La iguala

El escándalo de las eólicas nos ha llevado a descubrir el subterfugio que presuntamente utilizaban al menos tres parlamentarios para ganarse un sobresueldo. Se dedicaban supuestamente a asesorar a una empresa de la trama mediante “consejos verbales”. Así lo ha manifestado el “chocarrero del PP”, el Sr. Martínez Pujalde. A su estilo, sin ningún complejo, ha afirmado que cobraba una “iguala” por el chalaneo. Y, no conforme con esto, se ha atrevido a decir que esta presunta actividad puede que no sea ética, pero es legal. Ya se sabe, en situaciones difíciles como la derivada de estos hechos, lo mejor es aplicar la máxima de Escrivá de Balaguer: “santa desvergüenza”; y en eso este señor es un maestro.

Al igual que su antiguo compañero de escaño y seguidor de Escrivá, el Sr. Trillo también ha utilizado presuntamente la misma táctica. Para salvaguardar los más de 350.000 € cobrados por el asesoramiento verbal no ha dudado en echar la culpa a aquéllos han filtrado el cobro, la Agencia Tributaria o la Fiscalía Anticorrupción. “Manda huevos”, que diría el mismo.

El problema radica en la actitud de estas personas apoyada por el régimen de compatibilidades que establece el reglamento del Congreso. En teoría hay un régimen estricto de incompatibilidades, pero interpretable. La Comisión del Estatuto del Diputado estudia la petición de compatibilidad de los diputados para después, una vez efectuado el filtro de aquéllas que se ajustan al reglamento, proponer su conformidad al Pleno. Y ahí radica el problema. En la interpretación de la comisión, mucho más cuando existe mayoría absoluta, y cuando cuentan con la aquiescencia de los letrados.

El pleno vota la propuesta de la comisión, pero los diputados que no estamos en esta comisión no conocemos ni el listado, ni el motivo de petición. Votamos a ciegas, y el signo de nuestro voto no aparece en pantalla. Sólo el resultado final. No es fácil conformar la voluntad del voto, aunque un sentido de prudencia puede aconsejar abstenerse, sobre todo si la experiencia en estas lindes acompaña.

Estos días algún medio ha hecho pública la relación de diputados a los que se ha concedido la compatibilidad. Yo creo que hay alguno o alguna más. Y me sorprende el alto número de compañeros que pueden compatibilizar una segunda actividad con la acción parlamentaria. Invito al lector a que coteje y compare en la página web del Congreso –y en el Senado ocurre lo mismo- la actividad parlamentaria de los que tienen compatibilidad con quienes no la tienen. Podrán comprobar cómo la carga de trabajo de estos últimos es muy superior en el Parlamento.

También sorprende que la mayor parte de los compatibles sea diputados del Grupo Popular. No es casualidad. Forma parte de las señas de identidad de su propio gen: anteponer sus intereses al servicio público, lo que no impide que algún integrante de la izquierda participe del mismo valor. Sobre razones objetivas es difícil de entender, por ejemplo, que el portavoz de Fomento, el de Justicia, el de Administraciones Públicas o Constitucional del partido del Gobierno, por citar algunos, tengan la compatibilidad. El riesgo de tráfico de influencias con los grupos de interés es muy alto. De la misma manera que los letrados que asesoran y contribuyen con su criterio técnico a la elaboración de las leyes debieran contar con un régimen estricto de incompatibilidades.

Es urgente cambiar y evitar la laxitud de interpretación del actual régimen de compatibilidad. No vale el argumento de la vicepresidenta del Gobierno, ni la del portavoz del PP, el Sr. Hernando. Quienes quieran dedicarse a la actividad parlamentaria que la asuman con todas su consecuencias. Algunos hace tiempo ya renunciamos  a nuestra plaza de profesor asociado en la Universidad para dedicarnos a los menesteres públicos.

Y desde luego que nadie nos venda la “iguala” como tarifa de asesoramiento. Los comisionistas por el tráfico de influencias han trabajado siempre así, bien ofreciendo una tasa anual –iguala- por sus servicios de influencia, o bien un porcentaje por consecución. Puede ocurrir que cualquier parecido con la realidad sea mera coincidencia, pero a veces la ficción supera a la realidad.

¡Que se vayan con el cuento a otra parte! Ante un comportamiento ni ético y claramente en fraude de ley, lo que tienen que hacer algunos es abandonar el escaño. Es una cuestión de dignidad y de consideración a los que respetamos lo público y sus principios.