domingo, 14 de diciembre de 2014

El desafío de Uber



El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid dictó un auto el pasado 9 de diciembre mediante el que se estimaban las medidas solicitadas por la Asociación Madrileña del Taxi con carácter cautelar. Los taxistas pedían que cesase y se prohibiese la prestación y adjudicación del servicio de viajeros en vehículo bajo la denominación de ‘Uber Pop’, o cualquier otra similar, como Blablacar. También la prohibición de utilización del dominio www.uber.com y de cualquier aplicación ‘app’, o similares, para prestar el servicio de transportes de viajero.

Un gran triunfo de los taxistas españoles, al menos de momento, ya que la medida se extiende a todo el territorio nacional. Mucho más cuando los taxistas alemanes ya habían sufrido un revés en la demanda de sus derechos.

Los servicios de Uber Pop se encuadran en la denominada “economía cooperativa”. Su aplicación gestiona la oferta de vehículos particulares y la demanda de los mismos para el transporte de viajeros a cambio de un precio muy reducido, cobrando la empresa que gestiona la aplicación –Uber Pop- un porcentaje mediante tarjeta de pago o medio similar. Su aceptación ha crecido exponencialmente, pues para muchos ciudadanos supone una importante reducción de costes en sus desplazamientos, y para los propietarios del automóvil también.

La idea nació en San Francisco, EEUU. Se ha extendido rápidamente. Están en Pekin, Singapur, Rusia, Australia. En Boston y Tokio han tenido problemas. Y Bruselas lo prohibió.

Los taxistas se han visto agraviados y, por esta razón, han solicitado la suspensión cautelar del servicio. La prestación del servicio con vehículo propio ha de ajustarse a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. La ley exige la obligatoriedad de tener licencia o autorización de transporte para contratar y facturar tanto por parte de la empresa como por parte de los conductores. Ni Uber, ni los conductores particulares la tienen. Tampoco pagan IRPF, ni Seguridad Social, y carecen de los seguros obligados por la reglamentación. Tampoco se emite factura. Afecta de una manera muy directa al servicio público regulado del taxi. Se trata de una actuación ilícita a todas luces que implica una actuación desleal, y que el juez ha entendido que requería una protección cautelar antes de presentar la demanda.

100.000 familias en España viven del taxi. Existe un exceso de oferta. El ratio adecuado debe estar en torno a un taxi por cada 1.000 habitantes. En ciudades como Madrid llega a tres por mil. El servicio ofertado es muy desigual, y mejorable. Se echa en falta una mayor orientación al cliente, en general.

En España, tras los paros de Barcelona, las asociaciones de taxistas se han empezado a mover. Yo mismo, como portavoz de Fomento los recibí el pasado mes de octubre. El Gobierno, con la ministra al frente, ha hecho el don Tancredo. Debieran haber actuado de oficio para hacer cumplir la ley, y no lo han hecho. La ministra quedó en recibirles y tampoco lo hizo. Han estado ganando tiempo. Ahora tiene la patata caliente encima de la mesa. Tiene que tomar medidas para garantizar las normas que emanan del Estado de Derecho, aunque se encuentre en tiempo de descuento para las próximas elecciones.

Uber está participada por Google. Desarrolla su actividad desde el paraíso fiscal de Delaware. Y su ejemplo de economía sumergida es perfectamente trasladable a otros sectores como el alquiler de viviendas o habitaciones, el catering desde domicilios particulares, y otros muchos. Bajo el paraguas de la “economía cooperativa” se desarrollan actividades lucrativas opacas al fisco y al orden legal. Un peligro para todos, pero sobre todo para aquellos que más necesitan la solidaridad equitativa del Estado. Y es que lo barato a veces es muy caro.  



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