Punto de inflexión

Dos de los hitos ocurridos en esta última semana son determinantes para el futuro político de nuestro país en los dos próximos años. Uno, la aprobación de los presupuestos; y otro, casi sin solución de continuidad, la sentencia de la Audiencia Nacional que prueba la existencia de una caja B en el PP y ha dado lugar a la consiguiente presentación de una moción de censura por el PSOE. Unos hitos que debieran marcar un punto de inflexión en la política española de ahora en adelante.

El Gobierno ha sacado adelante el proyecto de Ley de Presupuestos Generales 2018 con el apoyo del PNV con siete meses de retraso. Los nacionalistas vascos son buenos negociadores y han optimizado como nadie su posición. Han utilizado su capacidad de influencia ante el desistimiento de otros. Como afirmaba Maquiavelo, cuando se tiene influencia, ha de utilizarse inexorablemente mientras dure; y, además, como apostilla Rubalcaba, ¡que se note! El PNV ha mejorado notablemente la financiación del “cupo” y conseguido ingentes recursos adicionales para sus infraestructuras. A su vez, ha patrimonializado la subida del IPC de los pensionistas y el avance del poder adquisitivo de las pensiones mínimas. Los costes asociados han sido mínimos. Los vascos del corte independentista que defienden esa arcaica defensa de la autodeterminación y querían mostrar con su oposición a estos presupuestos su solidaridad con los catalanes para la retirada del 155 no tardarán mucho en olvidarse de ello. La aprobación de estos presupuestos abría las puertas al Gobierno para agotar la legislatura y marcar una nueva dinámica política. Sin embargo, ‘poco ha durado la alegría en la casa del pobre’. La sentencia del caso Gürtel puede trastocar todas las previsiones del Gobierno, y adelantar  las elecciones a un futuro muy próximo.

La sentencia de la Gürtel era previsible. Sólo la “mano divina de dios” ha impedido que se haya conocido los días anteriores al pleno de presupuestos, lo que hubiese hecho imposible su aprobación, sin lugar a dudas. El dictamen judicial hundirá mucho más al PP ante la opinión pública, más teniendo en cuenta la actitud displicente adoptada. Era el momento de pedir perdón, como ha hecho Andrea Levi, y no de sacar pecho como han actuado Maíllo y el presidente del Gobierno. Ha quedado demostrado que durante muchos años el PP ha estafado al Estado y muchos de esos dirigentes se han lucrado con su actividad pública. En puridad democrática, el PP debiera asumir su responsabilidad política, aunque muchos de los hechos acaecidos tengan su origen en otras legislaturas hay una responsabilidad subsidiaria del actual presidente del partido y del Gobierno. Él no era ajeno a la organización y es evidente que han fallado los mecanismos de control. Fuimos muchos los que denunciamos en su día que era imposible competir contra el PP en medios en las diferentes campañas electorales. El PP siempre miró para otro lado.

La XII legislatura no se está caracterizando por su contribución a resolver los grandes problemas por los que atraviesa el país. La actividad legislativa ha estado marcada, hasta ahora, por las posiciones tácticas de los diferentes grupos y por la proliferación de subcomisiones, que lejos de aportar soluciones, han diluido por igual todos los problemas a los que se enfrenta el Gobierno, los importantes y los superfluos. El desenlace de la moción de censura debe marcar un antes y un después en la orientación de la acción política. En el hipotético caso de que prospere, el nuevo presidente del Gobierno debiera disolver las cámaras tan pronto como sea investido y sea posible. La “mayoría Frankenstein”, como en su día alguien la denominó, hace imposible con las posiciones de los diferentes grupos un programa coherente de gobierno que aborde problemas como el de Cataluña, las pensiones, la financiación autonómica o los retos económicos. Los riesgos inherentes al partido del Gobierno serían muy altos ante la gran dispersión social y la dificultad de compatibilizar la esencia del programa de Gobierno con las reivindicaciones de las fuerzas nacionalistas-independentistas. Ya se sabe que a río revuelto ganancia de pescadores, y Pablo Iglesias y los suyos se verían beneficiados por esta situación. Ganar tiempo como sea es lo que les interesa. No cabe duda que la convocatoria de unas nuevas elecciones generales de forma inmediata darían lugar a un escenario político muy diferente al actual, al que no sería ajeno el debate de la moción de censura.

De no prosperar la moción de censura, los dos años que quedan por delante debieran centrase en dar respuesta a los grandes problemas que tiene el país, alejándose de las posiciones tácticas de cada formación. En ese caso, es necesario un nuevo Gobierno proactivo que aborde la cuestión territorial y los grandes problemas estructurales que tiene el país. La amenaza sobre el euro, el déficit estructural próximo al 3 por ciento del PIB, la subida del petróleo y de la prima de riesgo siembran de amenazas sobre la economía española y el empleo, a lo que se une la alta fragmentación política y la retórica del nuevo Govern. España, junto con Grecia, son los dos países de Europa más vulnerables. España tiene que huir de la “italianización política”. Vamos camino de ello. El mes de junio tiene que suponer un punto de inflexión en la política española, por un camino u otro. La política en mayúsculas se ha de imponer de una vez por todas al tacticismo de estos dos últimos años.  Los intereses ciudadanos han de situarse por encima de cualquier otro interés.

Carrera política

Dos de los principales referentes políticos del PP han visto truncada su carrera política en un breve periodo de tiempo. Las dudas generadas por el máster cursado por la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, y también realizado por el vicepresidente de Comunicación del PP, al que a su vez se le cuestiona su titulación en Derecho, han sido la causa. Ambos, trasmitían frescura y se les había presentado ante la sociedad española como personas de éxito. Estaban llamados a ocupar responsabilidades mayores y su camino más inmediato se orientaba a presidir, si las urnas les daban un respaldo mayoritario, la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la Alcaldía de la ciudad. Pero cuán diferente es la realidad a aquella que nos ha intentado hacer creer el PP y sus medios de comunicación afines. Su prestigio y aceptación pública se ha venido abajo. El problema de fondo es mayor. Todo hace pensar que subyace un problema de falsificaciones y actuaciones fraudulentas de algunas autoridades educativas, con el consentimiento de sus protagonistas. Su partido ante el problema ha preferido mirar para otro lado.

La mayoría de los españoles nos hemos educado en la creencia de que a mayor formación mayor oportunidad de progreso. De ahí que desde niños, bajo la tutela ejercida por nuestros padres, hemos intentado superarnos y buscar un futuro profesional asentado sobre un proyecto educativo en el que hemos invertido muchas horas y sacrificado otras opciones alternativas. Tener una carrera en nuestro país era una buena tarjeta de presentación en el mundo laboral. No te garantizaba nada, pero te abría puertas. Además te ofrecía estatus y reconocimiento; pero para ello había que sudar la camiseta. No perder la beca, compatibilizar un trabajo con la preparación de oposiciones o cursar una segunda carrera nunca ha sido fácil. No era una cuestión de seis meses. Como mucho, el común de los mortales al compatibilizar trabajo con estudios  avanzábamos cuatro asignaturas cuatrimestrales al año o requeríamos dos años a pleno rendimiento, acostándose muy tarde y los fines de semana con dedicación plena -hasta 13 horas de estudio-, para superar la ansiada oposición. Al menos esa es mi experiencia. A todo hay quien gane. El pertenecer a una determinada organización no infunde “per se” un talento especial.

Ahora resulta que la pirámide está invertida. Algunas formaciones políticas eligen a sus dirigentes y les intentan dar valor añadido engordando y adornando su currículum a través de titulaciones y máster que no cursan o si los hacen lo realizan de una forma testimonial. Para ello utilizan su poder de referencia e influencia sobre determinadas autoridades académicas, cuando no soportan su acción en actuaciones clientelares. Una vergüenza que rompe el principio de igualdad y la equidad entre los españoles. Una línea de conducta que hay que erradicar cuanto antes de la vida pública. Los principios de igualdad, mérito y capacidad constituyen una garantía para selección de los mejores y para el mejor impulso de la sociedad tanto en el ámbito privado como público. Las diferentes formaciones políticas debieran ser muy conscientes de ello. La mediocridad y el amiguismo sólo generan frustración, antes o después. Y a la vida pública se llega a servir y no a servirse. De ahí la importancia de llegar con la vida laboral orientada y, si es posible, resuelta. No se puede pretender vivir de la política y pensar en una dedicación de por vida. La participación en lo público por definición es efímera. Y para ello tampoco es imprescindible poseer títulos, si la función requerida no los exige.

Basta hacer un recorrido por los currículums de los políticos españoles para comprobar que muchos de ellos padecen de “titulitis”. Es decir, de una hiperinflación de títulos orientados reforzar su imagen personal y profesional. Hagan la prueba y repasen las fichas de los parlamentarios españoles. O incluso más fácil, vayan a la ficha del diputado y vicepresidente de Comunicación del PP, como expresión mediática del problema que se está debatiendo estos días. Quedarán impactados. Les confieso que a mí también me impresionó la primera vez que lo vi. Me lo creí. Ahora, después de conocer que la mitad de las asignaturas de la licenciatura de Derecho le llevaron siete años y la otra mitad seis meses, tras cambiarse de universidad, me declaro escéptico. Mucho más cuando tiene no sé cuántas cosas más en universidades extranjeras, e incluso ha sido en una de ellas profesor visitante. No creo en los milagros, y menos en las tonterías.  

Asociar la aceptación política a un determinado currículum virtual constituye un fraude a la confianza y  respeto que merecen los electores. Hay quien lo hace en el ámbito laboral, pero en la vida pública invalida a quien actúa así como político. La carrera política de algunos no pasa por instrumentar una carrera académica ficticia para seducir a los ciudadanos. Ambas son inexistentes e improcedentes. Dignificar la política pasa por no hacer de la participación pública una carrera, y menos instrumentalizarla con títulos académicos que no se orientan a la formación y el enriquecimiento del capital humano, sino a fines espurios. Quien actúa así no es digno de estar en la política. Y si su actuación objetivamente es fraudulenta debe irse.   

El CIS marca tendencia

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acaba de publicar su barómetro correspondiente al mes de abril de 2018. Con una muestra de 2.466 encuestas realizadas mediante entrevistas personales en 256 municipios y 17 comunidades autónomas, y un error de muestreo del dos por ciento, lo convierte en el estudio prospectivo más serio y riguroso sobre lo que piensan los españoles y determinan sus expectativas políticas. El trabajo de campo se realizó entre los días 1 y 10 de abril, cuando el ‘caso Cifuentes’ estaba emergiendo, pero aún no había llegado a su momento culmen. A dos años vista de la celebración de elecciones generales, este barómetro sirve para marcar tendencia. Su lectura e interpretación debe estar inexorablemente unida a los diferentes barómetros publicados a lo largo de la legislatura. No obstante, ofrece una información nada despreciable para corregir posiciones y mejorar sus expectativas a los diferentes partidos y líderes políticos.

En primer lugar, pone de manifiesto la falta de una mayoría suficiente en el futuro de los diferentes bloques ideológicos para garantizar la gobernabilidad de España con autonomía. Considerando el error de muestreo, los tres partidos mayoritarios se encuentran en un empate técnico. El bipartidismo representado por el PP y el PSOE, que otrora representase el 82 por ciento del voto, ahora se sitúa en el 46 por ciento. PSOE y PP se sitúan en sus niveles más bajos de expectativa de voto en democracia, con un 22 y 24, respectivamente. A su vez, Cs desplaza al PSOE de la segunda posición, y de mantenerse la tendencia de los últimos barómetros no tardará en convertirse en la primera. Y para sorpresa de todos Podemos se recupera y se sitúa a casi dos puntos de su rival natural. La tendencia indica que poco a poco se va abriendo la brecha entre el centro-derecha y la izquierda, a favor de aquellos. En este CIS, la diferencia es de cinco puntos, que se incrementa con los apoyos de los nacionalistas de su misma tendencia.

Los principales problemas que preocupan a los españoles siguen siendo: paro, corrupción y fraude, los políticos, situación económica, pensiones..., si bien crecen en interés los temas que han estado recientemente en el debate político, como es el caso de la corrupción y las pensiones. Sin embargo, por encima de las cuestiones que conforman la agenda política del día a día, se encuentran los factores emocionales que entroncan con los valores de los diferentes ciudadanos. El barómetro pone de manifiesto un mayor peso de la izquierda en la estructura social -el 39,4 por ciento se encuadra en este segmento- frente a la derecha -el 27,9 por ciento-, y a pesar de ello la propensión de voto del centro-derecha es mayor. La expectativa de voto no concuerda. La causa hay que buscarla en el posicionamiento de los diferentes grupos ante el ‘problema catalán’ y en la ambigüedad de las propuestas de la izquierda sobre estos temas y sobre la gobernabilidad del Estado en un momento de máxima turbulencia política que requiere la búsqueda de puntos de encuentro para no paralizar al Estado.

La caída del PP es espectacular. Todo hace indicar que hay voto oculto y que, una vez superado el trámite presupuestario, si el crecimiento económico persiste al ritmo actual -su gran baza-, ellos consideran que podrán contener la caída. Su líder está abrasado y así lo refleja el bajo nivel de confianza que tiene, lo que hará muy difícil que repita como cabeza de cartel. No obstante, la encuesta no recoge lo peor del ‘caso Cifuentes’. De los votos que gana Cs, dos tercios proceden del PP y uno del PSOE. Una vez cerrado el Gobierno en Cataluña -lo que parece que está próximo- el discurso emocional de Cs se resentirá. El encelamiento del PP puede ser su gran baza para amplificar y mantener sus posiciones, así como las elecciones europeas y también las autonómicas, donde crecerá si se mantiene la inercia actual. El PSOE no acaba de encontrar su sitio. La “nación de naciones” y el “no es no” no parecen haber cuajado en los votantes. Una vez más vuelve a caer y el rechazo a su forma de hacer oposición crece en diez puntos con respecto al último barómetro. Y Podemos todo indica que resucita. El 19,6 por ciento de voto es un buen dato para ellos. Recuperan mucho de lo perdido en Cataluña, y se mantienen en Galicia y Valencia con sus marcas blancas. Todo ello a pesar de lo que dicen y hacen. Bien es cierto que su líder lleva una época fuera de onda y no habla. Su consolidación resta posibilidades a futuro al PSOE.

La tendencia indica que las próximas generales pueden llevarnos a un escenario político en el que será necesario el concurso al menos de dos o tres partidos para poder gobernar. El fantasma de la política italiana o catalana puede presidir el Parlamento español en la próxima legislatura. Las elecciones europeas de 2019 pueden ser premonitorias de lo que puede ocurrir en 2020. En cualquier caso, la formación de Gobierno requerirá de un nuevo enfoque político que pasa por anteponer los intereses de la ciudadanía a los de partido y romper los rancios paradigmas de la acción política. Aquellos grupos que lo entiendan y lideren este proceso estarán en mejores condiciones para gobernar, y se podrán empoderar socialmente y ganar su reconocimiento. Los deberes conviene hacerlos antes para no llegar tarde, si es que se puede.

Batalla al alcohol

La Comisión Mixta Congreso-Senado para el “Estudio del Problema de las Drogas” ha aprobado recientemente el informe que será el germen de una nueva ley ‘antibotellón’.  El texto recoge la prohibición del botellón y contempla multas para los padres cuyos hijos menores de edad sean pillados bebiendo alcohol; prohíbe también la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras, cines y parques recreativos; y contempla la clausura de los locales y comercios que vendan alcohol a menores. Un proyecto ambicioso que la tramitación parlamentaria descafeinará, pero que, aunque llega tarde, llega, y con el acuerdo alcanzado se declara la “batalla al alcohol”.

El consumo de alcohol está fuertemente arraigado en la cultura de nuestras sociedades desde siempre, utilizándose en multitud de situaciones personales, familiares y sociales. En estos últimos años su consumo se manifiesta con mayor intensidad en las fiestas y eventos asociados al ocio de la gente más joven. Este fenómeno tiene sus efectos más visibles en el fenómeno del “botellón” en torno a un parque urbano, los fines de semana; o en las fiestas locales en derredor de uno o varios automóviles desde cuyos maleteros se abastece al grupo de distintas bebidas, por lo general, alcohólicas.

Las causas que están contribuyendo a que se esté incrementando el consumo de alcohol entre la juventud son muy diversas y muchas de ellas convergen a la hora de profundizar en el problema: desde un déficit de información sobre los efectos de alcohol en el organismo y la baja eficacia de las políticas preventivas; hasta una ausencia de programas de ocio alternativo para la juventud; una educación familiar permisiva o la carestía de la vida, lo que empuja a la búsqueda de nuevas fórmulas más compulsivas y peligrosas de consumo. Un grave problema que va a ocasionar que en el futuro tengamos alguna o varias generaciones de alcohólicos, si esto no se corrige y se toman medidas que surtan efectos.

El consumo inadecuado de alcohol se ha convertido en España y Europa en un grave problema de salud pública. Este hábito se asocia con más de 60 enfermedades tanto de tipo físico como mental. Los adolescentes son más sensibles a los efectos del alcohol, están más indefensos frente a las adicciones, más expuestos a sufrir daños neurológicos irreparables y son susceptibles de adoptar bajo sus efectos conductas de riesgo muy grave. El informe acordado contempla el establecimiento de un registro clínico de los menores que incluya sus ingresos hospitalarios por alcohol. 

Las consecuencias no sólo las sufre quien lo consume, sino que sus efectos también inciden en su entorno más próximo, en el ámbito laboral y en la sociedad en su conjunto. No hay que olvidar que la causa de muerte más frecuente entre los 18 y los 24 años es el accidente de tráfico con intoxicación etílica del conductor.

Las políticas desarrolladas en nuestro país para atajar el consumo de alcohol se sustentan en la mejora de las políticas preventivas y de la información. Las primeras se instrumentalizan a través de los equipos de Atención Primaria de salud; y las segundas, a través de campañas institucionales. Sin embargo, son insuficientes por sí mismas. Se echa en falta tanto medidas de carácter educativo como restrictivas de consumo que complementen las anteriores. Sólo con la interacción conjunta de todas ellas se podrá frenar poco a poco sus efectos adversos.

La educación es necesaria desde edad temprana, tanto en el ámbito de la escuela como de la familia. Una asignatura reglada de educación para la salud compensaría en el largo plazo la inversión realizada, no sólo en este ámbito sino también en otros muchos. Una asignatura que debiera ser impartida por los profesionales del sistema sanitario en el marco de un convenio de colaboración entre los sistemas de salud y educativos.

Las medidas restrictivas para el colectivo de adolescentes son necesarias. No sólo hay que endurecer las sanciones por el consumo de alcohol en la vía pública, sino restringir el consumo de alcohol para menores de 18 años. El Gobierno, en la anterior legislatura, se vio obligado a retirar la Ley del Vino al no contar con un amplio consenso social. Todos recordamos las palabras de algún relevante líder político, diciendo “viva el vino” en clara oposición a la política responsable del Gobierno, pero en el tiempo trascurrido el problema se ha ido agravando, o al menos esa es mi percepción.

El impulso de nuevo una ley de carácter básico que regule el consumo de bebidas alcohólicas orientada a disminuir el consumo de alcohol especialmente en los colectivos más vulnerables de la sociedad es urgente. El consenso político es más que deseable, sobre todo cuando corremos el riesgo de contar con futuras generaciones de alcohólicos, si no se cambia la cultura y hábitos de consumo ligados especialmente a la forma de ocio. De momento, se ha dado un gran paso.