Náuseas

Aquellos que nos educamos en el espíritu de la Transición democrática española aprendimos no solo a respetar las decisiones de los demás –lo que no exime de su valoración-, a aceptar la derrota en los planteamientos, a no engañar a sabiendas nuestros vecinos, y a no interferir de forma torticera y utilizando los recursos del poder público, la valoración objetiva e independiente de los ciudadanos y de los medios de comunicación. La falta de respeto a estos principios es un indicador de la falta de salud democrática de aquellos que no los practican. A muchos/as nos genera náuseas.

Estamos asistiendo estos días en Segovia a la defensa institucional de un proyecto de naturaleza privada, denominado falsamente Palacio de Congresos, que traspasa todos los límites de la ética política. La Junta de Castilla y León, con la consejera de Agricultura al frente, la Sra. Silvia Clemente, hasta el presidente de la Diputación de Segovia, el Sr. Francisco Vázquez, pasando por el resto de los cargos institucionales del Estado y de la Junta, están volcados en demostrar a los segovianos que el salón de actos de la Faisanera –a construir en el patio de la casa de caza- es el gran palaciode congresos prometido por el presidente de la Junta en uno de sus mítines. Para ello vale todo.

Es saltarse la legislación, aplicando dinero público -8 millones de euros- de la Junta a través de la Diputación en el proyecto privado de Segovia 21. Una inversión que se orienta a dotar de solvencia y liquidez a un proyecto muerto. El salón de actos, que la   consejera de Agricultura no tiene ningún rubor en valorar problemas en 20 millones, sería un baluarte importante para remontar el proyecto iniciado y fallido de un hotel de la cadena NH, la venta de parcela y pisos en fase de construcción. Mucho más si se construye un vial con dinero público entre la estación del AVE y el complejo Segovia 21, como ha anunciado el presidente del PP.

Todo el relato se presenta por los susodichos en beneficio del interés general, pero la realidad es otra: se resta impulso al comercio, la hostelería y el turismo en Segovia, en beneficio de un grupo de interés privado al que defiende y apoyan las instituciones gobernadas por el PP.

Asociado a este proyecto de salón de actos, hemos comprobado una vez más la cautividad que ejerce en la mayoría de los medios de comunicación la consejera de Agricultura. Ella ha impulsado y potenciado personalmente la difusión de las excelencias del proyecto a la vez que ha impedido la publicación o difusión de críticas sobre el mismo, salvo raras excepciones. El método es simple. Si no me amplificas lo que quiero, no te “engraso”, y para ello dispone del aparato de la Junta y una herramienta con mucho dinero para la publicidad como es Tierra de Sabor. A la señora se la venera allí donde va, porque va con dinero. Y eso lo hacen los suyos, pero también algún edil socialista con la brújula desorientada por la fuerza del magnetismo de la subvención; y, por supuesto, los responsables de los medios de comunicación. Que le hacen la cohorte, e incluso  la acompañan a actos de partido, y hacen un flaco favor a la libertad de expresión y al derecho a la información de los ciudadanos.

Esta falta de cultura y respeto a los valores democráticos es extensible a la Diputación con su presidente y vicepresidentes al frente –coinciden con la cúpula del PP-, quienes a su vez siguen la misma política con los medios de comunicación que la ‘maestra’. Los alumnos menores, dígase subdelegada del Gobierno y delegado territorial, están al margen de las convicciones democráticas y en la cultura de “a mandar que para eso estamos”. Se suma la pléyade de procuradores del PP. Alguno sin escrúpulos, hasta para empadronar ficticiamente en unas elecciones locales con tal de ganar en su zona. ¡Qué podemos esperar!

Pero náuseas también genera quien para imponer su voluntad atemoriza elevando la voz y dando puñetazos en la mesa aprovechando su posición jerárquica; o quien a sabiendas engaña a sus vecinos y presenta lo que no es como el quiere que sea, con tal de sacar ventaja y adhesiones. Todas estas actitudes ponen de manifiesto una falta de respeto a las personas y a los valores democráticos.

A pesar de la experiencia y muchos años de dedicación institucional de algunos/as, el paso del tiempo no les ha impregnado del espíritu democrático que significó la Transición, y ante todo imponen su ego y sus intereses personales frente al interés general.            

Con la camiseta de España

En una reciente rueda de prensa en Segovia, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, afirmó que “Rajoy asistirá a cumbre europea con la camiseta de España y no la del PP”. De esta manera visualizaba el pacto que han alcanzado el PSOE y el PP para defender los intereses de España en el próximo Consejo Europeo que se celebrará a finales de este mes.

Los grupos parlamentarios del PSOE y El PP han presentado una Proposición no de ley (PNL) conjunta en la que se sintetizan los objetivos que le interesan a España en la próxima cumbre. Con esta propuesta común, a la que debieran sumarse otros grupos, se refuerza la posición negociadora de España. Por suerte, la política europea está girando hacia posiciones socialdemócratas de estímulo de crecimiento económico, abandonando la política del ‘austericidio’ que tanto sufrimiento y paro está causando. Un giro que, como afirmó Rubalcaba, los socialdemócratas llevamos tiempo demandando.

En esta cumbre es vital que Europa se implique en la lucha contra el paro de los jóvenes, que las pequeñas y medianas empresas reciban unos créditos que ahora se les niegan y que los programas europeos de inversiones den oxígeno a las economías de los países que, como el nuestro, lo están pasando peor. Estos son los puntos básicos del acuerdo; un acuerdo que a lo largo de la tramitación parlamentaria se podrá enriquecer con las aportaciones de todos los partidos.

¡Ojalá! Pero todo indica que no será así. Grupos como IU y UPyD, si aceptan este pacto, tendrán que renunciar, si son consecuentes, a su actual política de ensimismamiento anteponiendo sus intereses electorales a los intereses de España. O sea, “dotarse de sentido de Estado”, lo que requiere grandes dosis de fe.

La reforma de las pensiones ha vuelto también a la agenda política. Aprovechando la crisis, el PP quiere forzar un cambio del actual sistema de pensiones que supondría reducir el poder adquisitivo y la cuantía de las pensiones actuales y futuras. Y abrir un hueco para que el mercado entre en la provisión de un servicio público estatal como este.

No tiene sentido aplicar una reforma cuando acaba de comenzar a aplicarse otras cuyos resultados no se han podido evaluar. En esa reforma se retrasó la edad de jubilación y se ha aumentado la base de cómputo para el cálculo de las pensiones. Además se contempla un factor de sostenibilidad que comenzará a aplicarse a partir del año 2027 y el Fondo de Reserva asciende a 67.000 millones de euros. Un reforma que solo tiene sentido si es por consenso. Pero todo indica que el Gobierno quiere capitalizar el sistema financiero mediante fondos de pensiones que generen un mayor dinamismo económico. Una solución que no es neutra desde el punto de vista social, ya que quiebra el principio de solidaridad entre los españoles. Aquí Rajoy también necesita la camiseta de España.

Pucherazo

El reciente proceso selectivo para reclutar siete ‘técnicos de dinamización económica y creación de empresas’ por parte de la Diputación Provincial de Segovia ha servido para contratar con dinero público familiares y allegados al PP. Uno de ellos es hermano de la segoviana Consejera de Agricultura de la Junta; otra es la esposa del alcalde de El Espinar y a su vez diputado provincial; y otra ha desempeñado un cargo de confianza en una consejería de la Junta -mi respeto personal para todos ellos-. Mucha casualidad. ¿No les parece? De siete, al menos sobre tres se levantan serias sospechas. Todo indica que se trata de un gran “pucherazo”. ¿O ha sido casualidad? ¿O se da la circunstancia de que los familiares y afines al PP se desenvuelven mejor en los procesos competitivos bajo las premisas del respeto a los principios de mérito, capacidad, publicidad y trasparencia? 

Parece ser que ha sucedido lo mismo en otras provincias de la Comunidad con personas allegadas al PP en un proceso selectivo similar. No es la primera vez que esto ocurre en la Diputación Provincial de Segovia. Basta hacer un recorrido por las contrataciones de los muchos años de gobierno del PP en la institución provincial para reconocer a parientes y allegados de notables políticos no solo segovianos, sino también de otras provincias limítrofes. Para muestra, un botón. El lector puede hacer un recorrido por las listas municipales del PP en las elecciones municipales de la historia democrática y podrá comprobar como muchos de los integrantes de esas listas son empleados de la Diputación o de algún consorcio o mancomunidad. El clientelismo político ha estado asociado a la cultura de gestión del PP en las instituciones. Se ha antepuesto los intereses del PP al interés general. Está claro que ha fallado el control político por parte de la oposición y los medios de comunicación en su papel de contrapoder para garantizar la esencia democrática del sistema y la igualdad de derechos.

El proceso selectivo se ha articulado en torno a la instrucción del Servicio Público de Empleo de Castilla y León ECYL 3/13  para la contratación de técnicos de técnicos de dinamización económica y creación de empresas por las Diputaciones Provinciales de la comunidad. Se trata de seleccionar personas del paro para que identifiquen oportunidades de dinamización económica y creación de empresas. Para ello el ECYL ha procedido una subvención a la Diputación de Segovia por un valor de 189.000 euros, complementados con 60.000 euros de recursos propios. La Diputación ha solicitado a la oficina del ECYL hasta 10 candidatos por plaza que tengan la titulación de graduado en Administración de Empresas,  Derecho o Asistente Social. La selección se ha articulado a través de una comisión compuesta por tres representantes de la Junta y dos de la Diputación. La valoración, según las instrucciones, se efectúa en base a una puntuación máxima de 25 puntos, de los cuales 10 corresponden al curriculum y 15 a la entrevista. Hasta aquí la descripción del proceso.

El proceso de por sí es atípico. No garantiza desde el punto de vista técnico la selección de profesionales que garanticen el éxito del programa. Difícilmente quien está en paro y no ha demostrado tener espíritu de emprendedor puede servir para descubrir nichos de actividad económica y empleo. Esto desde el punto de vista sustantivo. Pero desde una perspectiva formal, no se han respetado los principios de mérito, capacidad, publicidad y trasparencia.

Solo se han podido presentar los candidatos que ha decidido el ECYL conforme a unas bases subjetivas y con un tribunal endogámico, que como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Una valoración de curriculum, que no garantiza capacidad, experiencia y conocimiento para dar repuesta a los candidatos que se quieren seleccionar; y una entrevista que permite seleccionar discrecionalmente, sin ningún criterio objetivo a los candidatos que más interesen. Lo que de una forma clara permite teledirigir el proceso a objetivos ajenos al programa, al margen del interés general. Mucho más cuando los seleccionados para el proceso han sido designados a dedo y siempre bajo el control político del PP. La trasparencia ha brillado por su ausencia. A la endogamia de los tribunales se suma la imposibilidad de participación de las organizaciones sindicales, como agentes activos de control. Todo ello facilita un claro pucherazo que va en detrimento del principio de igualdad. Las bases debieran haberse impugnado y el proceso también, al no ajustarse los criterios de selección a los principios constitucionales anunciados. El Grupo de Diputados Socialista está analizando esta posibilidad para garantizar el respeto a la Justicia Social.  

Este programa tal y como está concebido no tiene sentido. Pone en juego recursos públicos que dada la naturaleza de su función será muy difícil que generen valor añadido. En los programas de dinamización económica se requiere más que nunca trabajo en equipo, alta experiencia de grupos colegiados de trabajo, flexibilidad y dinamismo. Todo lo contrario de lo que puede ofrecer un perfil inexperto y cuasi funcionarial. El programa tal y como se está traduciendo parece más pensado para contratar amigos que para a lo que dice orientarse.

Posdata: Lo aquí expuesto y denunciado, en mi papel de diputado nacional y secretario general del PSOE en Segovia, ha sido presentado recientemente ante los medios de comunicación. Dada la poca receptividad de los medios he decidido hacer pública la denuncia en esta entrada de mi Cuaderno, que no cuenta con otra censura que mi propia autocensura. Quiero agradecer al digital Segovialdia la gentileza que ha tenido no solo publicando la nota de prensa que acompaña a la rueda de prensa, sino también  el vídeo de la misma. Vídeo que acompaño a este post.        

Palacio de Congresos sí, pero no así

El presidente de la Diputación, y a su vez del Partido Popular de Segovia, se ha sacado de la chistera de un día para otro el tan anhelado Palacio de Congresos que desde hace tiempo venimos demandando los segovianos. Para ello han ideado la construcción de un cubo en el patio de la Casa Club del complejo 'Segovia 21' con una capacidad para 800 personas.

Esta inversión requerirá seis millones de euros adicionales a los ya invertidos en el Club, más dos millones de euros más en concepto de gastos financieros. La Junta de Castilla y León -mediante un préstamo del Banco de Santander a 10 años- aportará a la Diputación Provincial esa cuantía para, a su vez, financiar un proyecto de naturaleza no pública. Una fórmula de ingeniería financiera ideada por el asesor jurídico del PP, miembro de su dirección y Administrador de 'Segovia 21', al margen de la legalidad administrativa. Y sin que los servicios técnicos y jurídicos de la Diputación participaran en su gestación.

En esta iniciativa surgen varias dudas. En primer lugar, sobre su finalidad y aplicación de fondos públicos, pero también sobre la oportunidad del emplazamiento y viabilidad económico-financiera del proyecto, así como su legalidad. Sin olvidar la quiebra de la debida cortesía y respeto a las instituciones y órganos afectados en la gestación y puesta en escena del proyecto anunciado. Su ausencia ha puesto de manifiesto una vez más la falta de talante y déficit democrático, algo a lo que ya nos tiene acostumbrado el PP.

El proyecto anunciado se orienta más a servir de revulsivo al negocio inmobiliario de 'Segovia 21', que en este momento atraviesa por un momento muy difícil- las pérdidas han ascendido a tres millones y medio de euros en el último ejercicio- , que a otra cosa. El Palacio de Congresos es el pretexto para canalizar dinero público y poder relanzar la venta de pisos, parcelas y el campo de golf. Su emplazamiento no es el más adecuado para generar comercio, turismo y rentas en la ciudad de Segovia y localidades del entorno. Aspira a concentrar todo el dinamismo económico en ese complejo de intereses privados. Lo cual desde los intereses de sus accionistas, puede ser excelente, pero no así desde una perspectiva económica y social más amplia que ha de presidir y orientar la puesta en marcha de un Palacio de Congreso como se merece Segovia.

No nos consta que se haya llevado una análisis de la solvencia y liquidez del proyecto por parte de la Diputación para poner en juego recursos públicos: tales como, el periodo de recuperación de la inversión, el valor anual neto previsto o la tasa de rentabilidad… Un proyecto a ciegas que aspira no solo a resolver el problema de 'Segovia 21' sino también a anular otros proyectos alternativos en marcha como la rehabilitación del Teatro Cervantes en la ciudad de Segovia, que con una inversión equivalente de 8 millones de euros, por sus características y localización puede constituir el recinto ideal para la ubicación y explotación del Palacio de Congresos, sirviendo además de revulsivo para el comercio y la hostelería segoviana. Sin embargo, es un proyecto que el propio Gobierno del PP se ha encargado de parar nada más llegar al poder para impedir cualquier otro tipo de ventaja política al Ayuntamiento de Segovia, con su alcalde a la cabeza, que es quien lo promueve en una clara defensa del interés general.

La iniciativa ha sido gestada de espalda a los ayuntamientos de Segovia y del Real Sitio de San Ildefonso, y también del Grupo Socialista en la Diputación. Su puesta en escena forma parte de un estilo propio de hacer política, donde los intereses del PP se anteponen a los de los segovianos. Para ello contaron con la consejera de Agricultura de la Junta. La misma que prometió el Museo de la Fotografía, el Museo de la Ingeniería Romana y la rehabilitación del Palacio de Enrique IV.  Con este proyecto, más de lo mismo. Tiempo al tiempo. 

La Junta aplicará fondos a un proyecto sin finalidad pública a la vez que niega recursos a proyectos sociales y otros que son absolutamente necesarios en Segovia, y pueden generar riqueza y puestos de trabajo. Es el caso de la ampliación de la segunda fase de la UVA o la construcción del Centro de Salud de Nueva Segovia, por citar alguno. El PP ha perdido el Norte. Hoy, más que nunca, se necesitan acuerdos institucionales. Mucho más cuando los fondos destinados tienen un carácter estratégico para nuestra provincia y ciudad.

Todos estamos de acuerdo en que es necesario reflotar 'Segovia 21', pero no así. El Palacio de Congresos de Segovia no puede estar al albur de los intereses del PP, y de todos aquellos que adoptan una posición seguidista sin reflexionar mucho sobre los pros y contras del Palacio de Congresos de la 'Casa Club'. Siempre hay tiempo para rectificar. Lo que está claro es que Segovia necesita un Palacio de Congreso, pero no así. Y si es con un pacto institucional, mejor.