Reglas del Juego

Tuve la posibilidad de asistir, no hace mucho tiempo, a una jornada sobre “Tecnología Informática” organizada por el Centro Segoviano en Madrid. En una de sus sesiones la conversación de dos personas fue grabada, sin que lo supieran, mediante el acceso remoto al teléfono de uno  ellos, que hacía las veces de receptor. ¿Se imaginan ustedes que en algún momento  de su vida puedan ser grabados sin su consentimiento? Me imagino que no. La realidad es muy distinta. Lo estamos viendo estos días con las escuchas a la ministra de Justicia en 2009, cuando era una fiscal,  y otras manifestaciones políticas de las últimas jornadas. Se están quebrando día a día las “reglas del juego democrático".  En el mundo de la política hay actores encubiertos que atacan a la democracia y apuestan por la extorsión,  despreciando los  derechos y libertades de los españoles para poner en jaque al Estado. 

El escenario político se ha convertido en un campo de batalla en el que todo vale. La agenda política en muchos casos se mueve al margen de los auténticos intereses de los españoles. La cuestión es erosionar al contrario como sea. Prueba de ello han sido los palos en la rueda que los grupos minoritarios conservadores están poniendo en la Mesa del Congreso para bloquear el presupuesto del Estado. Bajo el paraguas de “invocación de la legalidad” se instrumentaliza ésta para la búsqueda de sus intereses espurios, al margen de la mayoría absoluta de la cámara. Quienes hace apenas cuatro meses invocaban el interés de España para su acción de gobierno, hoy no tienen ningún problema en apostar por el “cuanto peor mejor”. Sólo basta recordar aquella famosa frase del anterior ministro de Hacienda cuando estaba en la oposición, cuando dijo: “que se hunda España, que ya llegaremos nosotros para levantarla”. Hemos vuelto a lo mismo. Está claro que lo único que les interesa es el poder. Y para eso no dudan en romper las reglas de juego democrático. 

La extorsión al Estado cuenta estos días con la contribución de una nueva publicación digital que se ha convertido en portavoz de uno de los mayores representantes de las cloacas de nuestro país. Es una vuelta al pasado. Se trata de deslegitimar al Gobierno para acabar con esta nueva etapa. Ya en su día un infausto espía del CESID -hoy CNI- se alió en su acción delictiva con políticos de derechas, de la izquierda radical, algún empresario de moda que después penó su “buen hacer” durante un largo tiempo en la cárcel, y los periodistas del denominado “Sindicato del Crimen”. El objetivo era echar a Felipe González como fuese, como después reconoció el que fuera en aquel momento director de ABC. Ahora todo indica que el planteamiento es similar. La nueva web cuenta con el concurso de periodistas cuya trayectoria es significativa de como entieneden y  practican el periodismo. Pronto podremos identificar, por sus hechos, su alineación política y su contribución a la causa común que justifica su nacimiento apenas hace unos días. Una iniciativa similar se reprodujo en Segovia en 2006 bajo el impulso de un exdiputado popular -hoy investigado- y algunos empresarios amigos que pululaban en torno a él en la búsqueda del favor. Por suerte para los segovianos este proyecto fracasó rápidamente por su inconsistencia y perversión.

España no puede estar a merced de la extorsión de presuntos delincuentes. “La agenda política no la puede marcar un corrupto”, como ha dicho el presidente del Gobierno. No puede imperar un estilo de hacer política al margen de lo que necesita el país en una sociedad abierta y democrática como es la española. Las diferentes formaciones políticas representativas de nuestro país no pueden alinearse de forma tácita, gobierne quien gobierne, con quienes sin ningún prejuicio chantajean al Estado. De la misma manera que la política no consiste en obstaculizar la acción de gobierno a quien ejerce el poder, gobierne quien gobierne. No se puede tener un sentido patrimonial del poder y del Estado. Y menos identificarse con el estilo más rancio de practicar la política que durante años han venido ejerciendo quienes fueron desalojados del gobierno por una mayoría parlamentaria. Esta distorsión la aprecian los ciudadanos y las encuestas ponen de manifiesto su adhesión al respeto de las “reglas del juego”. En caso de persistir la adhesión será mayor, como podremos apreciar en unos futuros comicios.

Aforamiento

Soy uno de los 250.000 aforados que hay en España. He manifestado siempre mis opiniones y llevado a cabo las actuaciones que he considerado oportunas en el ejercicio de mi acción política sin problema alguno. Y si les digo la verdad, sólo una vez he sentido y padecido sus efectos en el ámbito político. En una ocasión una diputada de otro partido entendió que mi pronunciamiento sobre su actividad afectaba a su honorabilidad presentando una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que se inhibió en favor del Supremo, al no ser competente, archivando la denuncia. De esta forma se impedía que una querella particular menoscabase las funciones que me otorga la Constitución en mi calidad de diputado. Este es el objeto del aforamiento, proteger a determinados cargos públicos y funcionarios frente a actuaciones que pueden erosionar sus derechos en el ejercicio de su actividad pública. Tengo la certeza absoluta de que en el caso relatado el resultado por la vía de la jurisdicción ordinaria hubiese sido el mismo: el archivo de la demanda.

El debate que se ha desarrollado estos días en el Congreso y el anuncio del presidente del Gobierno de una reforma constitucional para suprimir los aforamientos a los responsables políticos ha situado este tema en la primera línea de la agenda política. La propuesta del presidente del Gobierno apuesta por mantener el aforamiento tal y como está recogido ahora en la Constitución española y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para los jueces, fiscales, presidentes y consejeros del Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como Familia Real; y se mantiene para los políticos sólo en el caso de los delitos cometidos “en el ejercicio estricto de su cargo”. Por estos delitos sólo podrán ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo. El debate gira en torno al número de aforados y la pertinencia de la institución como tal.

Del total de aforados, 232.000 son guardias civiles, policías nacionales y autonómicos. Para suprimir los aforamientos establecidos por la Constitución se requiere la modificación de la Carta Magna, mientras que para los recogidos en la LOPJ bastaría con una norma de rango equivalente, al igual que los recogidos en los estatutos de autonomía, que debiera ser promovido por una modificación del mismo en el ámbito correspondiente. La cuestión es si se pueden suprimir los aforamientos. La respuesta es sí. Hay países como EEUU, Alemania y Reino Unido que no tienen esta figura y desarrollan las funciones encomendadas por el marco jurídico sin ningún problema. En nuestro país, y en otros como Francia, se establece un tratamiento jurídico diferenciado. La Constitución y los propios estatutos contemplan una situación subjetiva singular para los aforados al objeto de proteger su autonomía e independencia a través de un órgano jurisdiccional  que enjuicie su responsabilidad criminal, al entender que refuerza y garantiza el desarrollo de su función encomendada bajo el paraguas del aforamiento. El legislador, tanto constitucional como estatutario, perfectamente podría conferir otra orientación y prescindir de esta figura.

En ningún caso, como viene afirmando alguna formación política, el aforamiento es un “privilegio” y supone un trato de favor, como lo viene apreciando una gran parte de la sociedad española. Tiene a su vez la parte negativa. El aforado carece de la posibilidad de que su sentencia penal sea revisada por una instancia distinta. Esto supone una limitación al derecho de revisión. Lo que sí es el aforamiento es una “prerrogativa” que busca el equilibrio entre poderes frente a los posibles desequilibrios de la “acusación popular”. La eliminación del aforamiento en nuestro ordenamiento jurídico requiere la adaptación de esta figura procesal penal para garantizar el equilibrio referido.

La supresión del aforamiento bajo el amparo de la norma constitucional -artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución- requiere una reforma constitucional que exige una mayoría de tres quintos en el  Congreso de los Diputados. Podemos ya ha anunciado que cualquier reforma constitucional ha de pasar por el veredicto de las urnas, se requiera o no referéndum formalmente. La experiencia de la reforma constitucional del artículo 135 -aquélla que nos impuso Europa para seguir financiándonos-, y de la misma naturaleza jurídica de la que se está debatiendo, ha demostrado que cualquier precipitación es mala. Si algo ha puesto de manifiesto el debate del Congreso sobre el aforamiento es que hay un amplio consenso para su supresión o adaptación en el ámbito estatal, salvo en lo que se refiere a la Corona que existen posiciones divergentes e incluso en algunos casos marca líneas rojas. Sería necesario un amplio consenso que pasa por confeccionar un proceso sólido que permita recabar los informes de expertos, estudiar el alcance de sus consecuencias y constituir una ponencia que permita llevar a buen puerto la iniciativa legislativa en un tiempo prudencial, siempre que no se apueste por una reforma más amplia de la Constitución en la cual se subsumiría esta iniciativa. Por una u otra vía, el número de aforados debiera reducirse a la mínima expresión y adaptar la institución a una sociedad más abierta y transparente, en pleno equilibrio con la figura de la “acusación popular”.

Incertidumbre política

Si por algo se caracteriza el comienzo del nuevo curso político es por la incertidumbre de su desarrollo. Peor no ha podido comenzar. La ministra de Sanidad se ha visto obligada a dimitir por un presunto caso de plagio de un ‘trabajo fin de máster’, el presidente del Gobierno se ha sentido acosado por una pregunta sobrevenida y fuera de reglamento del líder de Cs sobre su tesis doctoral en la primera sesión de control de septiembre, y el líder de la oposición siente el aliento del Tribunal Supremo por la tesina de su máster. La tensión se masca en el ambiente. Y la cuerda se tensa por momentos por todos los grupos. El caso es que todos somos conscientes -eso parece- de que es necesario articular otra política, pero se dice en privado una cosa y en público otra. El pasado jueves un altísimo dirigente del PP me decía que teníamos que salir de este embrollo y que no podíamos seguir así, y minutos más tarde registraba con su firma la petición de comparecencia del presidente del Gobierno sobre el tema de la tesis. Es lo que hay.

Sin duda me quedo con las palabras de la portavoz de Coalición Canaria en su intervención en el RDL sobre el Programa de Activación para el Empleo en el pasado pleno. Ella se congratulaba de poder debatir algo que de verdad afecta al bienestar de los españoles, como es el caso del empleo. El nuevo curso político, el tiempo que dure, que esa es la otra gran cuestión que pulula en el ambiente, debiera centrarse en los temas mollares de la agenda política española: el problema catalán, la aprobación de los presupuestos, el futuro de las pensiones y la dinamización económica para la creación de empleo de calidad.

Cataluña sigue siendo el problema político de mayor identidad. La Diada de este año ha pasado sin pena ni gloria, a pesar de la alta asistencia a la concentración convocada. Siempre suele marcar tendencia en cuanto a la temperatura del problema. El nuevo Gobierno del PSOE tiene la obligación de intentar y ensayar la posibilidad del diálogo dentro del marco constitucional. Puigdemont y su vicario siguen marcando la hoja de ruta. El diálogo con sus propuestas es imposible. Por primera vez aparecen signos de división y discrepancia entre ERC y PDeCAT, y de este último entre sí. En el Congreso la nueva líder de la antigua Convergencia sólo ofrece reactividad emocional y puesta en escena de su propio ego. Con estos mimbres es muy difícil hacer un cesto, más cuando sus recursos más valiosos están apartados. Cataluña no sólo marcará el curso político sino también el futuro del Gobierno.

La dificultad para aprobar los presupuestos sigue marcando el otro gran tema de la agenda política española. La nueva senda de déficit público sitúa éste en el 1,8 por ciento del PIB, medio punto más que lo aprobado en el último presupuesto. España presenta un déficit estructural muy grande que el anterior Gobierno no sólo no abordó sino que profundizó el problema con recortes fiscales por valor de 1,2 puntos del PIB. No se puede seguir apostando por el incremento de la Deuda Pública, que en el momento actual alcanza 1,6 billones de euros -el 98, 2 por ciento del PIB)-. España necesita un presupuesto realista para dar respuesta al déficit estructural. De no aceptar la senda del déficit el problema se agravará. Esta semana se tomará en consideración la Proposición de Ley de Estabilidad Presupuestaria para agilizar la resolución del problema. Todo indica que PP y Cs están a lo suyo, y el PDeCAT juega su liga. La incertidumbre sobre el presupuesto de 2019 es máxima. Siempre queda la “jugada Rajoy”, prorrogarlos, pero la economía se puede resentir.

La economía española está dando síntomas de desacelaración. El PP está aduciendo la desconfianza del nuevo Gobierno como origen del problema, pero no es cierto. El crecimiento económico en estos últimos años ha estado ligado fundamentalmente a variables exógenas a la economía española, para lo bueno y para lo malo -el viento de cola que se denominó en su momento-. La subida del petróleo, el reflote del turismo en Turquía y la subida de los tipos de interés en la reserva federal de EEUU están en el origen del problema. En ningún momento se ha resentido la prima de riesgo, que es el principal indicador de confianza de los inversores. No obstante, es necesario abordar un cambio de modelo productivo que nos ofrezca más consistencia, competitividad y rentabilidad a la empresa española. Los salarios y la calidad del empleo lo agradecerán. Contar con un presupuesto sólido es imprescindible para consolidar la confianza de los inversores.

La estabilidad financiera del sistema de pensiones es otro factor clave en nuestra agenda política en este próximo curso. El Pacto de Toledo está resultando un gran fiasco. No acaba de cristalizar y la tensión con los pensionistas sigue creciendo. Actualizar las pensiones con el IPC real y absorber el déficit de 18.000 millones de euros del sistema requiere generar ingresos que sólo tiene como posibilidad una mayor recaudación fiscal, salvo que se opte por reducir las prestaciones actuales o propiciar un sistema mixto de pensiones, reduciendo el peso en el gasto público de las pensiones. Un problema que estará presente gobierne quien gobierne; otra cosa es que se quiera abordar o se deje estallar. 

La continuidad del Ejecutivo es el gran enigma de este momento. Todo indica que el presidente del Gobierno de no sacar adelante los presupuestos en el mes de febrero o marzo optará por disolver las Cámaras, un año y tres meses antes de su vencimiento por plazo. En este caso es lógico que las elecciones generales coincidan en mayo con el resto de elecciones, a pesar de la resistencia de algunos líderes políticos. El problema vendrá después. Todo indica que nadie tendrá mayoría para confeccionar un gobierno propio. Ni tampoco existirán coaliciones homogéneas. Si en 2016 hubo que disolver las Cortes después de seis meses de imposibilidad para investir presidente y nombrar Gobierno, todo indica que el futuro proceso postelectoral, de permanecer las condiciones actuales, irá por el mismo camino, y volveremos al “no es no”, aunque en esta ocasión no sabemos muy bien de quién. La incertidumbre seguirá presente en la vida política española en cualquier caso. ¡Quizás debiéramos pensar en un nuevo paradigma! Pero para esto hay que tener mucha altura y madurez política.

EL Valle

Hace ya casi 44 años que murió Franco, sin embargo nunca estuvo más presente en la memoria colectiva de los españoles que ahora tras los 40 años de dictadura. Está  en las conversaciones de muchas barras de bar, en las tertulias familiares y sobre todo en los medios de comunicación. Se debate sobre su exhumación del Valle de los Caídos y el tratamiento de las víctimas consecuencia de la guerra civil derivada del golpe de Estado que encabezó en el 36, pero también se ha abierto el debate sobre su figura y acción política a lo largo del periodo que estuvo al frente de la Jefatura del Estado. La presentación de diferentes iniciativas parlamentarias en esta legislatura por Podemos y en menor medida por el PSOE han intensificado y situado en la agenda política esta polémica social, a lo que se ha unido el compromiso de un gobierno de izquierdas para dignificar la memoria histórica de las víctimas de guerra.

Esta misma semana debatiremos en el Congreso sobre la exhumación de los restos del dictador. El borrador de la norma establece que sólo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a consecuencia de la Guerra Civil y habilita su exhumación para los de personas distintas a las fallecidas durante la Guerra. A la vez que consagra este lugar como un cementerio para la conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas. No es difícil constatar que la sociedad española está muy dividida en torno a esta decisión. Se han formado dos bloques, aunque no homogéneos. La derecha y la izquierda mayoritariamente defienden posiciones diferentes, aunque hay notables y cualificadas opiniones diferentes en ambos bandos, Sin embargo, sin mucho riesgo de equivocarme y a unos días de la votación en el Congreso, la propuesta de exhumación se aprobará con los votos a favor de la izquierda y nacionalistas, y la abstención de Cs y casi con toda seguridad del PP. La razón no es otra como afirmaba hace unos días el presidente del Gobierno en América Latina que  “ninguna democracia puede rendir tributo a un dictador”. Lo hemos visto en Alemania con Hitler o en Italia con Mussolini, ambos contemporáneos de Franco, bien es cierto que sin el arraigo de 40 años de gobierno. El PP no puede correr el riesgo de colocarse a futuro la etiqueta de defensa de un monumento de exaltación al dictador en una morada en la que sus víctimas anónimas yacen a su alrededor en un lugar decidido por el mismo. ¿Alguien se puede imaginar tener enterrado allí a su hermano, padre o abuelo sin poder determinar su ubicación exacta ni identificación? Yo por suerte se donde están mis familiares más directos, y les honro periódicamente. Si me ocurriese eso me sentiría muy triste y lo contemplaría como una humillación directa a mi familia.  ¿No sé si a ustedes les ocurriría lo mismo? Me temo que sí.

La exhumación de Franco del Valle de los Caídos es necesaria para reparar la dignidad de las víctimas y la humillación de las familias, así como evitar la existencia de un lugar de culto y reverencia a uno de los episodios más irreverentes de la historia de España. Bien es cierto que llega tarde. Las especiales características de la Transición española hicieron desaconsejable en el 78 y siguientes tomar esta decisión en aras a garantizar la concordia y la convivencia de los españoles, a pesar de lo que ello significaba de quiebra para la dignidad de las víctimas y de humillación de sus familias. La aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en la VIII Legislatura hubiese sido el momento. Faltó la gallardía necesaria. Se trata de un tema muy delicado y sensible que se hubiese instrumentalizado en ese momento y se está haciendo ahora por las diferentes partes, pero es un paso que hay que dar. El consenso hubiese sido más necesario que nunca pero a nadie se le escapa su dificultad, a pesar de que la votación del Congreso con toda seguridad refleje una oposición casi nula a esta decisión. Convertir El Valle en un cementerio civil es un acierto. Para completar el proceso de dignificación de las víctimas es preciso proceder a su identificación mediante el ADN, siempre que sea posible, y posibilitar que los familiares de los restos identificados puedan determinar el lugar dónde quieren que yazcan sus allegados, y por último desplazar al fundador de la Falange -víctima de la Guerra- a una ubicación no central, como tiene ahora en la Basílica, y que contribuye a que el cementerio sea un lugar de exaltación de parte.

El Gobierno ha apuntado la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad para establecer una visión oficial de lo que sucedió en el periodo transcurrido entre 1936 y 1978, formada por expertos de diferentes áreas de conocimiento. Esto se hizo en diferentes países como Argentina, Guatemala o Sudáfrica. La diferencia es que en estos países se constituyeron estas comisiones  al poco tiempo de concluir sus conflictos. En torno a esa “verdad oficial” se estableció el consenso y se construyó la Paz. En nuestro país se ha escrito e interpretado mucho sobre la Guerra Civil española. A pesar de los 82 años transcurridos la huella prevalece. Y cada ciudadano participa de su verdad, y me temo que morirán con ella. Lo mejor que podemos hacer es desenterrar e identificar a las víctimas que aún prevalecen en fosas comunes y diluir el franquismo en un cementerio civil, aunque prevalezca su cruz. Esperemos que pronto El Valle caiga en el olvido de los españoles, con todo respeto, honor y dignidad para las víctimas que allí yacen. Será un síntoma más de normalidad democrática.

Lo amarillo

El amarillo está de moda. Y, por desgracia, en este momento en Cataluña representa el conflicto. El lazo de ese color se ha constituido en un símbolo del independentismo para protestar por el encarcelamiento de sus líderes políticos. Unas personas que contravinieron los preceptos constitucionales ante lo que un juez ha decidido encerrarles preventivamente por un delito de rebelión, lo que les convierte en “políticos presos” y no en “presos políticos”, como afirma el bloque soberanista. Lo cierto es que la sociedad catalana está dividida en dos comunidades: una independentista representada por el color amarillo, en el que se integran mayoritariamente los catalanes parlantes y personas con fuerte arraigo familiar, casi el 50 por ciento de la población; y los que utilizan el castellano como lengua principal y tienen un fuerte arraigo cultural, e incluso antecedentes familiares, con el resto del territorio español. En Cataluña, si se utiliza la propia filosofía independentista, hay dos naciones en un mismo territorio. El problema viene cuando se tensa la convivencia.

Las dos comunidades sociales que han convivido durante mucho tiempo en Cataluña están comprobando día a día como se tensa la cuerda. El lazo está suponiendo, en algún caso, una auténtica fractura social. Hace unos días en una terraza en un pueblo castellano pude escuchar a otra persona conocida en una mesa colindante cómo explicaba a sus compañeros de mesa cómo se sentía en Cataluña, después de llevar viviendo allí más de 30 años, y cómo elevaba la voz para decirles “que estaba hasta el gorro y que no aguantaba más” de forma muy efusiva, todo ello acompañado de una clara indumentaria nacional española. Su desesperación pretendía también llamar la atención del diputado nacional que tenía sentado al lado, lo que he de confesarles que consiguió. Recientemente se ha agredido a personas que estaban retirando lazos amarillas del espacio público, al grito de “vete de mi país”, o la agresión del cámara de Telemadrid por llevar el color amarillo en la camiseta. La tensión social va en aumento. Y no es un tema menor. La historia está repleta de episodios negativos de esta naturaleza.

Con el lazo amarillo se está produciendo el principio de acción-reacción que posiblemente es lo que van buscando los independentistas. El disenso favorece sus fines. A lo que se une el oportunismo político que han manifestado los dos principales líderes del partido mayoritario en Cataluña con su presencia en la vía pública retirando lazos. La tensión emocional en torno al nacionalismo del signo que sea constituye una importante veta electoral. Polariza la sociedad y cohesiona los segmentos sociales en torno a las dos opciones más radicales. Puigdemont y Quim Torras lo saben, pero Rivera también. La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas favorece dicha actitud, como estamos comprobando. Una vez más se vuelven a anteponer los intereses de partido y de grupo a los del país. Craso error, sobre todo de quien aspira a liderar el Estado.

El aniversario de los actos de desconexión parlamentaria del pasado 4 de septiembre y del referéndum del 1 de octubre de 2017 recrudecerá la tensión. Se echa en falta un mayor papel y protagonismo institucional para normalizar esta situación. Le correspondería a la Generalitat y a los ayuntamientos, pero también al Estado. La vía pública hay que respetarla y cuando se intenta teñir todo de amarillo se está atentando contra todos, por encima de la libertad de expresión. Las instituciones no se pueden poner de perfil, de la misma manera que los políticos no tienen que asumir el papel que no asumen las instituciones, sino reclamar la actuación de la que han hecho desestimiento. El Ministerio del Interior y la Generalitat mantendrán una reunión para tratar el tema en las próximas dos semanas. Se me antoja tarde. El diálogo y el consenso son necesarios, pero cuando se les instrumentaliza para conseguir sus fines, como están haciendo los independentistas, no queda más remedio que aplicar las medidas legales que otorga el Estado de Derecho, como les ha anunciado el presidente del Gobierno en su reciente gira por América Latina. De los errores se ha de aprender y persistir en “lo amarillo” puede traerles mal fario, tanto a los catalanes como al resto de los españoles. Vamos en el mismo barco, aunque a algunos no les guste. Lo que no vamos hacer es hundirlo.