Punto de inflexión

Dos de los hitos ocurridos en esta última semana son determinantes para el futuro político de nuestro país en los dos próximos años. Uno, la aprobación de los presupuestos; y otro, casi sin solución de continuidad, la sentencia de la Audiencia Nacional que prueba la existencia de una caja B en el PP y ha dado lugar a la consiguiente presentación de una moción de censura por el PSOE. Unos hitos que debieran marcar un punto de inflexión en la política española de ahora en adelante.

El Gobierno ha sacado adelante el proyecto de Ley de Presupuestos Generales 2018 con el apoyo del PNV con siete meses de retraso. Los nacionalistas vascos son buenos negociadores y han optimizado como nadie su posición. Han utilizado su capacidad de influencia ante el desistimiento de otros. Como afirmaba Maquiavelo, cuando se tiene influencia, ha de utilizarse inexorablemente mientras dure; y, además, como apostilla Rubalcaba, ¡que se note! El PNV ha mejorado notablemente la financiación del “cupo” y conseguido ingentes recursos adicionales para sus infraestructuras. A su vez, ha patrimonializado la subida del IPC de los pensionistas y el avance del poder adquisitivo de las pensiones mínimas. Los costes asociados han sido mínimos. Los vascos del corte independentista que defienden esa arcaica defensa de la autodeterminación y querían mostrar con su oposición a estos presupuestos su solidaridad con los catalanes para la retirada del 155 no tardarán mucho en olvidarse de ello. La aprobación de estos presupuestos abría las puertas al Gobierno para agotar la legislatura y marcar una nueva dinámica política. Sin embargo, ‘poco ha durado la alegría en la casa del pobre’. La sentencia del caso Gürtel puede trastocar todas las previsiones del Gobierno, y adelantar  las elecciones a un futuro muy próximo.

La sentencia de la Gürtel era previsible. Sólo la “mano divina de dios” ha impedido que se haya conocido los días anteriores al pleno de presupuestos, lo que hubiese hecho imposible su aprobación, sin lugar a dudas. El dictamen judicial hundirá mucho más al PP ante la opinión pública, más teniendo en cuenta la actitud displicente adoptada. Era el momento de pedir perdón, como ha hecho Andrea Levi, y no de sacar pecho como han actuado Maíllo y el presidente del Gobierno. Ha quedado demostrado que durante muchos años el PP ha estafado al Estado y muchos de esos dirigentes se han lucrado con su actividad pública. En puridad democrática, el PP debiera asumir su responsabilidad política, aunque muchos de los hechos acaecidos tengan su origen en otras legislaturas hay una responsabilidad subsidiaria del actual presidente del partido y del Gobierno. Él no era ajeno a la organización y es evidente que han fallado los mecanismos de control. Fuimos muchos los que denunciamos en su día que era imposible competir contra el PP en medios en las diferentes campañas electorales. El PP siempre miró para otro lado.

La XII legislatura no se está caracterizando por su contribución a resolver los grandes problemas por los que atraviesa el país. La actividad legislativa ha estado marcada, hasta ahora, por las posiciones tácticas de los diferentes grupos y por la proliferación de subcomisiones, que lejos de aportar soluciones, han diluido por igual todos los problemas a los que se enfrenta el Gobierno, los importantes y los superfluos. El desenlace de la moción de censura debe marcar un antes y un después en la orientación de la acción política. En el hipotético caso de que prospere, el nuevo presidente del Gobierno debiera disolver las cámaras tan pronto como sea investido y sea posible. La “mayoría Frankenstein”, como en su día alguien la denominó, hace imposible con las posiciones de los diferentes grupos un programa coherente de gobierno que aborde problemas como el de Cataluña, las pensiones, la financiación autonómica o los retos económicos. Los riesgos inherentes al partido del Gobierno serían muy altos ante la gran dispersión social y la dificultad de compatibilizar la esencia del programa de Gobierno con las reivindicaciones de las fuerzas nacionalistas-independentistas. Ya se sabe que a río revuelto ganancia de pescadores, y Pablo Iglesias y los suyos se verían beneficiados por esta situación. Ganar tiempo como sea es lo que les interesa. No cabe duda que la convocatoria de unas nuevas elecciones generales de forma inmediata darían lugar a un escenario político muy diferente al actual, al que no sería ajeno el debate de la moción de censura.

De no prosperar la moción de censura, los dos años que quedan por delante debieran centrase en dar respuesta a los grandes problemas que tiene el país, alejándose de las posiciones tácticas de cada formación. En ese caso, es necesario un nuevo Gobierno proactivo que aborde la cuestión territorial y los grandes problemas estructurales que tiene el país. La amenaza sobre el euro, el déficit estructural próximo al 3 por ciento del PIB, la subida del petróleo y de la prima de riesgo siembran de amenazas sobre la economía española y el empleo, a lo que se une la alta fragmentación política y la retórica del nuevo Govern. España, junto con Grecia, son los dos países de Europa más vulnerables. España tiene que huir de la “italianización política”. Vamos camino de ello. El mes de junio tiene que suponer un punto de inflexión en la política española, por un camino u otro. La política en mayúsculas se ha de imponer de una vez por todas al tacticismo de estos dos últimos años.  Los intereses ciudadanos han de situarse por encima de cualquier otro interés.