Casi todos los grupos presentaron enmiendas para que el parque tuviese la denominación del ‘Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama’, si bien con planteamientos diferentes. Tanto el PSOE, como IU y Compromís-Equo plantearon incrementar la superficie del parque en al menos 13.000 hectáreas (ha), lo que le confería superficie crítica suficiente y garantizaba su conectividad entre ecosistemas. Sin embargo, el Grupo Popular proponía el cambio de denominación con un incremento de 296 ha en Montes de Valsaín. El parque tendrá al final un nombre que no se corresponde con su naturaleza, ya que las poco más de 34.000 ha protegidas se limitan a las cumbres, con estrangulamientos que en algún caso no superan el kilómetro, como ocurre en el puerto de Cotos y Navafría.
El proyecto de ley presenta problemas tanto de forma como de contenido. El PP, con este proyecto de ley, ha querido sacarse una foto para sacar pecho con su política medioambiental. Sin embargo, es un proyecto en el que debiera haberse retrasado su tramitación hasta que el Tribunal Supremo falle el recurso presentado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una sentencia que rechazaba el Plan de Ordenación de Recurso de la Sierra del Guadarrama (PORN) por disminuir la protección medioambiental de las figuras existentes, y por permitir la unión de las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí. La ley, en caso de llegar a término, nace con una enorme “inseguridad jurídica”, pudiendo quedar en papel mojado. En su tramitación, tanto en la declaración del parque como en el PORN, se ha desechado la participación ciudadana, contraviniendo así la ley.
El proyecto presenta otros problemas. Sus límites no coinciden con los ecosistemas naturales. Se limita a las cumbres. Solo se han incluido aquellos terrenos que eran públicos, tengan o no tengan valor medioambiental; y otros, siendo privados con mayor valor ecológico, no se han incluido. Se desprotege así a las laderas, el piedemonte y valiosas dehesas, dejándolas al albur de la explotación urbanística.
En el caso de Montes de Valsaín, el Grupo popular ha hecho una ampliación de la superficie inicial en 296 ha. El ministro de Agricultura y Medio Ambiente comprometió en el Consejo de la Red Nacional de Parques. No lo ha cumplido. Pero, en lugar de declarar Montes de Valsaín parque nacional, como proponía el Grupo Socialista, permitiendo la compatibilidad de la explotación agrícola y ganadera y la explotación forestal, bajo criterios de sostenibilidad, así como el aprovechamiento de sus recursos y los usos tradicionales, como se ha hecho en los parques nacionales de Sierra de Gredos, Picos de Europa o Islas Cíes, ha planteado la creación de un área de especial protección en la zona de Montes de Valsaín, que se queda fuera del parque nacional –casi toda-. Esta zona se encuadra en la denominada Zona Periférica de Protección. Por decreto, los gobiernos regionales de Castilla y León y Madrid podrán modificar los usos tradicionales y aprovechamientos forestales. Se dota al parque, pues, de mayor “inseguridad jurídica”; a la vez que se obvia un plan especial de desarrollo como proponía el Grupo Socialista para garantizar el bienestar de su moradores.
En definitiva, una chapuza legislativa, a la que ya nos tiene acostumbrados el PP. Mucho más si tenemos en cuenta que la ponencia –de la cual formaba parte por el Grupo Socialista, junto al diputado por Madrid - apenas duró 10 minutos. La portavoz y ponente del Grupo Popular nos lo dejó bien claro, con su actitud despectiva nada más empezar, cuando nos dijo: “esto son lentejas…” Una vez más, el PP impone su mayoría absoluta y legisla inconsistentemente, con falta de rigor y de espaldas al interés general. Con este proyecto de ley, el PP impone sus intereses propios y los privados por encima del interés general.
“Habemus parque”, como afirmó Simancas, pero un parquecito. Nosotros, los socialistas, nos vimos obligado a abstenernos por las razones expuestas. Y nos abstuvimos por responsabilidad, ya que toda figura de protección, por pequeña que sea, es un avance; pero el guión pedía otra cosa. Más cuando en la propia ley se conculca la doctrina del Tribunal Constitucional, al suplantar las competencias de las comunidades autónomas; y se quiebra el principio de colaboración a la hora de compartir información para la gestión del parque. En síntesis, ¡vaya dislate!
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