Ataque al medio rural

La modificación que plantea el Gobierno de España del PP sobre la vigente Ley de Bases de Régimen Local del año 1985 supone un duro ataque y desprecio a los pequeños ayuntamientos y servicios que prestan a sus vecinos. En Segovia, la Reforma Local supondrá la desaparición de hecho de 205 de los 209 ayuntamientos de la provincia. Los consistorios que rigen los destinos de menos de 5.000 habitantes pasarían a manos de la Diputación Provincial, si no cumplen el principio de estabilidad presupuestaria.

El texto del Gobierno está ajeno a la realidad del municipalismo y a la problemática de los ayuntamientos de nuestro país. Una vez más a la sombra de la crisis, el partido que sustenta la acción de gobierno de España intenta implantar su modelo de privatización y liberalización de servicios municipales, a la vez que aprovecha la coyuntura política que le ofrece su amplia mayoría en gran parte de las diputaciones de nuestro país, para potenciar su poder orgánico en las provincias y hacer de ellas una prolongación de la acción política de su partido. Desde ellas se dirigirán todos los servicios externalizados municipales que ahora son públicos, lo cual será una oportunidad de negocio para los grupos empresariales amigos, como ha ocurrido hasta el momento.  

Con la Reforma Local que pretende hacer el PP en nuestra provincia, al igual que en otras, se establecerán ciudadanos de primera y de segunda. Con esta medida se ataca la autonomía local y se vuelva a discriminar al medio rural, cono ya se ha hecho con la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte… Con esta intervención, nuestros municipios quedarían anulados y en manos de representantes que no han sido elegidos por los ciudadanos en unas votaciones, como ocurre con los alcaldes y concejales, sino por los partidos políticos, en su mayor parte el PP.

Contrasta en esta reforma la posición del PP de Castilla y León y su presidente, el Sr. Herrera, que han jugado deliberadamente al despiste: se anticiparon con una propuesta de “ordenación del territorio” a destiempo –lo propio era haber esperado a la Reforma Local del Gobierno de España de carácter básico-, demagoga y orientada a lavar su cara por lo que podía venir y viene. Ahora, nos encontramos con que el presidente de la Junta no tiene reparo en rechazar en las Cortes autonómicas la propuesta de su propio partido. Se trata de afirmaciones de cara a la galería, pero sin ningún valor real. Porque no es casualidad que en las nueve provincias de Castilla y León siete de sus presidentes de las diputaciones sean a su vez presidentes provinciales del PP y los dos restantes, secretarios provinciales de ese partido. Se trata de una concentración de poder, ajeno a los ciudadanos y a sus intereses; una especie de gueto del PP, que le dejaría manos libres para actuar sin posibilidad del control de la ciudadanía y los votantes. El cinismo controlado es una falta de respeto a los ciudadanos.

Se trata de un ataque brutal a la democracia y el bienestar de los ciudadanos. Es urgente retirar el texto y abrir una vía de consenso para que, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP- se ponga encima de la mesa una reforma más ajustada a la realidad. De no ser así, el PSOE se verá obligado a presentar una enmienda a la totalidad en la tramitación parlamentaria, defender el municipalismo y a estudiar la posible y casi certera inconstitucionalidad de la Reforma Local del PP por la vulneración de la autonomía local y de los estatutos de autonomía.