Asistimos
estos días a un nuevo acto del filibusterismo político al que nos tiene
acostumbrados el Gobierno del PP: la reforma fiscal. Una reforma parcial
regresiva que aumenta la brecha fiscal entre ricos y pobres, no contribuye al
estímulo económico e incrementa el déficit público. Y lo que es peor, tiene una
clara intención electoral. Sus efectos los tendremos que pagar los españoles en
2016 con más recortes, más paro y más austeridad desmedida.
La auténtica
reforma fiscal del PP fue la que hizo Rajoy cuando llegó a La Moncloa, y no la
que ha anunciado ahora. Desde entonces ha subido todos los impuestos a las
rentas del trabajo y a la clase media (IRPF e IVA, entre ellos), después de
haber prometido que los bajaría; ha impuesto copagos que no existían para los
sectores más débiles de la población; y ha subido las tasas judiciales y
universitarias. En total más de 50 impuestos. A lo que hay que añadir una
amnistía fiscal para los grandes defraudadores.
Con esta
reforma las rentas altas pagarán 4.000 euros menos de impuestos y las rentas
bajas 300 euros. La política fiscal que viene aplicando el Gobierno, sin
embargo, produce un efecto regresivo. Dado que se han subido impuestos
indirectos, IBI, tasas y precios públicos que soportan las rentas medias y
bajas, estos pagarán más impuestos al final de la legislatura. Tampoco se
podrán deducir los trabajadores los gastos asociados a su actividad laboral y
los pequeños ahorradores se verán perjudicados al haber eliminado el mínimo exento
hasta los 1.500 euros. El Gobierno también limita la deducción por la
indemnización que cobran los trabajadores despedidos. Contribuye así a
profundizar en su desesperanza.
Las medidas
tributarias van a producir un incremento del déficit público, que unido a la
bajada del techo de gasto para el próximo ejercicio anunciado por el Gobierno,
se va a traducir en recortes en el Estado del Bienestar: sanidad, educación y
políticas sociales. Las comunidades autónomas se verán obligadas a reducir
prestaciones y a establecer copagos si quieren garantizar la prestación. Una
vuelta de tuerca más con la que el Gobierno avanza en la implantación de su
modelo neoliberal y en la quiebra del principio de equidad social. Con el
agravante de que el déficit se financiará vía Deuda Pública y no utilizando la
progresividad fiscal. Al final las clases medias y bajas acaban pagando la
mayor parte de la factura, a la vez que se quiebra la cohesión social.
En comunidades
autónomas de gran extensión y con un alto grado de envejecimiento y dispersión
territorial, como Castilla y León, la política fiscal del Gobierno es lesiva
para el medio rural. Los gobiernos autonómicos se verán obligados a suprimir
dispositivos sanitarios y educativos, a reducir prestaciones sociales y ayudas,
en definitiva, a condenar a sus habitantes a la categoría de ciudadanos de
segunda. Más de lo mismo. Los castellanos y leoneses lo sabemos muy bien. Lo
que se agrava mucho más por el envejecimiento de la población y la caída
drástica de las pensiones.
Está claro que
el PP y su Gobierno van a lo suyo. Les interesa ganar las elecciones y anteponen
sus intereses a los de España. Lejos queda el ‘Informe de la Comisión deExpertos para la Reforma del Sistema Tributario Español’. El objetivo fiscal de
recaudar en el entorno del 37-38 del PIB, la lucha contra el fraude fiscal en
España estimado en 70.000 millones de euros o los compromisos del Programa de
Estabilidad del Reino de España que conllevan un recorte de 50.000 millones de
euros antes de 2016; no importan, al menos por lo que se manifiesta en sus
intenciones. Lo mismo ocurre con la mejora de la competitividad y la creación
de empleo mediante la denominada “devaluación fiscal” que proponía el informe.
El PP siemprepromete bajar los impuestos cuando se acercan las elecciones –en 2015 se
celebran elecciones locales, autonómicas y generales- para después hacer todo
lo contrario. Espero que los españoles no les den esta nueva oportunidad.
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