Soberbia y engaño fiscal

Como miembro de la Comisión de Hacienda y de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados tuve la oportunidad de asistir a la presentación ante la citada comisión del ‘Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español’. Después de oír a su presidente, el Sr. Lagares, y a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios –en especial a la portavoz del PP-, me quedé con el siguiente mensaje: soberbia y engaño.

El informe tiene un claro objetivo: recaudar más y situar la recaudación de ingresos fiscales sobre el PIB en el entorno del 37-38 por ciento del PIB. Objetivo que podríamos compartir si no fuese porque el fraude fiscal en España, según estima la Unión Europea, se sitúa alrededor de 70.000 millones de euros, y para garantizar los objetivos del Programa de Estabilidad del Reino de España se necesita un recorte de 50.000 millones de euros antes de 2016, lo que afecta de manera directa al Estado del Bienestar, y en especial a la población más humilde. Un dislate, teniendo en cuenta que no se pone gran énfasis sobre el fraude fiscal, que debiera formar parte de la solución y no del problema.

El informe pivota sobre la idea de lo que denomina “devaluación fiscal”. Que consiste en una reducción generalizada de las cotizaciones sociales –unos 20.000 millones de euros- para, de este forma, favorecer el empleo a través del coste del factor trabajo y mejorar la competitividad de la economía española, y así compensar esta reducción con una subida de otros impuestos, en particular los indirectos y medioambientales, dada la necesidad y el compromiso de reducir el déficit público. Esta devaluación, según recoge el informe, debe plantearse una vez que se ha dado solución al impacto de reducción de las cotizaciones sociales sobre el sistema de Seguridad Social.

El efecto de la reforma, en el caso de llevarse a cabo, conllevará la subida del IVA del 10 al 21 por ciento de gran parte de los productos básicos, que es donde más se recauda, la subida del IBI, la atribución a la vivienda en propiedad de una renta anual que tributaría a efectos de IRPF como un ingreso y la eliminación de la desgravación por compra. También se suprimiría el Impuesto del Patrimonio y la bajada del tipo marginal de las rentas más altas. Para las empresas se reduciría el tipo impositivo de las grandes empresas y las entidades financieras.

Es una reforma que llevará a subirles los impuestos, una vez más, a las clases medias y trabajadores. Más teniendo en cuenta que desde que lleva gobernando el PP se han subido 55 impuestos. España se empobrecerá más y las desigualdades sociales aumentarán.

Una vez presentado el informe, el ministro de Hacienda ha anunciado que no subirá el IVA, ni gravará la vivienda habitual. Exactamente lo mimo que dijeron en campaña electoral. El PP vuelve a mentir de nuevo con premeditación y alevosía. ‘Para este viaje no se necesitaban estas alforjas’, salvo que se trate de presentar al Gobierno del PP como el salvador ante las medidas propuestas por un denominado grupo de expertos elegidos a dedo por el Ejecutivo y que han actuado por encargo, a la luz de la presentación del informe.

El Sr. Lagares demostró sobrarle displicencia y soberbia; y faltarle claramente estar en contacto con la realidad cotidiana de nuestro país, lo que puede explicar que no entienda muy bien la “no neutralidad social” de un impuesto indirecto como el IVA, y solo entienda sus efectos en términos fiscales cuando afirmó que “el IVA es un impuesto neutro”. Un perfil propio para dirigir un grupo de técnicos con una mayoría monolítica y ante un encargo claro y preciso del Gobierno, que solo contribuye a devaluar la credibilidad y la independencia de los profesionales. La Hacienda pública española tiene suficientes funcionarios expertos como para que el Estado se gaste dinero encargando estudios “ad hoc”, que si es verdad lo que ahora anuncia el Gobierno –lo dudo- irá a la papelera, y únicamente servirá para aumentar el ego de unos pocos y su caché profesional.