Fiscalidad electoralista

Asistimos estos días a un nuevo acto del filibusterismo político al que nos tiene acostumbrados el Gobierno del PP: la reforma fiscal. Una reforma parcial regresiva que aumenta la brecha fiscal entre ricos y pobres, no contribuye al estímulo económico e incrementa el déficit público. Y lo que es peor, tiene una clara intención electoral. Sus efectos los tendremos que pagar los españoles en 2016 con más recortes, más paro y más austeridad desmedida.

La auténtica reforma fiscal del PP fue la que hizo Rajoy cuando llegó a La Moncloa, y no la que ha anunciado ahora. Desde entonces ha subido todos los impuestos a las rentas del trabajo y a la clase media (IRPF e IVA, entre ellos), después de haber prometido que los bajaría; ha impuesto copagos que no existían para los sectores más débiles de la población; y ha subido las tasas judiciales y universitarias. En total más de 50 impuestos. A lo que hay que añadir una amnistía fiscal para los grandes defraudadores.

Con esta reforma las rentas altas pagarán 4.000 euros menos de impuestos y las rentas bajas 300 euros. La política fiscal que viene aplicando el Gobierno, sin embargo, produce un efecto regresivo. Dado que se han subido impuestos indirectos, IBI, tasas y precios públicos que soportan las rentas medias y bajas, estos pagarán más impuestos al final de la legislatura. Tampoco se podrán deducir los trabajadores los gastos asociados a su actividad laboral y los pequeños ahorradores se verán perjudicados al haber eliminado el mínimo exento hasta los 1.500 euros. El Gobierno también limita la deducción por la indemnización que cobran los trabajadores despedidos. Contribuye así a profundizar en su desesperanza.

Las medidas tributarias van a producir un incremento del déficit público, que unido a la bajada del techo de gasto para el próximo ejercicio anunciado por el Gobierno, se va a traducir en recortes en el Estado del Bienestar: sanidad, educación y políticas sociales. Las comunidades autónomas se verán obligadas a reducir prestaciones y a establecer copagos si quieren garantizar la prestación. Una vuelta de tuerca más con la que el Gobierno avanza en la implantación de su modelo neoliberal y en la quiebra del principio de equidad social. Con el agravante de que el déficit se financiará vía Deuda Pública y no utilizando la progresividad fiscal. Al final las clases medias y bajas acaban pagando la mayor parte de la factura, a la vez que se quiebra la cohesión social.

En comunidades autónomas de gran extensión y con un alto grado de envejecimiento y dispersión territorial, como Castilla y León, la política fiscal del Gobierno es lesiva para el medio rural. Los gobiernos autonómicos se verán obligados a suprimir dispositivos sanitarios y educativos, a reducir prestaciones sociales y ayudas, en definitiva, a condenar a sus habitantes a la categoría de ciudadanos de segunda. Más de lo mismo. Los castellanos y leoneses lo sabemos muy bien. Lo que se agrava mucho más por el envejecimiento de la población y la caída drástica de las pensiones.

Está claro que el PP y su Gobierno van a lo suyo. Les interesa ganar las elecciones y anteponen sus intereses a los de España. Lejos queda el ‘Informe de la Comisión deExpertos para la Reforma del Sistema Tributario Español’. El objetivo fiscal de recaudar en el entorno del 37-38 del PIB, la lucha contra el fraude fiscal en España estimado en 70.000 millones de euros o los compromisos del Programa de Estabilidad del Reino de España que conllevan un recorte de 50.000 millones de euros antes de 2016; no importan, al menos por lo que se manifiesta en sus intenciones. Lo mismo ocurre con la mejora de la competitividad y la creación de empleo mediante la denominada “devaluación fiscal” que proponía el informe. 

El PP siemprepromete bajar los impuestos cuando se acercan las elecciones –en 2015 se celebran elecciones locales, autonómicas y generales- para después hacer todo lo contrario. Espero que los españoles no les den esta nueva oportunidad.

Felipe VI

La proclamación del nuevo Rey de España en la persona de Felipe de Borbón  abre una nueva etapa  política en nuestro país. Felipe VI llega a la jefatura del Estado en unas condiciones muy distintas a las que llegó su padre. Felipe es un rey plenamente constitucional y accede al puesto con una democracia plenamente consolidada. La situación económica de España presenta similitudes con la de año 75, pero, sin embargo, la sociedad española es mucho más madura y culta. Si en 1975 había avidez de democracia, hoy la  mayor preocupación se centra en la falta de empleo y perspectivas de futuro para las generaciones más jóvenes. La desafección por la política es cada vez mayor, lo que pone en cuestión el acceso a la jefatura del Estado de Felipe VI, y abre el debate monarquía/república, con una división cada vez mayor de la sociedad española. Un debate que tiende a polarizar la sociedad española.

El evento de la proclamación, el pasado 19 de junio, ha puesto de manifiesto que el Jefe del Estado español ha desterrado cualquier sumisión a la Iglesia. En su juramento estuvo ausente cualquier referencia a Dios y a la Iglesia. Tampoco el acto ha ido acompañado de una celebración eclesiástica, como ha sucedido con otras monarquías europeas. Los actos de proclamación fueron austeros, muy austeros, teniendo en cuenta que se trataba de un acto político de la máxima relevancia. El que más. El ambiente en la calle era frío. Una frialdad calculada para no hurgar en las tensiones sociales. Lo peor, la fuerte presencia policial. Asfixiante, no solo por la cantidad, sino por su actitud desafiante y grosera en algún caso. 

El discurso, equilibrado en todo momento. Hay quienes esperaban más, así me lo manifestó un compañero al finalizar su discurso. La penetración y aceptación o rechazo de sus palabras son proporcionales al riesgo. Felipe VI no quiso arriesgar y se limitó a presentar su libro de estilo. Una actitud inteligente, aunque muchos no la compartan. Hacer lo contrario hubiese supuesto un riesgo inherente que  podría haber abierto polémicas y generado tensiones en un momento tan delicado como el actual. Hizo un repaso por los grandes temas y mostró su sensibilidad hacia los más desfavorecidos. Y tuvo la gallardía de reconocer que la ejemplaridad y la trasparencia en su acción deben determinar su credibilidad, comprometiéndose a ello.

Todo indica que el nuevo estilo de Jefatura de Estado al que aspira el nuevo Rey es una República coronada, como han definido algunos analistas. La monarquía parlamentaria española está sometida al imperio de la Ley. El nuevo rey constitucional tiene un largo camino por recorrer y lo ha de hacer junto a una sociedad que evoluciona a un ritmo muy acelerado. El primer reto es armonizar su acción para conseguir una rápida recuperación económica y sobre todo crear empleo, a la vez que se garantiza la cohesión social y territorial, con el respeto a la diversidad representada en las diferentes nacionalidades que se integran en el Estado español. Para acompasar este cambio se ha de buscar el momento más idóneo para cambiar el marco constitucional y legitimar su reforma y el nuevo jefe del Estado y su estatus mediante un referéndum.  Sin prisa, pero sin pausa.

La encrucijada del PSOE

“To be or not to be, that´s the question”.  Ser o no ser, esta es la cuestión que atañe al PSOE en el momento actual. Los resultados de las últimas elecciones europeas han abierto la ‘caja de Pandora’. Era de preveer. Pero no tanto por los resultados –malos, muy malos, aunque en términos relativos algo mejores que los del PP-, sino por el ruido interno que ha acompañado la puesta en escena del PSOE desde el Congreso de Sevilla. Esta ha sido la auténtica causa de la situación en la que se encuentra el partido. Unos por otros, la casa sin barrer. Pero el problema se ha creado entre todos, y no precisamente por el contenido programático, sino por el mal hacer. Ahora solo queda aprender de los errores y mirar al futuro con altura de miras.

En estos momentos se está  iniciando la carrera abierta y democrática por la Secretaría General del PSOE. Cada militante tendrá un voto y, ante la inconsistencia jurídica de los Estatutos para dar cobertura a este proceso, se ha articulado una solución que solapa el método tradicional de voto por delegados, ajustado al marco legal, a la elección directa, respetando el resultado de ésta.

El proceso no ha estado exento de polémica, pues uno de los candidatos, que forma parte de la dirección,  reclamó el voto directo de la militancia, a lo que la dirección accedió. Algunos medios de comunicación  han denunciado que se trataba de una acción concertada previamente para favorecer su imagen ante la amplia base de militantes que lo estaba reclamando.  

La democracia interna puede potenciar la imagen del partido en la sociedad para el futuro. Son muchos los militantes socialistas que consideran este paso como imprescindible para salir del hoyo. En algún caso, por parte de muchos, se antepone al programa y al perfil del líder. La respuesta la dará el día después. Ya se sabe que una cosa es predicar y otra ‘dar trigo’. Confundir los medios instrumentales con los fines puede conducir a una frustración futura. De ahí la importancia de pisar tierra y compatibilizar ambas cuestiones.

El proceso de elección democrática del nuevo secretario general debe ir acompañada de unas pautas de comportamiento que garanticen la neutralidad y garantías democráticas para todos los candidatos. El soporte técnico y burocrático de partido no se ha de utilizar en beneficio de parte. Y desde luego, la descalificación en las redes sociales de los candidatos, como hemos comenzado a comprobar en estos primeros días, es algo que hay que erradicar inmediatamente del guión. No debe formar parte de la cultura democrática de los equipos –o de algún equipo- que presumen de reclamar una elección democrática.

El PSOE se juega mucho en este proceso. Son muchos los errores que se están cometiendo, más cuando el poder económico traducido a través del poder mediático ya se encarga de dividir a la izquierda con una utilización y programación efectiva de determinados canales de televisión. Es el momento de rearmar el partido, buscar el cambio y la unidad. De lo contrario, el barco puede zozobrar.             

Un nuevo jefe de Estado para la esperanza

La abdicación de Rey Juan Carlos debe abrir una nueva etapa política en España. Nuestro país en el momento actual presenta algunos rasgos característicos que le identifican con esa España que dibujó la generación del 98. El pesimismo en su futuro, la falta de confianza en nuestras posibilidades y la presencia un afán autodestructivo, en algún caso, constituyen algunas de las prácticas que hemos de desterrar para poder avanzar con consistencia. El futuro jefe del Estado representa un relevo generacional para la esperanza.

Es de justicia reconocer la importante contribución del actual Rey al asentamiento en nuestro país de un Estado democrático, moderno y social. La Constitución del 78 ha permitido a los españoles el reconocimiento de derechos y libertades que inspiran el espíritu republicano y que unos años antes nos parecían inalcanzables. Pero también se ha modernizado la estructura productiva y han cambiado profundamente los usos y costumbres.

España ha pasado de ser un país casposo a ser un país vanguardistas en muchas áreas. No hay que olvidar que el monarca llegó al poder investido de “imperium absoluto”. Recogió el poder absoluto del dictador, y fue capaz en un corto plazo de tiempo, gracias al “pacto constitucional” entre todas las fuerzas políticas, de convertir la monarquía en una monarquía parlamentaria y representativa, cuya principal contribución en este tiempo ha sido su papel armonizador y el ejercicio de una embajada activa en el exterior, en especial en el América Latina y el mundo árabe, lo que ha contribuido a mejorar nuestra presencia en el mundo.

El deterioro de la institución en estos últimos tiempos ha tenido mucho que ver con la situación de crisis económica que atravesamos y ciertos errores mundanos no solo del Rey, sino también de su Familia que ha hecho bajar alarmantemente su popularidad. La abdicación es un acierto, e incluso llega tarde. A pesar de ello, solo el 0,2 por ciento de los españoles considera que la monarquía es un problema para los españoles, según el CIS. Lo que pone de manifiesto que el Rey reina, pero no gobierna.

El nuevo Rey, el futuro Felipe VI, ha de abordar la Jefatura del Estado con un nuevo enfoque. Hoy, en el siglo XXI, es muy difícil defender la supremacía de un ciudadano sobre el resto por su estirpe. La monarquía en España en estos momentos es una cuestión de oportunidad política unido a un “pacto constitucional” que se fraguó en la Transición y que nos ha dado, a pesar de la crisis actual, enormes rentas. Sin embargo, hoy el Rey debe ser un alto funcionario del Estado que ha de ajustar su actuación en todo momento al servicio del pueblo y bajo el control del parlamento. La transparencia en sus actuaciones y en los recursos utilizados son consustanciales con su figura acorde con la evolución social.

El futuro Jefe del Estado se enfrenta a una situación difícil, muy difícil. Su toma de posesión va a tener un carácter meramente administrativo. No ilusiona, y se constata en la ciudadanía un alto nivel de escepticismo. El nuevo Rey tiene que actuar en su gestión con espíritu republicano en cuanto a valores y pautas de actuación, anteponiendo los intereses de los ciudadanos y, en especial, lo de los más desfavorecidos por encima de todo. En esta nueva época la actuación del Jefe del Estado es incompatible con cualquier otra actividad ajena a su función. Asimismo, se requiere un estatus muy diferente para la Familia Real. La figura del consorte debe ser estrictamente reducida a su papel civil y de acompañante, pero sin ninguna representación. Son las pautas de los nuevos tiempos. O la institución se adapta o la figura del Rey y la Princesa estarán en entredicho.

España necesita una nueva Constitución. En ella se ha de abordar diferentes cuestiones que han hecho que la “norma magna” se haya quedado obsoleta en determinados temas, pero también la forma de organización del Estado. En estos momentos no toca el debate Monarquía/República. El país tiene otros retos más importantes que abordar. Pero una vez que las aguas vuelvan a su cauce en lo económico, lo político y lo social, la Jefatura del Estado se ha de legitimar con el voto de la ciudadanía.

Existen razones a favor y en contra para optar por un modelo de Jefatura del Estado u otro, en función de sus características. Para ello debiéramos tener en cuenta la experiencia de otros países vecinos. Hoy en España la esencia del debate por la opción de un modelo de jefatura u otro se limita exclusivamente a la quiebra del principio de igualdad en el acceso, una vez que las pautas, principios y valores republicanos tienen supremacía sobre los viejos principios monárquicos, incluso en aquellos países que constitucionalmente su forma de organización se adapta a monarquías parlamentarias y representativas. El momento actual es un momento para la esperanza.  Aprovechémoslo y busquemos lo mejor para el futuro, pero sin crear un problema donde no lo hay.