domingo, 5 de agosto de 2018

A vueltas con el taxi


Todo indica que el reciente conflicto del taxi no ha terminado. En septiembre volveremos a vueltas con el taxi. Los taxistas han desconvocado la huelga, o el cierre patronal, como prefieren algunos denominarlo, ya que la mayoría de ellos son trabajadores autónomos, pero más por las ganas de irse de vacaciones que por la satisfacción de la respuesta. Los taxistas no sólo exigen que las licencias de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) se ajuste al ratio de una por cada 30 taxis, sino que se anulen las ya concedidas por sentencia judicial -otras 10.000- aprovechando el vacío legal entre 2009 y 2013 que eliminaba los límites para las licencias VTC; y el Gobierno concede restablecer el ratio 1/30 y transferir competencias de regulación del transporte urbano a las Comunidades Autónomas. Las licencias concedidas de VTC son legales y resultan imposibles de anular para mantener esa proporción. Un problema de difícil situación con el que se encontrarán las Comunidades que asuman ese papel.

Como en todo conflicto, ninguna de las partes cuenta con la patente de la razón. Con la actual normativa los ayuntamientos otorgan las licencias y establecen los precios de los servicios del taxi. Es el Gobierno de la nación el que regula las concesiones de VTC, aunque las otorgan las CC.AA. Los taxistas llevan razón en que los VTC son sociedades de transporte y tienen que someterse a la misma legislación que los taxis, lo que en el momento actual no ocurre. Esta situación en ningún caso justifica que los Ayuntamientos establezcan para estas sociedades una segunda licencia para operar, como ha hecho la alcaldesa de Barcelona -detonante del conflicto- y menos tomarse la justicia por su mano. Durante los días de huelga del taxi las principales ciudades del país han visto colapsados sus principales nudos de transporte, lo que hacía imposible la movilidad para ciudadanos y turistas. Una situación inaceptable que ha hecho mucho daño a la economía y a la imagen de nuestro país. En España los conflictos se han de resolver por los cauces legales, aunque bien es cierto que se echa en falta una ley que regule la huelga y el cierre patronal, para dar respuesta de forma consistente a la situación que hemos vivido estos días.

El servicio público de taxi es un servicio esencial para garantizar la movilidad en nuestro país, en especial en las zonas urbanas. Su oferta y regulación responde a criterios antiguos en los que a veces prevalece un criterio gremial. Como en otros muchos servicios públicos, su organización pilota más en torno a las necesidades de sus titulares que a las del cliente. La reciente crisis económica no sólo ha esclavizado a los taxistas para llegar a sacar una renta digna, sino que ha impulsado otras formas de transporte alternativo, como las VTC, soportadas en plataformas digitales y otras fórmulas de economía colaborativa que han puesto en práctica economías desleales y sumergidas para el sector del taxi, y que no han contado con la respuesta adecuada por parte de las instituciones para evitar esas prácticas fraudulentas. Lo cierto es que las VTC han venido para quedarse. Las licencias se podrán restringir de forma efectiva, pero han introducido hábitos que la ciudadanía reclama en el transporte urbano, y que representan un gran reto para el sector del taxi en el futuro. 

La resolución del conflicto ha de impulsar una nueva ordenación que permita resolver las disputas y el equilibrio con las VTC, pero también modernizar el sector del taxi. Es necesario homologar los tipos de vehículos, estableciendo un estándar de calidad, así como marcar normas de mantenimiento en la habitabilidad y confortabilidad del taxi, y su inspección periódica. Se ha de avanzar en la transparencia del coste de los recorridos y su conocimiento previo, en su caso. Establecer un sistema de acreditación de conocimientos de movilidad e interacción con los clientes, así como un programa de formación continua para sus conductores redundarían en un mejor servicio. También desterrar, de una vez por todas, el mercado negro de licencias de taxi. En definitiva, un servicio en el que el cliente se encuentre en el núcleo de acción. 



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