Bisturí

¡Qué difícil es gobernar con responsabilidad! ¡Y qué fácil es hacer una oposición demagógica y populista! El plan de austeridad y la reforma anunciada del sistema de pensiones pone de manifiesto la seriedad y visión de futuro de este gobierno. Se le ha tachado de todo: incompetente, irresponsable, frívolo…, y no sé cuántas lindezas más. Una medida como la anunciada en el último Consejo de Ministros pone de manifiesto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene los píes en la tierra y dispone de una hoja de ruta, ante la difícil situación económica que estamos atravesando, para hacer frente problemas estructurales que presenta la economía española desde el siglo XIX.

Los problemas asociados al actual sistema de pensiones, fundamentado en un sistema de reparto –las generaciones presentes sufragan las pensiones de las generaciones futuras- son históricos. La derecha, hasta el momento, sólo ha hecho catastrofismo; pero cuando ha gobernado no ha tomado decisiones para hacerlo viable. Fue Felipe González en el 85 y ahora Zapatero los que han abordado los auténticos problemas estructurales. El PP carece de legitimidad para criticar la política del PSOE en materia de pensiones.

La mejora de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y el descenso de la fuerza laboral condiciona desde hace tiempo el futuro de las pensiones en España más allá del 2030. El problema no es nuevo. En tiempos de bonanza se han ido poniendo parches. El PP creó un fondo de reserva que estaba dotado con 18 millones de euros cuando abandonó el gobierno, y ahora cuenta con 62 millones. Pero esta medida es claramente insuficiente si en el 2030 se quiere mantener el equilibrio entre ingresos y gastos, a pesar de lo saneado que se encuentra el sistema en la actualidad.

La solución propuesta es la menos mala, aunque sea muy impopular y no nos guste a nadie jubilarnos, de momento, dos años más tarde de la fecha con la que soñábamos. “Nuestro gozo en un pozo”. La solución de subir la cotización o bajar la prestación no es solución. La primera contribuiría a mermar la competitividad de la economía española, aún más, y por tanto erosionaría el empleo; y la segunda restaría capacidad de crecimiento al disminuir la capacidad de compra, incidiendo también el empleo negativamente.

Buscar el equilibrio de un sistema de reparto como el nuestro, y por tanto solidario, requiere prolongar el periodo de cotización para consolidar el derecho y vincular más directamente la contribución con el pago futuro. Y, a su vez, endurecer el acceso a la prejubilación y evitar las prácticas fraudulentas. La solución propuesta es la que mejor contribuye a impulsar la competitividad de la economía, a crear empleo y a garantizar una retribución equitativa a los pensionistas, acorde con la situación del país.

El Gobierno ha anunciado también un plan de austeridad para ajustar el déficit público y evitar el endeudamiento. El plan prevé reducir el déficit del 11, 4 por ciento actual hasta el 5 por ciento en el 2013. Ello requiere hacer un recorte de 50.000 millones de euros -10.000 millones de euros por comunidades autónomas y administración local-. Hemos de felicitar al Gobierno por su valentía, y, en especial, a la vicepresidenta Económica. Este recorte drástico del déficit permitirá no ampliar la deuda y ahorrar los altos gastos financieros asociados a la mayor prima de riesgo que tienen determinados países, entre ellos España.

El recorte del déficit no afectará a los gastos sociales más sensibles y que afecta a los más desfavorecidos: Ley de Dependencia, becas, cheque-bebé, aportaciones para complemento de pensiones mínimas…, lo que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno socialista con los más lo necesitan.

El bisturí ha de proseguir la cirugía para abordar las actuaciones que tiene pendientes desde hace mucho tiempo la economía española. Si el Acuerdo Social no avanza, a no mucho tardar el Gobierno ha de mover ficha y poner encima de la mesa su Reforma Laboral. No se puede esperar mucho más para dar respuesta al mercado laboral dual y para mejorar dar más consistencia al tejido productivo y al empleo.

Esta actuación, junto con las asociadas al desarrollo de la Ley de Economía Sostenible, ha de contribuir a dar respuesta a los problemas estructurales que presenta España desde hace más de 100 años y que ningún gobierno ha abordado. Al PP sólo le quedará como alternativa ladrar, algo que ya hace, pero no tendrá ninguna para la crítica. El pueblo español es sensato y, aunque inicialmente le escueza la cirugía, sabe que al final es la única solución y lo agradecerá.