Venezuela democrática, sin sangre

Venezuela está atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Los tres meses de protesta en 2017, tras la usurpación de funciones por parte del ‘Gobierno Maduro’ a la Asamblea Nacional y la apertura de un proceso constituyente, se saldaron con 150 muertos. Ahora, tras la autoproclamación como presidente de la República del presidente de la Asamblea Nacional, el opositor al régimen JuanGuaidó, las multitudinarias protestas callejeras se han saldado, hasta el momento, con 26 muertes. La situación es muy delicada, y si no se gestiona adecuadamente puede terminar en un baño de sangre, algo de lo que siempre nos ha advertido José Luis Rodríguez Zapatero. Tenemos la obligación de evitarlo.

El populismo bolivariano de Chaves y después de su sucesor, Maduro, han llevado a Venezuela a una situación caótica. Se ha producido un colapso económico, en el que una amplia mayoría de la población tiene enormes dificultades para satisfacer las necesidades básicas y muchos venezolanos se han visto obligados a huir a Colombia y otros países sudamericanos principalmente. En materia de libertades y derechos, la Venezuela bolivariana se aproxima más a una dictadura de corte populista que a una democracia occidental, más que les pese -ya parece que menos- a sus seguidores doctrinales de Podemos en nuestro país. Todos los mediadores para revertir la situación han fracasado en su intento. Así le ocurrió a Felipe González y a Zapatero. Y todo indica que la influencia que viene ejerciendo EEUU en el continente  sudamericano puede tener sus efectos en la situación política venezolana. Lo que no ha sido capaz de alcanzar la diplomacia europea lo puede alcanzar Trump, eso sí, a su manera. Cueste lo que cueste, incluida la acción virulenta con sus letales efectos.

La autoproclamación de Guaidó ha venido precedida del empuje del vicepresidente de los EEUU, el Sr. Pence, quien animó a la oposición a intervenir a través de una columna en ‘The Wall Street Journal’. Una vez proclamada, aprovechando la fecha del aniversario de la instauración de la democracia tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez en 1954, el presidente americano brindó su apoyo incondicional y reconocimiento al líder opositor. A la vez que ha recordado que “no estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa”. Blanco y en botella. El resto de los países de América Latina no han tardado en seguirle. Todos salvo México. La reivindicación legítima de los venezolanos para recuperar la democracia y restablecer sus libertades, como es la petición de elecciones democráticas y un Gobierno de transición, ha sido aprovechada por Trump para extender sus tentáculos de poder despreciando el concierto internacional. Estamos ante un “golpe blando”. No olvidemos que el poder militar en Venezuela, de momento, lo tiene Maduro, y según su cúpula militar el ejército le proporciona un apoyo incondicional. La solución americana carece de la sensatez debida y tiene un factor de riesgo elevado si no se realiza de una forma concertada con los diferentes países y bloque políticos vinculados de una forma u otra con Venezuela.

La UE ha apostado por evitar el “baño de sangre”. A pesar de las diferentes posiciones, se ha impuesto la sensatez. El comunicado señalaba que “la UE pide con fuerza el inmediato comienzo de un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles, de acuerdo con el orden constitucional”, a la vez que reclama a las autoridades venezolanas que eviten el uso excesivo de la fuerza y garantice la seguridad de todos los miembros de la Asamblea. Todo un ejemplo al mundo que se ha de complementar con una acción diplomática activa para encauzar lo antes posible la celebración de elecciones libres. Lo primordial es buscar una acción concertada internacional, con EEUU y países de América Latina, para buscar una salida  democrática en Venezuela.

Ante este problema vuelve a contrastar, una vez más, la posición del líder del PP, el Sr. Casado. No desaprovecha una para lo que él considera “hacer política”, que no es otra cosa que atacar al contrario y situarse en la posición más extrema posible en el marco de su escalada electoralista. Sus declaraciones ponen en entredicho su sensibilidad democrática y su aptitud para ocupar el puesto de líder de la oposición. Y, sobre todo, su falta de respeto al pueblo venezolano, en un momento en el que se requiere más templanza que nunca y sobre todo sensatez con luces largas. De lo contrario, el riesgo de un final sangriento será muy alto. Venezuela tiene que revertir su régimen y celebrar elecciones libres cuanto antes, pero tiene que evitar una transición cruenta, aunque a Trump le dé igual lo que pase con tal de extender sus tentáculos. 

Un presupuesto para trazar el futuro

El Gobierno socialista acaba de presentar en el Congreso de los Diputados sus primeros presupuestos de la era Sánchez. Unos presupuestos reformistas y atrevidos que no dejan indiferente a nadie, bien sea de derechas, de izquierdas, nacionalista, independentista o nada de esto. Es un presupuesto con un claro contenido social, acorde con la naturaleza socialdemócrata del Gobierno, con el mayor crecimiento de ingresos de la etapa democrática. Un presupuesto expansivo, que tiene como objetivo dinamizar la economía y traducir la salida de la crisis a quienes más la han sufrido. Un presupuesto que marca una clara diferencia entre la forma de entender la política y el despliegue de las políticas de acción de la derecha y la izquierda. Para ello se huye de la ortodoxia merkeliana de los últimos años y sitúa al ciudadano en el centro de acción de las iniciativas presupuestarias. 

El proyecto de presupuesto de 2019 es el de mayor contenido social de los últimos años. Prueba de ello es que el gasto social alcanza el 57 por ciento del gasto total.  Se vuelve a la actualización de las pensiones con el IPC con subidas significativas para las pensiones mínimas y las de viudedad, muy por encima de la subida media estipulada. También se recupera la atención a la dependencia, el subsidio a los mayores de 52 años, el impulso a la educación infantil, la supresión del copago farmacéutico… Estas medidas van orientadas a dar respuesta al colectivo de personas más desfavorecidas. Los funcionarios experimentan también la mayor subida desde 1996, respetando el acuerdo que el Gobierno del PP firmó con los sindicatos. La redistribución de la renta y el impulso del consumo, y con ello del empleo, constituyen dos actuaciones absolutamente necesarias para nuestra economía. Por suerte seguimos creciendo por encima de otros países de la UE y cualquier impulso viene bien, en un momento en el que aparecen nubarrones en el escenario mundial. No bajar del 2,2 por ciento de crecimiento del PIB es un objetivo obligado. De ahí que el proyecto de presupuestos contemple una expansión del gasto.   

Lo que más polémica está suscitando son los ingresos. Crecen un 9,2 por ciento en relación a lo recaudado en 2018. La relajación del déficit público en cinco décimas que Bruselas autorizó no tuvo correspondencia con la aprobación en el Congreso de la senda de déficit.  El PP y Cs pusieron todo su empeño en que eso fuese así. Ello nos hubiese permitido disponer de cinco mil millones de euros adicionales, precisamente los mismos que se desvió Montoro en el último ejercicio presupuestario. Nunca es tarde para readaptar el objetivo de déficit. Las nuevas figuras impositivas permitirán dar soporte a un cuarto de ese crecimiento, gracias a las tasas Tobin y Google que otros países están implementando, así como a una mayor progresividad fiscal que no erosiona ni a las empresas medias ni a la clase media española. El nuevo Sistema de Información Inmediata de las cuentas públicas diseñado e impulsado por el anterior ministro de Hacienda permitirá regularizar la situación y disponer de otros 5.000 millones de euros adicionales provenientes de la liquidación del IVA. Y, por último, los ingresos restantes – 9.000 M€- se confían al ciclo económico, al igual que se ha hecho en los últimos siete ejercicios, si bien en el último el Gobierno del PP siguiendo las directrices impuestas por CS bajó impuestos y se permitió el lujo de presupuestar actuaciones como la subvención de los vuelos entre las islas y la península sin la correspondiente dotación presupuestaria. Algo que siempre ha formado parte de la doctrina Montoro a la hora de elaborar el presupuesto anual. 

La otra gran polémica gira en torno a la asignación presupuestaria en inversiones para Cataluña.  Es la que más crece con diferencia en el presupuesto de 2019. Ese crecimiento no se corresponde con la mayor asignación per cápita comparada. La asignación a Cataluña asciende a 270 €/habitante, muy lejos de los 458 de Castilla y León, o de los 458 de Extremadura o Aragón. Debido a la tensión existente en Cataluña se ha invertido poco en los últimos años, más teniendo en cuenta que la mayoría de los peajes de las autopistas son de pago, y carecen de alternativas, y sus infraestructuras tanto en carreteras como en ferrocarriles son muy precarias. La oferta que en su momento realizó Artur Mas al presidente Rajoy en materia de infraestructuras tuvo una respuesta cicatera. Yo mismo, como portavoz de Fomento de mi grupo en ese momento, tuve la posibilidad de informarla y los temas en los que no procedía su admisión se limitaban a muy pocas cuestiones, y todas ellas en el ámbito competencial, no económico

España necesita presupuestos para dar certidumbre a los mercados y crear bienestar para nuestros ciudadanos. El dinero siempre huye de los escenarios inestables. La nueva política entiende que es necesario tumbar al que gobierna y lo mejor es no apoyar los presupuestos, planteen lo que planteen, como rechazo a las políticas y la acción de gobierno. Es un error manifiesto, lo haga quien lo haga. Sólo sirve para erosionar el progreso y desacreditar la política, cuestionando su razón de ser. Esta actitud es propia de políticos mediocres. Por tanto, un gran acierto el de Sánchez dando este paso, no sin antes amagar e invitar a todos los grupos políticos a votar los mismos. Es deseable que se aprueben, con independencia de las modificaciones que puedan efectuarse fruto de la negociación. El hecho de que el presidente del Gobierno haya tomado la iniciativa política con su presentación ya le da en sí mismo un plus político, por su puesto si salen adelante pero también en el  caso de que no salgan. Es la obligación de un gobernante. El presupuesto siempre tiene que trazar el futuro político. Y éste lo hace.     

Madrid despuebla su entorno

En estas últimas semanas se han conocido los datos que facilita el INE sobre el padrón. La Comunidad de Madrid siguió creciendo en población por tercer año consecutivo. Ya cuenta con seis millones y medio de habitantes; la mitad de ellos reside en la propia ciudad. Aumenta, con diferencia, más que el resto de las provincias, en especial las de su entorno más próximo. Madrid sumó en 2018 casi 71.000 vecinos más. El interior se despuebla mientras que Madrid crece. Es como si ejerciese un campo magnético que atrae inversiones, dinamiza la actividad económica y, con ello, asienta población. Los nuevos vecinos proceden de provincias de toda España. Las provincias limítrofes como Toledo, Guadalajara, Ávila o Segovia aportan capital humano que, en muchas ocasiones, entra y sale de la Comunidad de Madrid todos los días para trabajar, gracias a la mejora del sistema de movilidad. Antes o después un porcentaje muy grande de ellos se acaba asentando en la capital o alguna de las localidades de la Comunidad, siempre que el precio de la vivienda se lo permita. Los inmigrantes de otras zonas de España como Sevilla, Ciudad Real y Cáceres también han enriquecido en el último año el padrón de Madrid, a lo que hay que añadir a los inmigrantes del exterior de nuestro país.

La buena marcha de la economía explica ese poder de atracción de Madrid. Ofrece oportunidades laborales que no ofrecen otras zonas o países de origen. La cuestión es si es necesario seguir apostando por un desarrollo industrial concentrado en Madrid y alguna otra zona de España que genera un crecimiento exponencial de las necesidades de servicios y de población, mientras otras zonas del país, en especial las más próximas, se despueblan día a día como consecuencia del decrecimiento vegetativo y de la falta de dinamismo económico orientado hacia la megápoli. El fenómeno tiene efectos colaterales muy negativos. En Madrid la vivienda es cada vez más inasequible y los servicios públicos dejan mucho que desear. Ir y venir al trabajo tiene unos costes en tiempo muy elevados, e incluso un gasto económico muy alto en algunos desplazamientos. La calidad de vida es mucho peor que la que pueda tener un abulense o un segoviano para acceder al trabajo.

¿Cuál es la solución? Compleja, desde mi punto de vista. El mercado impone sus leyes crueles y allí donde no hay mercado no hay vida a corto plazo, salvo que las instituciones públicas desplieguen programas de actuación para incorporar esas zonas al mercado, lo que no es fácil y menos con la actual estructura territorial y administrativa de nuestro país. Para cualquier empresario la localización de su empresa en San Fernando, Collado o Fuenlabrada presenta mayores ventajas comerciales y de explotación que su localización en Cebreros, Cantalejo o Burgo de Osma. A ello se une el déficit de infraestructuras industriales, de transporte y comunicación en estas provincias fuera de las capitales de provincia. En muchos casos se cuenta con polígonos industriales que no responden a ningún plan estratégico ni línea de desarrollo, pero  cargados de mucho voluntariado, ilusiones a la vez que frustraciones. Polígonos que, en algún caso, han proliferado como setas pero que incluso pueden llegar a carecer de la potencia eléctrica necesaria o banda ancha. Un gran dislate. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos muchas veces han comprado el collar antes que el galgo. Ha faltado una planificación rigurosa, coordinada y con unos objetivos claros, a la vez que la falta de herramientas eficaces para hacer frente al problema.

Lo cierto es que donde no hay mercado no hay posibilidad de desarrollo. Esta es la situación del 80 por ciento del territorio de las provincias que limitan con Madrid. La actuación política debe ir precedida de un desarrollo industrial integral para el conjunto de estos territorios con un plan de actuación jerarquizado y acompasado en el tiempo. Una cuestión técnica que debieran abordar las diferentes comunidades autónomas en un marco de cooperación entre ellas, las administraciones públicas y la superior dirección o supervisión del Estado. Para crear mercado y evitar el flujo de ciudadanos hacía Madrid u otros poderosos focos industriales, el Estado ha de tomar una decisión política: incentivar el establecimiento de empresas e impulsar el desarrollo industrial en estas zonas deprimidas para fijar población. Para ello es necesario una decisión política que algunos venimos planteando desde hace tiempo, tanto en sede parlamentaria como en diferentes foros políticos: asimetría fiscal en el impuesto de sociedades en función de la catalogación de las áreas territoriales en las que operen, así como la intensidad de su aplicación. De la misma manera que es necesario otorgar beneficios fiscales a los pobladores. Sólo así se podrán salvar la ventaja competitiva que ofrecen ciudades como Madrid o su zona periurbana.

El equilibrio territorial en materia de población es una cuestión de Estado. Las zonas despobladas están condenadas al ostracismo, al deterioro patrimonial, medioambiental y a la pérdida de las costumbres y del legado histórico, tangibles e intangibles, de valor incalculable. Regular el mercado con la mínima actuación es necesario para evitar este problema y dotar de vida  estas zonas. Pensemos que los 71.000 nuevos vecinos que sumó Madrid en 2018 es la mitad de toda la provincia de Segovia, por ejemplo. Si no se hace nada Madrid y otras grandes zonas de desarrollo despoblarán su entorno.