Desde el pasado verano, el presidente y senador del Partido Popular de
Ávila ya anunció que la AP-51 entre Villacastín y Ávila sería gratuita. Y para
ello no dudó en decir que llevaba muy avanzadas las negociaciones con el Ministerio
de Fomento. ¡Verlo para creerlo! Yo no tardé en animar al presidente del PP de
Segovia a que hiciese lo mismo con la AP-61, entre Segovia y San Rafael.
Reaccionó tarde, pero reaccionó con un exabrupto, y me quedó claro que los
segovianos no íbamos a contar con menos derechos en el uso de las carreteras
que nuestros vecinos.
Pero, como a todo, hay quien gane. A finales del verano, el procurador
más listo del lugar, a la sazón vecino de San Rafael -Segovia-, nos recordó a
todos los que le quisimos oír que por la travesía de San Rafael no pasaría el
tráfico pesado. Lo tenía muy avanzado y negociado con el Ministerio de Fomento.
Yo, que para esa época empezaba a tomar contacto con las infraestructuras de
nuestro país como portavoz de mi grupo en la materia, recientemente nombrado,
le contesté. La chulería y el exabrupto innato no se hicieron esperar. Eso sí,
siempre con el apoyo de sus medios afines, que para eso la Junta tiene poderío.
Y algunos, a estas alturas, no distinguen entre partido y administración, y da
lo mismo que sea autonómica que nacional.
En la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
2015, en la sección 17, y dentro del programa de 441M, “Subvenciones y Apoyo al
Transporte Terrestre”, se aprobó una partida de cinco millones de euros para compensar a las sociedades concesionarias de
autopistas de peaje dependientes de la Administración por reducciones de peaje
para compensar el uso de las mismas por vehículos pesado, según convenio. Llegué
a la conclusión de que esta partida era en la que estos políticos provincianos
con olfato electoral sustentaban sus promesas. Y le pregunté a la ministra. Muy
cauta, me comentó en su despacho que el subdelegado de Autopistas tenía una
pequeña partida para en horas ‘valle’ ayudar a las autopistas que estaban
atravesando un mal momento.
El procurador, a bombo y platillo, estos días nos ha dicho que le
habían llamado por teléfono y que la medida ya estaba aquí, en el segundo
trimestre de este año. Vamos, que vienen las elecciones. También supimos por los
periódicos ese mismo día, que el Misterio de Fomento lo estaba vendiendo, a la
vez que los voceros del procurador lo presentaban como la quintaesencia, sin
concretar ni determinar alcance, ni asignación presupuestaria, ni otra cosa que
no fuese propaganda al más puro estilo franquista. Lo mismo hizo el ministerio.
La medida es una gota de agua en el océano. Para que fuese efectiva se
debiera extender a no menos de 20 tramos de carreteras que presentan problemas
de cogestión o seguridad vial en España, con más de 1.500 Kms. Siendo muy
conservadores, llevaría asociado para que pudiera dar respuesta al problema no
menos de 110 millones de euros. O sea, humo.
Para más INRI, a los transportistas se les obligaría a circular por
vías de peaje asumiendo el 50 por ciento de su coste. Y para ello se apoyarán
en la Ley de Seguridad Vial. O sea, que ahora los problemas de seguridad vial
radican en el tráfico pesado, y en base a ello se sustenta la subvención que se
quiere dar a las concesionarias. Las asociaciones de transporte han puesto le
grito en el cielo.
Mientras tanto, el procurador ha asumido su papel de portavoz del
Ministerio de Fomento, y él lo vende, que llegan las elecciones en su pueblo.
Después ya verá como explica que la medida es de corto alcance y solo se
extiende a las horas ‘valle’, en las que, por cierto, no hay problemas de
seguridad vial. Lo mejor es que la medida se ponga en marcha después de las
elecciones, y así todo se olvida. El de Ávila, calladito. Ya nadie se acuerda
que prometió todo. ¡Vaya dislate!
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