Aquellos que nos educamos en el espíritu de la Transición democrática
española aprendimos no solo a respetar las decisiones de los demás –lo que no
exime de su valoración-, a aceptar la derrota en los planteamientos, a no
engañar a sabiendas nuestros vecinos, y a no interferir de forma torticera y
utilizando los recursos del poder público, la valoración objetiva e
independiente de los ciudadanos y de los medios de comunicación. La falta de
respeto a estos principios es un indicador de la falta de salud democrática de
aquellos que no los practican. A muchos/as nos genera náuseas.
Estamos asistiendo estos días en Segovia a la defensa institucional de
un proyecto de naturaleza privada, denominado falsamente Palacio de Congresos, que traspasa todos los límites de la ética
política. La Junta de Castilla y León, con la consejera de Agricultura al
frente, la Sra. Silvia Clemente, hasta el presidente de la Diputación de
Segovia, el Sr. Francisco Vázquez, pasando por el resto de los cargos
institucionales del Estado y de la Junta, están volcados en demostrar a los
segovianos que el salón de actos de la
Faisanera –a construir en el patio de la casa de caza- es el gran palaciode congresos prometido por el presidente de la Junta en uno de sus mítines.
Para ello vale todo.
Es saltarse la legislación, aplicando dinero público -8 millones de
euros- de la Junta a través de la Diputación en el proyecto privado de Segovia
21. Una inversión que se orienta a dotar de solvencia y liquidez a un proyecto
muerto. El salón de actos, que la
consejera de Agricultura no tiene ningún rubor en valorar problemas en
20 millones, sería un baluarte importante para remontar el proyecto iniciado y
fallido de un hotel de la cadena NH, la venta de parcela y pisos en fase de
construcción. Mucho más si se construye un vial con dinero público entre la
estación del AVE y el complejo Segovia 21, como ha anunciado el presidente del
PP.
Todo el relato se presenta por los susodichos en beneficio del interés
general, pero la realidad es otra: se resta impulso al comercio, la hostelería
y el turismo en Segovia, en beneficio de un grupo de interés privado al que
defiende y apoyan las instituciones gobernadas por el PP.
Asociado a este proyecto de salón de actos, hemos comprobado una vez más la cautividad que ejerce en la
mayoría de los medios de comunicación la consejera de Agricultura. Ella ha
impulsado y potenciado personalmente la difusión de las excelencias del
proyecto a la vez que ha impedido la publicación o difusión de críticas sobre el
mismo, salvo raras excepciones. El método es simple. Si no me amplificas lo que
quiero, no te “engraso”, y para ello dispone del aparato de la Junta y una
herramienta con mucho dinero para la publicidad como es Tierra de Sabor. A la señora se la venera allí donde va, porque va
con dinero. Y eso lo hacen los suyos, pero también algún edil socialista con la
brújula desorientada por la fuerza del magnetismo de la subvención; y, por
supuesto, los responsables de los medios de comunicación. Que le hacen la
cohorte, e incluso la acompañan a actos
de partido, y hacen un flaco favor a la libertad de expresión y al derecho a la
información de los ciudadanos.
Esta falta de cultura y respeto a los valores democráticos es
extensible a la Diputación con su presidente y vicepresidentes al frente
–coinciden con la cúpula del PP-, quienes a su vez siguen la misma política con
los medios de comunicación que la ‘maestra’.
Los alumnos menores, dígase subdelegada del Gobierno y delegado territorial,
están al margen de las convicciones democráticas y en la cultura de “a mandar
que para eso estamos”. Se suma la pléyade de procuradores del PP. Alguno sin
escrúpulos, hasta para empadronar ficticiamente en unas elecciones locales con
tal de ganar en su zona. ¡Qué podemos esperar!
Pero náuseas también genera quien para imponer su voluntad atemoriza
elevando la voz y dando puñetazos en la mesa aprovechando su posición
jerárquica; o quien a sabiendas engaña a sus vecinos y presenta lo que no es
como el quiere que sea, con tal de sacar ventaja y adhesiones. Todas estas
actitudes ponen de manifiesto una falta de respeto a las personas y a los
valores democráticos.
A pesar de la experiencia y muchos años de dedicación institucional de
algunos/as, el paso del tiempo no les ha impregnado del espíritu democrático
que significó la Transición, y ante todo imponen su ego y sus intereses
personales frente al interés general.
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