La importancia de un Estado fuerte

La crisis catalana y la última crisis económica han puesto de manifiesto que tenemos un estado democrático mucho más débil de lo que pensábamos. Se ha hecho y se hace poco Estado en España. La Constitución española del 78 nos ha dotado de un Estado social y democrático de Derecho a la vanguardia de los estados modernos, en la que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Sin embargo, y si echamos un vistazo retroactivo desde la Transición hasta el momento actual, los gobiernos que han dirigido el Estado quizás no hayan puesto toda la intensidad en las políticas estructurales que potencian y salvaguardan los principios y valores que consolidan el Estado; y se ha puesto más énfasis en las políticas coyunturales del día a día en que los gobiernos de cada momento han intentado persuadir a la población de su gestión y de la superioridad de su oferta política. La oposición, por lo general, se ha centrado en devaluar la acción de gobierno, actuando al margen de las políticas estructurales de Estado, cuya defensa ha caído en el limbo del olvido. Esta debilidad del Estado ha sido aprovechada por los nacionalismos territoriales para avanzar en sus pretensiones a la vez que despreciar y desprestigiar el Estado. A los nacionalistas radicales se ha unido recientemente el fervor antisistema del populismo ferviente de nuevo cuño. Esa falta de  visión de Estado ahora lo estamos pagando con creces.   

El Estado debe ser la institución que mejor contribuya a garantizar la cohesión social, la solidaridad y el bienestar de todos los ciudadanos que viven en el territorio español. El Estado es el mejor garante de esos derechos y libertades por igual, que asisten a todos los ciudadanos de nuestro país, sean madrileños, catalanes o extremeños. Así lo contempla la Constitución del 78, y así se debiera preservar por todas las instituciones y estructuras del Estado, bien sean centrales, autonómicas, locales o transversales. El Gobierno central ha de actuar de ariete en esta política, dotándose de medios suficientes, convenientemente equilibrados y distribuidos por cada territorio, y el poder legislativo y judicial han de ejercer las funciones de control del ejecutivo e interpretación legislativa, respectivamente orientadas a tal fin.  

Un Estado fuerte es para los ciudadanos el mejor referente de pertenencia a una determinada comunidad. Sorprende ver cómo el pueblo americano, a pesar de su diversidad, y de formar parte de un Estado federal en el que se integran 50 Estados de muy diferentes características, se presenta ante el mundo como un sólo país en que sus habitantes se sienten orgullosos de pertenecer a él. La bandera y el himno constituyen los símbolos de esa unidad y orgullo. Son para ellos un referente no sólo en su tierra sino también fuera de ella. En Europa en la mayor parte de los pueblos que lo integran se reproduce también esa situación, a pesar de todos los acontecimientos y avatares de la historia, aún muy recientes: en la última centuria se han vivido dos grandes guerras. Sin embargo, los españoles hemos venido despreciando, sistemáticamente de forma creciente desde la Transición hasta hoy, nuestros símbolos de unidad y orgullo. Nos queremos diferenciar con las enseñas territoriales de nuevo cuño y pitamos masivamente el himno cuando se entona en los partidos de la selección española. Un himno sin letra y una bandera que algunas instituciones se atreven a ocultar. Todo ello constituye el mejor reflejo de la falta de una identidad sólida de Estado y de los complejos de muchos conciudadanos nuestros. Algo está fallando.

La fortaleza del Estado es perfectamente compatible en nuestro país con el reconocimiento a la diversidad de las regiones o nacionalidades, haciendo referencia a sus aspectos diferenciales de orden cultural y lingüístico. Así debiera haber sido. Los hechos ponen de manifiesto que la fortaleza de algunas Comunidades Autónomas se ha construido intentando debilitar al Estado y asumiendo sus competencias de forma egoísta y sin una visión de conjunto y solidaria de Estado. Hemos tenido un Estado débil, visto con retrospectiva histórica ante los recientes hechos acaecidos en Cataluña. Poco a poco los nacionalistas al frente de algunas Comunidades Autónomas y sus representantes en el Parlamento nacional han ido debilitando la presencia del Estado en su territorio, pervirtiendo así el espíritu de la Constitución del 78, ésta que algunos denominan despectivamente el “régimen”. Lo cierto, es que la Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) supuso un importante paso atrás en cuanto a la presencia y fortaleza del Estado en las provincias. La Administración periférica del Estado desapareció en términos reales, quedando reducida a un papel meramente testimonial. Un triunfo de los nacionalistas del que poco a poco se ha ido resintiendo la idea de pertenecía a un país común y los importantes beneficios, especialmente de solidaridad, que se derivan de esas políticas comunes. En mi etapa como subdelegado del Gobierno en Segovia pude comprobar la importancia de hacer Estado en las provincias como elemento esencial de cohesión social y solidaridad. La sola presencia de un referente fuerte del Estado en cada provincia y sus símbolos es un factor clave para fortalecer la identidad nacional. De ahí la necesidad de escenificarlos, algo que algunos echamos de menos.

La Administración General del Estado ha ido perdiendo más presencia de lo necesario en las Comunidades Autónomas, como consecuencia de los acuerdos de transferencia de diferentes gobiernos. En muchos casos como Cataluña, con un 9 por ciento de los empleados públicos, o País Vasco, con un 11, su presencia es residual, y reducida a aquellos ámbitos en los que no ha habido transferencia de competencias -Seguridad Social, Extranjería o Hacienda-. Contrasta con Andalucía, que dispone de un 20 por ciento. Esta pérdida de estructura se traslada también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como se ha puesto de manifiesto en estos días en Cataluña, o a la Administración militar. La frivolidad ha estado presente en algunos momentos en la política autonómica. Ahora hemos de aprender de los errores del pasado para no reproducirlos.

El hispanista y profesor emérito de la Universidad de Wisconsin, Stanley George Payne afirma que “el estado de las autonomías fue un gran error, porque tenía que haber sido más firme en sus límites; su laxitud ha permitido el adoctrinamiento del pensamiento único a través de las escuelas y los medios de comunicación oficiales, y eso es lo que ha llevado a Cataluña a la situación actual”. Sin compartir la afirmación de Payne, si hemos de reconocer que han faltado políticas de Estado por parte de los gobiernos es las diferentes comunidades, y en especial en aquéllas que han manifestado desde hace tiempo un comportamiento centrífugo, han erosionado principios constitucionales y además se han beneficiado del sistema electoral en beneficio propio. Otro factor importante que hay que corregir para potenciar el Estado y con ello la cohesión social y el bienestar de todos los españoles.