El sistema público
de pensiones tiene el gran reto de adaptarse a la nueva realidad demográfica de
nuestro país, y laboral, de persistir ésta. Según el INE, en los próximos
cuarenta años habrá en España 8,7 millones menos de personas en edad de
trabajar y 8 millones más de pensionistas.
El déficit del sistema en 2016 se acerca a los 20.000 millones de euros.
Se da la paradoja de que el número de cotizantes actuales es superior al que
existía en 2011, cuando el déficit se situaba en 500 millones.
Las dos últimas
reformas del sistema no han dado respuesta al equilibrio entre ingresos y
gastos; ni a la suficiencia y la pérdida de poder adquisitivo. La primera, la
reforma de 2011, amplió el periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años y
retrasó la edad de jubilación de forma progresiva de 65 a 67 años. Esta
reforma, conseguida dentro del consenso del Diálogo Social, tan sólo ha sido
capaz de solucionar un tercio de los problemas de sostenibilidad financiera
futura. La reforma de 2013 introdujo un factor de sostenibilidad y un nuevo
índice de revalorización.
El factor de
sostenibilidad ajusta de forma automática la cuantía de la pensión ante los
cambios futuros de la esperanza de vida, y comenzará a aplicarse a partir de
2019. Si la evolución de la esperanza de vida sigue como está, con la
aplicación de este factor las pensiones iniciales caerán un 5 por ciento en 10
años. El nuevo índice de revalorización establece un incremento del 0,25 por
ciento cuando los gastos son superiores a los ingresos, como está ocurriendo y
ocurrirá; en caso contrario, hasta un máximo del 0,5 por ciento. En 2016 los
pensionistas han perdido un 1,35 por ciento de poder adquisitivo, al cerrar la
inflación con 1,6. Y seguirán perdiendo. Esta reforma mengua el poder
adquisitivo de las pensiones. En concreto, de mantenerse la tendencia,
transcurridos 20 años desde la fecha de jubilación la pensión permitirá comprar
entre un 30 por ciento y un 40 por ciento menos de bienes y servicios que en el
año de jubilación.
La reforma de 2013
ha trasladado a los jubilados todo el peso del gasto, congelando prácticamente
la pensión de forma indefinida. Se rompe así la finalidad de la pensión:
proporcionar una renta vitalicia suficiente hasta la fecha de fallecimiento.
Más cuando las necesidades asistenciales aumentan con la edad y cuando existe
una alta incertidumbre sobre la duración de la etapa de jubilación. Se da la
circunstancia de que hoy día, ante una situación de crisis económica, los pensionistas se han convertido en el
principal sustento de las cargas familiares.
No se puede obviar el cumplimiento de la restricción presupuestaria del
sistema y, por tanto, la necesidad de encontrar un mecanismo que permita
equilibrar los gastos con los ingresos.
El Pacto de Toledo
tiene que afrontar el problema. Y optar entre dos alternativas. Una, seguir la
senda de la reforma de 2013, en el que las pensiones irán cayendo
progresivamente, y quienes puedan –los menos- complementen su pensión con
planes privados, como es el caso del Reino Unido o Países Bajos; otra, reforzar
la contributividad y vincular el cobro de las pensiones no sólo a las rentas
del trabajo sino también al capital y el consumo, como propone el PSOE. Este es
el caso de países como Alemania, Italia y Francia.
En los sistemas
asistenciales se destina al gasto en pensiones públicas un 6 por ciento del PIB
y un 3,5 a pensiones privadas; mientras que en los sistemas contributivos el
gasto público en pensiones asciende al 10 por ciento del PIB, y en privadas al
1 por ciento.
Las consecuencias
son claras. El sistema contributivo cohesiona socialmente y redistribuye la
riqueza; el sistema asistencial genera una sociedad dual, con una mayoría de pensiones
muy bajas, y potencia el negocia de las pensiones privadas. El PP sabe dónde
va. La ministra Báñez, también; y otras, como la diputada PP por Segovia cuando
hacen proselitismo del sistema de pensiones al que aspira el PP, siguen fuera
de la realidad social, y se recrean en un discurso repleto de descalificaciones
zafias, chabacanas e inconsistentes para esconder su ignorancia.
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