Gibraltar frente al Brexit

El Brexit ha reabierto entre los españoles el histórico debate sobre Gibraltar y nuestra rivalidad con los ingleses, que se remonta por este motivo a la firma del Tratado de Utrecht en 1713. En esta ocasión el artículo 184 del acuerdo de retirada de la UE de Reino Unido ha sido el motivo de la discordia. Los españoles se han dividido casi en partes iguales entre los que piensan que no se ha defendido adecuadamente la posición de España respecto al Peñón, permitiendo que las relaciones futuras de la UE con el Reino Unido incluyan automáticamente Gibraltar, como ha manifestado el presidente del PP; o quienes piensan que las declaraciones políticas sobre la colonia que acompañan al acuerdo proporcionan a España una posición de preponderancia en las relaciones futuras sobre Gibaltrar, lo que en palabras del presidente del Gobierno se traduce en: “Con el Brexit perdemos todos, especialmente Reino Unido, pero en relación con Gibraltar, España gana”.

El españolismo ha salido a flote estos días entre los ciudadanos. Unos u otros se han posicionado en función de sus simpatías políticas al margen del análisis de fondo. La actual oposición al Gobierno ha asumido el papel de auténticos patriotas del que siempre han hecho gala y lo han considerado como patrimonio propio. El Gobierno ha tratado esta cuestión con sentido de Estado. Ante la amenaza de un texto ambiguo amagó con un veto al acuerdo general del Brexit, y ganó. Sin alharacas, ni mensajes emocionales y de polarización, ha conseguido negociando que se incluyan declaraciones escritas de la Comisión y del Consejo respaldando la postura de España, a la vez que Reino Unido desvincule el artículo 184 de cualquier negociación sobre Gibraltar. Ante esta cuestión de Estado los principales partidos políticos han mantenido de cara a la galería una posición de lealtad institucional, lo que no ha impedido utilizarlo como arma arrojadiza de unos contra otros a lo que han contribuido los medios afines.

Lo que no cabe duda es que una vez superado el periodo transitorio del Brexit, a partir de enero de 2021, si la salida del Reino Unido de la UE se materializa, España en sus relaciones con los británicos actuará con la palanca que le proporcionan el resto de los 26 miembros restantes de la Unión en la defensa de sus intereses frente a ellos. Se suma, además, “el derecho de veto español sobre cualquier ventaja futura sobre Gibraltar”, que recoge el texto de la declaración institucional. Cualquier acuerdo futuro con el Reino Unido que afecte a Gibraltar requerirá el visto bueno de España. Será en el futuro y no ahora cuando deberá plantearse la cosoberanía. En este momento no se dan las condiciones. Por eso contrasta mucho que quien no movió ni una coma para defender los intereses de España en el anterior Gobierno, ahora se convierta en adalid de esta causa.

Varios medios del Reino Unido han recogido información contradictoria al respecto. Unos destacan que Theresa May ha hecho concesiones a España inasumibles, y la propia primera ministra lo ha desmentido. La posición británica es de enorme dificultad. Se ha metido en un buen problema. La frivolidad política les ha llevado a un callejón sin salida. Pensaban que la ruptura con la UE sería rápida y que los 27 se dividirían, y ha sucedido todo lo contrario. Prometieron que acabarían sus aportaciones netas, y pagarán 60.000 millones de euros... Su nuevo estatus es humillante e insultante para los británicos. Y me temo que la situación comercial y económica irá a peor. La primera ministra tiene bastante con defenderse y no meterse en más problemas. Para ella, como para muchos británicos, Gibraltar es un mal menor. El Gobierno español lo sabe y lo ha aprovechado. El resto de los españoles, al menos las partidos representativos, debiéramos mantener una posición de Estado. La causa lo merece.

El día después

La turbulencia política ha regresado con fuerza en los últimos días al Parlamento español. El desafortunado whatsapp del portavoz del PP en el Senado sobre sus intenciones en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial -carta de presentación de cómo algunos entienden la política-, la mala educación, el vacío político y las continuas bufonadas del diputado Rufián -devalúa día a día a la política y a todos los políticos-, y el tirón de orejas de la Comisión europea, la OCDE y el FMI al Gobierno con respecto al proyecto de presupuestos para 2019 han contribuido a ello. Ante esta situación vuelve a la agenda política con fuerza la posible disolución de las Cortes y el fantasma asociado al “día después” de celebración de los comicios. Todos los sondeos pronostican, desde la actual perspectiva, que ningún bloque homogéneo de derechas, ni de izquierdas, ni nacionalista alcanzará la mayoría suficiente para poder gobernar. La inestabilidad y el desprestigio de la política están servidos, lo que abona el panorama para nuevas épocas de incertidumbre y radicalización social.

Desde hace tiempo y con mucha intensidad, ignorando el contexto político, Cs viene reclamando nuevas elecciones. Lo mismo ha hecho el PP desde la elección de su nuevo líder y a esta línea se están incorporando con fuerza en los últimos días los radicales independentistas del PDeCat, y también, aunque de una forma tímida, con un sí pero no, Podemos. Todos ellos juegan de cara a la galería ante la opinión pública en este nuevo concepto de persuasión mediática que invade cualquier acción política. Lo importante no es situar y buscar en la agenda política los temas prioritarios para los ciudadanos del Estado, sino persuadir a los electores, de cara a una posible e inmediata campaña electoral, de su superioridad política. Trabajan públicamente en esa línea, pero en el ámbito privado ponen de manifiesto su preocupación por que el presidente del Gobierno pueda tener en algún momento la veleidad de disolver, lo que no les exime de su petición pública y reiterada de que convoque elecciones ya. Les hay quienes además juegan en el campo del odio, como es el caso de algunos independentistas catalanes. Lo cierto es que todos son conscientes del abismo que puede conllevar la nueva situación, sólo compensado en algún caso por la ganancia de algunos escaños para algún partido. No se puede descartar un prolongado periodo, como el que vivimos en 2016, en el que todos los grupos políticos se bloqueen mutuamente para alcanzar la investidura del presidente del Gobierno, o la repetición de elecciones. 

El presidente del Gobierno ha manifestado estos días su disposición a disolver las cámaras ante el escenario político existente. Bien es cierto que con poca convicción y con la esperanza de que algunos reconsideren sus posiciones. Algo imposible, visto lo visto. Ante esta situación sólo quedan dos opciones, o convocar o cerrar la cuadratura del círculo con un acuerdo transversal. La convocatoria pasa por hacerla en lo que se ha denominado el “superdomingo” de mayo o en el otoño del 2019, todo ello sobre la base de que un presupuesto para 2019 es inviable y no procede la prórroga del actual para 2020. La convocatoria en el primer trimestre de 2019 se ve interferida por la negociación de la investidura y formación de Gobierno en la Comunidad andaluza, lo que lo podría dilatar el proceso a la espera de los resultados de las generales, generando una gran incertidumbre en la mayor Comunidad Autónoma del Estado. El “superdomingo” no está exento de problemas. Diluiría y supeditaría la valoración de la acción de Gobierno de muchos ayuntamientos y ejecutivos autonómicos a la elección nacional, generando un efecto arrastre, lo que no es del agrado de un amplio espectro de ediles y responsables autonómicos de diferentes colores políticos. Otoño puede ser la solución menos mala; y es, sin duda, la que más riesgos conlleva para el Gobierno.

En cualquier caso, “el día después” estará ahí. Un infierno con las bases culturales con la que hoy una gran parte de los partidos y ciudadanía concibe los pactos de acción de gobierno. En un encuentro institucional con la presidenta del Parlamento de Finlandia, esta última semana, nos recordaba cómo en su país llevan 42 años con pactos de gobierno sin alterar la base doctrinal sobre la que se asienta la ideología de los diferentes partidos representativos, pero eso sí cediendo y buscando el punto de equilibrio después de cada proceso electoral para dar respuesta a los problemas de país. La serie danesa ‘Borgen’ es un buen ejemplo representativo de la forma de entender y operar en política las democracias representativas nórdicas. La centralidad democrática debe presidir en el futuro la forma de hacer y entender la política, de lo contrario su riesgo de radicalización es muy alto. Los extremos pueden crecer y deteriorar el papel y prestigio de las instituciones que tanto han contribuido en estos últimos 40 años al bienestar de los españoles. Si no cambiamos el paradigma de actuación los grandes castigados serán los ciudadanos y en especial los más humildes. Evitemos el infierno del “día después” y empecemos a construir futuro aprendiendo de los errores del pasado. 

Confianza e independencia del Poder Judicial

El Poder Judicial nunca había atravesado en la etapa democrática una situación tan convulsa como la actual. Tres hitos han contribuido a esta situación: la polémica sentencia sobre el impuesto de las hipotecas y su posterior rectificación por el Tribunal Supremo; el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el que se señalaba que Otegui y otros no tuvieron un juicio justo; y, por último, la renovación de los vocales y del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), mediante el anuncio de quién ocuparía ese puesto antes de conocer los vocales, lo que no es sólo poco estético, sino que puede generar ciertas dudas en la confianza e independencia que ha de ofrecer el órgano de gobierno del Poder Judicial. Desde hace tiempo la Justicia viene gozando de un cierto descrédito. A ello han contribuido el papel mediático y disonante que en muchas ocasiones han adquirido los denominados “jueces estrella” y a la idea de politización que generan las sucesivas renovaciones del CGPJ. Un lastre que se debe superar para garantizar el “derecho a la tutela judicial efectiva” recogido en el artículo 24 de la Constitución.

La Constitucióncontempla dos facetas en el poder judicial. La primera, y razón de ser de la Justicia, es la jurisdiccional. La desarrollan juzgados y tribunales, y consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a través de Jueces y Magistrados integrados en un único cuerpo. No están sujetos a ningún mandato imperativo y gozan de plena autonomía y responsabilidad para impartir justicia. Nadie duda en nuestro país de su independencia a la hora de dirimir los conflictos de los ciudadanos entre sí, o de estos con un poder público o para ejercer la acción punitiva del Estado. Otra cuestión es que se deba perfeccionar el sistema de selección, capacitación y acceso a la judicatura. El actual programa responde a parámetros viejos y obsoletos de la Administración que no dan respuesta a habilidades esenciales para impartir justicia con las mayores garantías posibles y generar confianza en la ciudadanía. Se da la circunstancia de que, dadas sus características, no es socialmente neutro, según ponen de manifiesto diferentes estudios. La interpretación de la norma siempre viene incluida en mayor o menor medida por el contexto social y económico de quien ejerce esa función. La otra, la administrativa, es instrumental de la primera. La ejerce el CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial, que no es jurisdiccional sino político. Ejerce la potestad reglamentaria, la capacidad de informe sobre los cometidos gubernativos recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y con los aspectos relativos a la organización judicial.

La Constitución española, siguiendo el modelo europeo, y con el ánimo de garantizar la independencia institucional de jueces y magistrados respecto del Ministerio de Justicia, que no existía hasta ese momento, creó el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 123 de la CE determina que doce de sus veinte vocales serán elegidos entre jueces y magistrados en los términos que establezca la ley orgánica, y los otros ocho entre abogados y otros juristas con reconocida solvencia y con más de quince años de ejercicio por el Parlamento con una mayoría de tres quintos por mitades en cada una de las cámaras. Esta fórmula traslada legitimidad democrática al propio órgano de gobierno de la judicatura. Hasta el año 85 Jueces y Magistrados elegían a sus doce vocales. La LOGPJ extendió la legitimidad democrática a estos vocales. Se vinculó su elección a una mayoría cualificada lo que obliga a buscar un consenso muy amplio que equilibra la posición de las partes, desligando el periodo de su mandato -cinco años- del tiempo de la duración de la  legislatura. Se aspiraba de esta manera a corregir el sesgo ideológico consustancial a todo órgano colegiado y a reforzar la capacitación de sus miembros para mejorar la eficacia de la gestión y la confianza de los jueces en su órgano de gobierno. Una decisión no exenta de dificultades y que con el tiempo hemos podido comprobar cómo suscita rivalidades entre los diferentes grupos políticos en su designación, lo cual ha trasladado a la ciudadanía la idea de politización de la Justicia. Bien es cierto que cualquier tema que se dirime en el ámbito parlamentario, por superfluo que esta sea, genera enormes tensiones de forma intrascendente en la mayoría de los casos, y en este caso no iba ser menos.

El proceso de renovación del CGPJ se va culminar en un tiempo récord en la historia parlamentaria. Todos los grandes grupos parlamentarios, excepto uno, han alcanzado un consenso para designar los 20 vocales. Lo que no es de recibo y desvirtúa el proceso es que se haya dado a conocer el nombre del presidente que van a elegir los vocales antes de que estos sean elegidos, lo que pone en tela de juicio su independencia y siembra dudas sobre lo que algunos denominan politización. En una designación colegiada la negociación y el pacto es inherente al proceso, pero “la liturgia es la liturgia”, ya que de lo contrario se quiebra la legitimidad. Con independencia de las sugerencias o peticiones que pueda recibir cada vocal para designar presidente, su voto es libre. El hecho de que el PP, acostumbrado siempre a defender con uñas y dientes su intereses, haya facilitado la constitución por consenso del CGPJ ya es un gran paso. La cuestión es si podemos tener un CGPJ independiente y defender su imparcialidad en la gestión mejor con la fórmula actual o con otra alternativa. La experiencia de otros países pone de manifiesto que elijan los jueces o elijan los parlamentarios se repite el mismo patrón de agrupación por afinidades, ante lo cual siempre es preferible aquella fórmula que respalde una mayor legitimidad democrática. Lo importante es que la Presidencia conjunta del TS y el CGPJ aúna la función jurisdiccional y gubernativa, y pone de manifiesto la superior relevancia de la primera respecto a la segunda, al someterse al control jurisdiccional la legalidad de actuación del Consejo conforme al artículo 106.1 de la Constitución. De esta forma se contribuye a reforzar la confianza e independencia de los españoles en el Poder Judicial. 

Guatemala, el país amable que sufre

Centroamérica está atravesando un momento de máxima dificultad social, económica y política, al que no es ajeno Guatemala. Así lo hemos podido constatar un grupo de diputados españoles en un encuentro mantenido estos días con diputados y técnicos parlamentarios de América Latina en la bella ciudad de Antigua (Guatemala) y en una reunión con diferentes diputados de la República en ‘El Honorable Congreso de la República de Guatemala’, como se denomina allí al parlamento unicameral. Con una renta per cápita nominal de 4.500$ y 17 millones de habitantes, este país afronta importantes desafíos. Los altos grados de inseguridad, violencia e impunidad socavan las instituciones del Estado, mientras que la presencia del narcotráfico y el crimen organizado supone una enorme amenaza para la seguridad pública. Un país amable y entrañable que sufre los efectos de las maras juveniles, al igual que El Salvador, Honduras y Nicaragua. La inseguridad se masca, sobre todo en las grandes ciudades como Ciudad de Guatemala, San Salvador o San Pedro de Tula. Salir a pasear o tomar una cerveza son actividades no exentas de riesgo. 

Las altas tasas de pobreza social y exclusión social, superiores al 50 por ciento, sitúan a Guatemala y a sus países vecinos a la cola del desarrollo humano en Iberoamérica. Especialmente preocupante es la desnutrición crónica infantil que afecta a la mitad de los niños menores de cinco años. Estos días, coincidiendo con las ‘elecciones intermedias en EEUU’, se está desarrollando la caravana migrante integrada por 5.000 personas con destino a ese país, que ha partido desde diferentes ciudades de Centroamérica. Es un gesto que reclama justicia social para esta parte del mundo ante la insensibilidad del actual presidente estadounidense, quien ha utilizado a su vez este movimiento con fines electorales a través del mensaje del miedo. Los americanos del Norte constituyen el principal sustento de Centroamérica, tanto por sus relaciones comerciales como por su influencia en la zona. En el caso de Guatemala las remisas de sus inmigrantes suponen el 15 por ciento de su PIB, al igual que en los países vecinos. Pero, a su vez, hacen frontera y sirven de etapa intermedia entre algunos países de América del Sur para la entrada del narcotráfico y del crimen organizado en Estados Unidos. De ahí que el presidente Trump esté desarrollando políticas xenófobas hacia estos países sin llegar a entender que lo que necesitan es inversión para crear empleo, dar futuro a sus hijos y evitar el hambre; y no utilizarlos como mano de obra barata, cuando interesa, en ocupaciones que no quieren los nativos o para apuntalar su mayoría en el Senado norteamericano. 

La debilidad del Estado es patente en Guatemala, como se pone de manifiesto en su incapacidad para abordar el problema de las pandillas delictivas -maras- que operan delictivamente a través de la extorsión, el narcotráfico, el robo, los secuestros, el tráfico de armas, el crimen...; y reparten su actuación en la ciudad por zonas. Con un promedio de 6.000 muertes violentas oficiales por año, en el que la impunidad llega al 95 por ciento, la seguridad se ha convertido en un problema crítico para que el desarrollo y crecimiento. Las mujeres, una vez más, son las grandes perdedoras con 9,7 muertes por cada 100.000 habitantes, a pesar de ser una sociedad matriarcal. En estas circunstancias es difícil invertir y el turismo huye, a pesar de su belleza natural. El país carece de solidez institucional. La corrupción, el fraccionamiento político y la judicialización de la política hacen imposible que se puedan trazar planes de acción convincentes para abordar en el tiempo la solución de estos problemas. Lo que se topa a su vez con su concepción mezquina de la política como proyecto de poder personal, que la hace incompatible con empresas mayores. 

España ha pedido capacidad de influencia en América Central frente a EEUU. España mantuvo su posición colonial hasta 1821. Hoy, a pesar de los fuertes lazos culturales y de hermandad, nuestra presencia actual en términos reales en diferentes ámbitos es testimonial. Los parlamentarios guatemaltecos nos han reclamado una mayor presencia y liderazgo de España en la armonización política regional, como en su momento lo hicieron el Rey Juan Carlos I y el presidente Felipe González. La próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará la próxima semana en Guatemala, con la presencia del Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, abre una puerta a la esperanza, y así lo reclaman. Mientras, España destaca por sus programas de colaboración a través de la Agencia de Cooperación Española, como pudimos contemplar en el programa de formación ocupacional y social de la Escuela Taller de la AECID en la Ciudad de Guatemala. Gracias a esos programas 7.000 niños entre 16 y 21 años aprenden oficios como carpintería, jardinería, reposteros... que les permite no ser presas fáciles de las maras y les educan en valores. Pero la región pide más. Está pidiendo, entre otras cuestiones, una posición institucional para resolver el problema de Venezuela, como pudimos comprobar de primera mano, o hacer de contrapeso al actual planteamiento de la administración Trump. Centroamérica pide el cariño y la atención de España como hermanos de patria que fuimos. Nos dieron mucho, y les debemos mucho. Incluido su cariño.