En una reciente rueda de prensa en Segovia, la vicesecretaria general
del PSOE, Elena Valenciano, afirmó que “Rajoy asistirá a cumbre europea con la
camiseta de España y no la del PP”. De esta manera visualizaba el pacto que han
alcanzado el PSOE y el PP para defender los intereses de España en el próximo
Consejo Europeo que se celebrará a finales de este mes.
Los grupos parlamentarios del PSOE y El PP han presentado una
Proposición no de ley (PNL) conjunta en la que se sintetizan los objetivos que
le interesan a España en la próxima cumbre. Con esta propuesta común, a la que
debieran sumarse otros grupos, se refuerza la posición negociadora de España.
Por suerte, la política europea está girando hacia posiciones socialdemócratas de
estímulo de crecimiento económico, abandonando la política del ‘austericidio’
que tanto sufrimiento y paro está causando. Un giro que, como afirmó Rubalcaba,
los socialdemócratas llevamos tiempo demandando.
En esta cumbre es vital que Europa se
implique en la lucha contra el paro de los jóvenes, que las pequeñas y medianas
empresas reciban unos créditos que ahora se les niegan y que los programas
europeos de inversiones den oxígeno a las economías de los países que, como el
nuestro, lo están pasando peor. Estos son los puntos básicos del acuerdo; un
acuerdo que a lo largo de la tramitación parlamentaria se podrá enriquecer con
las aportaciones de todos los partidos.
¡Ojalá! Pero todo indica que no será así. Grupos como IU y UPyD, si
aceptan este pacto, tendrán que renunciar, si son consecuentes, a su actual
política de ensimismamiento anteponiendo sus intereses electorales a los
intereses de España. O sea, “dotarse de sentido de Estado”, lo que requiere
grandes dosis de fe.
La reforma de las pensiones ha vuelto también a la agenda política.
Aprovechando la crisis, el PP quiere forzar un cambio del actual sistema de
pensiones que supondría reducir el poder adquisitivo y la cuantía de las
pensiones actuales y futuras. Y abrir un hueco para que el mercado entre en la
provisión de un servicio público estatal como este.
No tiene sentido aplicar una reforma cuando acaba de comenzar a
aplicarse otras cuyos resultados no se han podido evaluar. En esa reforma se
retrasó la edad de jubilación y se ha aumentado la base de cómputo para el
cálculo de las pensiones. Además se contempla un factor de sostenibilidad que
comenzará a aplicarse a partir del año 2027 y el Fondo de Reserva asciende a
67.000 millones de euros. Un reforma que solo tiene sentido si es por consenso.
Pero todo indica que el Gobierno quiere capitalizar el sistema financiero
mediante fondos de pensiones que generen un mayor dinamismo económico. Una
solución que no es neutra desde el punto de vista social, ya que quiebra el
principio de solidaridad entre los españoles. Aquí Rajoy también necesita la
camiseta de España.
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