La república de mi casa

El problema catalán es tan serio para la sociedad catalana y española que cualquier dirigente político que se precie no se atrevería a frivolizar con él. Sin embargo, la frivolidad ha sido la nota dominante en la acción política del expresidente de la Generalitat, sus consejeros y los grupos políticos independentistas en el parlamento catalán. Basta emitirse a los hechos: la ley de desconexión catalana y de referéndum, aprobada de forma ilegal en el pasado día 6 de septiembre en el Parlamento catalán. Un auténtico golpe de estado contra el sistema democrático español; el simulacro de referéndum del pasado 1 de octubre, y su acción propagandística; o la posterior escenificación de la Declaración Unilateral de Independencia y su posterior culminación con el esperpéntico pleno en el que se ha declarado la república independiente de Cataluña con la participación unilateral de los independentista y la gestión de la Mesa de la cámara.

Un espectáculo dantesco de idas y venidas en las que tan pronto se convocan elecciones, como ya no; o se juega al gato y al ratón, a la vez que se amenaza. Todo ello constituye la mejor manifestación de la talla política de quien da muestras día a día de sentir desprecio por su pueblo. Puigdemont será un excelente presidente de “la república de su casa”, en la que con toda seguridad la quiebra y el conflicto de esa sociedad están garantizadas como bien superior de su forma genuina de entender el bienestar. El ejemplo más enigmático de lo que se conoce como “casa de locos”.

El anuncio promocional de Ikea en 2007, “Bienvenido a la república independiente de mi casa”, refleja a la perfección el ideario político del tándem Puigdemont/Junqueras y los suyos. En esa república hay himnos y banderas no convencionales, a gusto del consumidor. Las leyes valen lo que valen en función del momento y del interés del grupo dominante, pero siempre al servicio del interés concreto. Los derechos y libertades son flexibles, siempre al servicio de la república. Como concluye la imagen promocional, uno puede “cambiar las leyes en el momento que te dé la gana”. Ese es el concepto democrático al que aspiran los promotores de la república catalana.

Para alcanzar el objetivo, el proyecto cuenta con una cohorte familiar de bufones promocionales. Sin duda, uno de sus personajes más relevantes es el diputado Rufián. Para él, el parlamento español -según sus propias declaraciones-no es más que un escenario para representar la demanda independentista del pueblo catalán. Y así lo hace. Semana a semana sube a tribuna, lee en un tono desafiante lo que le han preparado y lanza su odio y rechazo hacia todo lo español, no sin antes pavonearse a modo de caballo percherón en la subida y bajada al estrado. Su compañero de escaño, el Sr. Tardá, no se queda atrás. Sus bravuconadas traspasan la barrera de su ingenuidad pero carecen del crédito político, mucho menos a media que su estado de ánimo va cayendo a medida que avanza el procés. Pero sin duda los parientes más implicados con la “república independiente de su casa” son la primera dama de la mayor ciudad de Cataluña, Ada Colau, y su lugarteniente y correligionario de políticas corrosivas, el Sr. Iglesias. Ambos están dando oxígeno al disparate independentista y echan día a día gasolina al fuego. Si ellos pensasen más en el interés general y menos en sus intereses electorales, la posición de los independentistas catalanes estaría muy debilitada y tendrían los días contados. A ellos se une esa mayoría de ciudadanos que se han creído el relato independentista y sueñan con la Arcadia catalana. 

En el diseño de esta república bananera subyace el desprecio al pueblo. De Cataluña han salido ya más de 1.000 empresas, entre ellas las 40 más grandes; los dos principales bancos también; SEAT ha anunciado su salida inminente si no hay marcha atrás, y el goteo de pequeñas empresas que salen es constante. A pesar de ello el autoproclamado presidente de la república “erre que erre”. No quiere ver las consecuencias, ni tampoco su consejero de economía, pero lo cierto es que el consumo ha descendido en los barrios más humildes hasta un 30 por ciento y el futuro del empleo no es muy halagüeño. Llevaban al pueblo catalán al empobrecimiento progresivo y al sufrimiento, a la vez que generaban incertidumbre no sólo en España sino en el proyecto europeo. Todo a cambio de la épica del protagonismo histórico de unos locos que, más que vivir, sueñan. Por suerte, ya están fuera.

En esa república independiente el “seny catalán”, una seña histórica distintiva de los catalanes desde las altas crestas pirenaicas hasta las tierras bajas del Ebro, desde los magníficos parajes del “ponent” a las agrestes y bravas costas ampurdanas, parece haberse volatilizado. El seny es algo más que sentido común. Es armonía y equilibrio, la justa medida de las cosas en el momento y lugar oportuno, representado por el hablar cadencioso y melódico de su gentes o la representación de la sardana. Cuesta reconocer en estos dirigentes de la “república de mi casa” el seny catalán. No, no son catalanes. Pueden ser catalanes de nacimiento pero no de cultura y tradiciones. En ellos no se puede reconocer el pueblo catalán que todos los españoles reconocemos como propio y admiramos.       

Agravio y descalificación

El problema de Cataluña está repercutiendo de una forma muy directa en el clima parlamentario. Los debates no se caracterizan por el sosiego necesario para valorar posiciones y buscar puntos de encuentro. Hemos podido comprobar en el último pleno cómo el debate sobre la “escuela catalana” generó todo tipo de manifestaciones, y no precisamente respetuosas: insultos, cortes de manga y desprecios. Si la pasada legislatura, “la corta”, se caracterizó por  una escenificación política estruendosa en el hemiciclo, hasta convertirlo en ocasiones en un “hemicirco”, ésta no se queda atrás, pero además le añade un plus de “odio político”. Es la legislatura del agravio y la descalificación. Una legislatura en la que es posible que algunos se encuentren en su salsa, pero otros muchos pensamos que estamos contribuyendo entre todos a deslegitimar la representación que nos han delegado los españoles, a la vez que a profundizar en la desafección hacía la política y los políticos.

La pensadora alemana Annah Arendt nos recuerda que la política no es un asunto de personas aisladas, sino de la sociedad. La acción política debiera racionalizarse, orientándose a la búsqueda entre todos de las causas de los problemas y el aporte de propuestas para mejorar el bienestar de los ciudadanos. No es fácil. Existe una tendencia centrífuga a contaminar los debates con sentimientos. De casi todo se hace un dogma y un asunto de parte, rechazando todo aquello que no se alinea con el planteamiento “oficial” del grupo al que se pertenece. Este rasgo distintivo de hacer política se encuentra en el origen de los prejuicios que una gran parte de los ciudadanos, si no han participado de una forma directa en la política, tienen hacía los que consideran políticos de profesión, como nos recuerda la filósofa alemana.

El odio político -como no hace mucho tiempo recordaba en uno de mis artículos- se encuentra en el origen de este seísmo. Una enfermedad que debiera inhabilitar para la vida pública a todos los que la padecen. Quienes se mueven por el odio político confunden la propuesta con la persona, la doctrina con la parcialidad. Son incapaces de abrir sus sentidos y de interaccionar con el entorno y la evolución de los hechos. Actúan de forma narcisista y egocéntrica. Para ellos no hay adversarios, sino enemigos. La búsqueda de revancha les lleva a alinearse con los enemigos de sus enemigos, aunque coincidan en sus propuestas. En este escenario, la Democracia y el Estado de Derecho se resienten, como estamos comprobando estos últimos días en el Parlamento. El debate político se desvirtúa y se volatiliza, más allá de los titulares gráficos y mediáticos que puedan aportar algunas intervenciones repletas de ira.

Es imposible no relacionar el discurso exaltado con la exacerbación social. Ambos están vinculados. Lo que sucede en el Congreso y en otras cámaras legislativas tiene una enorme repercusión en la calle. Las zonas grises de la sociedad se alinean con unos u otros sin entrar a valorar el contenido de sus discursos y lo que más favorece a los intereses ciudadanos en ese momento. El resultado es su contribución al deterioro progresivo de la convivencia ordinaria del día a día entre amigos y familiares. Lo estamos viendo estos días en Cataluña, pero también en el resto de España. El Parlament de Cataluña ha sido en este último mes el catalizador de la entropía social que en estos momentos se está viviendo en Cataluña, y que está destrozando día a día su convivencia y el tejido económico.

En una situación tan crítica como la que estamos viviendo, es el momento de la responsabilidad. No es el momento del electoralismo oportunista, sino la hora de recuperar la legalidad constitucional y la convivencia. No se puede jugar a la ambigüedad calculada, como está haciendo la alcaldesa de Barcelona y sus correligionarios en el ámbito estatal, con mensajes contradictorios y oportunistas que dicen una cosa y lo contrario en función de sus propios intereses, al margen del interés general, en los que incluso se permiten cuestionar la democracia en nuestro país, pero no critican y condenan la actuación antidemocrática y golpista del gobierno de la Generalitat. Tampoco es el momento de los discursos emocionales cargados de rencor y odio hacia le contrario. Es el momento de la política en mayúsculas. Y eso pasa por el respeto constitucional y la defensa del Estado Democrático y de Derecho. También por la defensa y respeto a la ciudadanía y a los diferentes pueblos que integran el Estado español. La demagogia y el engaño político no son de recibo, y tampoco, y menos en una situación como la que estamos viviendo, los discursos huecos, que lejos de aportar y contribuir a resolver los problemas del país solo aportan crispación y deterioro de la convivencia; a la vez que generan agravios, miedo y descalificaciones. Precisamente lo que menos necesitamos en este momento.

De la convulsión a la cohesión

La convulsión política e incluso social continúa en su máxima intensidad estos días. Sólo el esperpento del sí pero no de la declaración unilateral de Cataluña de Puigdemont ha aportado algo de luz para la esperanza, a la vez que nos ha recordado que la cuestión catalana es escenificada como un juego de trileros y de locos. Contrasta esta situación con el fervor vivido en España en el día de su fiesta nacional. Yo estuve en el Paseo de la Castellana y pude comprobar con gran satisfacción cómo un gran número de personas vivía con auténtica satisfacción el sentirse parte de esa gran nación que es España. Me imagino que lo mismo que sienten y viven muchos independentistas en Cataluña,  pero con la enorme diferencia que allí son dos millones de siete, y España lo integran 47 millones de habitantes cuya inmensa mayoría se sienten identificados con el Estado español. Por suerte, España es un Estado Democrático y de Derecho y la mayoría sigue marcando las reglas del juego. 

Me sorprende también la utilización de la bandera estos días como signo de identidad. Durante la Transición el uso partidista por parte de los partidos de extrema derecha pervirtió su uso, lo que hizo que muchos jóvenes españoles de aquella época de forma errónea la contemplásemos como un símbolo de parte. Por suerte, la bandera española va recobrando su sentido de común pertenencia, alejada de toda manifestación nacionalista, como ocurre en países como EE.UU o Francia. Un signo de identidad que refuerza nuestra pertenencia al Estado, perfectamente compatible con las banderas de las diferentes nacionalidades y regiones que se integran en este gran país que es España.

La situación de convulsión política ha tenido un reflejo pernicioso en la prensa internacional. Se está trasladando al mundo una imagen de tierra bananera. Las consecuencias no se han hecho esperar: las reservas turísticas han caído un 30 por ciento; los cruceros evitan Barcelona; las pequeñas empresas, aún más que las grandes, como me contaba el presidente de la Asociación de Autónomos de España, están saliendo a marchas forzada; el consumo se resiente… Y  la destrucción de empleo y de riqueza llevan un ritmo galopante. Puigdemont y Junqueras como cabezas visibles de esta locura debieran cortarlo ya. No se puede seguir jugando al monopoly de forma indefinida. Por eso tiene su lógica que el Gobierno con el común apoyo de las fuerzas constitucionalistas -Podemos no se manifiesta como tal, mal que nos pese- haya requerido a la Generalitat su posición ante este juego que han iniciado. Este juego hay que cortarlo de raíz. La prórroga es generosa, pero de no aceptarla el Gobierno tendrá que aplicar las medidas constitucionales recogidas en el artículo 155 de la CE. Su resultado y efectos son inciertos y pueden contribuir a enrarecer más la situación, pero ante la sinrazón y provocación de unos desaprensivos y la puesta en peligro del bienestar, los derechos y libertades de muchos españoles no quedaría otra salida posible para evitar males mayores.

El papel del PNV, de Podemos y En Común Podem son determinantes para alcanzar una salida rápida y adecuada. Sólo su apoyo tácito es el que está provocando una resistencia persistente de Junts Pel Sí. Un mensaje claro de estos partidos les aislaría y o tendrían más remedio que  retirar sus amenazas secesionistas de forma explícita. En un momento como el actual es necesario contar con  la mayor estabilidad política para dar una respuesta adecuada al problema. El Pacto de PP, PSOE y C´s es un gran noticia, sólo ensombrecida por el posicionamiento de Podemos que se encuentra perdido en las tinieblas del populismo mediático. Aun así, al acto del Paseo de la Castellana contó con la presencia de dos destacados miembros de su formación, algo inédito teniendo en cuenta su ideario político. Algo indica que se mueve en Podemos, aunque sólo sea por el hecho de que estén cayendo en picado en las encuestas, tal y como afirman los mentideros políticos que defiende su experta en sociología. Lo cierto es que siguen en el terreno de la ambigüedad: quieren quebrar la CE y para ello les vale todo, incluso la ruptura de España y condenar a los más desfavorecidos a una posición peor que la que tienen ahora.

El PNV es otro partido que navega, pero en este caso no se dan puntadas sin hilo. Comparten con PDeCAT y ERC el interés por debilitar al Estado a la vez que beneficiarse de la debilidad del Gobierno. Tienen pendiente la negociación de los presupuestos del próximo año, que son prolongación de los de 2017. En caso de sumarse a ellos obtendrán importantes réditos para el País Vasco. De ahí que su posición sea muy confusa. El Gobierno tiene la obligación de jugar fuerte. O todo o nada. Y la oposición realista también. Es el momento de actuar sin complejos, como se ha hecho la última semana. Proporcionar estabilidad política y económica al país en un momento como este no es un tema menor, de ahí la necesidad de sacar adelante unos presupuestos que antepongan el interés general por encima de todo, que busquen una solución para ese casi 20 por ciento que se encuentra al borde de la exclusión, dar respuesta solidaria al problema del sistema de pensiones y buscar un Pacto de Rentas. Esa sin duda sería la mejor contribución progresista al País. Y, por supuesto, a su consistencia y unidad.

La búsqueda de la cohesión social entre los españoles y los diferentes pueblos de España es esencial. Es necesaria una reforma constitucional que adapte la Carta Magna a los nuevos tiempos con el mayor respaldo posible y participación, y nunca sin una mayoría reforzada del Parlamento. La reforma de la Constitución ha de contar con el compromiso de la representación de los pueblos que integran el Estado español. No se pueden hacer concesiones a cambio de ningún compromiso de estabilidad futura, como ocurrió con la CE del 78. 

En una futura constitución no cabe romper la soberanía nacional ni la unidad del Estado, como no cabe huir del Estado Social y Democrático de Derecho, salvo que de una forma sobrevenida el pueblo español entre en estado de locura súbita. Sí que cabe concretar y cerrar el marco competencial español de los diferentes pueblos que lo integran; buscar un sistema de financiación cerrado y objetivo que asocie la corresponsabilidad fiscal y establezca mecanismos de solidaridad para corregir los desequilibrios actuales; perfeccionar el sistema judicial actual, reforzar los derechos y libertades de los españoles, la igualdad entre hombres y mujeres, así como modernizar las administraciones públicas. Un Pacto de Estado que requiere altura de miras, y de políticos que piensen más en términos de Estado que en cuestiones tácticas de poco alcance. Sólo así pasaremos de la convulsión actual a la cohesión social. No será fácil. Requerirá tiempo y entusiasmo. 

Fin de etapa

Todo tiene su principio y su final, incluido el ejercicio de cargos políticos y representativos. El pasado fin de semana concluyó mi etapa como secretario general del PSOE en Segovia. He tenido el honor de haber desempeñado el cargo durante los últimos nueve años, gracias a la confianza que durante este tiempo me han otorgado los compañeros. Un año más de lo que en un principio consideraba que era el tiempo idóneo, como consecuencia de los avatares por los que ha pasado últimamente la situación política de nuestro país y mi partido. Un tiempo más que suficiente para desarrollar un proyecto político y favorecer el relevo generacional. Nadie es imprescindible en política y, en ningún caso, se puede hacer de la política una profesión. A la política hay que venir a servir, y no a servirse. Y, además, como me recordó Juan Muñoz en mis inicios, “si traes la vida resuelta aún mejor: serás libre y no estarás condicionado por nada, ni nadie”. Un viejo consejo que yo ahora me permito recomendar a todos aquellos jóvenes que les apasione la vida pública y quieran dedicar unos años de su vida a esta noble función que es la política.

En estos años ha sido mucho lo que he aprendido. El contacto continuo con los ciudadanos y la casuística de los diferentes temas abordados es un activo de un gran valor para todos los que hemos tenido la suerte de vivir esta experiencia. Pero también he cometido errores. Los errores nunca son deseables, pero cuando se gestionan bien pueden contribuir a evitar otros. Ha sido un periodo que se ha caracterizado por una gran turbulencia: crisis económica, ruptura de los patrones tradicionales de participación política, desempleo y empobrecimiento de la población, crisis de representación, crisis territorial y secesión de Cataluña, así como una fuerte convulsión orgánica en el PSOE, entre otros eventos acontecidos. Un periodo para sacar conclusiones y reafirmarse en algunos de los principios que deben presidir la actuación política.

Considero que un partido político nunca puede ser fin en sí mismo, como a veces lo conciben muchos compañeros y otros miembros de otras formaciones, sino un medio instrumental para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. En la medida en que un partido y sus políticos son capaces de dar respuesta a los problemas de una sociedad cambiante, a la vez que constituirse en un actor principal del cambio y transformación social, tendrán más reconocimiento y credibilidad. En un entorno tan turbulento como el social, el “pan se gana día a día”. La acción política se ha de concretar, tras un buen análisis y un proceso participativo, en propuestas para elevar a las instituciones. Siempre tiene más efectividad y reconocimiento social lo que crea que lo que destruye; la crítica siempre ha de ir acompañada de una propuesta para que tenga credibilidad y aporte valor. Por ello, no he querido nunca entender cómo los compañeros se dejan muchas veces las piel en defender sus posiciones emocionales en las peleas con otros compañeros, algo que no aporta nada a la acción política, y sin embargo no defienden con igual intensidad y dedicación sus aportaciones a la acción institucional. En definitiva, prefieren estar en la pelea orgánica que en aquello que constituye la esencia de la política: la búsqueda del bienestar para los ciudadanos.

La cohesión interna de un partido político es otro factor esencial. Constituye su mejor tarjeta de presentación social. Es una condición necesaria, aunque no suficiente. Un partido con división interna y discrepancias públicas genera dudas y anticuerpos sociales que pueden llegar a quebrar su credibilidad y aceptación social. El debate y la autocrítica son esenciales para mejorar la acción política, pero este debate ha de efectuarse en el interior, nunca hacia el exterior. Ninguna familia que se precie lava los trapos fuera. Los personalismos y la frustración ante los objetivos personales no alcanzados pueden constituir para alguno el motivo para justificar su crítica externa. Al partido y al secretario general, ante estas situaciones, sólo le queda buscar la armonía interna y tragar saliva. Yo he tragado mucha saliva, pero este es el coste de estar al frente de la organización. Y, la verdad, es que personalismos como en todo grupo humano no faltan, sobre todo en el ámbito local.

El liderazgo es un otro factor clave en política. Durante estos años he procurado ejercerlo con convicción. Tomar decisiones y no mirar para otro lado es esencial. Los “bienqueda” en política tienen poco recorrido. Para ello es necesario asumir riesgos y hacerse cargo del ánimo colectivo. Y siempre que sea posible ilusionar a la ciudadanía. Las decisiones han de ser fruto de la integración de posiciones. La discrepancia y las posiciones divergentes constituyen una oportunidad para dar consistencia a la toma de posición. Lo peor que le puede ocurrir a un líder es contar con la complacencia y la veneración populista del grupo que le rodea. Flaco favor le harán a él, al partido y a la sociedad. Las decisiones siempre son de quien se sitúa al frente de la organización. Mucho más sin son poco populares o afectan negativamente a algún compañero. He tenido la oportunidad de comprobarlo, y su amplificación es mayor en la medida en que más grande es el equipo directivo.  A pesar de ello, el secretario general ha de ser el motor del partido.  Para ello tiene que marcar los temas de la agenda política, trabajar intensamente y procurar la unidad de acción y de mensaje. Yo, al menos, así lo he creído y lo he practicado. Pelos en la gatera me he dejado unos cuantos, pero con la satisfacción personal de haber actuado conforme a lo que uno entiende que debe hacer y no eludir. Dicho esto he de afirmar que respeto a la mayor parte de los políticos que en el día a día a día se ponen de perfil ante los problemas, echan la culpa siempre al contrario, o dan un puntapié hacia delante para no tomar decisiones que les puedan erosionar en su posición personal; pero ni lo comparto, ni los entiendo.  

En política, como también en otras muchas actividades, considero necesario la renovación y el equilibrio intergeneracional. Hay quien ha calificado a los antiguos dirigentes como “viejas reliquias”. Un error que pone de manifiesto una visión muy corta de la política.  La organización ni puede estar repleta de jovencitos inexpertos, ni de viejas reliquias conservadoras. Lo ideal es el equilibrio y la transmisión de experiencias y dinamismo. La pelea intergeneracional no es fácil, pero lo peor que le puede ocurrir, según mi experiencia, a una organización es que su dirección sea inconsistente y los puestos decisivos sean ocupados por personas que carecen de un adecuado desarrollo profesional o político, como prefieran. Eso antes o después se acaba pagando.

De esperpento en esperpento

En mi artículo de la pasada semana analizaba las consecuencias del proceso secesionista catalán. Una de ellas apuntaba a la salida masiva de empresas ante la incertidumbre que se estaba generando en los negocios. Pues bien, el solo anuncio de una posible Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por Puigdemont ha provocado el anuncio de los cambios de sede fiscal por emblemáticas empresas catalanas. Y me temo que sólo es la cúspide del iceberg. La balanza comercial se resentirá -de hecho ya ha comenzado a caer- y, ante la incertidumbre, el consumo también. Un proceso que va empobrecer a Cataluña y a destruir empleo, también en el resto de España. El Sr. Oriol Junqueras no hace mucho afirmaba que “no habrá fuga de empresas de Cataluña”. Un esperpento más de todo este proceso. La realidad no engaña. Y al cambio de sede fiscal le acompañará más tarde su deslocalización fuera de Cataluña.

Artur Mas nos dice ahora que “Cataluña no está preparada para la independencia real”. Y, sin ningún rubor aduce entre otras razones que es necesario para ello contar con una administración de Justicia que haga cumplir las leyes catalanas. Lo dice él, que junto con otros políticos catalanes de su misma cohorte, han animado al incumplimiento de las leyes del Parlamento español. Ahora resulta que, según sus declaraciones al Financial Times, es necesario contar con una Hacienda que recaude para poder acometer los gastos de su administración. Habría que recordarle que además es necesario contar con recursos suficientes para poder cubrirlos, y no parece ser que la actividad económica vaya a crecer en el futuro. Lo que no ha comentado el Sr. Mas es que es imprescindible contar con el reconocimiento de la Comunidad Internacional. Y de eso nada, salvo el consistente apoyo de la República Bolivariana de Venezuela. Otro esperpento más de la sinrazón independentista.

En el esperpento independentista no podía fallar el ínclito Sr. Aznar. Él tiene que ser el “niño en el bautizo, novia en la boda y muerto en el entierro”. Y apareció, como gran estadista y hombre de Estado que es, no en vano participó en la cumbre de las Azores que decidió la invasión de Irak, ha exigido al presidente del Gobierno que actué ya como tiene que actuar un español, y si no que se vaya. En estos momentos ante la amenaza de ruptura de la unidad de España, y de las consecuencias que puede acarrear para el bienestar de los catalanes, españoles y europeos, cualquier político que se precie ha de apoyar la unidad de acción del Gobierno, y pedir una vez resuelto el problema, si corresponde,  responsabilidades después. Es el catón de la política.

En este baile de esperpentos no podía fallar el gran maestro del cinismo y la demagogia política, el Sr. Iglesias Turrión, y su jefa espiritual y política, la Sr. Colau, a la sazón alcaldesa de Barcelona. Ahora resulta que pide a la Generalitat que renuncie a la DUI para no facilitar el marco de argumentarios que a su juicio llevaría al Gobierno a suspender la autonomía de Cataluña o incluso  declarar el estado de excepción. Él y la Sra. Colau están interpretando el conflicto catalán en clave de táctica electoral. No les preocupa los efectos del tsunami secesionista en Cataluña; sólo están preocupados en hacer guiños para hacerse con los votos de la izquierda y su hegemonía en esta tierra. Una forma muy vanguardista y progresista de entender la política, a la vez que se proclaman herederos de la auténtica izquierda, aunque sus principios ideológicos se den de bruces con el nacionalismo.

El próximo martes se despejará la incógnita sobre la DUI. Puigdemont comparecerá en el Parlamento catalán para analizar el esperpento del simulacro de referéndum del pasado 1 de octubre. La CUP le anima a que lo haga, y todo indica que en las filas del PDeCAT hay una fuerte división. Puede ocurrir cualquier cosa. Poca confianza se puede tener en un presidente que alardea en una entrevista de coger vuelos internacionales entre Barcelona y Madrid para dejar claro que viaja a otro estado; o que cuando está fuera de España intenta colar en los hoteles un supuesto “pasaporte catalán”; o que en las autopistas de peaje siempre pasa en Cataluña por la puerta que indica “peatge”. Solidez, solidez, no parece que tenga mucha. Además podrá contar ese día con el apoyo de Piqué, y su lágrima fácil, al no poder jugar ese día en Israel y así hacer caja para su bolsillo. En fin, vamos de esperpento en esperpento. Y lo que nos queda.