Pucherazo

El reciente proceso selectivo para reclutar siete ‘técnicos de dinamización económica y creación de empresas’ por parte de la Diputación Provincial de Segovia ha servido para contratar con dinero público familiares y allegados al PP. Uno de ellos es hermano de la segoviana Consejera de Agricultura de la Junta; otra es la esposa del alcalde de El Espinar y a su vez diputado provincial; y otra ha desempeñado un cargo de confianza en una consejería de la Junta -mi respeto personal para todos ellos-. Mucha casualidad. ¿No les parece? De siete, al menos sobre tres se levantan serias sospechas. Todo indica que se trata de un gran “pucherazo”. ¿O ha sido casualidad? ¿O se da la circunstancia de que los familiares y afines al PP se desenvuelven mejor en los procesos competitivos bajo las premisas del respeto a los principios de mérito, capacidad, publicidad y trasparencia? 

Parece ser que ha sucedido lo mismo en otras provincias de la Comunidad con personas allegadas al PP en un proceso selectivo similar. No es la primera vez que esto ocurre en la Diputación Provincial de Segovia. Basta hacer un recorrido por las contrataciones de los muchos años de gobierno del PP en la institución provincial para reconocer a parientes y allegados de notables políticos no solo segovianos, sino también de otras provincias limítrofes. Para muestra, un botón. El lector puede hacer un recorrido por las listas municipales del PP en las elecciones municipales de la historia democrática y podrá comprobar como muchos de los integrantes de esas listas son empleados de la Diputación o de algún consorcio o mancomunidad. El clientelismo político ha estado asociado a la cultura de gestión del PP en las instituciones. Se ha antepuesto los intereses del PP al interés general. Está claro que ha fallado el control político por parte de la oposición y los medios de comunicación en su papel de contrapoder para garantizar la esencia democrática del sistema y la igualdad de derechos.

El proceso selectivo se ha articulado en torno a la instrucción del Servicio Público de Empleo de Castilla y León ECYL 3/13  para la contratación de técnicos de técnicos de dinamización económica y creación de empresas por las Diputaciones Provinciales de la comunidad. Se trata de seleccionar personas del paro para que identifiquen oportunidades de dinamización económica y creación de empresas. Para ello el ECYL ha procedido una subvención a la Diputación de Segovia por un valor de 189.000 euros, complementados con 60.000 euros de recursos propios. La Diputación ha solicitado a la oficina del ECYL hasta 10 candidatos por plaza que tengan la titulación de graduado en Administración de Empresas,  Derecho o Asistente Social. La selección se ha articulado a través de una comisión compuesta por tres representantes de la Junta y dos de la Diputación. La valoración, según las instrucciones, se efectúa en base a una puntuación máxima de 25 puntos, de los cuales 10 corresponden al curriculum y 15 a la entrevista. Hasta aquí la descripción del proceso.

El proceso de por sí es atípico. No garantiza desde el punto de vista técnico la selección de profesionales que garanticen el éxito del programa. Difícilmente quien está en paro y no ha demostrado tener espíritu de emprendedor puede servir para descubrir nichos de actividad económica y empleo. Esto desde el punto de vista sustantivo. Pero desde una perspectiva formal, no se han respetado los principios de mérito, capacidad, publicidad y trasparencia.

Solo se han podido presentar los candidatos que ha decidido el ECYL conforme a unas bases subjetivas y con un tribunal endogámico, que como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Una valoración de curriculum, que no garantiza capacidad, experiencia y conocimiento para dar repuesta a los candidatos que se quieren seleccionar; y una entrevista que permite seleccionar discrecionalmente, sin ningún criterio objetivo a los candidatos que más interesen. Lo que de una forma clara permite teledirigir el proceso a objetivos ajenos al programa, al margen del interés general. Mucho más cuando los seleccionados para el proceso han sido designados a dedo y siempre bajo el control político del PP. La trasparencia ha brillado por su ausencia. A la endogamia de los tribunales se suma la imposibilidad de participación de las organizaciones sindicales, como agentes activos de control. Todo ello facilita un claro pucherazo que va en detrimento del principio de igualdad. Las bases debieran haberse impugnado y el proceso también, al no ajustarse los criterios de selección a los principios constitucionales anunciados. El Grupo de Diputados Socialista está analizando esta posibilidad para garantizar el respeto a la Justicia Social.  

Este programa tal y como está concebido no tiene sentido. Pone en juego recursos públicos que dada la naturaleza de su función será muy difícil que generen valor añadido. En los programas de dinamización económica se requiere más que nunca trabajo en equipo, alta experiencia de grupos colegiados de trabajo, flexibilidad y dinamismo. Todo lo contrario de lo que puede ofrecer un perfil inexperto y cuasi funcionarial. El programa tal y como se está traduciendo parece más pensado para contratar amigos que para a lo que dice orientarse.

Posdata: Lo aquí expuesto y denunciado, en mi papel de diputado nacional y secretario general del PSOE en Segovia, ha sido presentado recientemente ante los medios de comunicación. Dada la poca receptividad de los medios he decidido hacer pública la denuncia en esta entrada de mi Cuaderno, que no cuenta con otra censura que mi propia autocensura. Quiero agradecer al digital Segovialdia la gentileza que ha tenido no solo publicando la nota de prensa que acompaña a la rueda de prensa, sino también  el vídeo de la misma. Vídeo que acompaño a este post.