Periodismo, medios de comunicación y Estado

Desde que en 2008 comenzó la crisis económica, 284 medios de comunicación han cerrado en España. Y se han destruido 11.158 empleos. Solo en 2013 han desaparecido 73 medios de comunicación y su caída ha privado del puesto de trabajo a 2.754 profesionales. Unos datos que ponen de manifiesto la difícil situación por la que atraviesa en nuestro país el periodismo y los medios de comunicación. Su hundimiento afecta directamente a los cimientos de nuestra democracia a cuya construcción han contribuido con ejemplaridad los medios de comunicación y sus trabajadores.

La prensa local, la más cercana al ciudadano, con un fuerte arraigo en pueblos y ciudades, se ve amenazada día a día ante la drástica caída de sus ventas y de los ingresos publicitarios. Son muchos los diarios locales de gran solera que han desaparecido en estos años, o están pasando por serias dificultades. Incluso hay alguna provincia que se ha quedado sin periódicos. Con ellos no solo se va una parte de la historia local, sino de nuestra esencia democrática. La prensa no solo informa, sino que contribuye a configurar y fortalecer la opinión pública y hacer ciudadanos más libres. Dejar morir el periodismo es dejar morir nuestra democracia.  

En la nueva Sociedad de la Comunicación es más necesario que nunca el pluralismo ideológico, temático y tecnológico, tanto en su carácter privado como público. El Estado debe garantizar el derecho del ciudadano a comunicarse y a expresar sus opiniones, y a los profesionales de la información a poder realizar su trabajo sin presiones ni cortapisas con intereses ajenos a su propia función. Los medios de comunicación, en general, y la prensa escrita, en particular, contribuyen de una manera decisiva a la cohesión social y territorial de España.

Hoy es imprescindible que los medios no estén al servicio de intereses económicos, financieros o partidistas, ya sea por su estructura accionarial, por la concentración de propiedad privada o por la necesidad de obtener publicidad privada o institucional. Como es imprescindible que el sector recupere el alto porcentaje de empleo que ha perdido y garantice unas retribuciones y condiciones de trabajo dignas para los profesionales que desempeñan su labor en los medios de comunicación.

Sin embargo, el periodismo ha perdido autonomía en el ejercicio de sus funciones. Por una parte, las grandes corporaciones económicas y su capacidad para condicionar mensajes en su doble condición de suministradores de noticias y potentes inversores de publicidad; por otra, el clientelismo político que ejercen torticeramente determinadas instituciones sobre los medios de comunicación públicos en beneficio propio, minando su credibilidad y contribuyendo a su deterioro progresivo, cuando no a su desaparición, como ha ocurrido en algún caso. Y, por último, el gran ruido informativo asociado, en muchos casos, a un uso impropio, inadecuado e interesado por parte de los ciudadanos de las nuevas tecnologías, que generan y transmiten información y opinión sin ningún rigor, suplantando así la función periodística. Por diferentes canales se condiciona lo que no se publica, lo que se publica y cómo se publica.

La situación descrita está afectando a la calidad de la información y sus contenidos. El sector atraviesa por una crisis sin precedentes. La crisis económica y el desplome de la fuente de ingresos han acelerado el proceso de reconversión tecnológica sometiendo a los actores informativos a fuertes tensiones a los que se ha unido los efectos de la reforma laboral. El resultado está siendo un ajuste drástico de empleo en el sector. En este escenario, el Estado no puede estar ajeno al problema y mirar para otro lado. Tiene que tutelar el marco de ayudas al sector de la prensa, dado su carácter constitucional, como vehículo de uno de los derechos fundamentales de la democracia.

Se requiere un gran pacto entre los actores afectados con la implicación, colaboración y apoyo de las diferentes Administraciones estatales, y órganos institucionales afectados. El Gobierno de España ha de liderar este proceso. Para ello, en primer lugar, ha de conocer la situación del sector mediante la elaboración de un informe de situación con los editores, asociaciones profesionales y sindicales del sector. Se han de articular mecanismos de ayuda que den respuesta al precepto del artículo 20 de nuestro texto constitucional, así como dinamizar el mercado laboral y promover acuerdos sociales con las empresas del sector. Y evitar la concentración y dependencia financiera del sector de unos pocos grupos mediáticos poderosos, que pudieran llegar a ser lesivos para el sistema democrático.  

Es también urgente la creación de un Consejo de la Sociedad de la Comunicación independiente y convergente, que analice y supervise todas las cuestiones audiovisuales para dar respuesta especialmente a la demanda de los ciudadanos.

Contribuir a la defensa del periodismo y de los medios de comunicación en España en estos momentos es contribuir a fortalecer nuestro Estado democrático. Esta labor requiere el compromiso de todos, pero en especial de las Administraciones Públicas con el Gobierno de España al frente. La situación es de emergencia, y la acción no permite demoras.       

Dualización social

Desde la Transición democrática hasta hoy la sociedad española no había estado nunca tan dualizada y dividida. No es casualidad. Es el propio Gobierno el que, con sus políticas y sus recortes de derechos y libertades, divide día a día a los ciudadanos. El Gobierno actúa como ‘bombero pirómano’. Le interesa. Su pérdida de apoyo social e incapacidad para hacer frente a la crisis, unida a su fuerte descrédito, le ha llevado a refugiarse en posiciones extremas para satisfacer y buscar el apoyo de determinados grupos de interés, como la Iglesia. Prueba de ello es el proyecto de ley sobre el aborto aprobado en el último Consejo de Ministros bajo la Presidencia de la vicepresidenta del Gobierno. Lo que no les impide, con el cinismo que viene garantizando su acción de gobierno, aprovechando su poder o coacción mediático, presentarse ante la opinión pública como el “partido moderado de centro” que necesita España.

En esta última semana en la que se han cumplido dos años del Gobierno del PP, entre otros temas, los españoles han tenido en la agenda política: el registro del la sede del PP como consecuencia de la trama de financiación ilegal del Caso Bárcenas; la utilización clientelar de las cajas de ahorro y en particular de Bankia, por Aznar y su cachorro; el escándalo de los precios de la luz; la vuelta de tuerca a la reforma laboral; la ruptura del Pacto de Toledo de las Pensiones; la ley mordaza de la seguridad… ¿Se puede pedir algo más? Nos encontramos ante una situación de ‘emergencia democrática’. Bajo el paraguas de la mayoría absoluta y el pretexto de la crisis, el PP está imponiendo a los españoles su modelo social, político y económico.

En un momento de crisis económica profunda en el que se requiere más cohesión social que nunca, ante una sociedad diezmada por el paro, en especial los más jóvenes, el Gobierno del PP está promoviendo confrontación y división entre los españoles. El proyecto de ley del aborto era innecesario. Es un ataque frontal a la mujer y a la dignidad de cualquier persona. Nos devuelve a la España reaccionaria y sumisa. Un recorte de derechos y libertades que va a generar una fuerte crispación política.

Serán muchas las mujeres que de nuevo tendrán que abortar en condiciones precarias y con riesgo para su salud. El aborto es un hecho social. Por mucho que se empeñe Rouco Varela y su Iglesia reaccionaría, a la cual se arrodilla el Gobierno y el partido del Gobierno, el número de abortos no disminuirá. Incluso la hipocresía social, como ha ocurrido siempre, llevará a los que se declaran contrarios a él a replantearse el tema tan pronto como se encuentran con un embarazo no deseado.

El proyecto de ley va a dualizar tremendamente a la sociedad española. No solo en el parlamento, sino en la calle. A partir de esta ley va haber un antes y un después. El PP ha roto el espíritu de consenso de la Transición. Actúa como un Gobierno reaccionario. Ya lo hizo en la oposición y sigue en el Gobierno. Se trata de un Gobierno que actúa con claves decimonónicas y que nos quiere llevar a la cultura de esa época. Un Gobierno que va a la desesperada, sin hoja de ruta, y que cuenta en sus filas con un presidente y unos ministros indignos de estar en un Gobierno de España. Un Gobierno mezquino, frívolo y superficial que día a día con su acción política intenta dividir a los españoles. Y que solo se interesa por el tactismo electoral y el futuro de su partido y sus grupos de interés y agentes electorales, que son muchos.

España necesita dignidad democrática. Las urnas acabarán hablando.

Elena Valenciano

MI CARTA ABIERTA A LAS DIPUTADAS DEL PP

Estimadas colegas:

Hemos decidido recurrir a vosotras porque tenéis en vuestras manos gran parte de la libertad y de la dignidad que pretende arrebatarnos el Anteproyecto de Ley de protección a la vida del concebido, aprobado en el último Consejo de Ministros.

Nuestras diferencias políticas no deben ser un obstáculo para que todas acordemos que las mujeres no pueden ser tratadas como personas incapaces ante una decisión tan trascendente para sus vidas como la de ser o no ser madres. Y sé que, al menos eso, lo compartimos todas.

La Ley que pretende aprobarse hace imposible la interrupción del embarazo a las mujeres con escasos recursos, las otras podrán viajar a cualquier país europeo para someterse a esa intervención. Vosotras lo sabéis porque siempre ha sucedido así .Y mucho más ahora que las leyes de plazos o de supuestos muy amplios son mayoría en los estados miembros de la UE, muchos de ellos con gobiernos conservadores. Estoy segura de que esa desigualdad os parece injusta.

Tampoco creo que a muchas de vosotras os parezca aceptable que las mujeres -a las que les ocurra- se vean obligadas a parir hijos con graves malformaciones. Ninguna mujer desea que a ella o a cualquier otra le suceda algo así; y menos aún que otros tomen una decisión que marcará su vida para siempre.

Apelamos a vuestra condición de mujeres sensibles y conscientes de la gravedad del problema del que hablamos. El Proyecto de Ley, tal como salió el viernes del Consejo de Ministros, no es razonable ni respetuoso con las mujeres. Queremos hablar con vosotras y contar con vosotras porque, si se trata de que este disparatado proyecto no se convierta en una ley de la que nos tengamos que arrepentir todos, vuestra contribución puede ser decisiva.

Queremos hacerlo desde el respeto a la conciencia y a la posición política de cada una. Pero esto va más allá de tal o cual partido político: se trata de la dignidad y la libertad de todas las mujeres.

Estamos a tiempo de que el Gobierno reconsidere el Anteproyecto de ley.

Hablemos, por favor. Os necesitamos.

Elena Valenciano.

EL PSOE y la Iglesia (y II)

Se han cumplido ahora 35 años de la Constitución española, que garantizó a todos los ciudadanos la libertad ideológica, religiosa y de culto, en un Estado que se declaraba aconfesional,  y por tanto neutral ante el hecho religioso. Pero también estos días se cumplen 35 años de la firma de los Acuerdos de España con la Santa Sede. Con ellos se buscaba la normalización democrática de la cuestión religiosa proporcionando garantías a la Iglesia Católica, así como privilegios con el fin de atender las creencias religiosas entonces muy mayoritarias en la sociedad española.

El PSOE apoyó esos acuerdos que cristalizaron en la Transición y ha sido respetuoso en todo momento, tanto en el Gobierno, donde incluso los mejoró, como en la oposición con las convicciones y valores de la Iglesia católica, como partido de Gobierno que ha sido y es.

Durante estos años la sociedad española ha evolucionado profundamente. Lo ha hecho al amparo de los nuevos derechos y libertades que nos ha conferido nuestra Democracia y del espectacular incremento de la renta y de los sistemas de protección social producidos en estos 35 años. En este tiempo, los españoles se han dotado de una moral cívica para hacer frente a nuevos retos que se sustenta en los principios, valores y derechos constitucionales. Muchos ciudadanos han hecho compatible estos criterios de conducta con sus profundas convicciones religiosas. La libertad de culto la ampara nuestra constitución. Ello no ha impedido que la Iglesia siga reclamando un “estatus especial”, tal y como se recoge en el reciente artículo publicado en este periódico titulado “La Iglesia y el PSOE (y II)”.

Hoy nuestra sociedad es diversa en cuanto a convicciones religiosas. España se ha secularizado de forma progresiva y al Estado se le demanda que no interfiera en la conciencia de las personas, y que las religiones, aprovechando su influencia sobre el poder, no intenten imponer su visión de la convivencia pública de los ciudadanos. Por este motivo los socialistas propugnamos un Estado en el que convivan convicciones diversas y ciudadanos iguales.

Los Acuerdos con la Santa Sede establecen un régimen de relaciones que no responde a esta realidad, pues suponen compromisos excepcionales del Estado con la Iglesia Católica que, en la práctica van más allá de las propias creencias religiosas. En estos años, el ejercicio de la actividad normativa del Estado en determinados ámbitos se ha visto obstaculizado por posiciones de la Iglesia que han generado controversia creciente en relación con asuntos como la inclusión de la religión como asignatura curricular, la regulación de las relaciones familiares o el régimen fiscal de determinados bienes y actividades.

Desde el PSOE entendemos que es el momento de revisar el derecho a la protección religiosa sobre la base de cuatro principios fundamentales: primero, reconocimiento efectivo de la libertad de culto para todos los ciudadanos y confesiones, con reconocimiento expreso de su alcance para los no creyentes; segundo, la libertad del Estado y del poder civil para ejercer con autonomía su capacidad de regular la convivencia y los servicios esenciales, acorde con los preceptos constitucionales; tercero, la asunción efectiva del Estado de la tutela del hecho religioso mediante los acuerdos de colaboración que se arbitren con las confesiones que así lo soliciten, pero sin incorporar privilegios exorbitantes ni más límites al Estado social y democrático de derecho que los que establece la propia Constitución o los que este asuma libremente; y por último, una actuación estrictamente y neutral en su actuaciones públicas. 

La Conferencia Política del PSOE ha sentado las bases aquí expuestas en materia religiosa. Y, como consecuencia de esa posición, se ha registrado esta misma semana en la Cámara Alta una Proposición no de Ley que aspira a alcanzar el mayor acuerdo posible entre los diferentes grupos parlamentarios. Para ello el Grupo socialista propone: que se proceda a la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede; desarrollo de un Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia, en el que se recojan todas las normas comunes para todas las confesiones religiosas y se garantice la igualdad de trato, así como que se establezcan las bases de los diferentes convenios de colaboración referidos; y que se desarrolle un protocolo civil de obligado cumplimiento para todos los actos solemnes organizados por el Estado.

Nada diferente de lo que se está haciendo en el entorno de otros países de la Unión Europea y que, sin duda, contribuiría a consolidar las convicciones religiosas, entre ellas la católica, y a consolidar los pilares de una sociedad moderna y democrática. No hace falta romper nada, sino adaptarse a los tiempos y fortalecer la justicia y cohesión social.