Dejar morir el periodismo

“Si se deja morir el periodismo, será como dejar morir nuestra democracia”. Esta afirmación corresponde a los profesionales que día a día se desvelan por hacernos llegar la noticia y la información con veracidad y de forma independiente y objetiva. Sin embargo, lleva visos de convertirse en realidad. La prensa y los medios de comunicación en general están atravesando muy mal momento. Las cifras hablan por sí solas.

Desde el inicio de la crisis económica son más de 70 medios de comunicación los que se han visto abocados al cierre.  Entre ellos, ‘El Adelanto’ de Salamanca, tras 130 años en la calle. La caída de los ingresos de explotación está haciendo estragos. La publicidad en estos últimos cuatro años se ha reducido a la mitad, pero las ventas han caído en el último año más de un 6 por ciento.

Esta situación está arrastrando a una importante pérdida de empleo en el sector. Desde que comenzó la crisis se han perdido más de 8.000 puestos detrabajo, de los cuales casi la mitad se han destruido en el último año. La profesión periodística y el resto de los profesionales de la comunicación sufren un deterioro notable de las condiciones laborales. Las retribuciones son muy bajas y en algún caso indignas, cuando existen, que no siempre se da esa circunstancia.

Los periodistas y profesionales de la comunicación tienen derecho a unas dignas condiciones de trabajo, tanto en lo que se refiere a la retribución, como a las circunstancias materiales y profesionales en las que debe desempeñar su tarea.

La calidad del periodismo se está resintiendo. Hoy, más que nunca, la ciudadanía necesita mecanismos eficaces que garanticen el acceso a una información más veraz, plural y completa. Y, de esta forma, garantizar la posibilidad de ejercer su derecho a la información y a la comunicación

Es necesario manifestar un rechazo frontal a todos los medios de comunicación públicos o privados que anteponen otros intereses espurios al derecho a una información independiente y veraz que necesitan los ciudadanos para ser libres y soberanos.

Se necesita un pacto entre los actores implicados con la implicación, colaboración y apoyo de las diferentes administraciones estatales y órganos institucionales afectados.

No se puede esperar más. El Gobierno debe liderar y abordar la elaboración de un Libro Blanco sobre la situación de la prensa en España en colaboración con las asociaciones sindicales y profesionales del sector. Facilitar la transición tecnológica del sector y elaborar un plan que permita dinamizar el mercado de los profesionales del periodismo y mejorar las condiciones laborales. Y, mientras la crisis muestre sus efectos más violentos, impulsar acuerdos sociales que eviten los despidos en el sector.

El hundimiento de la prensa afecta directamente a los pilares de nuestra democracia, a cuya construcción con ejemplaridad han contribuido los medios de comunicación, y la profesión periodística. ¡No dejemos morir el periodismo! Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia.

Cláusulas suelo

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en pleno jurisdiccional, ha fijado doctrina sobre la validez y la posibilidad de control judicial de las cláusulas suelo incorporadas a los contratos bancarios de préstamos con garantía hipotecaria y a interés variable, que establecen un interés mínimo de referencia (cláusula suelo). La posición fijada por el Alto Tribunal establece que este tipo de cláusulas serán solo válidas cuando se garantice la “especialtrasparencia” exigibles en los contratos con los consumidores.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha visto recurso de casación presentado interpuesto por el Ministerio Fiscal y los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla (octubre de 2011), interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla.

Los demandantes solicitaban la nulidad de las condiciones generales de contratación, consistentes en las cláusulas suelo, por entender que tienen un carácter abusivo, solicitando a abstenerse de utilizar dichas condiciones generales en el futuro y abstenerse de utilizarlas. La parte demandada aducía que la naturaleza de las cláusulas no se corresponde con las condiciones generales de contratación; la inaplicación de la normativa sobre condiciones abusivas al regular elementos esenciales de los contratos; y el carácter no abusivo de las cláusulas impugnadas.

El Tribunal Supremo, en su sentencia, ha señalado que en el caso enjuiciado se declara la nulidad de estas cláusulas por falta de trasparencia. Exige el requisito de “especial trasparencia” exigibles en los contratos celebrados con los consumidores. En este sentido, señala el Supremo que no es suficiente que las cláusulas sean comprensibles de forma aislada. Los suscriptores de un préstamo hipotecario deben ser informados “de forma clara y destacada”, sin que las cláusulas puedan pasar inadvertidas o enmascaradas entre otras muchas que integran el contrato. A su vez, la Sala Primera en su sentencia resalta la necesidad de una información “clara y comprensible” sobre el coste comparativo de otras opciones de préstamo de la propia entidad, o bien la advertencia de que dadas las características del cliente no se le ofrecen otras alternativas más complejas. 

El Supremo va más allá. Determina la necesidad de simulación de escenarios por la parte oferente en la que se visualicen de forma clara y comprensible los efectos de la oscilación de los tipos de interés variable. Y aduce que la inserción de “forma conjunta” de las cláusulas suelo y techo de forma conjunto como aparente contraprestación de las mismas no garantiza la “especial trasparencia”. Existe, por lo general, un gran desequilibrio entre ambas cláusulas a favor del oferente, como se pone de manifiesto en la casuística contractual de este tipo de préstamos hipotecarios.

La situación descrita lleva de hecho a convertir los préstamos a interés variable en interés fijo, y los contratantes no se pueden beneficiar de las bajadas del índice de referencia (en general el euríbor). El gran diferencial existente –desequilibrio- entre el interés mínimo y el máximo –hasta 15 puntos en algún caso- hace que este último sea solo testimonial y no llegue a operar nunca. Se desvela así como una cláusula fraudulenta para buscar un aparente equilibrio contractual que no existe, infringiendo la Directiva  93/13/CEE  que regula los contratos celebrados con los consumidores.

La sentencia no tiene carácter retroactivo –lo cual puede ser objeto de una gran controversia-, ni afecta a la validez de las cláusulas y a las cantidades pagadas. Sienta jurisprudencia y condena a las entidades bancarias a eliminar de sus contratos las cláusulas eliminadas en al forma y modo que se utilizan y las prohíbe usarlas en el futuro tal y como estaban contempladas.

Sorprende que otras audiencias provinciales, como la de Segovia haya revocado en apelación (Sentencia 281/2012) el fallo en primera instancia del Juzgado de lo Mercantil de Segovia, en el que declaraba nulas las cláusulas que establecían como límite mínimo el tipo de interés variable pactado, contenidas en los contratos de préstamos hipotecarios suscritos con Caja Segovia, y en la que los fundamentos de derechos utilizados para el fallo coinciden con los de la sentencia de la sala Civil del Tribunal Supremo. Lo mismo ocurrió con el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla objeto de revisión por la sentencia objeto de análisis.

No cabe duda de que la mayor parte de los consumidores que gozan de un contrato hipotecario con cláusulas suelo y techo verán reflejado en la sentencia del Supremo su caso particular. Bancos o cajas que no dieron un tratamiento especial en la relación contractual a estas cláusulas, donde el caso de preguntar e intentar interpretar su alcance, se limitaron a informar que formaban parte del contrato general y que eran “lentejas”. En algún caso, se articuló un tipo diferencial menor dada la trayectoria contractual con el cliente, pero poco más y siempre salvaguardando los intereses de la institución financiera, y con una clara asimetría no solo de información, sino también contractual. El registro notarial no aportaba nada. Es más, incluso ni se refería, según información contrastada con varios afectados.

Ante esta situación cajas y bancos debieran actuar de oficio y anular las cláusulas suelo de sus contratos. El Supremo lo sugiere de una forma fina con esta sentencia. En caso contrario, gran parte de los afectados no tendrán más remedio que acudir a la Justicia. Los que puedan, porque la reforma de la Ley de Tasas del ministro Gallardón imposibilita “la Justicia real efectiva para todos los ciudadanos”. El hecho de acudir a defender este derecho no supondrá menos de 1.500 euros. No todos podrán, dada la actual situación de crisis.

Ante esta situación, el Gobierno de España del PP debiera mover ficha y cambiar la Ley Hipotecaria procediendo a anular este tipo de cláusulas en correspondencia con la normativa comunitaria y con la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo. En este sentido, desde mi posición como diputado nacional, he promovido dos preguntas escritas al Gobierno. Una, preguntándole ¿si considera abusivas las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios suscritos por muchos españoles con instituciones financieras?; y otra, ¿si va a proceder a cambiar la ley hipotecaria para imposibilitar la existencia de las cláusulas suelo? En los próximos días propondré a mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, la tramitación de una Proposición No de Ley instando al Gobierno de España a cambiar la legislación hipotecaria para suprimir las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios de los consumidores con instituciones financieras.

La Sala de lo Civil ha marcado la pauta a seguir por las instituciones financieras en esta materia. En caso de no hacerlo ha de ser el Gobierno. Pero si el Gobierno no lo hace hemos de ser todos los ciudadanos quienes se lo exijamos. Los intereses de la ciudadanía están por encima de lo intereses de otras instituciones. Entre todos podremos.   

Sangarcía: ilusión o sueño

En estos últimos días ha concluido la remodelación de la Plaza Mayor del municipio segoviano Sangarcía –mi pueblo-. Una gran plaza para un gran pueblo. Una plaza con solera que refleja la grandeza de un municipio de la campiña segoviana, que en otro tiempo gozó del máximo esplendor económico y social. Basta observar la estructura urbana y la arquitectura de sus casas y caserones para constatar que Sangarcía y sus gentes antaño tuvieron una economía boyante.

Sangarcía fue un pueblo de arrieros durante los siglos XVII y XVIII. El municipio se aplicaba fundamentalmente a lo que hoy se conoce como 'base logística' para el aprovisionamiento de grano a la capital de España. Este próspero negocio propició notables rentas a los moradores de Sangarcía. Hábiles para los negocios y el trato, lo que conjugaban con la agricultura, este municipio segoviano se convirtió en el centro comarcal y envidia de todos los municipios colindantes, una vez que tuvo autonomía propia con respecto a la Abadía de Párraces, a la que estuvo adscrita hasta principios del siglo XVII. Sin embargo, la puesta en funcionamiento del ferrocarril y su paso por la cercana localidad de Sanchidrián, significó el ocaso de su esplendor.

Hoy, como gran parte del medio rural de Castilla y León, Sangarcía muere poco a poco. Su localización geográfica excéntrica con respecto a la red radial y periférica de la provincia de Segovia contribuye a ello, pero sobre todo la falta de un tejido industrial básico que complemente las cada vez más tecnificadas labores agrarias y dé soporte a unos servicios básicos que poco a poco han ido desapareciendo. El éxodo juvenil, ante la falta de expectativas laborales, y el fuerte envejecimiento de su población han contribuido al resto. Un proceso que se inició en la década de los 70  con la emigración a las zonas periféricas de España y al centro, y prosigue en esta década del siglo XXI, acrecentada por la desaparición natural de muchos de sus pobladores.

Sangarcía hoy es víctima de su pasado, pero también de la ausencia de una 'planificación indicativa' en lo económico por las administraciones encargadas de tutelar la administración local. Sus gentes, de naturaleza conservadora y poco emprendedoras, a diferencia de sus ancestros, dieron continuidad una vez desaparecido el comercio floreciente a las labores agrarias. Entorno a este centro comarcal florecieron pequeños negocios y servicios que languidecieron a medida que la mano de obra fue siendo menor.

Los que de pequeños crecimos y vivimos en Sangarcía, y tuvimos la ilusión y el convencimiento que era lo más grande, día a día nos preguntamos qué podemos hacer para que recuperar su esplendor pasado y dar continuidad y vida a su legado histórico, patrimonial y paisajístico. Conseguir recursos para rehabilitar la Plaza Mayor, construir un centro de ocio –el chiringuito- o mejorar el patio de las escuelas fue asequible. Las gestiones no fueron fáciles pero llegaron a buen puerto. Sin embargo, desde hace muchos años vengo rondando la idea de encontrar inversión para una industria floreciente y estable en el tiempo, que permita generar un gran número de puestos de trabajo directos y, de esta manera, abrir un halo de esperanza al futuro en nuestro pueblo. Algún intento se ha hecho, pero, como a la vista está, con resultado poco satisfactorio.

Tirar la toalla es lo último que hemos de hacer. Nuestro sueño pasa por revitalizar nuestro pueblo y darle tono económico. Aunque algunos, con la denominada Ley de Sostenibilidad y Racionalidad de la Administración Local, ahora quieran hacernos perder nuestra autonomía local y señas de identidad, no nos debemos rendir. La nueva plaza está más en correspondencia con el esplendor de tiempos pasados; sin embargo, ha de ser premonitoria del devenir de los deseados tiempos futuros de nuestro municipio. Orgullo sí; pero inquietud, ilusión y sueños hechos realidad también. Es una labor de todos, incluidos el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta.       

El aborto escora al PP hacia la derecha radical

Basta ver el vídeo de la  intervención de la diputada del PP por Segovia, Sra. Escudero, en el debate sobre el aborto en el Congreso –disponible en esta página- para darse cuenta de que el PP no es ese partido de centro tolerante y de amplias miras que nos vendieron en la campaña electoral. La posición del Gobierno de España sobre el aborto es una buena prueba. Con el nuevo marco normativo que propugna el ministro de Justicia en esta materia, España se aleja de la regulación del resto de Europa y retrocede a viejos prejuicios que erosionan los derechos conquistados de la mujer en los últimos 35  años.

Se siguen así a pies juntillas los postulados del cardenal Rouco Varela. El Gobierno en las políticas de reproducción sexual está cautivo de las líneas de acción que marca el sector más conservador de la Iglesia católica, pero también en otros ámbitos, como es el sector educativo. La recuperación de la asignatura de religión y el impulso de conciertos con los colegios religiosos es una inversión en jóvenes votantes conservadores que asientan y fortalecen  el pensamiento católico y refuerzan el porvenir del PP. Todo ello financiado con fondos públicos.

En una sociedad democrática avanzada, ningún grupo político puede imponer sus valores y creencias a otros. La intervención de la diputada popular tradujo ese desprecio por el pensamiento divergente de la oposición, tanto en la forma como en el fondo. Demonizó  y segmentó a las mujeres españolas en relación a su actitud hacia el aborto en función de su renta o nivel de formación. Hizo un análisis superficial y poco riguroso que denota un desconocimiento de la problemática de la sociedad española en materia reproductiva. La diputada Escudero actuaba, le guste o no le guste, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, aunque en algún momento diera la sensación de que actuaba en clave personal. Solo la vicepresidente Celia Villalobos abandonó el escaño.  

El PP no puede convertir en ‘delito’ lo que, desde sus creencias y valores, considera que es ‘pecado’.  Las mujeres españolas, con la reforma del aborto programada por el Gobierno del PP, estarán bajo el prisma del Código Penal. No se merecen este desprecio, más cuando muchas de ellas han votado al PP de buena fe bajo la premisa de que el Partido Popular compartía la tolerancia y el respeto hacia los derechos de la mujer. Hoy, como hemos podido comprobar, el PP se escora hacia la derecha extrema, y sus diputados faltan a la obligada cortesía parlamentaria y al respeto por el pensamiento divergente.