Periodismo, medios de comunicación y Estado

Desde que en 2008 comenzó la crisis económica, 284 medios de comunicación han cerrado en España. Y se han destruido 11.158 empleos. Solo en 2013 han desaparecido 73 medios de comunicación y su caída ha privado del puesto de trabajo a 2.754 profesionales. Unos datos que ponen de manifiesto la difícil situación por la que atraviesa en nuestro país el periodismo y los medios de comunicación. Su hundimiento afecta directamente a los cimientos de nuestra democracia a cuya construcción han contribuido con ejemplaridad los medios de comunicación y sus trabajadores.

La prensa local, la más cercana al ciudadano, con un fuerte arraigo en pueblos y ciudades, se ve amenazada día a día ante la drástica caída de sus ventas y de los ingresos publicitarios. Son muchos los diarios locales de gran solera que han desaparecido en estos años, o están pasando por serias dificultades. Incluso hay alguna provincia que se ha quedado sin periódicos. Con ellos no solo se va una parte de la historia local, sino de nuestra esencia democrática. La prensa no solo informa, sino que contribuye a configurar y fortalecer la opinión pública y hacer ciudadanos más libres. Dejar morir el periodismo es dejar morir nuestra democracia.  

En la nueva Sociedad de la Comunicación es más necesario que nunca el pluralismo ideológico, temático y tecnológico, tanto en su carácter privado como público. El Estado debe garantizar el derecho del ciudadano a comunicarse y a expresar sus opiniones, y a los profesionales de la información a poder realizar su trabajo sin presiones ni cortapisas con intereses ajenos a su propia función. Los medios de comunicación, en general, y la prensa escrita, en particular, contribuyen de una manera decisiva a la cohesión social y territorial de España.

Hoy es imprescindible que los medios no estén al servicio de intereses económicos, financieros o partidistas, ya sea por su estructura accionarial, por la concentración de propiedad privada o por la necesidad de obtener publicidad privada o institucional. Como es imprescindible que el sector recupere el alto porcentaje de empleo que ha perdido y garantice unas retribuciones y condiciones de trabajo dignas para los profesionales que desempeñan su labor en los medios de comunicación.

Sin embargo, el periodismo ha perdido autonomía en el ejercicio de sus funciones. Por una parte, las grandes corporaciones económicas y su capacidad para condicionar mensajes en su doble condición de suministradores de noticias y potentes inversores de publicidad; por otra, el clientelismo político que ejercen torticeramente determinadas instituciones sobre los medios de comunicación públicos en beneficio propio, minando su credibilidad y contribuyendo a su deterioro progresivo, cuando no a su desaparición, como ha ocurrido en algún caso. Y, por último, el gran ruido informativo asociado, en muchos casos, a un uso impropio, inadecuado e interesado por parte de los ciudadanos de las nuevas tecnologías, que generan y transmiten información y opinión sin ningún rigor, suplantando así la función periodística. Por diferentes canales se condiciona lo que no se publica, lo que se publica y cómo se publica.

La situación descrita está afectando a la calidad de la información y sus contenidos. El sector atraviesa por una crisis sin precedentes. La crisis económica y el desplome de la fuente de ingresos han acelerado el proceso de reconversión tecnológica sometiendo a los actores informativos a fuertes tensiones a los que se ha unido los efectos de la reforma laboral. El resultado está siendo un ajuste drástico de empleo en el sector. En este escenario, el Estado no puede estar ajeno al problema y mirar para otro lado. Tiene que tutelar el marco de ayudas al sector de la prensa, dado su carácter constitucional, como vehículo de uno de los derechos fundamentales de la democracia.

Se requiere un gran pacto entre los actores afectados con la implicación, colaboración y apoyo de las diferentes Administraciones estatales, y órganos institucionales afectados. El Gobierno de España ha de liderar este proceso. Para ello, en primer lugar, ha de conocer la situación del sector mediante la elaboración de un informe de situación con los editores, asociaciones profesionales y sindicales del sector. Se han de articular mecanismos de ayuda que den respuesta al precepto del artículo 20 de nuestro texto constitucional, así como dinamizar el mercado laboral y promover acuerdos sociales con las empresas del sector. Y evitar la concentración y dependencia financiera del sector de unos pocos grupos mediáticos poderosos, que pudieran llegar a ser lesivos para el sistema democrático.  

Es también urgente la creación de un Consejo de la Sociedad de la Comunicación independiente y convergente, que analice y supervise todas las cuestiones audiovisuales para dar respuesta especialmente a la demanda de los ciudadanos.

Contribuir a la defensa del periodismo y de los medios de comunicación en España en estos momentos es contribuir a fortalecer nuestro Estado democrático. Esta labor requiere el compromiso de todos, pero en especial de las Administraciones Públicas con el Gobierno de España al frente. La situación es de emergencia, y la acción no permite demoras.