Indignación social

La calle está calentita. Mejor dicho, se ha recalentado aún más. El anuncio público de que el ex tesorero del PP, el Sr. Bárcenas, guardaba en Suiza 22 millones de euros –equivalente a 3.600 millones de pesetas- y que, de ellos, 10 millones hayan sido regularizados acogiéndose a la amnistía fiscal del PP ha generado una enorme indignación social, que no solo le repercute al PP, sino a todos los que estamos en la vida pública de una manera u otra y a la recuperación económica, y, por tanto, a la creación de empleo.

Son muchas las personas que estos días me han manifestado en la calle su malestar. Es curiosa la expresión de “no se libra nadie; salvo tú”. Me la han trasladado en varias ocasiones. Mi respuesta es inmediata: “yo pongo la mano en el fuego por el 99 por ciento de los políticos. La mayoría de las personas que tienen una posición activa en la vida pública lo hacen de buena fe, y gran parte de los gastos de esta actividad, cuando no todos, corren a su cargo”. A quienes les digo esto quedan extrañados, pero desde hace muchos años vengo conociendo a muchas personas, en especial en la Administración local, que lo dan todo a cambio de nada La desafección política y el descrédito de los políticos son muy grandes en estos momentos. Pero, insisto, no se corresponden con la realidad, a pesar de lo que está cayendo.

Todo indica presuntamente que el caso Bárcenas es la manifestación de una trama de financiación del PP, urdida cuando el PP era AP y continuada hasta el momento. Una trama sistémica que se ha prolongado desde la época de Manuel Fraga hasta Rajoy, pasando por Aznar. Para mí todo indica que, dado el volumen recaudado, los efectos de la trama no solo se extienden a la acción de gobierno en el territorio español, sino que traslada su acción allende de nuestras fronteras, donde posiblemente haya operado como lobby de apoyo en la consecución de obras, contratos de servicios y otro tipo de prestaciones, a cambio de una contraprestación; o negocios muy lucrativos No se puede imaginar, si no, tan ingente recaudación de recursos. Más cuando al Sr. Bárcenas no se le conocía actividad empresarial alguna.  

El PP resolvió en falso el denominado caso Naseiro de financiación irregular del PP, tras archivarse por un defecto de forma. A Naseiro le sucedió Bárcenas pasando por los puestos de gerente y tesorero -Rajoy lo nombró este último. Se creían autoinmunes a la justicia. Bárcenas parece ser que siguió las mismas prácticas. La abundancia de recursos de la formación popular era constatable en los procesos electorales.

“Mientras algunos íbamos en Seiscientos, otros iban en Mercedes”. Basta ver el contenido y alcance de los actos públicos para constatar los recursos aplicados. Otros partidos, como el PSOE, también han tenido sus tramas, como el caso Filesa, pero se sentaron las bases para que no volviese ocurrir, y los controles son muy fuertes; lo que no hizo el PP y, visto lo visto, tampoco CiU. Esto no quita para que algunos puedan utilizar su puesto institucional en beneficio propio al margen de la ley, fuera de las normas de conducta ética que deben corresponder a quienes gestionan recursos públicos y ostentan su representación. El Estado y las instituciones tienen que establecer pautas claras de actuación para castigar a los infractores e inhabilitar a todos aquellos que se mueven este “hampa de la corrupción”.

Los sistemas de control actual son insuficientes. Como miembro en la anterior legislatura de la Comisión del Tribunal de Cuentas, tuve la oportunidad de denunciar, en alguna de mis intervenciones sobre el control de las cuentas de las formaciones políticas, la inoperancia del control ex post que realizan las auditorias de este Tribunal. Destaqué, y reitero ahora, que es absolutamente necesario cambiar los procesos de auditoria e implicar a la Judicatura y a la Fiscalía en este control, estableciendo un régimen de sanciones muy fuerte que permita inhabilitar no solo a los políticos que se presten a esas prácticas, sino también a las formaciones políticas que las cobijan. 

Rajoy y su ministro de Hacienda deben comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar al pueblo español el alcance de esta presunta trama. Como ha pedido el líder de la oposición se ha de crear una comisión de investigación. El pueblo español necesita conocer la verdad. No puede ser que el partido del Gobierno, que está pidiendo enormes sacrificios a los españoles, se sitúe al frente de la trama corrupta. Hay que depurar responsabilidades. Porque en este proceso nos jugamos también la salida de la crisis. La confianza en el partido del Gobierno afecta de una manera directa a la recuperación del prestigio de la “marca España” –de la que tanto habla el PP- y a la recuperación económica.

Ni que decir tiene que de confirmarse la entrega de sobres entre 5.000 y 15.000 euros a la cúpula del PP y su estructura directiva territorial y funcional, nos encontraríamos ante un problema de “dignidad democrática”, mucho más si el presidente y sus ministros, como apunta algún medio, ha cobrado alguna cantidad. En ese caso, o se convocan nuevas elecciones, lo cual nos llevaría a una situación de incertidumbre y retraso en las acciones que hay que emprender para hacer frente a la crisis; o se constituye un gobierno de concentración; o se busca una solución a la italiana.

Los ciudadanos estamos tocados. Y el malestar e indignación son manifiestos. El Gobierno y el partido del Gobierno han de dar una explicación urgente a través del Parlamento a los ciudadanos y depurar responsabilidades políticas y penales de forma urgente, caiga quien caiga. A España se la quiere no solo de boquilla, sino con hechos.