El cáncer de la política

La corrupción, sin duda, es el cáncer de la política. Un tumor cuyos efectos migran por la organización y generan metástasis. Hace unos cuantos años un buen amigo, a raíz del caso Roldán, me comentaba que todo aquel que justifica la búsqueda de recursos para financiar un partido u organización pública, acaba financiándose a sí mismo bajo el paraguas de la institución a la que dice representar. Desde los 90 hasta este momento ha llovido mucho, pero este axioma ha estado presente en la mayor parte de los casos de corrupción que se han sucedido hasta el día de hoy.

Los efectos de la corrupción son perversos para la institución que los padece y para la sociedad. Con ella se quiebran los principios y valores que deben presidir las relaciones sociales, se malversan fondos públicos y se deteriora la relación social. Los socialistas sufrimos la vergüenza de los casos Roldán y Filesa. A partir de ese momento establecimos un código ético muy exigente, que lo hemos endurecido aún más en los últimos cuatro años, y un sistema de control y seguimiento para acceso a cargos públicos y el ejercicio de sus funciones. Y aun así algún caso ha surgido. No ha ocurrido lo mismo en el PP. El caso Naseiro, el caso Zamora y otros de la misma época se resolvieron buscando la inmunidad judicial, bien por caducidad o articulando defensas que convergían en éxito con la complicidad de quien impartía justicia. Federico Trillo era el mago. No había caso que no se le resistiese por la vía de la inmunidad judicial. Sus méritos judiciales le auparon a la Presidencia del Congreso y a ocupar el cargo de ministro de Defensa.

La laxitud del PP para dar respuesta a los casos de corrupción les ha llevado a la situación actual. Los casos Gürtell, Púnica, Lezo o Rato son una consecuencia de esa actitud. Rajoy no tomó nota y se puso de perfil con Bárcenas. Se limitó a darle ánimos y a pedirle que fuese “fuerte”. Con esa actitud estaba legitimando la acción corrupta en su partido, que era el partido de Gobierno. Y no conforme han intentado apagar el fuego con gasolina. Han intentado utilizar la Fiscalía para controlar y tapar sus miserias. Hoy están en la cárcel el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su vicepresidente, Ignacio Granados. Una vergüenza democrática que puede terminar en convulsión social, si es verdad como apunta algún periodista estudioso y entusiasta de estos procesos que las grabaciones de la UCO -Unidad contra el Crimen Organizado- al Sr. González terminarán con el PP y profundizarán la brecha existente entre políticos y sociedad.

Los 550 profesionales que integran la unidad de élite dentro de la Policía Judicial de la Guardia Civil (UCO) están realizando un magnífico trabajo. Su acción no sólo contribuye a que la justicia pueda reparar los daños y penalizar a quienes practican la corrupción, sino también inciden en la acción preventiva. Ellos deben trabajar siempre bajo la superior dirección de jueces y fiscales, quienes no sólo han de desarrollar sus competencias con pulcritud e independencia, sino que han de velar para que la investigación se lleve adecuadamente y se eviten filtraciones utilizadas con fines espurios. La corrupción vende, y la prensa la rechaza pero a la vez la instrumentaliza.

La corrupción está ligada estrechamente a la actitud personal. La pulcritud y el respeto por lo público es el mejor antídoto para evitarla. Sin embargo, esta cultura no está ni ha estado presente siempre en los pueblos latinos y mediterráneos. La sociedad se escandaliza con las prácticas corruptas que practican unos pocos políticos, pero hay mucha gente a título personal que comparte las mismas virtudes: defrauda hacienda, hace un uso fraudulento de ayudas públicas, enmascara información para conseguir lo que persigue al margen de la ética... Es un problema de actitud. En contra de lo que muchos ciudadanos puedan pensar la corruptela de lo público está muy limitada. Sólo aquéllos que ocupan cargos preponderantes de gestión y tienen asignadas grandes cifras de recursos presentan riesgo. Es el caso de los altos cargos que asignan y adjudican presupuestos, como fomento, sanidad o servicios sociales, por ejemplo. No es el caso de las personas que se encuadran adscritos a puestos legislativos o administrativos. Pero la alarma social ha cundido.

Los efectos de la corrupción en el descrédito de la política y los políticos son perversos. Hoy la sociedad ha colocado la etiqueta de corrupto a todo aquel que participe en la vida pública. La reacción ante un caso de corrupción es indiscriminada. Se adjudica por igual a todas las formaciones políticas, o incluso se llega a justificar la corrupción del partido al que se vota igualando a todos por igual. Pagan justos por pecadores. Pero el problema es aún mayor. El clima que se  respira puede llevar a una eclosión social y a una inestabilidad política. Hoy, más que nunca, es necesario actuar enérgicamente contra estas prácticas y erradicarlas de la acción política. La quimioterapia política es imprescindible. Que pueda neutralizar el tumor es otra cosa.