Nadie pueda poner en
duda la terquedad del PP a la hora de negar
la evidencia y sus responsabilidades en una financiación paralela de su
partido, al margen de la legalidad establecida, ya desde la época de Alianza
Popular. La última vez esta semana cuando la portavoz parlamentaria del PSOE
acusó a la vicepresidenta del Gobierno de haber cobrado 600.000 euros de la Caja B y al hasta ahora
ministro de Agricultura, Arias Cañete, de haber cobrado de estos mismos fondos
300.000 euros. Para justificarse profirieron todo tipo de improperios y
amenazas, pero en ningún caso desmintieron lo dicho. Entre otras cosas, porque
saben que no pueden. Si lo hacen se pueden encontrar con un “sorpresón”.
Sorprendió la reacción
de la vicepresidenta del Gobierno. Bueno, a algunos no. Basta seguir sus
comparecencias los miércoles para darse cuenta que sus intervenciones llevan
una marca de soberbia inherente a su personalidad. La mirada desafiante que le
dedicó al presidente de la Cámara –un excelente presidente, por cierto- cruzada
de brazos dice muy poco a su favor. Pero tenía que negar lo evidente. Había
compatibilizado “sobresueldos” procedentes de la financiación desde 2002 hasta
su nombramiento como vicepresidenta del Gobierno.
En sus declaraciones a
la prensa en el pasillo llegó a afirmar que “no he recibido un sobre en mi puta
vida”, en un claro intento de confundir a la opinión pública. La cantidad
percibida la habrá recibido por trasferencia o cheque, no por sobre. Y me
imagino que la habrá declarado a Hacienda. Pero el problema no es ese. El
problema es de dónde ha sacado el dinero el PP para pagar sobresueldos a muchos
de sus responsables. Basta seguir las declaraciones del Tribunal de Cuentas
para darse cuenta que no cuadra gastos e ingresos. Insisto, no se puede negar
lo evidente.
Bárcenas, antiguo
tesorero del PP nombrado por Rajoy, ha afirmado en su última declaración que el
PP lleva toda la vida financiándose ilegalmente. Dijo ante el juez Ruz que
heredó la contabilidad B del PP y que había 50 cajas B, una por provincia, que
los secretarios las revisaban y los presidentes del partido estaban atentos a
ellas. Algo que era evidente. Basta haber monitorizado actuaciones de cada
partido en las diferentes campañas electorales para darse cuenta de que no
cuadraban las cuentas del PP. Su gasto era excesivo para un presupuesto de
campaña que debiera ser prácticamente equivalente para las mayores formaciones.
El PSOE en Segovia ha
venido denunciando reiteradamente ante los medios de comunicación la financiación
del PP de Segovia en las diferentes campañas electorales, pero en especial en
las municipales de la ciudad de Segovia con la actual diputada Beatriz Escudero, en la que de una forma clara se trasgredió la ley, o la del actual
portavoz popular en el Ayuntamiento de Segovia, Jesús Postigo. Y cuando hemos
denunciado la Caja B
del PP en Segovia, como lo hemos hecho estas últimas semanas, desde la Diputación Provincial,
su vicepresidente y secretario del PP, se han apresurado para presionar a los
medios para relegar la denuncia a un segundo plano y una vez más negar mediante
grandes titulares la evidencia de la
Caja B. Aunque claro, 193.000 euros de propaganda
institucional de la
Diputación en el último año 2013 adjudicado a dedo a los
medios de comunicación y gestionados por quienes a su vez son secretarios y
presidentes del PP y la
Diputación –recuerda al viejo Movimiento Nacional- dan mucha
fortaleza, aunque sea indigna. Por suerte, hay
medios y medios. A mi blog no llega la censura.
A pesar de la amenaza
de presentar una denuncia a la portavoz del PSOE en el Congreso después de las
elecciones europeas que ha realizado Arias Cañete, no lo hará. Ni él, ni la
vicepresidenta. Ya me denunció a mí en su momento la diputada Beatriz Escudero,
profiriendo auténticas maldades sobre mi persona, por denunciar el cobro de
36.000 euros en sobresueldos durante su etapa de portavoz en el Ayuntamiento de
Segovia, y la denuncia fue archivada. Aun estoy esperando su valoración.
El caso de Escudero es
idéntico al de Sáinz de Santamaría y Cañete. El problema es la financiación
irregular del PP. Tienen la obligación democrática de reconocer y exponer ante
la opinión pública la financiación irregular y depurar responsabilidades,
explicando el alcance de la trama. ¿Por qué ese empeño en negarlo? La diputada
Escudero lo reconoció y admitió la cantidad que yo le pregunté públicamente.
Ahora tiene que hacer lo mismo ellos dos. Si no lo hacen, día a día, iremos
conociendo los sobresueldos percibidos de toda una pléyade de cargos institucionales y
orgánicos ligados al PP. Los sobresueldos del PP no son un invento del PSOE,
son una realidad
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