Al Gobierno de España, el Gobierno del PP, le preocupa su futuro del
Partido Popular. Así se ha puesto de manifiesto esta semana en el Congreso de
los Diputados. En las diferentes comisiones celebradas, como consecuencia de la
tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, el Gobierno se
ha dedicado a hacer proselitismo a favor de sus siglas.
El Gobierno ha ido a lo suyo. Ha convertido el Parlamento en su
escaparte electoral, como nos temíamos. Ha adelantado la tramitación de los
presupuestos para iniciar con ellos la campaña electoral. No han perdido la
ocasión y han hecho de las comparecencias una plataforma para el
“electoralismo”, anteponiendo sus intereses a los de los ciudadanos.
No han sido pocos los gestos. Destaca el realizado a los funcionarios y la petición de austeridad a los altos
cargos de las empresas públicas. Ambos sin consistencia y repletos de
oportunismo. Una manifestación de cómo entiende el PP la política.
Tras cuatro años de recortes, que les han hecho perder 14 puntos de
poder adquisitivo, los dos millones y medio de funcionarios volverán a
recuperar los moscosos y canosos, por primera vez en cuatro años subirán un 1
por ciento sus salarios, y las embarazadas tendrán un permiso retribuido a
partir de la 37 semana de embarazo. Sin ningún rubor, el PP quiere recuperarlos
para su objetivo electoral. Durante estos años les ha despreciado, pero ahora
les hace un guiño. Si gobiernan de nuevo, harán lo de siempre: ningunearles.
Montoro ha ido a más. Se ha atrevido, cuando faltan tres meses para
acabar la legislatura, a pedir a los 600 ejecutivos de las empresas públicas
que sean austeros. Que viajen en clase turista, usen el transporte público y
utilicen la videoconferencia para evitar desplazamientos. Y, además, les dice
que tienen un plazo de dos meses para adaptarse. Vamos, que no hagan nada. Ya
les tocará a los que lleguen. Una medida que debiera haberse hecho hace cuatro
años y que no extiende a los altos cargos de los ministerios.
Peor les ha salido la jugada en materia de pensiones. Han anunciado que
las pensiones de viudedad y orfandad pasarán a financiarse con tributos
públicos y saldrán fuera del régimen de Seguridad Social. Un guiño con trampa.
Por una parte les dicen que no se preocupen que el Estado les cobija, pero lo
que están haciendo es sacarlas para darles un carácter asistencial e ir bajando
su peso de 22.000 millones de euros, un 2,2 por ciento del PIB.
El Gobierno y el PP a lo suyo, una vez más. Sus intereses están muy por
encima de los intereses ciudadanos. Para ellos las políticas tiene un carácter
instrumental, con una sola finalidad, alcanzar el poder y para eso vale todo.
Hasta el cinismo.
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