Hace unos días se cumplieron cinco años de la puesta
en marcha de la última Reforma Laboral. Su balance no puede ser más desastroso.
Ya en 2015 había en España con respecto a 2011 menos empleo en cómputo de
jornada completa; la temporalidad ha subido y los salarios han bajado. En
definitiva, más precariedad y bajada de rentas en todo el país. Segovia no se ha
librado de sus efectos. Hoy contamos en la provincia con mil afiliados menos a
la Seguridad Social; la tasa de temporalidad laboral ha aumentado un cinco por
ciento y el empleo a tiempo parcial un tres; mientras que en este periodo el salario
medio ha caído 800 euros y los precios han subido un dos por ciento.
La Reforma Laboral tuvo como objetivo fundamental la
devaluación salarial e incrementar la flexibilidad laboral. El Gobierno del PP
impulsó una legislación de emergencia para permitir a las empresas reducir
costes salariales unitarios y evitar su cierre. Sus efectos no están siendo
neutros, especialmente para los trabajadores. Han sido muchos los expulsados
del mercado de trabajo y se han incrementado notablemente los contratos
temporales y a tiempo parcial. La reforma en ningún momento contempló pauta
alguna que permitiese paliar sus efectos negativos en los trabajadores. Buena
prueba de ello es el nivel de cobertura de la prestación por desempleo. Ha caído
treinta puntos en estos años desde la aprobación de la reforma.
La reforma ha sido “extraordinariamente agresiva”, tal
y como la definió el ministro de Economía, Luis de Guindos. Pero sobre todo ha
roto el equilibrio de la negociación colectiva entre empresarios y
trabajadores, a favor de aquéllos, lo que está permitiendo los cambios
unilaterales en los contratos de trabajo o la limitación a un año de la
vigencia de los convenios una vez caducados. Hoy, y en base al lema de Rajoy de
que “lo que funciona no se toca”, la Reforma Laboral se sitúa en el centro de
la agenda política ante la debilidad parlamentaria del Gobierno.
El crecimiento económico está creando empleo, pero
empleo precario y poco productivo. Los grandes perdedores son los jóvenes y los
mayores de 45 años que han sido expulsados de facto del mercado laboral. La
reducción de los costes del despido improcedente de 45 a 33 días, facilitar el
despido colectivo al eliminar la autorización administrativa de los ERE y la
tasación de las causas económicas para justificar estos procesos –tres
trimestres consecutivos con caídas anuales de empleo- han contribuido de manera
decisiva a este drama, a la vez que ha favorecido la emigración de los más
preparados.
Lo mejor que se puede hacer con la Reforma Laboral de
2012 es adecuarla a los nuevos tiempos económicos y sociales. Hoy quita más que
da. No sólo precariza el trabajo y erosiona la renta, sino que limita la
capacidad de compra de los salarios y frena la recuperación efectiva del
consumo de bienes y servicios a medio y largo plazo, y con ello el crecimiento
del PIB. De ahí el necesario y obligado adiós a la Reforma Laboral, la
necesidad de recuperar al negociación colectiva y definir una nueva carta de
derechos y obligaciones laborales. Un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
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