Desconcierto en el Supremo

La sentencia de la Sección Segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo por el impuesto que se paga por las escrituras públicas de préstamos hipotecarios ante el notario ha levantado un gran revuelo, con un doble sentimiento. Uno primero de satisfacción entre los clientes ante el cambio de criterio sobre el pago del tributo de “actos jurídicos documentados”, que hasta ahora recaía en ellos y ahora lo pagarán los bancos. Y otro, después, de estupefacción, cuando al día siguiente de dictar la sentencia firme el presidente de esta sala ordenó frenar los recursos pendientes sobre esta cuestión y convocó el plenario de la sala, formado por 31 magistrados, para estudiar la oportunidad del cambio de criterio jurisprudencia ante “su gran repercusión económica y social”. Las consecuencias no se han hecho esperar. Así, se ha dejado sin efecto todos los señalamientos sobre los recursos relacionados con este impuesto, los notarios carecen de criterio legal, el mercado inmobiliario se ha paralizado y el valor bursátil de los bancos ha caído con fuerza al menos en las primeras horas. El desconcierto generado en el Supremo tiene consecuencias sociales y económicas negativas que son necesarias abordar y evitar lo antes posible.

El desconcierto del Supremo en los tributos hipotecarios marca un antes y un después. La crítica ciudadana y de los medios de comunicación no se han hecho esperar, y con razones sobradas. El presidente de Sala podía haber sido más diligente y, dada la transcendencia del tema, haber estado encima de la cuestión; y, en su caso, haber avocado al pleno a la toma de la decisión para haber sentado jurisprudencia consistentemente. No cabe duda de la fuerte repercusión económica de la medida y de las expectativas creadas para muchas familias, que han visto en esta medida una luz de esperanza en sus economías domésticas. Hay que tener en cuenta que los afectados pueden ser del orden de 250.000 -de 1,5 millones, si se aplica con carácter retroactivo- y que una hipoteca media de 100.000 euros conlleva unos gastos en actos jurídicos documentados del orden de 2.800 euros. Otra cuestión a dilucidar es sobre la retroactividad de esta medida -prescribe a los cuatro años-. La sentencia no lo aclara y la cuestión no es baladí. De ello dependerá en un futuro la política hipotecaria de los bancos. Si esta cuestión se cierra en falso los bancos acabarán trasladando, por la vía del coste de hipotecas futuras, su sobrecoste. Algunos expertos ya los valoran en un incremento de cinco puntos los préstamos hipotecarios, lo que sin duda repercutirá en la demanda del sector inmobiliario y en el empleo del sector.

La otra gran cuestión es la seguridad jurídica que este proceso ha puesto en entredicho. A día de hoy reina el caos. Lo que percibe la ciudadanía es la falta de un criterio consistente en los tributos hipotecarios que ofrezca certeza y seguridad en las transacciones inmobiliarias. Está tardando el presidente de la Sala de lo Contencioso cuando se ha dado un plazo de 18 días para resolver la controversia. Hay que tener en cuenta que la sentencia ya es firme. Todo indica que el plenario va a revisar el criterio de pago de los bancos, garantizándolo a partir de la fecha de la sentencia, pero no lo que no ha prescrito en los últimos cuatro años. Algo parecido a lo que ocurrió con las cláusulas suelo de las hipotecas. En ese caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea instó a las entidades financieras a devolver lo cobrado desde el inicio. La historia se puede repetir. Hay muchos despachos de abogados que ya se están frotando las manos, dado que ocurra lo que ocurra el pleito está servido. E incluso algunos de ellos ya han desplegado su campaña de marketing en los medios de comunicación para captar clientes.

El impuesto de actos jurídicos documentados es un tributo cedido por el Estado a las Comunidades Autónomas. La avalancha de ciudadanos reclamando la devolución de este impuesto no tardará en llegar. Un contencioso que puede alcanzar la cifra de 4.000 millones de euros y podría llegar a crear grandes tensiones financieras en las Comunidades, e incluso llegarse a producir un conflicto en la exigencia de responsabilidad ante la Hacienda estatal. El desconcierto del Supremo nos puede costar caro a todos. El perdón del presidente del Tribunal Supremo por este caso se agradece, pero no es suficiente. Es el momento de revisar y reformar su cultura de gestión y reforzar democráticamente sus instituciones.

Giro presupuestario

El Gobierno socialista acaba de remitir a Bruselas el plan presupuestario para 2019. Unas cuentas que concretan unas políticas muy distintas a las que aprobó el PP con sus socios en 2018. Los presupuestos siempre reflejan la valoración económica de los proyectos del Gobierno. En este caso, apuesta por hacer compatible la recuperación y ampliación de derechos, y cumplir con la igualdad y estabilidad presupuestaria. El giro presupuestario va a orientado a blindar el Estado del Bienestar; a recuperar la justicia fiscal, haciendo que pague más quien más tiene, preservando a las clases medias y trabajadoras; a sanear las cuentas públicas; y a sentar las bases de un nuevo modelo productivo más sólido, sostenible y competitivo.

La única manera de hacer viable el Estado del Bienestar es impulsar el crecimiento para generar ingresos y garantizar de esa forma el reparto de la riqueza con las políticas sociales. Todos los grupos políticos han llegado a un acuerdo en la mesa del Pacto de Toledo para que las pensiones crezcan con el índice de inflación real y no pierdan poder adquisitivo, como ha ocurrido estos últimos años. En el mismo sentido, se pretende subir las pensiones mínimas un tres por ciento y soslayar las restricciones a las que fueron sometidas determinadas prestaciones sociales a raíz de la crisis de 2008, una vez recuperados los índices de crecimiento económico. Para ello es obligado reducir el déficit público y bajar el alto nivel de deuda del Estado -el objetivo previsto para 2019 son dos puntos-. El Gobierno del PP nunca ha cumplido el objetivo de déficit público. El déficit para 2019 previsto por Rajoy era de 2,2 por ciento, frente al 1,8 que está planteando el nuevo Gobierno. El ajuste del déficit estructural asciende al 0,4 por ciento del PIB, en línea por lo marcado por Bruselas. El Gobierno de España contará, sin duda, con el visto bueno de la Comisión para desarrollar unas cuestas públicas expansivas y dinamizadoras de la actividad económica, a la vez que compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las previsiones indican que estos presupuestos nos permitirán crecer, según todas las previsiones, en 2019 un 2,3 por ciento del PIB, por encima de la media de los países de la  zona euro, reducir el paro al 13,8 por ciento de la población activa, creando un millón de empleos nuevos en nuestro país.

El tema más controvertido es la subida del salario mínimo. Subir el salario mínimo un 22 por ciento en un año significa un gran esfuerzo para muchas empresas. Una subida que afectará, en caso de materializarse, a dos millones de españoles. Una medida justa cuando en los últimos años ha caído con fuerza el peso de la remuneración de los asalariados en el PIB. Es adecuado que el Gobierno intervenga fijando un salario mínimo para los más desfavorecidos, un salario ante todo digno, más cuando el salario de los ejecutivos creció un 43 por ciento entre 2013 y 2017, que de esta forma carecen de legitimidad para oponerse a esta medida. La ortodoxia económica enseña que la subida de los salarios siempre ha de ser progresiva y ligada aumentos de productividad. El crecimiento económico aconseja medidas que permitan cohesionar la sociedad y con ello favorecer el consumo y la creación de empleo, al menos si el viento viene de cola. Su efecto multiplicador es siempre mayor en la subida de las rentas bajas que en las altas.

La Comisión devolverá el documento a La Moncloa pidiendo el presupuesto aprobado por el Congreso, no sin antes efectuar alguna matización, que para eso tienen un papel asignado de supervisión y que la actual ministra de Economía conoce a la perfección, pues ese era con anterioridad su cometido. Aprobar el presupuesto no va a ser tarea fácil. Algún espontáneo de Cs ya ha afirmado en un periódico nacional, en primera página, que la Mesa del Congreso lo bloquearía por ilegal. Mis compañeros de Mesa me dicen que no están en esa dinámica, por fortuna. Aun así PSOE y Podemos suman 155 escaños. Hacen falta 21 escaños más. PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias - 7 escaños en total- tienen buena predisposición para aprobar las cuentas públicas, pero pedirán algo, aunque sea testimonial. En la misma línea se moverá ERC -9 escaños-. Incluso así harían faltarían seis votos más. Contar con los votos afirmativos del PdCat -8 escaños- o Bildu -2 escaños- es una empresa imposible, pero no así su abstención que facilitaría que los 169 escaños del PP y Cs se viesen superados por los 171 del resto.

Todos los grupos políticos, todos sin excepción, quieren agotar la legislatura. Todos quieren ganar tiempo ante la alta incertidumbre futura, la inmadurez y desconocimiento de algunos de sus líderes. Se verbaliza un mensaje que no se corresponde con la realidad, al menos ese es mi testimonio personal en las conversaciones que tengo día a día. España necesita un presupuesto que nos permita tirar con fuerza para ganar el futuro y el proyecto que se ha presentado lo permite. El presupuesto de 2019, tal y como está planteado, es el presupuesto de la dignidad para todos aquéllos que sufrieron en sus espaldas las graves consecuencias de la crisis. Ahora necesitamos una oposición responsable que se ocupe de los problemas de los ciudadanos y no sólo de su visión partidista. El Grupo Parlamentario socialista mayoritariamente optó por desbloquear la situación política y abstenernos para poder conformar un Gobierno de España en 2016. Pensamos en el bien de España y nunca en nuestros intereses de partido, a pesar de la incomprensión de algunos de nuestros compañeros. De la misma forma que en 2017 facilitamos la aprobación del techo de gasto para posibilitar la aprobación de los presupuestos del PP y Cs en 2018. Ahora estos dos partidos no sólo se oponen al techo de gasto propuesto por el Gobierno de España, sino que lo bloquean de una forma espuria en la Mesa del Congreso. El patriotismo del que presumen deviene en un gran fiasco que les vacía de contenido ideológico y les presenta como meros oportunistas del circo mediático en el que muchos quieren convertir la política.

Todo indica que el Gobierno tiene la firme voluntad de aprobar las cuentas generales del próximo año y agotar la legislatura en 2020. Un Gobierno siempre tiene que ser sólido y afrontar los problemas con convicción y fortaleza. Lo que no puede hacer nunca es el “don Tancredo”, y de eso tenemos una fuerte experiencia en los últimos años. Las cuentas públicas proyectadas para 2019 son valientes, ambiciosas y sociales. El giro presupuestario puede ser una realidad repleta de justicia social para muchos españoles, a pesar de que algunos prefieran que todo siga igual. El reformismo debe ganar la batalla al conservadurismo. Nos irá mejor, sin duda, visto lo visto.

¡Ojo con Italia!

El Gobierno de coalición populista de Italia ha declarado la guerra económica a Bruselas. Sus planes presupuestarios para el próximo año van en contra de las normas presupuestarias que  establece la eurozona. Desde el inicio de la confrontación los efectos negativos se han hecho notar: la prima de riesgo se ha doblado y la bolsa ha caído con fuerza. Como consecuencia, en Italia hoy se invierte menos, el empleo se resiente y los capitales huyen. Los costes de financiación se han disparado al nivel más alto en cuatro años. Lo que haga Italia no le es indiferente a España ni al resto de países de la zona euro. Su actitud puede producir enormes tensiones en el euro y con ello elevar la prima de riesgo, que refleja mejor que cualquier otro indicador la situación de inestabilidad política y social de los países. Así, que ¡ojo con Italia!

Hay que tener en cuenta que estas tensiones se han producido comprando deuda pública italiana el Banco Central europeo (BCE), medida puesta en marcha por su presidente, el italiano Mario Draghi, de la que tanto se han podido beneficiar países como Italia y España. De lo contrario, la prima de riesgo sería aún mayor, como pudimos comprobar en la crisis de 2010 a 2012. En España la prima de riesgo también ha subido pero se encuentra en 118 puntos básicos (pb) -al escribir este artículo-, frente a los 311,20 pb de la italiana. España, en 2019, tendrá que emitir 220 mil millones de euros de deuda pública. Si la prima de riesgo alcanzase el nivel de Italia tendríamos que pagar 3.000 millones más de intereses de la deuda. En su momento, Rajoy siguió el mismo camino que los italianos y en un acto de “patriotismo” recordó a los integrantes de la Comisión, a la salida de una cumbre, que España era un país soberano y el déficit le marcaba el Gobierno de España. Los efectos no se hicieron esperar. Los intereses de las nuevas emisiones de bonos subieron al 7 por ciento, y en menos de un mes estábamos pidiendo un rescate por valor de 100.000 millones de euros. La historia conviene recordarla, sobre todo porque nos enseña y nos puede evitar cometer errores.

El líder de la Liga de extrema derecha, Matteo Salvini, parece más preocupado por consolidar una posición política ante las próximas elecciones europeas que por dar respuesta a los problemas de su país. Está dispuesto a anteponer sus intereses políticos a los económicos, y con ello poner en riesgo a todos los 19 países que formamos parte del club del euro. Ha llegado a decir, en un tono desafiante hacia los mercados financieros, que “la prima de riesgo de Italia no superará los 400 pb”. Está plenamente convencido de que prestatarios italianos estarían dispuestos a comprar la deuda italiana si no lo hicieran los inversores extranjeros. Este concepto autárquico es incompatible con la situación actual de la deuda italiana, la mayor deuda en relación al PIB de Europa. La ignorancia es libre. De seguir las cosas así - Italia se encuentra a sólo un paso del bono basura- los capitales huirán. Los italianos tendrán problemas para pagar a los pensionistas y funcionarios -¿les suena? ¿Les recuerda la modificación del 135?-, y el Gobierno de Italia con su vicepresidente al frente, el Sr. Salvini, tendrá que agachar las orejas y pedir un rescate. Pero, ante esta situación, es altamente probable que el euro esté roto y el efecto contagio se extienda a la zona euro y afecte entre otros países a España.

La crisis italiana será una enorme oportunidad para los que están esperando a echar la culpa de todo lo malo que pueda pasar en este país al nuevo Gobierno y sueñan con unas elecciones inmediatas que embarren aún más el escenario político. De la misma forma que en los estertores de la “Gran Depresión internacional de 2008”, el problema para la derecha española era del malvado Zapatero, y lo que estaba empezando a ocurrir en España en esos años no ocurría en el resto del mundo para ellos, ahora tienen un posible escenario para echar la culpa, si eso sucede, al malvado Sánchez. ¡Ojalá no tengamos la oportunidad de comprobarlo, por el bien de España! Si Italia se acaba despeñando, el resto de los países de la zona euro tendremos que actuar y adaptar nuestra política presupuestaria a la nueva coyuntura. Lo que pinta bien para dinamizar la economía y generar bienestar a través de una expansión del gasto y un mayor dinamismo económico puede convertirse en un lastre si por factores externos se quiebra el ciclo de crecimiento. Y para nosotros una gripe de los italianos puede tener unos efectos muy negativos, aunque el contagio sea buscado por la locura nacionalista y xenófoba.

La España vacía

Los últimos datos publicados por el INE sobre la evolución demográfica y su proyección a futuro son patéticos. España perderá en los próximos 15 años 150.000 habitantes, y Segovia 10.000, el 6,5 por ciento de su población. Un problema que se manifestó en la década de los sesenta de la pasada centuria y que prosigue en año 18 del presente siglo, sin que se haya articulado hasta el momento una propuesta sólida que de respuesta al problema de una forma integral. El resultado es que amplias zonas de España se están quedando vacías. El 90 por ciento de los españoles viven en el litoral mediterráneo y Madrid, mientras que el otro 10 por ciento lo hace en el 70 por ciento del territorio restante, que se corresponde con los territorios de las dos Castillas, Asturias, Aragón, Cantabria, Galicia, Rioja y Extremadura.

La ministra de Política Territorial y Función Pública ha anunciado la voluntad del Gobierno para presentar antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas una ‘Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico’, tal y como acordó la conferencia de presidentes celebrada en el Senado el pasado enero de 2017. Una estrategia que llega tarde. Debiera haberse iniciado en los 70 u 80 del pasado siglo, pero al final llega. La cuestión es acertar en el diagnóstico y aplicar la terapia adecuada, que en todo caso no tiene un tratamiento milagroso y requerirá de mucho tiempo y buen hacer. Es imprescindible que este plan tenga un carácter integral y cuente con la participación e implicación en su diseño y planes de actuación, no sólo el Gobierno del Estado, sino también las diferentes Comunidades Autónomas, entidades locales, gobiernos provinciales y organizaciones económicas y sociales. Se trata de una cuestión de Estado, como he defendido en el Parlamento y en diferentes foros y artículos. El principal problema del país a medio y largo plazo. ¿O acaso no es preocupante que de los 8.100 municipios, 6.600 se estén quedando vacíos con una densidad media que no llega a los 14 hab/km2? La necesidad de un Pacto de Estado es evidente. Se trata de conservar nuestro medio ambiente, el legado y las costumbres de siglos de siglos, y los valores y sentimientos de muchas generaciones de españoles ligadas al medio natural dónde nacieron y vivieron.

El debate político se está centrando en el nuevo modelo de financiación autonómica. Una población dispersa y envejecida requiere de una asignación per-cápita mayor para garantizar la prestación de servicios públicos -sanidad, educación, transporte, servicios asistenciales...- en condiciones de igualdad con respecto a la población que vive en las áreas urbanas y periurbanas, pero dicha situación es una manifestación del problema. Es preciso ir más allá, como he tenido la ocasión de comentar a la nueva ministra y trasladé a diferentes ministros del PP en pasadas legislaturas en preguntas orales en pleno. La primera premisa para abordar el problema es que la economía crezca en términos reales, e incluso me atrevo a decir que por encima del dos por ciento, para generar riqueza y redistribuirla, aplicando los excedentes en esas zonas prioritarias. A ello hay que sumar tres acciones complementarias a la ya descrita: asimetría fiscal; planes indicativos mediante diferentes iniciativas empresariales, centradas especialmente en el sector industrial en los cada uno de los territorios deprimidos, una vez catalogada y jerarquizada la prioridad del esfuerzo y el desarrollo de la actuación; y la reordenación y adaptación de los servicios públicos a la realidad existente.

Para incentivar la inversión -con la consiguiente creación de empleo- y reducir el éxodo de población en las zonas deprimidas es preciso una política fiscal asimétrica. Esta actuación permitiría establecer un tratamiento fiscal diferenciado para aquellas empresas y ciudadanos que sufren -también en el bolsillo- el efecto de las falta de medios e infraestructuras. Los costes operativos de una empresa y de un ciudadano no son los mismos si vive en una zona con servicios que si habita en una población sin ellos. La ausencia de mercado en determinadas zonas aconseja actuar selectivamente mediante el establecimiento de “polos de desarrollo comarcales”, que les dote de infraestructuras e impulse la localización de empresas industriales, sin necesidad de desarrollar un polígono industrial en cada pueblo carente de futuro en la mayoría de los casos. Y, por último, el redimensionamiento y adaptación de los servicios públicos a la nueva realidad social y territorial. Eso que la Junta de Castilla y León enunció, pero ha sido incapaz de ejecutar.  

La despoblación erosiona la cohesión social y quiebra la equidad de los ciudadanos en función de su lugar de residencia. A su vez genera efectos colaterales negativos en el medio ambiente y en el desarrollo y mantenimiento patrimonial tanto de los bienes tangibles como intangibles; a la vez que la sobrepoblación de determinadas zonas conlleva sobreexplotación de los recursos, deterioro de la calidad ambiental y del nivel de bienestar físico y social. En el equilibrio está la virtud. Por eso es más urgente que nunca ponerse “manos a la obra”, pero de verdad. Una empresa que es de todos y en la que las diputaciones han de tener un papel primordial en cada una de las provincias en las que se desarrolle el programa.