Para el PP las tasas judiciales son reversibles
según las circunstancias. En 2012 el entonces ministro de Justicia, el Sr. Ruíz
Gallardón, no tuvo ningún reparo en impulsar el copago para poder acudir a la
Justicia. Con esa medida se quebraba el derecho a la tutela judicial efectiva. Un
paso atrás en el Estado de Derecho. Una medida disuasoria para muchos
ciudadanos, que quedaban sin posibilidad de defender sus derechos ante la
imposibilidad de pagar las tasas de acceso.
Después de dos años de vigencia de las tasas
judiciales, el Gobierno ha decidido suprimirlas. Todo indica que la decisión ha
sido una consecuencia de fórmulas tácticas electorales ante las malas
expectativas electorales del partido del Gobierno y la impopularidad de la
medida tomada en su día. Para ello, la llegada del nuevo ministro de Justicia
ha sido el pretexto elegido para revertir la situación.
A nadie le sorprendió la falta de sensibilidad
social del Gobierno del PP cuando se aprobó el tasazo judicial. Tampoco la
defensa y puesta en valor que en su momento hicieron algunos diputados y
senadores del PP. En nuestra provincia tenemos una buena prueba de ello. No
hace más de cinco meses para la diputada popular segoviana las tasas eran
necesarias para ‘sufragar el coste’
de la Administración, porque la ‘justicia
no es gratis’, utilizando las propias palabras de la diputada. En la misma
línea, uno de los senadores segovianos a quien las tasas judiciales no le eran
indiferentes por razones de ejercicio profesional, no tenía ningún reparo en
mantener un doble discurso, según se tratase del ámbito político o el
profesional, a la vez que calificaba de mentir a los socialistas cuando
afirmábamos que ‘las tasas obstaculizan y
pueden impedir el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, creando una
Justicia para pobres y otras para ricos’.
Ahora, el discurso es otro. Los mismos
parlamentarios populares segovianos han afirmado estos días con respecto a las
tasas judiciales que ‘es muy importante’ su supresión, ‘para que ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos
económicos’. En qué quedamos: para el para el PP las tasas no eran
obstáculo para que muchos ciudadanos pudieran acudir a la Justicia o sí. Lo que
queda claro es la falta de coherencia de las políticas y los políticos del PP.
Las tasas judiciales impuestas por el Gobierno
popular han costado a los segovianos un millón de euros en
los más de dos años en los que ha estado vigente. Y lo que es peor, han sido
muchos los segovianos que no han podido defender sus derechos ante la Justicia
por falta de medios económicos.
El PSOE
siempre ha estado en contra de las tasas judiciales. Los socialistas hemos
mantenido ante esta medida una posición activa y beligerante. Presentamos un
recurso contra la Ley de Tasas ante el Tribunal Constitucional. Y lamentamos el
papelón que han hecho el PP y sus parlamentarios en la defensa de lo
indefendible, para revertir ahora su posición. Pero ante todo, nos
congratularnos por la eliminación del copago en las tasas judiciales que
constituía una auténtica quiebra del Estado de Derecho.
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