Tanto va el
cántaro a la fuente que acaba rompiéndose. La última reforma del Gobierno del
PP estableció una subida del 0,25 por ciento de las pensiones, con
independencia del coste de la vida. Tan pronto como la inflación ha regresado a
sus valores normales -el último dato interanual disponible es del 1,1 por
ciento- los pensionistas han sufrido los efectos de pérdida de valor
adquisitivo. Los populares se han permitido incluso el lujo de presumir de la
subida. Los parlamentarios del PP de Segovia, pero también lo hicieron los de
otras circunscripciones, siguiendo el argumentario del partido, convocaron una
rueda de prensa a principios de enero y ensalzaron los beneficios de la subida,
utilizando como principal argumento lo bien que lo hace el PP y lo mal que lo
hizo el PSOE. La respuesta no se ha hecho esperar. Los pensionistas están en
píe de guerra. Se manifiestan los jueves en las puertas del Congreso y este
último fin de semana lo han hecho en diferentes ciudades de España. Ante esta
situación, Rajoy no ha tenido más remedio que mover ficha y ha comparecido esta
última semana a petición propia en el Congreso para debatir sobre las
pensiones.
En el debate el
presidente de Gobierno ha trasladado un mensaje de tranquilidad y confianza a
los pensionistas. Ha repetido hasta la saciedad que “el sistema de pensiones no
está en peligro”. Para ello ha hecho referencia a la “sostenibilidad”, pero
nunca a la “suficiencia”. Y ha recordado que en Europa la tasa de sustitución -
la diferencia porcentual entre el último sueldo antes de jubilarse y la primera
pensión- es del 50 por ciento, mientras que en España es del 80 por ciento.
Dicho de otra forma, hay margen para la bajada si las cosas vienen mal dadas y
así homologarse a Europa. Cualquier sistema de pensiones es sostenible si se
reduce la asignación per cápita hasta ajustar su asignación a la disponibilidad
de los ingresos. Otra cuestión es la suficiencia. Con una pensión media de 857
euros al mes, como es el caso de Segovia, no es fácil equilibrar los ingresos
con los gastos para poder vivir. Y en esa dirección se dirigen gran parte de
las peticiones de los pensionistas. El mensaje del presidente tiene una
ambigüedad calculada.
Rajoy, en el
debate, ha apuntado a la necesidad de avanzar hacia adelante, pero no a rectificar
nada de lo hecho hasta el momento. Ha defendido, sin ningún complejo, la
reforma del PSOE, aquella que sube progresivamente la edad de jubilación de 65
a 67 años, y amplía la base de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años. La ha
calificado de necesaria. Fue él quien denostó, como jefe de la oposición, la
reforma de 2011 y la votó en contra. También ha defendido su reforma. Esa que a
partir de 2019 ligará el futuro de las pensiones a la esperanza de vida y fija
el crecimiento anual en el 0,25 por ciento. Rajoy en estado puro. Una vez más ha
hecho un claro ejercicio de cinismo político, pero además sin despeinarse. Ha
articulado su defensa en torno a un ataque en toda regla muy medido y
calculado. El debate, una vez más, lo ha ganado; otra cuestión muy distinta es
la calle. El debate en la sociedad lo tiene perdido. La merma de las pensiones
es una realidad ante la carestía de la vida.
El gasto en
pensiones representa el 40 por ciento de los presupuestos del Estado. Los
141.000 millones de euros crecen un 3 por ciento anual. Hay que tener en cuenta
el fuerte crecimiento de los pensionistas en los últimos años. A pesar del que
el número de cotizantes a la Seguridad Social está creciendo, su aportación
unitaria es muy baja y los nuevos pensionistas tienen una retribución mayor, de
ahí que el déficit anual asciende a 18.000 millones de euros e irá creciendo
hasta los años 50 de esta centuria. Un problema de difícil solución que
requiere equilibrar gastos con ingresos, sin mermar la competitividad de la
economía española e incrementar el paro y el cierre de empresas, lo que nos
llevaría a la bancarrota. Una situación que no le impide a Montoro trasladar el
mensaje de que la economía española está fuerte y puede asumir este desequilibrio;
en un claro ejercicio de electoralismo partidista ante los nubarrones que se
presentan de cara a futuro para su partido.
Rajoy ha
reclamado que cualquier solución para abordar el problema se adopte en el marco
del Pacto de Toledo, y se aleje esta cuestión de la disputa política. Esa es la
naturaleza del Pacto de Toledo. Lo que no se puede entender es que, desde que
gobierna el PP, este foro parlamentario se haya dedicado a diletar y a no mover
ficha para buscar una solución. Otra cuestión es de dónde salen los fondos. El
presidente ha apuntado a la creación de empleo como medida básica para que
aumenten las cotizaciones, dando cifras muy optimistas. Sin duda, el empleo
precario que se está creando no contribuye a solventar el problema. Ha
planteado la necesidad de subir en 2018 las pensiones de viudedad y las
mínimas, y complementar las rentas más bajas con deducciones fiscales en el
IRPF, tal y como le está pidiendo C’s. Se trata de poner parches a corto plazo
y no dar respuesta a un problema estructural de difícil solución, que sin duda
tampoco contribuye a resolverlo los 700 millones de euros que se pueden
recaudar por el impuesto a la banca, y que a lo mejor sí sería posible
trasladar los costes asociados al mantenimiento de las vías de alta capacidad a
sus usuarios, siempre que no tenga la consideración de servicio público. Bienes
y servicios inelásticos orientados al sistema productivo que asume costes del
Estado que pueden aplicarse a la solidaridad del Sistema de Pensiones. Una
posición políticamente incorrecta a tenor de las recientes promesas de
prácticamente todas las fuerzas del arco parlamentario. Perdónenme.
El auténtico
dardo en el debate lo lanzó Rajoy con su propuesta de vincular cualquier
reforma y mejora de las pensiones a la aprobación de los Presupuestos Generales
del Estado, como expresión cifrada de
cualquier acuerdo político y administrativo con carácter anual. Un órdago en toda regla en el que
tiene el control de las cartas. Si el PSOE no apoya los presupuestos, pero
salen adelante con el apoyo de PP, C’s y PNV, el Gobierno descontará
políticamente la mejora de las pensiones y se lo apuntará en el debe a la oposición; pero si
no salen los presupuestos adelante y las pensiones no mejoran, para el Gobierno
habrá un claro responsable, el PSOE, dado que Podemos no cuenta al tratarse de
un partido sin vocación de gobierno. Hay culturas que son perversas, y los
errores se acaban pagando. El cántaro se puede romper.
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