Nuevo y joven romanticismo

No hay nada más tierno que ver jugar en una pequeña playa, a la caída de la tarde, a dos pequeños niños a “los mundiales”, en los que uno de ellos va radiando la jugada en voz alta. El jugador-narrador tan pronto se pide ser del equipo de Bélgica como convertirse en Modric, en este caso de Croacia, y pasar de un empate a uno en su imaginación, a un dos a uno, tras una gran patada al balón que el concibe como un golazo, a la vez que lo celebra efusivamente ante la mirada atónita del otro niño. ¡Qué recuerdos! Todos de niños hemos soñado de una manera u otra y hemos cultivado nuestro espíritu romántico. La realidad nos demuestra que los sueños marcan un referente que no siempre es posible alcanzar, salvo para algunos. Nuestro pequeño jugador no tiene ningún problema para remontar el resultado de su partido o verse reconvertido en el mejor jugador del mundial en un periquete. Tampoco parecen tener problemas para “transformar el mundo y cambiar la vida” los 200 alumnos participantes en la Universidad de Verano Anticapitalista de La Granja.

No hay nada que se les resista. Tras la caída de Rajoy consideran que ha llegado el momento de poner en marcha políticas de regeneración y cambio reales. Para ello abogan por una política que aflore recursos para políticas sociales y buscar las contradicciones del nuevo Gobierno en las que ellos consideran sus líneas rojas: la derogación de la monarquía, el referéndum para Cataluña y la insumisión a las reglas de estabilidad presupuestaria impuestas por Europa. Así lo han puesto de manifiesto diferentes representantes de Unidos Podemos de esta corriente, alguno de ellos diputados, o militantes de IU o afines. Para ellos los recursos son ilimitados y las reglas del mercado no existen, a pesar del fracaso y miseria contrastada generada en la última centuria por los regímenes totalitarios de corte comunista con economía central planificada. Viven también al margen del principio de solidaridad en el reparto de los recursos, que manifiesta su mayor eficacia a medida que el denominador de población es mayor y los sistemas de reparo más equitativos. La globalización no deja de ser una anécdota que no altera sus planes revolucionarios. Representan el nuevo romanticismo del siglo XXI, si bien a pesar de su sólida formación universitaria aún no han encontrado la senda para la transformación de la vida y el mundo.

No es fácil pasar de las musas al teatro, al menos en la acción política. El encuentro de La Granja admite todo, incluso las “trampas al solitario”, pero la votación en el Parlamento no. En el plazo de un mes se habrá de votar de nuevo. Para ello estos días los neófitos políticos de Podemos están teniendo encuentros con el Gobierno para negociar en una segunda vuelta “la senda de déficit”. Piden imposibles: romper con Bruselas,  no respetando los compromisos de déficit, lo que conllevaría actuar financieramente al margen de la UE y con ello perder nuestra capacidad de financiación, lo que se traducirán en una falta de liquidez que tendrán efectos inmediatos en pensionistas y funcionarios y en la pérdida de competitividad y empleo de las empresas españolas; y de otra, la subida del techo de gasto por encima de lo pactado con Europa. Su negativa supondría en el mejor de los casos cinco mil millones menos para gasto social en las Administraciones. Su miedo a ser arrinconados mediáticamente, como reconocía una diputada de Podemos en la escuela de verano, y con ello ver reducido su número de diputados a la mitad en unas futuras elecciones generales, les hará cambiar de opinión y perder la pureza revolucionaria. Aun así, el PDCat tiene la última palabra. Estos van a por el Estado. Y en este caso, salvo milagro, sólo quedará como solución disolver y entrar el abismo sideral de un nuevo tiempo que no me atrevo a predecir. En todo caso la  inestabilidad estará garantizada,  con lo que ello conlleva.

Nada tiene que ver el joven romanticismo que permite soñar a un niño con lo que él considera más sublime para proyectarse en el futuro, como pueda ser un mundial de fútbol y sus ídolos, y el nuevo romanticismo del siglo XXI que encarnan los nuevos políticos. El niño sueña y proyecta sus ilusiones a la vez que ejercita un juego absolutamente necesario para crecer y construir el futuro. Sólo triunfa quien sueña, pero no podemos confundir el sueño con el delirio. El nuevo romanticismo, al igual que el movimiento que se desarrolló entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, busca la ruptura con lo inercial, pero el problema es que no aporta propuesta ni solución alternativa real a lo existente, y sus sueños devienen en ocurrencias inconsistentes.

Gestión y política

Cuando una persona se acerca a la “acción política”, o a la militancia en un partido político, son múltiples las razones a las que puede obedecer. Por lo general, se fundamenta en las convicciones firmes de la persona que se identifican con su ideario político, buscando una posición activa dentro de esa organización en la que se siente representado. Se trata de una causa noble. En otros casos, quien se acerca a la organización va buscando tejer su red de contactos, en la creencia de que su nueva filiación le puede abrir puertas. Y en otras ocasiones se aspira a alcanzar notoriedad, ante el deslumbramiento que produce la presencia de muchos políticos en los medios de comunicación. La experiencia nos dice que no siempre se traduce en realidad -en muchos casos- aquello a lo que se aspira. Sin embargo, el nuevo militante casi nunca identifica a priori la estrecha relación que tiene la política con la gestión. Bien porque acabe teniendo una responsabilidad orgánica, bien porque ejerza responsabilidad en alguna de las administraciones en las que ocupe un cargo electo o sea designado para un puesto de responsabilidad. En estos casos, política y gestión van estrechamente unidas de la mano. Y poner en marcha la acción política requiere ante todo capacidades de gestión: liderazgo, conocimientos, equilibrio, capacidad de trabajo en equipo, seguridad en sí mismo para la toma de decisiones... Cualidades que no son siempre fáciles de desarrollar y que pueden quebrar la acción política. Una vez metidos en la rueda son pocos los que pueden llegar a ser conscientes de sus limitaciones, y renuncian a ir en listas o asumir responsabilidades. Hay otros que no militan en ningún partido o si lo hacen prefieren no saltar nunca al ruedo y participar en la vida pública desde el anonimato, manifestando sus opiniones, criticando y apuntando lo que hay que hacer sin dar nunca la cara. Todo mi respeto hacía ellos, pero desde su trinchera ni hacen política, ni hacen gestión. Más bien reflejan su personalidad en esa actitud.

Peter Drucker define en uno de sus tratados la “superficialidad” como el cáncer capital de la gestión. Una virtud que está presente tanto en el mundo de la empresa, de la Administración o de las organizaciones políticas. No acercarse adecuadamente a los problemas, canalizarlos, no estudiarlos ni prever las consecuencias de la toma de decisiones está en el origen de errores que al final acabamos pagando todos los ciudadanos. Desde hace tiempo en la acción política la frivolidad y la superficialidad han ganado peso en todos los partidos políticos sin excepción. Se valora más a un político por su simpatía y su cercanía que por su capacidad y preparación para dar respuesta a los problemas que se presentan día a día en su negociado. Se ha perdido rigor y el arribismo se ha implantado culturalmente en muchas organizaciones, es especial cuando los resultados a corto plazo no tienen reflejo en la cuenta de explotación o el bolsillo de los ciudadanos. Como dice un buen amigo mío: hoy para muchos prima la “política al peso”. Salir en los medios con lo que sea y como sea, más allá de plantear propuestas para los problemas concretos, y no molestar con nada ni a nadie. Y lo malo es que se lo compran.  

Política y gestión van inexorablemente unidos y convergen en el servicio público. La política define las grandes líneas de acción que, de llevarse a término, se han de concretar en programas concretos y factibles de gestión. Sin una no hay otra, y al revés. La política para muchos ciudadanos es lo que se vende, y ellos compran. La gestión es la acción real. Sus actuaciones son visualizadas por el ciudadano y los vecinos día a día. La política es de largo alcance, lo que permite a sus mentores gestionar ilusiones y emociones que son difíciles de predecir y concretar en el tiempo, lo que en muchas ocasiones se traduce en descrédito y desilusión, siempre que la efímera memoria permita abarcar el alcance de lo prometido, lo que no suele ocurrir. La gestión debiera constituir el principal indicador de aceptación de las políticas y los políticos en el desarrollo de sus líneas ideológicas. La realidad es muy distinta.

La acción política se apoya en tres pilares básicos: el liderazgo, la existencia de un proyecto político y la capacidad de gestión. En el momento que uno de ellos flaquea el barco antes o después se acaba hundiendo; mucho más si el fallo tiene mayor amplitud. La falta de liderazgo de liderazgo constituye el motor de cualquier acción. La desconfianza, la inseguridad o el miedo en la toma de decisiones son factores que inciden en la capacidad de gestión, al que se suele unir la tendencia a rodearse de muchos amigos fieles que no aportan nada, o no se les deja aportar, pero proporcionan confortabilidad personal. Una forma de alejarse poco a poco del objetivo, que no es  otro que situar a los ciudadanos en el núcleo de cualquier acción, frente a la orientación pura y dura hacia lo orgánico para garantizarse el puesto y la reelección. En política el ciudadano es siempre el primero y la gestión la herramienta instrumental para desarrollar la acción política y darla valor orientándola hacia su auténtica razón de ser: el bienestar de los ciudadanos.

Inmigración: problema o solución

El economista Ryan Avent, en su libro la ‘Riqueza de los Humanos’, nos recuerda que el mundo rico transfiere capital social con enorme dificultad a economías en desarrollo, pese al esfuerzo concertado realizado por los países ricos, organizaciones internacionales y entidades benéficas. Sin embargo, transferir a las personas es más fácil. Basta dejarles que se desplacen a esas sociedades y participen plenamente de su vida social y económica. Una idea a la que la mayoría de las economías avanzadas se oponen. La cuestión es cuántos inmigrantes de las economías más pobres pueden acoger en el siglo XXI. Una cuestión ética y moral que entronca con el principio de solidaridad. A efectos prácticos muchos ciudadanos ricos piensan que los pobres aprenderán a ser ricos por sí mismos, un posicionamiento egoísta que de materializarse condena a un proceso muy lento y doloroso a generaciones a seguir siendo pobres.

Europa vive en estos días en plena crisis migratoria. La presión del continente africano se hace sentir con fuerza ante la situación extrema de sus condiciones de vidas en las que vive su población y el reclamo mediático del edén en el que para ellos representa el mundo occidental. España se encuentra en una de las tres rutas principales de acceso al continente europeo. Mucho más importante en el momento actual ante el cierre de las dos otras rutas alternativas del Mediterráneo por Grecia e Italia. Máxime cuando el nuevo Gobierno de España ha dado muestras de sensibilidad con el problema en sus distintas manifestaciones y lo ha situado en la agenda política de sus relaciones con Europa. Prueba de ello es la visita este último fin de semana de la canciller  alemana, Ángela Merkel, o la cumbre que se celebrará el próximo día 20 en Salzburgo para definir una política común sobre la inmigración, al objeto de que cada país actúe por libre, como ocurre en el momento actual.

España ha sido un país de emigrantes. Los españoles, a lo largo de la historia, han salido a buscarse el pan a América, Norte de África y Europa, en especial a Alemania y Francia en el último siglo. Sus remesas han contribuido a reactivar económicamente el país y, lo que es más importante, a importar Capital Social para reactivar y modernizar culturalmente una sociedad atrasada. A pesar de ello son muchos los españoles que no aceptan de buen grado compartir su territorio y bienestar con otros ciudadanos venidos de otros lares de diferentes culturas e incluso etnias. No es que la sociedad española sea xenófoba, pero el egoísmo humano es así, y curiosamente se manifiesta con más intensidad entre los residentes asentados en los países más ricos de Europa. En España el mayor rechazo se produce en los extremos. La gente más humilde es la que más amenazada se siente con los inmigrantes, al competir con ellos en muchos casos en el acceso a puestos de trabajo y en la generación de tensión sobre los salarios, por lo general a la baja; pero también en las clases medias-altas y altas. Quizás porque sienten con su presencia una amenaza a la seguridad ciudadana y al riesgo de quiebra de lo que representan sus valores tradicionales. Situación que responde en la mayoría de los casos a prejuicios culturales.   

España tiene una de las puertas de entrada de los inmigrantes subsaharianos, pero la ordenación del problema es de todos los países de Europa. La riqueza de cada país determina su capacidad de atracción, aunque la frontera se encuentre a muchos kilómetros de distancia. Se puede entrar por Algeciras y al cabo de tres días estar en Dinamarca o Alemania, salvo que se eliminase la libre circulación de personas en el continente europeo que tantos beneficios ha contribuido a crear con la generación de comercio y enriquecimiento del capital humano. Alemania lo ha entendido perfectamente. Es el momento de ordenar y contar con una política de emigración común en la Unión Europea en sus diferentes manifestaciones. Europa no puede absorber a futuro el enorme crecimiento vegetativo de la población que tiene el continente africano. Es urgente cuanto antes desplegar un Plan Marshall en los países que cuyo mercado de trabajo no es capaz de absorber la población emergente y controlar y ordenar la inmigración en los países de transición entre los continentes. Para ello hay que dotarles de medios suficientes y garantizar la seguridad jurídica en la inmigración. El populismo, bien sea de Estado o de oportunismo político, lejos de contribuir a solucionar el problema puede generar tensiones sociales de alto riesgo. La inmigración requiere un pacto de Estado que integre las posiciones supranacionales.

La otra cara de la inmigración es su contribución a solventar el declive demográfico de amplias zonas de España y la falta de mano de obra, a lo que se une la garantía de financiación de las pensiones en el marco del Estado del Bienestar. En la próxima década España va a necesitar 1,5 millones de inmigrantes para cubrir su déficit de población activa y el envejecimiento de la población. Castilla y León es paradigmática en este sentido. No revertirá su situación demográfica si no atrae 200.000 inmigrantes. Hoy Castilla y León, según se desprende de datos objetivos, pero también según me cuentan algunos empresarios, tienen enormes dificultades para cubrir puestos de trabajo poco cualificados, que rechazan los nativos, y los más sofisticados técnicamente, debido al éxodo juvenil. Así las cosas, hoy hay 7.000 empadronados extranjeros menos que hace un año, y el 5,8 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León son extranjeros, situándose la provincia de Segovia a la cabeza con un 12,2, pero muy lejos del porcentaje que llegó a alcanzar en 2008.

La inmigración puede constituir un gran problema, pero también la solución al declive demográfico y envejecimiento de la población. Sólo dependerá de cómo orientemos la política migratoria.

A vueltas con el taxi

Todo indica que el reciente conflicto del taxi no ha terminado. En septiembre volveremos a vueltas con el taxi. Los taxistas han desconvocado la huelga, o el cierre patronal, como prefieren algunos denominarlo, ya que la mayoría de ellos son trabajadores autónomos, pero más por las ganas de irse de vacaciones que por la satisfacción de la respuesta. Los taxistas no sólo exigen que las licencias de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) se ajuste al ratio de una por cada 30 taxis, sino que se anulen las ya concedidas por sentencia judicial -otras 10.000- aprovechando el vacío legal entre 2009 y 2013 que eliminaba los límites para las licencias VTC; y el Gobierno concede restablecer el ratio 1/30 y transferir competencias de regulación del transporte urbano a las Comunidades Autónomas. Las licencias concedidas de VTC son legales y resultan imposibles de anular para mantener esa proporción. Un problema de difícil situación con el que se encontrarán las Comunidades que asuman ese papel.

Como en todo conflicto, ninguna de las partes cuenta con la patente de la razón. Con la actual normativa los ayuntamientos otorgan las licencias y establecen los precios de los servicios del taxi. Es el Gobierno de la nación el que regula las concesiones de VTC, aunque las otorgan las CC.AA. Los taxistas llevan razón en que los VTC son sociedades de transporte y tienen que someterse a la misma legislación que los taxis, lo que en el momento actual no ocurre. Esta situación en ningún caso justifica que los Ayuntamientos establezcan para estas sociedades una segunda licencia para operar, como ha hecho la alcaldesa de Barcelona -detonante del conflicto- y menos tomarse la justicia por su mano. Durante los días de huelga del taxi las principales ciudades del país han visto colapsados sus principales nudos de transporte, lo que hacía imposible la movilidad para ciudadanos y turistas. Una situación inaceptable que ha hecho mucho daño a la economía y a la imagen de nuestro país. En España los conflictos se han de resolver por los cauces legales, aunque bien es cierto que se echa en falta una ley que regule la huelga y el cierre patronal, para dar respuesta de forma consistente a la situación que hemos vivido estos días.

El servicio público de taxi es un servicio esencial para garantizar la movilidad en nuestro país, en especial en las zonas urbanas. Su oferta y regulación responde a criterios antiguos en los que a veces prevalece un criterio gremial. Como en otros muchos servicios públicos, su organización pilota más en torno a las necesidades de sus titulares que a las del cliente. La reciente crisis económica no sólo ha esclavizado a los taxistas para llegar a sacar una renta digna, sino que ha impulsado otras formas de transporte alternativo, como las VTC, soportadas en plataformas digitales y otras fórmulas de economía colaborativa que han puesto en práctica economías desleales y sumergidas para el sector del taxi, y que no han contado con la respuesta adecuada por parte de las instituciones para evitar esas prácticas fraudulentas. Lo cierto es que las VTC han venido para quedarse. Las licencias se podrán restringir de forma efectiva, pero han introducido hábitos que la ciudadanía reclama en el transporte urbano, y que representan un gran reto para el sector del taxi en el futuro. 

La resolución del conflicto ha de impulsar una nueva ordenación que permita resolver las disputas y el equilibrio con las VTC, pero también modernizar el sector del taxi. Es necesario homologar los tipos de vehículos, estableciendo un estándar de calidad, así como marcar normas de mantenimiento en la habitabilidad y confortabilidad del taxi, y su inspección periódica. Se ha de avanzar en la transparencia del coste de los recorridos y su conocimiento previo, en su caso. Establecer un sistema de acreditación de conocimientos de movilidad e interacción con los clientes, así como un programa de formación continua para sus conductores redundarían en un mejor servicio. También desterrar, de una vez por todas, el mercado negro de licencias de taxi. En definitiva, un servicio en el que el cliente se encuentre en el núcleo de acción.