La ministra de Política
Territorial y Función Pública ha anunciado la voluntad del Gobierno para
presentar antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas una ‘Estrategia
Nacional frente al Reto Demográfico’, tal y como acordó la conferencia de
presidentes celebrada en el Senado el pasado enero de 2017. Una estrategia que
llega tarde. Debiera haberse iniciado en los 70 u 80 del pasado siglo, pero al
final llega. La cuestión es acertar en el diagnóstico y aplicar la terapia
adecuada, que en todo caso no tiene un tratamiento milagroso y requerirá de
mucho tiempo y buen hacer. Es imprescindible que este plan tenga un carácter
integral y cuente con la participación e implicación en su diseño y planes de
actuación, no sólo el Gobierno del Estado, sino también las diferentes
Comunidades Autónomas, entidades locales, gobiernos provinciales y
organizaciones económicas y sociales. Se trata de una cuestión de Estado, como
he defendido en el Parlamento y en diferentes foros y artículos. El principal
problema del país a medio y largo plazo. ¿O acaso no es preocupante que de los
8.100 municipios, 6.600 se estén quedando vacíos con una densidad media que no
llega a los 14 hab/km2? La necesidad de un Pacto de Estado es evidente. Se
trata de conservar nuestro medio ambiente, el legado y las costumbres de siglos
de siglos, y los valores y sentimientos de muchas generaciones de españoles
ligadas al medio natural dónde nacieron y vivieron.
El debate
político se está centrando en el nuevo modelo de financiación autonómica. Una
población dispersa y envejecida requiere de una asignación per-cápita mayor
para garantizar la prestación de servicios públicos -sanidad, educación,
transporte, servicios asistenciales...- en condiciones de igualdad con respecto
a la población que vive en las áreas urbanas y periurbanas, pero dicha
situación es una manifestación del problema. Es preciso ir más allá, como he
tenido la ocasión de comentar a la nueva ministra y trasladé a diferentes
ministros del PP en pasadas legislaturas en preguntas orales en pleno. La
primera premisa para abordar el problema es que la economía crezca en términos
reales, e incluso me atrevo a decir que por encima del dos por ciento, para generar
riqueza y redistribuirla, aplicando los excedentes en esas zonas prioritarias.
A ello hay que sumar tres acciones complementarias a la ya descrita: asimetría
fiscal; planes indicativos mediante diferentes iniciativas empresariales,
centradas especialmente en el sector industrial en los cada uno de los
territorios deprimidos, una vez catalogada y jerarquizada la prioridad del
esfuerzo y el desarrollo de la actuación; y la reordenación y adaptación de los
servicios públicos a la realidad existente.
Para incentivar
la inversión -con la consiguiente creación de empleo- y reducir el éxodo de
población en las zonas deprimidas es preciso una política fiscal asimétrica.
Esta actuación permitiría establecer un tratamiento fiscal diferenciado para
aquellas empresas y ciudadanos que sufren -también en el bolsillo- el efecto de
las falta de medios e infraestructuras. Los costes operativos de una empresa y
de un ciudadano no son los mismos si vive en una zona con servicios que si
habita en una población sin ellos. La ausencia de mercado en determinadas zonas
aconseja actuar selectivamente mediante el establecimiento de “polos de
desarrollo comarcales”, que les dote de infraestructuras e impulse la
localización de empresas industriales, sin necesidad de desarrollar un polígono
industrial en cada pueblo carente de futuro en la mayoría de los casos. Y, por
último, el redimensionamiento y adaptación de los servicios públicos a la nueva
realidad social y territorial. Eso que la Junta de Castilla y León enunció,
pero ha sido incapaz de ejecutar.
La despoblación
erosiona la cohesión social y quiebra la equidad de los ciudadanos en función
de su lugar de residencia. A su vez genera efectos colaterales negativos en el
medio ambiente y en el desarrollo y mantenimiento patrimonial tanto de los
bienes tangibles como intangibles; a la vez que la sobrepoblación de
determinadas zonas conlleva sobreexplotación de los recursos, deterioro de la
calidad ambiental y del nivel de bienestar físico y social. En el equilibrio
está la virtud. Por eso es más urgente que nunca ponerse “manos a la obra”,
pero de verdad. Una empresa que es de todos y en la que las diputaciones han de
tener un papel primordial en cada una de las provincias en las que se
desarrolle el programa.
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