2018, el año de la moción

La sentencia del Gürtel en el mes de mayo marcó un punto de inflexión en la política española en 2018. Ante esa decisión judicial, el PSOE no tenía otra salida, como principal partido de la oposición, que presentar una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. De lo contrario, se habría legitimado políticamente la corrupción del PP, tal y como constataba la sentencia, en la que se prueba que el PP se financió con una caja B en su sede central. Todos los partidos de la oposición, con excepción del Cs, UPN, Foro Asturias y CC, apoyaron y dieron carta de naturaleza al nuevo Gobierno socialista, que se aprobó con 180 votos a favor. Pedro Sánchez defendió la moción de censura por “coherencia, responsabilidad y democracia”, a la vez que estableció su hoja de ruta: “Estabilizar, atender las urgencias sociales y convocar elecciones”.

El nuevo Gobierno ha dado nuevos aires a la gestión. Frente al inmovilizado de Rajoy, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado mucho más dinámico. Ha puesto en marcha un programa de marcado carácter reformista que, ante el bloqueo de la mayoría del PP y de Cs en el órgano de Gobierno de la Cámara, ha suplido con el despliegue de reales decreto ley que ha contado con el apoyo, no sólo de sus socios, sino en mucho de ellos con el acuerdo de Cs e incluso del PP. La subida del salario mínimo, el acuerdo en pensiones, los acuerdos de inmigración con la UE, el pulso del Brexit, la relajación de la tensión en Cataluña y una política exterior más fresca y dinámica son algunos de los hitos del Gobierno del PSOE desde el uno de junio hasta finales de año. El actual Gobierno de España proyecta en el exterior una imagen muy diferente a la que trasladaba el Gobierno de Rajoy, muy desgastado por sus continuos casos de corrupción y por la toma de decisiones en sus seis años al frente del Ejecutivo.

Estos 200 días de gobierno no han estado exentos de dificultades. Han sido dos los ministros que han tenido que presentar su dimisión. Lo hicieron por un exceso de celo, sin correspondencia con causa penales, tal y como ha puesto de manifiesto la Justicia. La tensión política ha crecido con intensidad a partir de la designación del nuevo líder del PP. El electoralismo y la oportunidad de desgastar al contrario está primando sobre los problemas reales. Másteres, doctorados, conversaciones grabadas por gánsteres del chantaje a personas que nunca sospecharon ni por asomo, cuando participaban en conversaciones privadas, que podía algún día ser ministros, marcan los temas de debate en el parlamento.

Cataluña ha sido el nudo gordiano sobre el que ha pilotado toda la acción política. Es el problema por excelencia de este 2018 que ahora termina. Sánchez sabe que la solución o fracaso del  problema catalán le dará alas para permanecer al frente del Gobierno mucho o le mandará al banquillo si no es capaz de encontrar una solución aceptada mayoritariamente por los españoles. La apuesta por la vía del diálogo con pleno respeto a la ley es la única solución que puede perdurar en el tiempo. La está intentando sin que el partido haya llegado hasta el momento a su punto álgido. Puede salir bien y regresar así a la senda de la normalidad, a pesar del posicionamiento de PP y Cs que abogan por la aplicación del 155 con un tono electoralista, a la vez que piden disolver las cámaras al mismo tiempo, algo así como sorber y soplar al mismo tiempo. Con más de dos millones de independentistas en Cataluña, de entrada, la opción del Gobierno de Sánchez parece la más sensata, una vez establecida con nitidez las líneas rojas.

El Gobierno ha pactado con Podemos un proyecto social que se plasma en un proyecto de presupuesto para 2019. Por suerte la economía va bien y todo indica que vamos a seguir creciendo por encima de la media de los países europeos. No obstante, problemas estructurales como el de la despoblación de una gran parte de España, la obsolescencia del modelo productivo, o el déficit del sistema de pensiones son palabras mayores que requieren pactos de Estado y el concurso de todos, incluida la comprensión de la ciudadanía. El proyecto de presupuestos para 2019 cuenta con la oposición activa del PP y Cs. Se da la circunstancia de que el Gobierno del PP consiguió sacar adelante los presupuestos generales de 2018 en el Congreso unos días antes de la moción de censura con el concurso de Cs. Una empresa que fue posible gracias a que el PSOE facilitó la aprobación de la senda del déficit en 2017, precisamente lo que en estos momentos PP y Cs están negando al Gobierno de España en la tramitación de los presupuestos de 2019 en el Senado. El Gobierno se verá obligado así a respetar la senda de déficit marcado por el Gobierno del PP y a adoptar medidas que permitan el equilibrio presupuestario en este caso, si prosperan los presupuestos, o bien prorrogar los de 2018, siguiendo la táctica política de Rajoy. La respuesta la tiene el 2019. Incertidumbre y tensión no faltará.

El pulso catalán

El pulso de Quim Torra al Gobierno de España, a través de su referencia a la vía eslovena para alcanzar la independencia, y la celebración del Consejo de Ministros del Gobierno de España en Barcelona han reavivado estos últimos días la tensión política sobre el problema catalán. Así lo pudimos comprobar en la sesión de control del Gobierno del último pleno del año en una interpelación de la portavoz del Grupo Popular a la ministra de Administración Territorial, la catalana Meritxell Batet. En ella se puso de manifiesto dos formas diferentes de entender esta cuestión: una, de enfrentamiento e instrumentalización política en beneficio propio; y otra, de buscar un marco de diálogo y respeto a la ley que evite la espiral independentista y permita recuperar la normalidad en Cataluña. Batet recordó que el problema de fondo es la fractura social. Una situación que se retroalimenta a medida que crece la tensión. De ahí que sea urgente cuanto antes buscar el concurso e implicación de todas las fuerzas políticas y ciudadanos de los diferentes bloques, constitucionalistas y nacionalistas-independentistas, para avanzar en la resolución del problema con pleno respeto a la ley, y sólo en el marco de la ley. El futuro de Cataluña es una cuestión de todos.

La polarización social en Cataluña ha ido creciendo en los últimos 40 años de forma desigual. El 6 de diciembre 1978 el 90,5 por ciento de los votantes catalanes (67,9 por ciento de participación) votaron afirmativamente el texto constitucional. Hoy los independentistas en Cataluña llegan al 48 por ciento, y según diferentes fuentes hasta un 80 por ciento del censo electoral en ese territorio estaría a favor de la celebración de un referéndum por la autodeterminación. El número de escaños de las fuerzas independentistas en el Congreso ha crecido con intensidad después de los gobiernos de derechas. Todo indica que los 17 escaños actuales del independentismo catalán en el Congreso -9 de ERC y 8 del PDeCAT-, la más alta que nunca hayan tenido, se verá incrementada aún más en unas próximas elecciones generales. Aznar y Rajoy han sido máquinas de construir independentistas. Hay que tener en cuenta que la biología juega a favor del secesionismo. La Generalitat, desde el inicio de la Transición, ha tenido una hoja de ruta clara para potenciar el espíritu independentista, desde la escuela y las instituciones, ante la inacción efectiva del Estado ante estas políticas de descohesión territorial. Bien es cierto que el nuevo marco territorial que alumbró la Constitución y el sistema electoral les daba muchas ventajas para sus intereses espurios.

La cuestión es qué hacer para dar respuesta a la actual situación. No podemos olvidar que dos millones de catalanes se declaran independentistas. Considero que en primer lugar debiéramos evitar agudizar el problema. El lenguaje de confrontación y descalificación que practican los independentistas, y siguiéndoles el juego los partidos de derechas, no contribuyen a sentar las base para la solución del problema. Para ello es necesario voluntad de entendimiento entre los catalanes, y entre ellos y el resto de los españoles. El diálogo y el respeto a la ley y a las instituciones son fundamentales. La presidenta del Congreso nos recordaba hace unos días en el acto de celebración del 40 aniversario de la Constitución: “Tenemos el método y el marco. El método es ese espíritu de acuerdo, concordia, diálogo y colaboración que hemos practicado con éxito en los momentos de avance y recuperación de nuestro país, y el marco es nuestra Constitución”. Muy lejos de este planteamiento de encuentran quienes defienden para Cataluña insistentemente la aplicación del 155 de la CE a la vez que la convocatoria de elecciones generales. La aplicación de ambas medidas son incompatibles “per se”. ¿Cómo se van a disolver las cámaras y aplicar una medida excepcional como es la suspensión de una autonomía sin control legislativo y con un gobierno en funciones? Una propuesta que descalifica a quienes la hacen y que sólo se justifica por una cuestión de guiño político hacía muchos españoles ante la situación que vivimos. Una medida que busca votos y no soluciones a los problemas de España, hecha por antipatriotas.

La solución al problema territorial no es fácil y requerirá mucho tiempo. Sería deseable un acuerdo unánime de las fuerzas constitucionalistas para una mayor garantía de éxito. A tal fin es necesario agotar la posibilidad del diálogo en el marco de la ley. Es lo que ha intentado el presidente del Gobierno con su encuentro con Quim Torra con carácter previo al Consejo de Ministros en Barcelona. Es cierto que el comunicado es ambiguo, pero no se pasa de la nada al todo en un problema complejo de un día para otro. Me consta, porque he hablado con ellos, del importante papel que están jugando los empresarios catalanes para que el agua vuelva a su cauce, como se puso de manifiesto en una cena con el presidente del Gobierno y Quin Torras. Me consta que ERC quiere salir de este atolladero como sea, y volver a la normalidad, sin ser humillados. Me consta, porque me lo ha dicho alguno de ellos, que una amplia mayoría de los diputados del PDeCAT en el Congreso (el 75 por ciento) quieren enterrar el procés.

Los independentistas catalanes, y creo que hasta el Sr. Torras y Puigdemont, saben que tiene que buscar una vía de escape para salir del avispero en el que se han metido y evitar la bancarrota de Cataluña. Vale la pena intentarlo y dejarles una vía de salida digna, porque de lo contrario la tensión y el problema se puede enquistar con enormes problemas sociales. Si llegado el caso, en unos meses se constata el fracaso de esta vía el independentismo vuelve a las andadas del unilateralismo, el presidente del Gobierno se la habrá jugado políticamente y no quedará más remedio que aplicar, entonces sí, el 155, espero que con el acuerdo de todos los grupos políticos. Esa solución que no es descartable ante las sentencias que pueden recaer sobre los políticos presos, no será neutra y tendrá sus costes políticos, sociales y económicos, en especial en Cataluña pero también en el resto de España. Mucho más si la coyuntura económica no acompaña. Cataluña hoy más que nunca es una cuestión de todos. Nadie debe utilizarla en beneficio propio. El pulso catalán requiere una respuesta inteligente y gradual muy lejana a la acción cruenta y abrupta que reclaman algunos salvapatrias. Nunca un problema complejo se resolvió con medidas simples.

El tsunami andaluz

Cuando ya han transcurrido dos semanas de la celebración de las elecciones en Andalucía la onda de choque del tsunami andaluz sigue haciendo estragos. Vox continúa estando presente en las conversaciones de los bares, en la programación de las televisiones y en la agenda de los partidos políticos. También en el Parlamento, como pudimos comprobar en la última sesión de control del Gobierno. Todo indica que esas elecciones van a marcar con intensidad la futura agenda política, e incluso pueden llegar a establecer un antes y un después, no sólo en Andalucía sino en el resto del país. El problema territorial sigue y seguirá estando en el epicentro político. Los partidos independentistas y, en especial, el ínclito Quim Torra, aprovechando la confusión  de la entrada en escena de la extrema derecha, han exacerbado su radicalidad, poniendo de manifiesto de forma clara sus contradicciones ante un panorama político que se volatiliza de un día para otro.

El voto andaluz no ha respondido a una causa concreta, sino a un conjunto de factores cuya interacción integral ha producido un importante vuelco en las expectativas y el mapa electoral. El incremento de un cinco por ciento en la abstención obedece al hastío y desconfianza de una gran parte de la población hacía la política y los políticos, lo que hace previsible que este fenómeno se reproduzca en los próximos procesos electorales y cambie la fidelidad en el voto. La fatiga de la marca de gobierno después de 36 años tiene también su peso. El 34 por ciento de los que no han votado al PSOE así lo manifiestan. La inmigración y el freno al independentismo explican en gran parte el crecimiento de Vox y Cs a expensas de los votos procedentes del PP y de la abstención, ante lo que ellos consideran inacción del PP en estos temas en sus años de gobierno. El debate se ha desarrollado en clave nacional, tomando como ejes el problema catalán y la falta de empleo. El mensaje populista de ambos partidos sobre estas dos cuestiones les ha situado en una clara superioridad de cara a un determinado tipo de electorado que busca un voto de castigo sin profundizar mucho o nada en los temas de fondo. A ello se une el planteamiento antagónico en estos temas que mantienen los partidos que hicieron posible el acceso del PSOE al Gobierno. Sólo por esa razón se explica que Podemos haya perdido el 33 por ciento de sus votos con respecto a las últimas elecciones celebradas. Lo cierto es que un alto porcentaje de andaluces no ha ido a votar y muchos de los que han votado lo han hecho en clave nacional. Andalucía ha votado al margen de las propuestas para dar respuesta a sus retos de futuro. Así lo han puesto de manifiesto las encuestas postelectorales y algún programa de televisión con trabajo de campo.

La sociología andaluza no es muy diferente al posicionamiento geopolítico en otras partes del mundo. Hoy la relación ciudadanos-políticos se mueve en un nuevo paradigma. Lo hemos podido comprobar en estas últimas elecciones en Andalucía, pero también con carácter previo en la elección de Trump, en el resultado del Brexit o en los últimos resultados de las elecciones italianas. La racionalidad ha perdido peso en detrimento de lo emocional. Los ciudadanos votan más con las tripas y el corazón que con la cabeza. No se prima adecuadamente el voto de quien presenta un programa más consistente para dar respuesta a los problemas de la comunidad; ni se premia con el voto a quienes se considera más preparados o son más seductores. Se vota, en muchos casos, con un componente reactivo propio de una relación amor-odio. Hay quien vota para castigar a quien gobierna y la propensión al voto se orienta cada vez por estas lindes que por cuestiones ideológicas. Los medios de comunicación social cada vez son menos influyentes, al igual que las instituciones. Y lo curioso es que este comportamiento se reproduce con independencia del estatus social o situación económica. Un factor que se ha de considerar de cara a futuros procesos electorales.

Las elecciones andaluces han enturbiado aún más de lo que lo estaba la política española. La  incertidumbre sobre el futuro político se ha incrementado. En la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para analizar la situación de Cataluña y el Brexit se puso de manifiesto que todos los grupos políticos se han puesto en clave electoral. Se ha iniciado una campaña que puede ser muy larga. Todos piden elecciones pero nadie las quiere. Y los presupuestos de 2019, que son la herramienta que puede dar respuesta a los problemas más acuciantes del país, y cuya puesta en escena con la presentación del techo y senda de gasto por segunda vez en este año en el último pleno de año, dan la sensación de que sólo es una cuestión que le preocupa al Gobierno. El tsunami andaluz ha revuelto las aguas, y lejos de contribuir a proyectar confianza y bienestar para el desarrollo de la agenda política, ha introducido más incertidumbre y tacticismo político, que para muchos servirá de justificación para apoyar a los que se han incorporado a la política, porque consideran que es un cáncer social. Un bucle que puede ir en aumento.

40 años de Constitución

La Constitución española del 78 (CE-78) se ha convertido en la más valorada y en la segunda constitución más longeva de la historia de España contemporánea, después de la constitución de 1876 que estuvo vigente 47 años hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Nuestra Constitución vigente es fruto de un pacto social entre españoles después de 40 años de dictadura y representa una historia de éxito tanto social, como político y económico. Gracias a ella hemos recuperado los valores democráticos, el carácter social del Estado y el pluralismo político. Se ha generado riqueza como nunca y se ha producido un reparto más equitativo de la renta. Se ha modernizado el país. La España de hoy es, por fortuna, muy diferente a la de finales de los 70 de la pasada centuria, aunque para verlo se necesita perspectiva y luces. Una obra de cuyos arquitectos hemos de sentirnos orgullosos. Los Padres de la Constitución, junto con Alfonso Guerra y Abril Martorell, fueron los auténticos artífices de este proceso de éxito. Durante estos últimos días he tenido la posibilidad de intercambiar impresiones con todos los que permanecen vivos -Roca Junyent, Herrero de Miñón, Pérez Llorca o Alfonso Guerra— sobre lo que ha supuesto la Constitución del 78 y la problemática de la España actual. Su talante y visión dan una idea de por qué fue posible el pacto y la modernización del país en estos 40 años. Su cultura política se basaba en el diálogo y el consenso, factores que hemos de recuperar para abordar los problemas que afectan hoy especialmente a los españoles. Lo que el Rey Felipe VI, en el acto de celebración del 40 aniversario en el Congreso, refirió cómo recuperar el “espíritu de los españoles”.

La CE-78 ha superado muy bien todos los envites políticos durante este tiempo. Ha dado respuesta adecuadamente a la salida de la crisis de los setenta, a las huelgas generales de los ochenta, al bipartidismo renovado en diferentes elecciones democráticas hasta la década del 2010, y en las dos últimas legislaturas al multipartidismo. Ha propiciado con éxito la aparición y extensión de nuevos derechos, como la sanidad y educación universal, pensiones no retributivas, la dependencia o el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. El derecho al divorcio, incorporación progresiva de la mujer al mundo laboral e institucional en igualdad de derechos y las reivindicaciones de otros colectivos que se encontraban en la marginación. Basta recorrer estos días la exposición del Museo Reina Sofía sobre la Constitución, para advertir que muchos de los derechos y reclamaciones que se recogían en la prensa y en las pancartas de diferentes grupos políticos de la Transición hoy son una realidad. Pero, además, en estos últimos cuatro años hemos asistido a la prueba de fuego. Se produjo la abdicación del Rey en 2014 y la designación de su sucesor. Hemos asistido a dos mociones de censura, una de ellas con éxito, propiciando la sustitución del presidente del Gobierno. Y nos ha permitido hacer frente a la mayor crisis económica y social que haya sufrido occidente. Desde el punto de vista económico basta analizar algunos indicadores para constatar que la CE-78 ha dado respuesta con éxito a la mejora del bienestar de los españoles. Desde el 78 hasta hoy la riqueza nacional se ha multiplicado por 17, la desviación de la renta entre ciudadanos ha disminuido y la tasa de actividad de la mujer se ha duplicado. El modelo territorial ha sido el que más se ha resentido. Las competencias de las Comunidades Autónomas quedaron abiertas e indeterminadas, al igual que su financiación, lo que ha generado y sigue creando tensiones muy graves con el Estado, que se han traducido en una alta conflictividad ante el Tribunal Constitucional y en deslealtades manifiestas. El Senado se ha revelado como una cámara de segunda lectura redundante, pero poco o nada representativa de los territorios y que no aporta valor en las relaciones transversales entre comunidades y Estado.

Durante estos últimos días se han celebrado diversos foros de celebración del 40 aniversario de la Constitución. La gran pregunta que se ha formulado en casi todos ellos es si su articulado sigue estando vigente para afrontar los retos que afectan al pueblo español. Y la respuesta es que sí. Bien es cierto que durante estos años se han producido una gran transformación tecnológica que ha incidido de forma muy intensa en los hábitos de vida y en la acción económica global; han aparecido instituciones nuevas en la vida de los españoles, como la Unión Europea, o la pertenencia a nuevas instituciones internacionales; nuevos derechos y prestaciones; y ha desaparecido un elemento tan arraigado en la conciencia colectiva de los españoles como nuestra moneda, “la peseta”. La Constitución con el paso de los años va perdiendo sus bríos, ante las continuas transformaciones y cambios sociales, y no le vendría mal una cura de actualización para evitar su interpretación en algunos preceptos, pero en lo fundamental cumple su cometido. Otra cuestión es si se dan las condiciones para actualizar o cambiar la Constitución y bajo qué premisas. 

El proceso de reforma constitucional es muy complejo. Me atrevo a decir que casi imposible si no hay un amplio consenso que supere los dos tercios de los parlamentarios y cuente con un amplio respaldo de la ciudadanía. Reformar la CE-78 requiere un amplio consenso que no existe hoy por hoy. Y además se precisa de un proyecto sólido tanto en la parte dispositiva, organizativa y de control que dé respuesta a los grandes retos del presente y del futuro. La Constitución ha de tener vocación de permanencia en el tiempo. La CE-78 es la primera del constitucionalismo español que no pertenece a un bloque ideológico con carácter exclusivo, de ahí que contara con el 87 por ciento de apoyo de los españoles. Y lo que nunca debe responder es a una minoría mayoritaria o a la obsesión de un partido por dar una redacción concreta a un determinado título por razones instrumentales. Estaríamos ante un fracaso garantizado, a pesar de que los extremos tanto de derechas como de izquierdas y el independentismo pongan el máximo empeño en ello.