Batalla al alcohol

La Comisión Mixta Congreso-Senado para el “Estudio del Problema de las Drogas” ha aprobado recientemente el informe que será el germen de una nueva ley ‘antibotellón’.  El texto recoge la prohibición del botellón y contempla multas para los padres cuyos hijos menores de edad sean pillados bebiendo alcohol; prohíbe también la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras, cines y parques recreativos; y contempla la clausura de los locales y comercios que vendan alcohol a menores. Un proyecto ambicioso que la tramitación parlamentaria descafeinará, pero que, aunque llega tarde, llega, y con el acuerdo alcanzado se declara la “batalla al alcohol”.

El consumo de alcohol está fuertemente arraigado en la cultura de nuestras sociedades desde siempre, utilizándose en multitud de situaciones personales, familiares y sociales. En estos últimos años su consumo se manifiesta con mayor intensidad en las fiestas y eventos asociados al ocio de la gente más joven. Este fenómeno tiene sus efectos más visibles en el fenómeno del “botellón” en torno a un parque urbano, los fines de semana; o en las fiestas locales en derredor de uno o varios automóviles desde cuyos maleteros se abastece al grupo de distintas bebidas, por lo general, alcohólicas.

Las causas que están contribuyendo a que se esté incrementando el consumo de alcohol entre la juventud son muy diversas y muchas de ellas convergen a la hora de profundizar en el problema: desde un déficit de información sobre los efectos de alcohol en el organismo y la baja eficacia de las políticas preventivas; hasta una ausencia de programas de ocio alternativo para la juventud; una educación familiar permisiva o la carestía de la vida, lo que empuja a la búsqueda de nuevas fórmulas más compulsivas y peligrosas de consumo. Un grave problema que va a ocasionar que en el futuro tengamos alguna o varias generaciones de alcohólicos, si esto no se corrige y se toman medidas que surtan efectos.

El consumo inadecuado de alcohol se ha convertido en España y Europa en un grave problema de salud pública. Este hábito se asocia con más de 60 enfermedades tanto de tipo físico como mental. Los adolescentes son más sensibles a los efectos del alcohol, están más indefensos frente a las adicciones, más expuestos a sufrir daños neurológicos irreparables y son susceptibles de adoptar bajo sus efectos conductas de riesgo muy grave. El informe acordado contempla el establecimiento de un registro clínico de los menores que incluya sus ingresos hospitalarios por alcohol. 

Las consecuencias no sólo las sufre quien lo consume, sino que sus efectos también inciden en su entorno más próximo, en el ámbito laboral y en la sociedad en su conjunto. No hay que olvidar que la causa de muerte más frecuente entre los 18 y los 24 años es el accidente de tráfico con intoxicación etílica del conductor.

Las políticas desarrolladas en nuestro país para atajar el consumo de alcohol se sustentan en la mejora de las políticas preventivas y de la información. Las primeras se instrumentalizan a través de los equipos de Atención Primaria de salud; y las segundas, a través de campañas institucionales. Sin embargo, son insuficientes por sí mismas. Se echa en falta tanto medidas de carácter educativo como restrictivas de consumo que complementen las anteriores. Sólo con la interacción conjunta de todas ellas se podrá frenar poco a poco sus efectos adversos.

La educación es necesaria desde edad temprana, tanto en el ámbito de la escuela como de la familia. Una asignatura reglada de educación para la salud compensaría en el largo plazo la inversión realizada, no sólo en este ámbito sino también en otros muchos. Una asignatura que debiera ser impartida por los profesionales del sistema sanitario en el marco de un convenio de colaboración entre los sistemas de salud y educativos.

Las medidas restrictivas para el colectivo de adolescentes son necesarias. No sólo hay que endurecer las sanciones por el consumo de alcohol en la vía pública, sino restringir el consumo de alcohol para menores de 18 años. El Gobierno, en la anterior legislatura, se vio obligado a retirar la Ley del Vino al no contar con un amplio consenso social. Todos recordamos las palabras de algún relevante líder político, diciendo “viva el vino” en clara oposición a la política responsable del Gobierno, pero en el tiempo trascurrido el problema se ha ido agravando, o al menos esa es mi percepción.

El impulso de nuevo una ley de carácter básico que regule el consumo de bebidas alcohólicas orientada a disminuir el consumo de alcohol especialmente en los colectivos más vulnerables de la sociedad es urgente. El consenso político es más que deseable, sobre todo cuando corremos el riesgo de contar con futuras generaciones de alcohólicos, si no se cambia la cultura y hábitos de consumo ligados especialmente a la forma de ocio. De momento, se ha dado un gran paso.