa, un tipo muy inferior al aplicado a la mayoría de infractores. Pero, además, les ha blindado de investigaciones penales por el dinero oculto. El programa de amnistía se ha extendido al dinero oculto antes de 2008, fecha de la prescripción del delito, limitando la multa del 10 por ciento a los intereses generados entre 2008 y 2010. Se han acogido a esta dádiva, después de seis meses, 31.484 declaraciones por un valor medio de 37.830 euros por declaración.
Los defraudadores se han sentido poco atraídos por la oferta. La mayor parte de ellos percibe que este Gobierno es laxo en la persecución del fraude fiscal; prueba de ello es la baja recaudación alcanzada en el último año, muy inferior a la de años anteriores. Para ellos el acogimiento a la amnistía fiscal significa ponerse en el punto de mira, lo que dificultaría en un futuro acogerse a una práctica que les reporta pingües beneficios.
Montoro ha pecado una vez más de frívolo. Ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. Su falta de credibilidad y su variabilidad en los planteamientos es posible que haya llevado a muchos defraudadores a percibir que nada cambiará en el futuro, y que, por tanto, el riesgo asociado a los recursos puestos en juego es al menos estable y no superior a la opción de conciliarse con el fisco.
En este proceso, o fuera de él, solo ha habido una actuación satisfactoria: la detención del antiguo secretario general de la CEOE, el Sr. Díaz Ferrán. Un presunto y claro delincuente de cuello blanco sobre el que la Agencia Estatal de Administración Tributaria -AEAT- debiera haber actuado mucho antes. Su descaro era conocido, y los que tuvimos alguna vez la oportunidad de compartir mesa y mantel alguna vez en un círculo reducido de personas, enseguida descubrimos que, más allá de la inconsistencia que rezumaba por doquier, detrás de su figura solo había humo y nada más que humo. Lo que no es de extrañar, cuando su ídolo político era la Sra. Aguirre. A la que llegó a piropear en público en un acto de exaltación de los valores liberales y, por lo visto, del fraude fiscal.
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