El PP con
el registro, calificación unilateral por el presidente del Congreso y
publicación de la Proposición de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, del
Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal
Constitucional, ha intentado dar un Golpe
de mano electoral ajeno a las pautas democráticas que han de guiar un
Estado democrático.
No nos
sorprende. Ya lo intentó Aznar promoviendo una reforma del Código Penal, poco
antes de unas elecciones generales, para meter en la cárcel a un presidente
autonómico. Perdió las elecciones y la reforma devino en anticonstitucional. Lo
llevan en los genes.
La función
del Constitucional es interpretar la Carta Magna. No es un tribunal de
justicia. Como ha manifestado la Asociación de jueces y magistrados Francisco
de Vitoria, “si lo que se quiere es reforzar los mecanismos legales para hacer
que se cumpla la ley, quizás deberían reforzar el código penal o la
jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
Pero el golpe de mano también se convierte en un
golpe de efectos inconmensurables a
la credibilidad del Tribunal Constitucional. Un órgano constitucional que ya de
por sí tiene poca credibilidad, y que con la posibilidad que se le abriría de
suspender cargos públicos profundizaría aún más en su descrédito. Más cuando ya
hay canales ordinarios para ello.
No es fácil
entender el fondo de la iniciativa que ha presentado el PP. Y mucho menos las
prisas en su tramitación alevosa y con la complicidad del presidente del
Congreso. Sin pedir informes ni al CGPJ, ni al Consejo de
Estado, ni al Ministerio Fiscal. Han tenido cuatro años. Y el Grupo
Parlamentario Popular la ha presentado en el último momento y sin ningún tipo
de diálogo ni de acuerdo.
Desde el
primer momento el PP ha instrumentalizado la iniciativa de forma mediática. Ese
era el objetivo de cara a las elecciones del próximo día 27 en Cataluña. Para
ello no tuvieron ningún reparo en presentar la Proposición de Ley con el cabeza
de lista del PP, el Sr. Albiol.
El PP ha
demostrado no tener ningún pudor en utilizar los órganos constitucionales en
beneficio propio.
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