El Brexit ha
reabierto entre los españoles el histórico debate sobre Gibraltar y nuestra
rivalidad con los ingleses, que se remonta por este motivo a la firma del
Tratado de Utrecht en 1713. En esta ocasión el artículo 184 del acuerdo de
retirada de la UE de Reino Unido ha sido el motivo de la discordia. Los
españoles se han dividido casi en partes iguales entre los que piensan que no
se ha defendido adecuadamente la posición de España respecto al Peñón,
permitiendo que las relaciones futuras de la UE con el Reino Unido incluyan
automáticamente Gibraltar, como ha manifestado el presidente del PP; o quienes
piensan que las declaraciones políticas sobre la colonia que acompañan al
acuerdo proporcionan a España una posición de preponderancia en las relaciones
futuras sobre Gibaltrar, lo que en palabras del presidente del Gobierno se
traduce en: “Con el Brexit perdemos todos, especialmente Reino Unido, pero en
relación con Gibraltar, España gana”.
El españolismo ha
salido a flote estos días entre los ciudadanos. Unos u otros se han posicionado
en función de sus simpatías políticas al margen del análisis de fondo. La
actual oposición al Gobierno ha asumido el papel de auténticos patriotas del
que siempre han hecho gala y lo han considerado como patrimonio propio. El
Gobierno ha tratado esta cuestión con sentido de Estado. Ante la amenaza de un
texto ambiguo amagó con un veto al acuerdo general del Brexit, y ganó. Sin alharacas,
ni mensajes emocionales y de polarización, ha conseguido negociando que se
incluyan declaraciones escritas de la Comisión y del Consejo respaldando la
postura de España, a la vez que Reino Unido desvincule el artículo 184 de
cualquier negociación sobre Gibraltar. Ante esta cuestión de Estado los
principales partidos políticos han mantenido de cara a la galería una posición
de lealtad institucional, lo que no ha impedido utilizarlo como arma arrojadiza
de unos contra otros a lo que han contribuido los medios afines.
Lo que no cabe
duda es que una vez superado el periodo transitorio del Brexit, a partir de
enero de 2021, si la salida del Reino Unido de la UE se materializa, España en
sus relaciones con los británicos actuará con la palanca que le proporcionan el
resto de los 26 miembros restantes de la Unión en la defensa de sus intereses
frente a ellos. Se suma, además, “el derecho de veto español sobre cualquier
ventaja futura sobre Gibraltar”, que recoge el texto de la declaración
institucional. Cualquier acuerdo futuro con el Reino Unido que afecte a
Gibraltar requerirá el visto bueno de España. Será en el futuro y no ahora
cuando deberá plantearse la cosoberanía. En este momento no se dan las
condiciones. Por eso contrasta mucho que quien no movió ni una coma para
defender los intereses de España en el anterior Gobierno, ahora se convierta en
adalid de esta causa.
Varios medios del
Reino Unido han recogido información contradictoria al respecto. Unos destacan
que Theresa May ha hecho concesiones a España inasumibles, y la propia primera
ministra lo ha desmentido. La posición británica es de enorme dificultad. Se ha
metido en un buen problema. La frivolidad política les ha llevado a un callejón
sin salida. Pensaban que la ruptura con la UE sería rápida y que los 27 se
dividirían, y ha sucedido todo lo contrario. Prometieron que acabarían sus
aportaciones netas, y pagarán 60.000 millones de euros... Su nuevo estatus es
humillante e insultante para los británicos. Y me temo que la situación
comercial y económica irá a peor. La primera ministra tiene bastante con defenderse
y no meterse en más problemas. Para ella, como para muchos británicos,
Gibraltar es un mal menor. El Gobierno español lo sabe y lo ha aprovechado. El
resto de los españoles, al menos las partidos representativos, debiéramos
mantener una posición de Estado. La causa lo merece.
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