Una profunda
preocupación se constata en muchos españoles estos días ante la escalada del
precio del suministro del servicio de energía eléctrica, la luz, como la
solemos denominar. No es para menos. Desde diciembre del pasado año pagamos un
33 por ciento más, y en el último año un 50 por ciento. Esta situación no es
socialmente neutra. Como siempre los más perjudicados son las personas en
situación de vulnerabilidad. No se puede permitir que en momentos de mayor
necesidad de luz y calefacción sea cuando su precio alcanza un récord.
El sector eléctrico,
en la ley que lo regula, se contempla como un conjunto de actividades
productivas encadenadas: generación,
transporte, distribución y comercialización. El primero y el último eslabón
están liberalizados; los intermedios tienen naturaleza monopolística. Este
marco regulador, junto al modo de funcionar del mercado eléctrico, ha creado
múltiples distorsiones en la provisión de energía eléctrica. Entre ellas, el actual sistema de
fijación de precios.
El sistema actual
permite que los precios sean distintos cada hora. Así el pasado 19 de enero a
las tres de la madrugada el kw-hr costaba 0,067€, mientras que siete horas
antes llegó a alcanzar un valor de 0.094€. A esa hora la producción española de
energía eléctrica en términos porcentuales era la siguiente: carbón, 16,3;
ciclo combinado de gas, 23,1; cogeneración, 9,1; hidráulica, 15,6; eólica,
18,1; nuclear, 16,7 y centrales de fuel, 1,1. El Gobierno, en 2013, fijó un
precio único y, tras la subida descomunal de diciembre de 2013, lo cambio a un
sistema de subasta de precios del mercado mayorista, según un mercado marginal.
En ese mercado,
para la cubrir la demanda de cada momento, primero entran a funcionar las
centrales más baratas, luego las más caras o más flexibles y así sucesivamente
hasta que la producción equilibre la demanda. Lo que se pague a la última
central en entrar se la pagará también a la primera. Otros factores enunciados
estos días, como las circunstancias climáticas, la subida del gas, la
exportación a Francia, influyen en la subasta, pero no son determinantes en la
distorsión del precio de la luz.
Con el actual marco
el precio que se paga por la energía representa aproximadamente la mitad del
total de la factura. En él se incluyen los peajes de acceso a las redes y la
tarifa regulada que fija el Gobierno, que incluye numerosos cargos, como las
renovables, la financiación de la deuda por el déficit, la ayuda a la
interrumpibilidad, los pagos por capacidad a las centrales térmicas aunque no
estén en funcionamiento…
Es urgente una
profunda reforma de la regulación del mercado eléctrico para evitar
incomprensibles subidas de precio. Se requiere un nuevo marco conceptual que
acerque la facturación a costes reales y evite la especulación del mercado y
las cargas impropias en el precio de la luz. Tengo mis dudas de que una
auditoría, como están proponiendo algunos partidos, sirva para clarificar la
situación; puede que para todo lo contrario. Nos puede abrir nuevos frentes con
la Comisión Europea. Necesaria, sí; pero no es la solución.
El Gobierno tiene
que eliminar el sistema actual de subasta eléctrica. Se trata de una
"subastas trampa", cuyos resultados no son fiables y benefician
siempre a los mismos. La reforma del sector eléctrico que hizo el Gobierno ha
sido una batería de cesiones a las grandes empresas energéticas. Uno de los
elementos fundamentales de la reforma debería haber sido el sistema de fijación
de precios, que debería sustituirse por otro procedimiento. Los resultados los
estamos viendo. En esta área, como en otros muchos, se está poniendo de
manifiesto la falta de un proyecto claro y eficaz en materia energética. Lo
sufren más los de siempre, los más pobres.
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