El
Gobierno del PP ha iniciado la primera fase de la privatización de los 47
aeropuertos del Estado sacando a la venta el 49 por ciento del capital social
de AENA, la empresa pública que gestiona la red. Pero su intención en una
segunda fase, tal y como puso en conocimiento del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, es llegar al 60 por ciento.
Con esta
decisión se producirá el cierre de todos los aeropuertos que no son rentables
–la mayoría-, y con ello la pérdida de un servicio esencial para muchos
ciudadanos de nuestro país que gracias al mismo se garantiza su conectividad y
movilidad con otros territorios. Pero también se producirá la erosión de la
cohesión y la vertebración social. Y tendrá unos efectos devastadores para el
bienestar y la economía de amplias zonas de nuestro país, en especial las más
desfavorecidas. Los territorios insulares serán, sin duda, los más
perjudicados.
El proceso
se está llevando de espaldas al Parlamento. La ministra Pastor ha hecho de AENA
un cortijo, como si la red de aeropuertos del Estado fuese de ella o del PP, y
ha adjudicado de forma discrecional un primer paquete de acciones –el 21 por
ciento-, a los denominados inversores de referencia.
El
Gobierno contempla el cierre de forma unilateral por el secretario de Estado de
Fomento de aquellos aeropuertos cuyo valor sea inferior a 20 M€. Aeropuertos
como el de Albacete, Badajoz, Salamanca…, se podrían cerrar.
El nuevo
modelo de gestión aeroportuaria del PP rompe la unidad de administración y
dirección de la red y no garantiza el servicio público. Con él se deteriora la
calidad del sistema, empeora la eficiencia y se profundiza en la desigualdad de
los españoles, quebrando la solidaridad del sistema aeroportuario. Y se pierde
un importante patrimonio de todos los españoles en beneficio de los de siempre,
en el momento más bajo de su valoración, cuando ni tan siquiera es necesario
vender para generar liquidez.
