La Junta de Castilla y León ha hecho público
recientemente el nuevo mapa con el que quiere reordenar los servicios de su
competencia en la Comunidad ante el fracaso de 28 años de Gobierno del PP en la
Junta, que han sido incapaces de generar un tejido industrial que fije
población, riqueza y proporcione un futuro próspero y de crecimiento económico
a los castellanos y leoneses.
Tienen la intención de establecer 176 zonas rurales,
que se unen a las 15 áreas urbanas que se aprobaron a finales del pasado año.
En el caso de Segovia, se han establecido 14 áreas rurales y una urbana.
Con esta nueva ordenación se pretende reducir costes para
garantizar en el futuro el equilibrio entre ingresos y gastos de los sevicios
que son competencia de la Junta, ante el déficit de ingresos existente. El consejero de la Presidencia eufemísticamente lo ha denominado: “búsqueda de más
eficacia en la prestación de servicios”.
La realidad es que se trata de concentrar la prestación de
servicios sanitarios, educativos, sociales, administrativos… en las cabeceras
de comarca en las que ahora se sitúan mayoritariamente los centros de salud. Se
utiliza la actual ordenación sanitaria como marco para la reordenación
de servicios y núcleo de la prestación principal de los mismos. Con ello se
espera reducir los recursos humanos necesarios y ahorrar costes.
Se trata de un proyecto a largo plazo. A pesar de que el
proyecto de reordenación de estos servicios se extiende a tres años, una vez
aprobado por las Cortes, nada se conoce de su desarrollo. El mapa de Unidades Básicas de
Ordenación y Servicios del Territorio (UBOST) por sí mismo no ofrece ni
garantiza nada, y crea todo tipo de incertidumbres sobre la calidad y la
accesibilidad a los servicios competencia de la Junta.
La
reducción y concentración de efectivos irá acompañada un deterioro de los
servicios y una gran dificultad en la
accesibilidad a los servicios, sobre todo desde los municipios más pequeños,
dada el alto envejecimiento de la población y los problemas de movilidad hacia
los centros de referencia. El sistema de transportes está muy lejos de dar
respuesta a las necesidades de movilidad.
El nuevo
sistema de ordenación pretende también reordenar las mancomunidades y
las históricas comunidades de Villa y Tierra para la prestación de los
servicios municipales. La Junta de
Castilla y León asume el papel de liderazgo que debiera corresponder a las
actuales diputaciones. Y abre una vez más el debate sobre el valor añadido que
aporta esta administración local a la mejora y eficiencia de los servicios en
el medio rural, más teniendo en cuenta su alta carga burocrática y costes
asociados a la misma.
En ningún caso,
los socialistas daremos un cheque en blanco sin garantías para el futuro de los
servicios en el medio rural, ni condenaremos a sus vecinos a que se les trate
como si fuesen ciudadanos de segunda, y confiamos que ningún representante de
los segovianos lo haga.Nos tememos que este puede ser el primer paso para materializar la ReformaLocal de Montoro y suprimir las competencias de los ayuntamientos de menos
de 5.000 habitantes.
El objetivo último es simplificar la administración
autonómica y local para ahorrar costes. No tengan ninguna duda que si el PP no
gobernase la mayor parte de las diputaciones de Castilla y León estaría
gestionando su supresión. Las intenciones tácitas son preclaras. Y es que ya se
sabe, en el PP se proyecta a El doctor Jekyll y el señor
Hyde.
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