De la convulsión a la cohesión

La convulsión política e incluso social continúa en su máxima intensidad estos días. Sólo el esperpento del sí pero no de la declaración unilateral de Cataluña de Puigdemont ha aportado algo de luz para la esperanza, a la vez que nos ha recordado que la cuestión catalana es escenificada como un juego de trileros y de locos. Contrasta esta situación con el fervor vivido en España en el día de su fiesta nacional. Yo estuve en el Paseo de la Castellana y pude comprobar con gran satisfacción cómo un gran número de personas vivía con auténtica satisfacción el sentirse parte de esa gran nación que es España. Me imagino que lo mismo que sienten y viven muchos independentistas en Cataluña,  pero con la enorme diferencia que allí son dos millones de siete, y España lo integran 47 millones de habitantes cuya inmensa mayoría se sienten identificados con el Estado español. Por suerte, España es un Estado Democrático y de Derecho y la mayoría sigue marcando las reglas del juego. 

Me sorprende también la utilización de la bandera estos días como signo de identidad. Durante la Transición el uso partidista por parte de los partidos de extrema derecha pervirtió su uso, lo que hizo que muchos jóvenes españoles de aquella época de forma errónea la contemplásemos como un símbolo de parte. Por suerte, la bandera española va recobrando su sentido de común pertenencia, alejada de toda manifestación nacionalista, como ocurre en países como EE.UU o Francia. Un signo de identidad que refuerza nuestra pertenencia al Estado, perfectamente compatible con las banderas de las diferentes nacionalidades y regiones que se integran en este gran país que es España.

La situación de convulsión política ha tenido un reflejo pernicioso en la prensa internacional. Se está trasladando al mundo una imagen de tierra bananera. Las consecuencias no se han hecho esperar: las reservas turísticas han caído un 30 por ciento; los cruceros evitan Barcelona; las pequeñas empresas, aún más que las grandes, como me contaba el presidente de la Asociación de Autónomos de España, están saliendo a marchas forzada; el consumo se resiente… Y  la destrucción de empleo y de riqueza llevan un ritmo galopante. Puigdemont y Junqueras como cabezas visibles de esta locura debieran cortarlo ya. No se puede seguir jugando al monopoly de forma indefinida. Por eso tiene su lógica que el Gobierno con el común apoyo de las fuerzas constitucionalistas -Podemos no se manifiesta como tal, mal que nos pese- haya requerido a la Generalitat su posición ante este juego que han iniciado. Este juego hay que cortarlo de raíz. La prórroga es generosa, pero de no aceptarla el Gobierno tendrá que aplicar las medidas constitucionales recogidas en el artículo 155 de la CE. Su resultado y efectos son inciertos y pueden contribuir a enrarecer más la situación, pero ante la sinrazón y provocación de unos desaprensivos y la puesta en peligro del bienestar, los derechos y libertades de muchos españoles no quedaría otra salida posible para evitar males mayores.

El papel del PNV, de Podemos y En Común Podem son determinantes para alcanzar una salida rápida y adecuada. Sólo su apoyo tácito es el que está provocando una resistencia persistente de Junts Pel Sí. Un mensaje claro de estos partidos les aislaría y o tendrían más remedio que  retirar sus amenazas secesionistas de forma explícita. En un momento como el actual es necesario contar con  la mayor estabilidad política para dar una respuesta adecuada al problema. El Pacto de PP, PSOE y C´s es un gran noticia, sólo ensombrecida por el posicionamiento de Podemos que se encuentra perdido en las tinieblas del populismo mediático. Aun así, al acto del Paseo de la Castellana contó con la presencia de dos destacados miembros de su formación, algo inédito teniendo en cuenta su ideario político. Algo indica que se mueve en Podemos, aunque sólo sea por el hecho de que estén cayendo en picado en las encuestas, tal y como afirman los mentideros políticos que defiende su experta en sociología. Lo cierto es que siguen en el terreno de la ambigüedad: quieren quebrar la CE y para ello les vale todo, incluso la ruptura de España y condenar a los más desfavorecidos a una posición peor que la que tienen ahora.

El PNV es otro partido que navega, pero en este caso no se dan puntadas sin hilo. Comparten con PDeCAT y ERC el interés por debilitar al Estado a la vez que beneficiarse de la debilidad del Gobierno. Tienen pendiente la negociación de los presupuestos del próximo año, que son prolongación de los de 2017. En caso de sumarse a ellos obtendrán importantes réditos para el País Vasco. De ahí que su posición sea muy confusa. El Gobierno tiene la obligación de jugar fuerte. O todo o nada. Y la oposición realista también. Es el momento de actuar sin complejos, como se ha hecho la última semana. Proporcionar estabilidad política y económica al país en un momento como este no es un tema menor, de ahí la necesidad de sacar adelante unos presupuestos que antepongan el interés general por encima de todo, que busquen una solución para ese casi 20 por ciento que se encuentra al borde de la exclusión, dar respuesta solidaria al problema del sistema de pensiones y buscar un Pacto de Rentas. Esa sin duda sería la mejor contribución progresista al País. Y, por supuesto, a su consistencia y unidad.

La búsqueda de la cohesión social entre los españoles y los diferentes pueblos de España es esencial. Es necesaria una reforma constitucional que adapte la Carta Magna a los nuevos tiempos con el mayor respaldo posible y participación, y nunca sin una mayoría reforzada del Parlamento. La reforma de la Constitución ha de contar con el compromiso de la representación de los pueblos que integran el Estado español. No se pueden hacer concesiones a cambio de ningún compromiso de estabilidad futura, como ocurrió con la CE del 78. 

En una futura constitución no cabe romper la soberanía nacional ni la unidad del Estado, como no cabe huir del Estado Social y Democrático de Derecho, salvo que de una forma sobrevenida el pueblo español entre en estado de locura súbita. Sí que cabe concretar y cerrar el marco competencial español de los diferentes pueblos que lo integran; buscar un sistema de financiación cerrado y objetivo que asocie la corresponsabilidad fiscal y establezca mecanismos de solidaridad para corregir los desequilibrios actuales; perfeccionar el sistema judicial actual, reforzar los derechos y libertades de los españoles, la igualdad entre hombres y mujeres, así como modernizar las administraciones públicas. Un Pacto de Estado que requiere altura de miras, y de políticos que piensen más en términos de Estado que en cuestiones tácticas de poco alcance. Sólo así pasaremos de la convulsión actual a la cohesión social. No será fácil. Requerirá tiempo y entusiasmo.