Esta semana hemos conocido –aunque es un dato anticipado- que la competitividad de la economía española ha crecido gracias a la reforma laboral, que ha contribuido de una manera especial a la bajada de los salarios. Los asalariados han sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo desde 1982. Han perdido 1,6 puntos de poder adquisitivo en 2012.
La inflación se elevó al 2,9 por ciento el pasado año. El Gobierno subió el IVA, la gasolina, estableció el copago sanitario y se elevaron los márgenes empresariales. El incremento medio de los salarios estuvo en el 1,3 por ciento.
La reforma laboral ha hecho el resto. Con ella los empresarios tienen la facultad de reducir el sueldo invocando el incumplimiento de lo pactado en convenio y la mayor facilidad para incumplir lo pactado. España no puede devaluar la moneda para recuperar competitividad, así que ha optado por la devaluación salarial para reducir costes de producción. Una vía no siempre pacífica y neutral. El pacto de rentas de 2012 se situó en el 0,7 por ciento, si bien los salarios subieron hasta el 1,7 por ciento, como consecuencia de los convenios vigentes de años anteriores. En 2013 se situará en torno al 0,6 por ciento su subida.
Todo está servido para que la demanda interna pueda hundirse aún más como consecuencia del estrangulamiento del consumo. A cambio, siempre que se mantenga la productividad, nuestro saldo comercial mejorará y con ello el crecimiento de las ventas, al sustentar nuestra competitividad externa en la bajada de salarios.
La fórmula elegida por el Gobierno de España para mejorar la competitividad de nuestra economía es mala y perniciosa. Ha generado 800.000 parados más en el último año y se ha perdido poder adquisitivo en los salarios. En definitiva, la sociedad española se ha empobrecido. Y la mayor fuerza laboral, necesaria para impulsar la balanza comercial, en ningún caso ha compensado la pérdida de rentas por la destrucción de puestos de trabajo.
Para mejorar la competitividad y productividad de la economía española existe la vía de la mejora del denominado progreso técnico, o sea la conjunción y eficiencia de mano de obra y tecnología. Una alternativa más a medio plazo, que requiere nuevos proyectos empresariales, nuevos nichos de negocio, más inversión en I+D+i y un nuevo proyecto industrial. Esta vía de mejora de la productividad debe ser irrenunciable. Es la que nos puede proporcionar futuro de forma consistente, empleo de calidad y ventaja competitiva. Esta es la competitividad buena y con garantías. EL Gobierno no se puede aferrar a la salida fácil para mejorar en el futuro nuestro PIB, porque con ello seguirá profundizando en los problemas de siempre de nuestra economía. Una economía sustentada en productos de poco valor añadido y con mano de obra barata y poco cualificada.
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