Todo indica que
el reciente conflicto del taxi no ha terminado. En septiembre volveremos a
vueltas con el taxi. Los taxistas han desconvocado la huelga, o el cierre
patronal, como prefieren algunos denominarlo, ya que la mayoría de ellos son
trabajadores autónomos, pero más por las ganas de irse de vacaciones que por la
satisfacción de la respuesta. Los taxistas no sólo exigen que las licencias de
los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) se ajuste al ratio de una por
cada 30 taxis, sino que se anulen las ya concedidas por sentencia judicial
-otras 10.000- aprovechando el vacío legal entre 2009 y 2013 que eliminaba los
límites para las licencias VTC; y el Gobierno concede restablecer el ratio 1/30
y transferir competencias de regulación del transporte urbano a las Comunidades
Autónomas. Las licencias concedidas de VTC son legales y resultan imposibles de
anular para mantener esa proporción. Un problema de difícil situación con el
que se encontrarán las Comunidades que asuman ese papel.
Como en todo
conflicto, ninguna de las partes cuenta con la patente de la razón. Con la
actual normativa los ayuntamientos otorgan las licencias y establecen los
precios de los servicios del taxi. Es el Gobierno de la nación el que regula
las concesiones de VTC, aunque las otorgan las CC.AA. Los taxistas llevan razón
en que los VTC son sociedades de transporte y tienen que someterse a la misma
legislación que los taxis, lo que en el momento actual no ocurre. Esta
situación en ningún caso justifica que los Ayuntamientos establezcan para estas
sociedades una segunda licencia para operar, como ha hecho la alcaldesa de
Barcelona -detonante del conflicto- y menos tomarse la justicia por su mano.
Durante los días de huelga del taxi las principales ciudades del país han visto
colapsados sus principales nudos de transporte, lo que hacía imposible la
movilidad para ciudadanos y turistas. Una situación inaceptable que ha hecho
mucho daño a la economía y a la imagen de nuestro país. En España los
conflictos se han de resolver por los cauces legales, aunque bien es cierto que
se echa en falta una ley que regule la huelga y el cierre patronal, para dar
respuesta de forma consistente a la situación que hemos vivido estos días.
El servicio
público de taxi es un servicio esencial para garantizar la movilidad en nuestro
país, en especial en las zonas urbanas. Su oferta y regulación responde a
criterios antiguos en los que a veces prevalece un criterio gremial. Como en
otros muchos servicios públicos, su organización pilota más en torno a las
necesidades de sus titulares que a las del cliente. La reciente crisis
económica no sólo ha esclavizado a los taxistas para llegar a sacar una renta
digna, sino que ha impulsado otras formas de transporte alternativo, como las
VTC, soportadas en plataformas digitales y otras fórmulas de economía
colaborativa que han puesto en práctica economías desleales y sumergidas para
el sector del taxi, y que no han contado con la respuesta adecuada por parte de
las instituciones para evitar esas prácticas fraudulentas. Lo cierto es que las
VTC han venido para quedarse. Las licencias se podrán restringir de forma
efectiva, pero han introducido hábitos que la ciudadanía reclama en el
transporte urbano, y que representan un gran reto para el sector del taxi en el
futuro.
La resolución del
conflicto ha de impulsar una nueva ordenación que permita resolver las disputas
y el equilibrio con las VTC, pero también modernizar el sector del taxi. Es
necesario homologar los tipos de vehículos, estableciendo un estándar de
calidad, así como marcar normas de mantenimiento en la habitabilidad y
confortabilidad del taxi, y su inspección periódica. Se ha de avanzar en la
transparencia del coste de los recorridos y su conocimiento previo, en su caso.
Establecer un sistema de acreditación de conocimientos de movilidad e
interacción con los clientes, así como un programa de formación continua para
sus conductores redundarían en un mejor servicio. También desterrar, de una vez
por todas, el mercado negro de licencias de taxi. En definitiva, un servicio en
el que el cliente se encuentre en el núcleo de acción.
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