La abdicación de Rey Juan Carlos debe abrir una
nueva etapa política en España. Nuestro país en el momento actual presenta
algunos rasgos característicos que le identifican con esa España que dibujó la
generación del 98. El pesimismo en su futuro, la falta de confianza en nuestras
posibilidades y la presencia un afán autodestructivo, en algún caso,
constituyen algunas de las prácticas que hemos de desterrar para poder avanzar
con consistencia. El futuro jefe del Estado representa un relevo generacional
para la esperanza.
Es de justicia reconocer la importante contribución
del actual Rey al asentamiento en nuestro país de un Estado democrático,
moderno y social. La Constitución del 78 ha permitido a los españoles el
reconocimiento de derechos y libertades que inspiran el espíritu republicano y
que unos años antes nos parecían inalcanzables. Pero también se ha modernizado
la estructura productiva y han cambiado profundamente los usos y costumbres.
España ha pasado de ser un país casposo a ser un
país vanguardistas en muchas áreas. No hay que olvidar que el monarca llegó al
poder investido de “imperium absoluto”. Recogió el poder absoluto del dictador,
y fue capaz en un corto plazo de tiempo, gracias al “pacto constitucional”
entre todas las fuerzas políticas, de convertir la monarquía en una monarquía
parlamentaria y representativa, cuya principal contribución en este tiempo ha
sido su papel armonizador y el ejercicio de una embajada activa en el exterior,
en especial en el América Latina y el mundo árabe, lo que ha contribuido a
mejorar nuestra presencia en el mundo.
El deterioro de la institución en estos últimos
tiempos ha tenido mucho que ver con la situación de crisis económica que
atravesamos y ciertos errores mundanos no solo del Rey, sino también de su
Familia que ha hecho bajar alarmantemente su popularidad. La abdicación es un
acierto, e incluso llega tarde. A pesar de ello, solo el 0,2 por ciento de los
españoles considera que la monarquía es un problema para los españoles, según
el CIS. Lo que pone de manifiesto que el Rey reina, pero no gobierna.
El nuevo Rey, el futuro Felipe VI, ha de abordar la
Jefatura del Estado con un nuevo enfoque. Hoy, en el siglo XXI, es muy difícil
defender la supremacía de un ciudadano sobre el resto por su estirpe. La
monarquía en España en estos momentos es una cuestión de oportunidad política
unido a un “pacto constitucional” que se fraguó en la Transición y que nos ha
dado, a pesar de la crisis actual, enormes rentas. Sin embargo, hoy el Rey debe
ser un alto funcionario del Estado que ha de ajustar su actuación en todo
momento al servicio del pueblo y bajo el control del parlamento. La
transparencia en sus actuaciones y en los recursos utilizados son
consustanciales con su figura acorde con la evolución social.
El futuro Jefe del Estado se enfrenta a una
situación difícil, muy difícil. Su toma de posesión va a tener un carácter
meramente administrativo. No ilusiona, y se constata en la ciudadanía un alto
nivel de escepticismo. El nuevo Rey tiene que actuar en su gestión con espíritu
republicano en cuanto a valores y pautas de actuación, anteponiendo los
intereses de los ciudadanos y, en especial, lo de los más desfavorecidos por
encima de todo. En esta nueva época la actuación del Jefe del Estado es
incompatible con cualquier otra actividad ajena a su función. Asimismo, se
requiere un estatus muy diferente para la Familia Real. La figura del consorte
debe ser estrictamente reducida a su papel civil y de acompañante, pero sin ninguna
representación. Son las pautas de los nuevos tiempos. O la institución se
adapta o la figura del Rey y la Princesa estarán en entredicho.
España necesita una nueva Constitución. En ella se
ha de abordar diferentes cuestiones que han hecho que la “norma magna” se haya
quedado obsoleta en determinados temas, pero también la forma de organización
del Estado. En estos momentos no toca el debate Monarquía/República. El país
tiene otros retos más importantes que abordar. Pero una vez que las aguas
vuelvan a su cauce en lo económico, lo político y lo social, la Jefatura del
Estado se ha de legitimar con el voto de la ciudadanía.
Existen razones a favor y en contra para optar por
un modelo de Jefatura del Estado u otro, en función de sus características. Para
ello debiéramos tener en cuenta la experiencia de otros países vecinos. Hoy en
España la esencia del debate por la opción de un modelo de jefatura u otro se
limita exclusivamente a la quiebra del principio de igualdad en el acceso, una
vez que las pautas, principios y valores republicanos tienen supremacía sobre
los viejos principios monárquicos, incluso en aquellos países que
constitucionalmente su forma de organización se adapta a monarquías
parlamentarias y representativas. El momento actual es un momento para la
esperanza. Aprovechémoslo y busquemos lo
mejor para el futuro, pero sin crear un problema donde no lo hay.
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