La batalla por la lengua

El antropólogo Mikel Azurmendi afirma que “no sólo la lengua hace vasco al vasco, sino también convierte al forastero en vasco”. La misma afirmación se podría hacer para el catalán y para el resto de lenguas cooficiales con el castellano en los diferentes territorios del Estado español donde coexisten. La lengua ha sido la principal seña de identidad cultural de un pueblo, pero también el principal elemento vertebrador de los nacionalismos en nuestro país, como hemos podido comprobar en aquellas Comunidades Autónomas a cuyo frente han estado gobiernos de corte nacionalista. La hegemonía vehicular de la lengua en la educación ha marcado una mayor o menor intensidad del sentimiento nacionalista en cada territorio, pero a su vez ha proyectado tensiones de otro signo, como estamos comprobando estos días ante la aplicación del 155 en Cataluña.

La Constitución española en su artículo 3 establece que “el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, a la vez que contempla que “las demás lenguas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas”. El devenir histórico de estos años desde el 78 hasta hoy ha puesto de manifiesto importantes avances de las lenguas cooficiales frente al castellano. En Euskadi el 36 por ciento de su población es vascoparlante, y en la escuela el 66 por ciento de los alumnos han optado por el Euskera como lengua vehicular. El catalán es hablado por un amplio porcentaje de los catalanes; sin embargo, el castellano supera al catalán en su uso ordinario. En la escuela ha sido desplazado por el catalán como lengua vehicular, lo que ha llevado a no pocas familias a recurrir esa situación ante la Justicia, ante el incumplimiento de los preceptos constitucionales por la Generalitat y la pasividad de los gobiernos nacionales para que se cumpla la ley.

La batalla por la hegemonía de la lengua está presente en la agenda política española, y muy especialmente en Cataluña. El Tribunal Constitucional ha anulado la fórmula en la que el ministro Wert pretendía impulsar el castellano en los colegios catalanes. Ahora, el Gobierno de España está estudiando la vía para reforzar la enseñanza del castellano. Diversas sentencias han puesto de manifiesto el incumplimiento de la Administración catalana en materia lingüística, en detrimento del castellano. El catalán y el castellano quedan equiparados en materia de enseñanza en la escuela, sin que una prevalezca sobre la otra. La realidad es muy diferente. El castellano es una lengua vehicular y debe ser enseñado en una proporción razonable, nunca inferior al 25 por ciento. La controversia política está presente. PP y C’s son partidarios de buscar fórmulas que no discriminen al castellano, ni a quienes consideran que sus hijos han de formarse en esta lengua. Esta posición contrasta contra el posicionamiento de los partidos de corte nacionalista e independentista, que apuestan por la lengua como factor de cohesión del nacionalismo. Y la de otros que prefieren no desgastarse marcando posición en este tema.

Los gobiernos nacionalistas, muy conscientes de la importancia del idioma para su causa, han establecido desde hace tiempo incentivos para acelerar su aprendizaje e inmersión. El acceso a la Función Pública en sus respectivos territorios o la concesión de determinadas ayudas y subvenciones han venido determinadas por el uso diferencial de una lengua cooficial frente al castellano. Así no sólo se ha discriminado una lengua oficial, sino que se han quebrado derechos constitucionales de las personas y entidades al romper el principio de igualdad. Este problema debiera resolverse en un marco de diálogo y entendimiento, respetando el derecho de las familias a elegir lengua vehicular para sus hijos, y garantizando siempre el equilibrio de las lenguas cooficiales. No será fácil. Ha sido mucho el tiempo perdido, pero es necesario buscar una solución equitativa; y si es por acuerdo, mejor. La lengua nunca puede ser un elemento para la batalla y disputa, y mucho menos cuando, lejos de contribuir a la pelea, debe ser un factor de orgullo cultural e identitario.

La VII Carrera Monumental de Segovia

El pasado domingo nos dimos cita a los pies del Acueducto 1.200 corredores. Participábamos un año más del encuentro colectivo. Muchos de nosotros nos conocemos. Y la mayor parte no sale a competir sino a disfrutar de la belleza patrimonial y arquitectónica de la ciudad, del ambiente colectivo y a mantenerse en forma. Las tres o cuatro carreras que se celebran en la ciudad nos permiten marcar un calendario de hitos que nos obligan a salir cada dos o tres días  a prepararse. Una forma de invertir en la salud física y mental de cada uno, y potenciar la amistad con otros corredores.

Este año fuimos menos. La amplia oferta existente hace que el ‘turismo de running’ se resienta, a pesar de su bajo coste comparado con otras carreras en el territorio nacional, como la Behovia-San Sebastián (45 €), o las medias maratones de Madrid (del orden de 25€). A mí con el carne deportivo del IMDSG me costó 7 euros. En la carrera estuvieron presentes corredores de otras provincias. El ganador fue un abulense, y la ganadora una excelente atleta segoviana. Yo mismo invité a mi compañero de escaño José Andrés Torres Mora, quien superó su marca de hace cuatro años nada menos que en tres minutos y disfrutó del ambiente como nunca. Aun así, se echa en falta una promoción mayor. La excelente conexión que tiene Segovia por tren con el resto de España hace muy atractiva la oferta para pasar un fin de semana en la ciudad y disfrutar de su belleza patrimonial y paisajística. Cualquier inversión de promoción se recupera con creces.

En el aspecto deportivo, el frío y la niebla de primera hora hacían presagiar una carrera muy dura. Pero la niebla levantó y a las 11:00 horas, momento de la salida, el sol alumbraba con fuerza propia la ruta monumental. La subida por la Cuesta de los Hoyos marcó las diferencias. Para subirla por debajo de cinco minutos y medio hay que entrenar al menos dos días a la semana. No es mi caso, pero su dureza y belleza paisajística valen la pena.   

Ya ha comenzado la cuenta atrás de la Media Maratón de Segovia el próximo día 15/04/2018. Casi dos meses para prepararla y disfrutar de una de las pruebas más duras en esta distancia. Con dos días a la semana puede ser suficiente para hacerla en dos horas. Algunos no aspiramos a más. Todo hace presagiar que la fecha de celebración nos deparará un tiempo excelente. ¡Ojalá seamos muchos más! Estamos a tiempo.  

Un nuevo marco normativo para la sierra

En estos momentos se encuentra en periodo de exposición pública el ‘Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Nacional del Guadarrama’. Hemos tenido la oportunidad de conocer estos días las conclusiones de unas jornadas organizadas por el PSOE en Segovia en las que diferentes actores han expresado sus puntos de vista. Casi todas ellas van orientadas a preservar los usos y aprovechamientos tradicionales, a dotar de más recursos a los ayuntamientos para que puedan gestionar el territorio protegido, a incrementar las inversiones para mejorar las infraestructuras y los servicios del Parque y a la búsqueda de empleo. Y siempre con el objetivo de la conservación natural del parque. Desde mi punto de vista, muy acertadas. El problema es cómo solventar la cuadratura del círculo. 

La declaración de la Sierra del Guadarrama como Parque Nacional se produjo en 2013 mediante una ley gestada en los tiempos de la abrumadora mayoría del PP. Todos aquellos que conocemos y disfrutamos cotidianamente de la sierra, tanto en la parte segoviana como en la madrileña, somos conscientes de la necesidad de una figura de protección para legar este maravilloso espacio natural a futuras generaciones. Pero también de la necesidad de mantener la forma de vida de los modos tradicionales, como la ganadería, la explotación y aprovechamiento forestal, la micología, la caza o la pesca... De ello éramos plenamente conscientes los ponentes de la ley, tanto en el Congreso como en el Senado, al menos en el Grupo Socialista, me consta. Una tarea nada fácil dado el espíritu y el alcance jurídico que regía la regulación de la Red de Parques Nacionales españoles, de lo cual era plenamente conocedor el Gobierno del PP.

El Proyecto inicial que presentó el Gobierno restringía la zona protegida a las cumbres -de hecho el título del proyecto de ley recogía esa denominación-. Se trataba más de un gesto para proporcionar el rango natural que se merece la Sierra del Guadarrama y de ir avanzando en este espacio en la cultura y desarrollo de las figuras de protección ambiental, que de un auténtico proyecto integral de protección. La propuesta tenía importantes limitaciones de alcance. Dejaba desprotegidos y expuestos a la presión urbanística las laderas de la sierra o valiosas dehesas del piedemonte, en especial la parte madrileña. Contemplaba una delimitación fragmentada y discreta que no garantiza la continuidad de los ecosistemas. A este problema se unió la falta de sensibilidad ante las alegaciones presentadas y la quiebra del pacto con los ayuntamientos, una vez que el ministro optó por hacer guiños a los grupos ecologistas y a otros grupos de presión. 

 

El Grupo Parlamentario Popular incluyó en la fase de ponencia un enmienda que adicionaba al parque las 2.880 ha. de Montes de Valsaín. Y lo hizo de forma unilateral, como nos trasladó una de las ponentes del PP: “Esto son lentejas...”. No hubo la posibilidad de discutir la oportunidad de dicha incorporación, ni las ventajas e inconvenientes que tendría la declaración de esa zona periférica del parque como ‘zona de especial protección’. Un área de gran actividad que, gracias a la compatibilidad de la naturaleza con las actividades y usos tradicionalesdesarrollados en esta zona desde siempre, se ha convertido en un excelente espacio natural mantenido y conservado. Son muchos los pobladores que en Montes de Valsaín viven de la madera, de la ganadería, del ocio, o practican la caza y la pesca. Actividades muchas incompatibles con la normativa general de parques y con la filosofía que preside su gestión. En este caso el grupo mayoritario, que además disponía de mayoría absoluta, optó por imponer su criterio y dar respuesta a determinados grupos de interés. No aceptó si una sola enmienda.

La solución adoptada ha creado y puede generar no pocos problemas. Tensiones con los cazadores, deportistas, ganaderos... Se pueden buscar soluciones para aliviar el problema, como las propuestas planteadas en las últimas jornadas, pero lo más acertado hubiese sido rectificar y buscar un nuevo marco normativo que atempere los problemas existentes y devuelva a Montes de Valsaín su anterior estatus, que tan buenos resultados medioambientales y de conservación ha proporcionado. La aprobación en 2015 de la Ley de Parque Naturales fue una excelente oportunidad para ello. No será porque algunos no lo advertimos, pero una vez más el PP se negó a ello. Nunca es tarde. 

De la política y los políticos

Sigue revuelto el panorama político. Me atrevo a decir que aún no ha encontrado el Norte. El mejor representante de la situación es el Sr. Puigdemont. Su cinismo y desprecio hacia los ciudadanos no tiene límite. Una vez conocidos sus tuits, su posible presidencia testimonial, su nueva mansión en Waterloo -por si aún faltaba alguna prueba- cualquier persona de la sociedad civil, independentista o no, debiera darle la espalda tanto a él como a la pandilla de vividores que tejen día a día el “delirio catalán”. Un fenómeno que tiene un sustrato común con la forma en la que se hace política y se participa en la política en estos momentos en nuestro país. Una acción política en la que en muchos casos las emociones más variadas son los auténticos motores de cualquier planteamiento y pauta de actuación, con independencia de la naturaleza del problema y de la búsqueda de soluciones racionales. Así que a “río revuelto, ganancia de pescadores”, lo que propicia la aparición de políticos sin escrúpulos con soluciones para todo y todos, donde el planteamiento de sus propuestas no resiste más allá de la palabrería del momento.

La política mediática, de un tiempo a esta parte, está condicionando la política real. Hoy, examinando el panorama político, se tiene la sensación, en un gran número de ocasiones, de que las propuestas para dar respuesta a los problemas quedan subordinadas a su oportunidad mediática en conjunción con lo que puedan hacer otras fuerzas políticas de la competencia, “no sea que nos vayan a quitar el pan”. El tacticismo del momento quiebra por momento cualquier línea consistente de actuación a la hora de abordar los problemas desde una determinada perspectiva ideológica. Este mal político se presenta de forma transversal en las diferentes instituciones, niveles administrativos y partidos políticos. Se alimenta desde sus órganos de decisión el populismo y con ello la persuasión de corto alcance que más antes que después deviene en frustración ciudadana y descrédito de la política y los políticos. Uno de los motivos por los que nos encontramos en una situación de alta volatilidad política con un cambio continuo en las expectativas de voto.

Otra de las perversiones por las que atraviesa el panorama político español es su atractivo profesional. Si algo requiere la política son convicciones firmes y consistencia en los planteamientos con vocación de servicio público. A la política se viene a servir y no a servirse. Son muchas las personas que a raíz de la crisis de la noche a la mañana han descubierto su vocación de servicio público ante la falta de expectativas profesionales en otros ámbitos. Y para esto no hay edad. Bien es cierto que, aun reuniendo los atributos referidos para estar en la vida pública, es muy conveniente disponer de libertad económica personal para no estar subordinado al mandato imperativo en todo momento de quien o quienes te pueden dejar sin renta.

Hay quienes lo plantean y presentan como la necesidad de un cambio generacional. E incluso se atreven a autodenominarse en las redes como la “new generation” y justifican su presencia como el necesario relevo generacional. Los que empezamos a peinar canas sabemos por experiencia que la juventud en un valor sagrado, pero que no conlleva por sí mismo ni más vitalidad ni el cambio político necesariamente. Se puede ser joven y carecer de impulso vital, y al revés; o colocarse la etiqueta de progresista por el mero hecho de considerarse joven y ser reactivo ante cualquier innovación o cambio. Lo mismo ocurre con el cambio político. La edad de los dirigentes por sí misma no propicia cambio de políticas. Puede llegar a generar una mejor identificación con los grupos de población de edad equivalente, pero si la gestión es desacertada durará lo que tarde en repercutir socialmente sus efectos. La mejor respuesta siempre es la formación y la experiencia. El éxito siempre está en el equilibrio intergeneracional dinámico. Lo peor siempre será la ignorancia. Y de esto son muchos los que hacen gala de ella día a día.

Hoy más que nunca es necesario un cambio de cultura política. La política se tiene que centrar en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y alejarse del ensimismamiento de los partidos y sus dirigentes, cuyo mal está muy presente en el momento actual. Mirar al futuro, distinguiendo entre los planteamientos de corto, medio y largo alcance. Incorporar a la vida pública los mejores activos del país. Personas preparadas y con oficio, capaces de dar lo mejor de sí mismos, con honestidad y generosidad, pero sin convertir este noble servicio en una profesión. Los españoles tienen mucho que decir y son los protagonistas principales de la actuación “de la política y los políticos”.